LA
CAUSA FUE LA PÉRDIDA DE LOS BIENES COMUNES Y DE PROPIOS DE LOS CAMPESINOS DE
NUESTROS PUEBLOS, JUNTO A LA PERDIDA DE LOS PÓSITOS MUNICIPALES PARA LOS
LABRADORES.
Durante
el periodo republicano debido a la importancia numérica y económica de la
población campesina, destacó el sector productivo del campo por las condiciones
de trabajo a que estaban sometidos y por el alto nivel de conflictividad que se
dio en todo lo relacionado con el trabajo en el campo.
Antes
de entrar en profundidad en la problemática referida más arriba, recordemos que
en Andalucía, durante todo el siglo XIX y parte del XX, seguía sin darse los
importantes cambios de infraestructura y superestructura que habían tenido
lugar en el resto de Europa Occidental. En nuestra región se continuaba con la
vigencia de los valores de una sociedad agraria, con las tres actividades de
las que constaba esta economía: agricultura, textil y construcción.
El labriego de José Vela Zanetti. |
La
agricultura era predominante, y en ella se distribuía la mayor parte de los
recursos disponibles, que no eran otros que el capital y la mano de obra. La
agricultura y el comercio desempeñaron un papel dominante y estratégico para
crear las precondiciones materiales que originaron la revolución industrial en
el resto de Europa, aunque en nuestro caso, el comercio seguía siendo un sector
de poca importancia y escaso número de actividades en Andalucía comparada con la
actividad comercial de otras regiones. En Andalucía hay que destacar las
diferencias existentes entre el mercado de productos y materiales agrícolas,
que tenía siempre carácter local con la venta de los excedentes de la
producción anual, y el mercado provincial, y a veces regional o suprarregional,
y con las colonias y el extranjero para la importación principalmente. A
mediados del siglo XVIII en Jaén el comercio daba salida al trigo y los
sobrantes de las cosechas y era adquirido por los pueblos de la provincia. Los
productos de importación del comercio de Jaén eran: Pescado seco y fresco (de
Granada y Valdepeñas, como nudo de comunicación), bacalao, arroz, azúcar,
naranjas, patatas, carbón de cocina (de Valdepeñas y otros puntos), hierro (de
Málaga), pino (de la Sierra de Segura), cáñamo (de Granada), y productos
coloniales (de América).
El campesino con su bestia. Cuando veo esta imagen tomada de internet siempre encuentro gran parecido con "Juanirri". Espero que sus hijos Manolo, Fita o Juanjo me lo confirmen. |
Las
ferias de mediados del siglo XIX se realizaban con carácter semestral en Jaén y
las cabezas de los partidos como Andújar, Baeza, Úbeda, La Carolina, Alcalá la
Real, Torre del Campo, Alcaudete, Jodar…
y en esas ferias se vendían útiles para la labor, tejidos, útiles de
cobre, hierro, ganados, y otros géneros de uso común. En Jaén el mercado a
mediados del siglo XIX se realizaba los jueves y era preferentemente de caballerías
de poca importancia, salvo en los días del Corpus y la Ascensión, y era del
tipo de alhóndiga o pósito, era un mercado del pósito, de poca importancia que
se cerró en 1836. Los mercados de productos agrícolas se realizaban en los
recintos clásicos como las Alhóndigas, Lonjas, Pósitos, etc. (1).
Campesino en la trilla del trigo en el año 1930. Foto de Jaime Orpinell. |
En
esa sociedad agrícola el hombre adquiría en el mercado, con el comercio, los
bienes que le servían para saciar sus necesidades de diversos tipos:
necesidades básicas con carácter fisiológico alimentarias y las de vivienda y
vestimenta (eran las necesidades del límite inferior que era preciso
satisfacer); después estaban las necesidades de más alto nivel creadas casi
siempre por las modas sociales, políticas y religiosas. De forma que había dos
hábitos de consumo familiares estables, que eran los que se daban entre los
ricos y pobres, entre señores y mozos.
En
el segundo tercio del siglo XIX podemos hablar del origen y desarrollo fugaz en
Andalucía de la industria, que llegó a situarla como la región de mayor
potencial e innovación, que la que se daba en otras regiones del Estado en
ciertos sectores industriales como el siderúrgico y el del vapor, pero ese
desarrollo duró poco tiempo, y pronto después del auge inicial, comenzó a tener
su caída, llegando a desaparecer casi todo el rastro de esa falsa revolución
industrial, con una historia de recorrido temporal de no más de medio siglo.
Entre los motivos de esta caída, o esta brusca depresión, destacamos la
ausencia de una infraestructura comercial, su desconexión entre los centros
industriales y el de las materias primas, la falta de inversión, y también la
intención de esos nuevos propietarios industriales de pasar a formar parte de
la aristocracia campesina, con fuertes inversiones en la adquisición de
propiedades rurales y urbanas, quizá motivados por la carencia del necesario carácter
de la cultura empresarial, y en parte por la pervivencia de ciertas tradiciones
o costumbres sociales heredadas del siglo XVIII, tan presentes todavía en parte
de la sociedad andaluza.
En
el campo la jornada de trabajo anterior a la llegada de la República solía ser
de doce horas de trabajo por jornal o a destajo en la labor a realizar. En los primeros meses de la República la
normativa legal estableció la jornada laboral de ocho horas de forma general,
pero en la mayoría de las faenas agrícolas n0 bastó esta normativa, y los
jornaleros de diversas localidades entraron en conflicto por este motivo. Las
bases rurales provinciales fijaban de forma taxativa la jornada laboral de ocho
horas, pero podemos asegurar que estas bases no se respetaron en ninguna época.
Muchos patronos obligaban a sus asalariados a realizar jornadas a destajo o de
doce horas con salarios iguales a los que fijaban las bases para las jornadas
de ocho horas y a veces los salarios eran inferiores. Aquellos que no aceptaban
estas condiciones eran despedidos, y rara vez los obreros se arriesgaban a
exigir lo estipulado, ante la grave crisis de trabajo existente. Otras veces
los patronos recurrían a los llamados “topes” simulados, en los cuales se
obligaba a los obreros a trabajar a destajo, con salarios inferiores a las
bases, y si eran sorprendidos por la policía rural, estos debían afirmar que
estaban trabajando al “tope” contra la voluntad de su propietario (2).
En
los años de la II Republica la prensa estaba polarizada hacia los campos
concretos de sus intereses y planteamientos ideológicos, con especialmente
incidencia de la prensa obrera, por ello a continuación haremos un inciso en
este trabajo para ofrecer una visión del periódico, que va a facilitarnos tan
importantes datos, lo que pone en valor la fiabilidad de la información que
vamos a trasmitir. Hubiésemos preferido disfrutar de estas fuentes de
información periodística en algún diario giennense, para haber hecho mejor
aproximación a nuestra realidad provincial, pero no hemos podido disponer de
estas fuentes periodísticas y adoptamos las que nos proporcionaba “El Defensor
de Granada”, con el planteamiento de que serían unas circunstancias de las
condiciones de trabajo en el campo, muy parecidas a las nuestras.
El
periódico “El Defensor de Granada”, que nos proporciona valiosa información
para el tema que desarrollamos, como el resto de la prensa granadina durante
todos estos años mantuvo unas pautas de trabajo casi artesanales y ajenas a los
esfuerzos financieros, que exigía la realización de un periódico moderno. Los
diarios granadinos eran normalmente la obra de una sola persona, que reunía a
la vez los cargos de fundador, propietario, director e incluso administrador.
Este fue el papel desempeñado por Luis Seco de Lucena en “El Defensor de
Granada”.
El
primer indicio de modernización de ese periódico se debió a la compra de “El
Defensor de Granada” por parte de la Sociedad Editorial de España en el año
1907. Según contaba el propio Seco de Lucena la venta se debió a las
dificultades económicas y a los inevitables motivos de salud. Con esta venta el
citado periódico granadino entró en un grupo de empresas, que a modo de trust,
aglutinaba a periódicos madrileños como “El Imparcial” y el “Heraldo de Madrid
“, aparte de los que también llevaban el título de “El Imparcial” en Barcelona,
Bilbao, Sevilla y Murcia. La incorporación de “El Defensor de Granada” a la
cadena de prensa nacional significó una oportunidad única de modernización y
expansión, y así se reflejó en el magnánimo contrato por el que Seco de Lucena
quedó ligado a la dirección del periódico, con un sueldo y unos incentivos que
debieron conmocionar las costumbres del periodismo granadino.
Sin embargo el
cambio de empresa editora no supuso transformaciones espectaculares en el periódico. Se
anunciaron colaboraciones de grandes figuras de las letras nacionales, como
Echegaray, Blasco Ibáñez, Benavente, Pérez Galdós… En julio de 1915 siguiendo
las directrices del trust empresarial se llegó a la decisión de la salida de
Seco de Lucena de la dirección del periódico y años más tarde pasó a las manos
de los hermanos Busquet (3).
Las faenas de la siega. |
El
promedio salarial de los salarios agrícolas entre 1931 y 1936 indica para el
año 1932 unas cifras de entre 4,59 y 6,92 pesetas por jornal lo que equivalía a
un 0,57, o 0,86 pesetas por hora. En el año 1933 esas cifras indicaban un
promedio de 4,41 ó 7,15 pesetas por jornal y un 0,55 ó 0,89 pesetas por hora de
trabajo agrícola. En el año 1935 el promedio salarias oscilaba entre 4,05 y
6,44 pesetas por jornal con un salario por hora en este caso de 0,50 a 0,80
pesetas por hora.
El
promedio salarial y salarios hora a los obreros del sector industrial y de
servicios estaba en el año 1931 en 4,77 a 8,11 pesetas por jornal, y en 0,59 a
1,01 pesetas por hora de trabajo. En el año 1933 el promedio salarial para este
grupo oscilaba entre 5,52 y 9,50, que suponía un 0,62 a 1,21 pesetas por hora
de trabajo. En el año 1935 este sector de la producción tenía un salario de
entre 4,49 a 8,36 pesetas por jornada laboral, que equivalía a 0,58 a 1,04
pesetas por hora.
Si
comparamos estos salarios promedios del trabajador agrícola con los salarios
medios de los trabajadores en el sector industrial y de servicios, encontramos
que los trabajadores agrícolas salían claramente perjudicados al comparar el
salario hora en el sector industrial y servicios con el salario rural agrícola,
siendo estos siempre claramente inferiores a los industriales en principio, y
máxime cuando en la cruda realidad los mismos promedios agrícolas, que eran los
estipulados, no se cumplían en realidad; porque los salarios que realmente se
pagaban en el campo siempre estaban por debajo de lo acordado.
Del
mismo modo podemos observar una tendencia a la baja mucho más acentuada en los
salarios agrícolas que en los industriales y los del sector servicios. El
salario hora en la industria y en los servicios en el año 1935, aunque fue
retrocediendo desde sus niveles de 1933, se mantuvo cercano al nivel de
salarios alcanzado en 1931, incluso superándolo ligeramente, mientras que los
salarios agrícolas bajaron mucho más de los niveles que alcanzaron en los años
1931 y 1933. Entendemos que el paro y una mayor debilidad sindical pudiesen ser
la explicación de esa mayor endeblez de los salarios agrícolas.
El descanso de los segadores de Rafael Zabaleta Fuentes, Quesada (Jaén). |
Al
hacer la comparativa entre los salarios hora de la mujer entre 1931 y 1933,
encontramos que en el año 1931 el salario hora de la trabajadora textil era de
entre 0,50 a 0,62 pesetas hora; mientras que el salario hora de la mujer
agrícola era de 0,32 a 0,42 en el año
1932. En el año 1933 el salario hora textil era de 0,50 a 0,75 pesetas hora,
mientras que el de la obrera agrícola era de 0,31 a 0,43 para ese mismo año de
1933.
De
nuevo observamos que los salarios femeninos siguen la tendencia observada al
comparar los sectores agrarios e industrial y servicios, pero comprobando a la
vez, que estos salarios agrícolas de las mujeres se situaron muy por debajo, y
de forma más acusada en las trabajadoras del campo, donde el máximo del salario
femenino ni siquiera llegaba a alcanzar el mínimo del salario masculino.
Existiendo una gran desigualdad de retribuciones entre el hombre y la mujer en
una misma jornada de trabajo. Esta realidad produjo, por otra parte, que la
mujer fuese preferida en ciertos trabajos del campo como la escarda, siendo así
la mano de obra femenina preferida, por la rebaja en los costes salariales, con
una reducción de salario de un 50%, en relación con el salario del hombre para
ese mismo empleo.
Si
tomamos ciertos datos estadísticos acerca del coste de la vida del obrero en
los pueblos de España, (que llevaba el Instituto de Reformas Sociales y cuando
desapareció, fue seguido por el Ministerio de Trabajo y Previsión social)
comprobamos como partiendo de un índice 100 general en el periodo del semestre
de abril-septiembre del año 1930, en el periodo del siguiente semestre de
octubre de 1930-marzo de 1931 el índice general de precios subió un 8,91,
alcanzando 108,91. En el periodo del semestre de abril de 1931-septiembre de
1931 pasó a 111,05, con lo que de nuevo volvió a elevarse el índice; en el
periodo del semestre correspondiente a octubre de 1931-marzo de 1932, bajó
hasta un índice 109,09; en el periodo del semestre de abril-septiembre de 1932
bajó hasta un índice de 101,62; en el periodo del semestre de octubre del
1932-marzo de 1933 bajó hasta un 100,10; llegando a su índice más bajo en el
semestre abril-septiembre de 1933 en que el índice de precios bajo hasta 98,40;
en el semestre comprendido entre octubre de 1933 y marzo de 1934 el índice de
precios subió hasta el 102,81; en el semestre abril-septiembre de 1934 el
índice bajó levemente hasta el 101,34; en el semestre de octubre de 1934 a
marzo de 1935 el índice de precios bajo al 99,91; y finalmente en el semestre
abril-septiembre de 1935 subió a 106,04 (4).
El preciado fruto de la cosecha de José Vela Zanetti. |
De
esto podemos concluir que los aumentos de los precios de subsistencia de los
salarios agrícolas, al menos en la provincia de Granada, fueron ciertamente
moderados, alcanzando su máxima cota en el primer semestre del gobierno
republicano con 11 puntos por encima de la base de referencia, para
posteriormente ir descendiendo hasta la cota mínima en el semestre, que
comprendía los meses habidos entre abril y septiembre del año 1933, con 1,50
por debajo de la media de 100 establecida como base. A partir de esta cota se
fue recuperando, con algunas oscilaciones hasta llegar al último semestre de 1935 en que se colocó 6 puntos por encima.
De todos los semestres vistos, tan sólo dos se situaron debajo de la base,
colocándose todos los demás ligeramente por encima.
Por
lo que vemos, los precios de los productos de consumo durante el periodo
republicano, al menos en Granada, se mantuvieron estables, sin darse una caída
de precios que hubieran favorecido a los sectores sociales más necesitados, al
bajar los precios la economía familiar estaba más desahogada. Se dio una ligera
tendencia a la baja de algunos productos como los garbanzos o los huevos, baja que
se vio compensada con la tendencia al alza de las patatas, el pan y la carne de
vaca. Los demás artículos de consumo se mantuvieron con ligeras oscilaciones de
precios unas veces por encima del índice cien y otras veces por debajo.
Los campesinos salen del pueblo camino del trabajo en el campo de José Vela Zanetti. |
Si
hiciésemos una aproximación al presupuesto familiar mínimo, tomando como base
los precios suministrados por el Ministerio de Trabajo, daría como resultado
que para una familia campesina con una media de cuatro personas (padres y dos
hijos) se le calculaba un gasto diario entre las 8 o 9 pesetas, que teniendo en
cuenta que en ese presupuesto familiar de un día, tan sólo se satisfacían las
necesidades más elementales de la casa, comida y vivienda; la alimentación no
debería ser excesivamente rica, basada casi siempre en el irremplazable cocido,
de escaso valor en proteínas, con un consumo de leche de un cuarto de litro de
leche por persona, y un huevo diario, a falta de pescado y de fruta que
normalmente quedaban excluidas de la dieta.
Podemos
conocer el tipo de alimentación de los trabajadores del campo, según fuera
obrero o trabajador que vivía en los cortijos, y los jornaleros que retornaban
a casa y que tenían que cubrir las necesidades familiares con los ingresos
procedentes de su jornada de trabajo. Según el Consejo Provincial de Jaén los
trabajadores que vivían en los cortijos se alimentaban con una sopa caliente
por la mañana; a las doce un cocido de carne, y por la noche, la misma sopa.
Los jornaleros que tenían que atender sus necesidades familiares, con una media
de tres hijos, y con un jornal insignificante, su alimentación consistía en pan
con aceite y vinagre por la mañana, a las doce cualquier guiso de legumbres, y
por la noche comían una sopa caliente o lo mismo que habían comido por la
mañana. En el comercio de toda la región andaluza aparecían unos productos de
alimentación que no se daban en la alimentación característica de otras zonas
de España, era generalizado el uso del aceite y también del vinagre (5).
El segador prepara la hoz de José Vela Zanetti. |
Por
las respuestas de la Comisión creada por el Real Decreto de 7 de julio de 1887,
se revelaba el tipo de alimentación principal y casi única que se daba en los
pueblos de Córdoba y Sevilla, por aquellos años finales del siglo XIX y los de
los decenios siguientes del siglo XX; la alimentación básica estaba centrada en
el consumo de: aceite, vinagre, garbanzos y tocino, siendo la carne de vaca un
producto de escaso consumo. Estos datos coinciden con los productos
alimenticios enumerados por la Comisión Provincial de Sevilla. Esta
alimentación se completaba con otros alimentos como legumbres, patatas, arroz y
diversas frutas. La alimentación de los habitantes del campo, según la Sociedad
Económica de Amigos del País de Málaga, se basaba en sopa con pan y aceite por
la mañana, al mediodía cocido con garbanzos y alguna fruta seca en invierno y
fresca en verano, y, por la noche la olla con dos onzas de tocino por persona,
o bacalao y arroz en proporción. Simón Segura señala en “Aspectos del nivel de
vida del campesinado español que en la segunda mitad del siglo XIX.
Alimentación, que “la trilogía de calamidades del campesinado español eran: el
desarrollo de las remuneraciones del campo, el nivel alimenticio y la usura, y
puntualizaba que “no se daba una acusada diferencia entre el vivir cotidiano
del campesino español del siglo XIX y el que se daba en varios siglos
anteriores (6).
El sembrador de José Vela Zanetti. |
Si
como hemos comprobado los salarios medios estaban entre 4,41 y 7,15, si hacemos cuenta entre los salarios mínimos
y máximos encontramos un salario medio de 5,78 pesetas por día trabajado; por
lo que aún en el caso de que el cabeza de familia, obrero agrícola, trabajase
todo el año y no tuviesen otro ingreso que su salario, estaban forzosamente
obligados a tener mala alimentación, mal vestidos y alojados en viviendas con
pocas condiciones higiénicas. Una situación muy común en nuestra villa, que
obligaba a muchas familias campesinas a recurrir a otro trabajo de varios de
sus miembros, para así tratar de equilibrar algo el presupuesto diario, que en
otro caso, no llegaba a satisfacer las necesidades mínimas. El salario que no
llegaba a cubrir las necesidades mínimas era la base de otras lacras sociales y
el grave problema social que se generaba en muchas familias de nuestros
pueblos, que sólo encontraron después la salida en la emigración.
Sobre
esta cuestión de la situación del campesinado es opinión generalizada entre los
historiadores, que han abordado el problema agrario andaluz, que la política
sobre la propiedad de la tierra desarrollada por el liberalismo burgués del
siglo XIX, acabó por afianzar de modo definitivo el reinado de la gran
propiedad y en empeoramiento de las condiciones de vida del campesinado en
nuestra región, lo que condujo a las fuertes convulsiones registradas en el
campo en el primer tercio del siglo XX (7).
El campesino lleva una gavilla de trigo de José Vela Zanetti. |
Las
sucesivas leyes desamortizadoras del siglo XIX produjeron efectos negativos,
sobre todo la Desamortización de Pascual Madoz, que dejo sin bienes propios y
de bienes del común de nuestra villa, a excepción de la pequeña propiedad de
los ruedos como patrimonio de los vecinos. Los braceros y campesinos pobres se
vieron privados de unos bienes comunales, donde podían abastecerse de leña y
donde podían criar o mantener con sus pastos algunas cabezas de ganado, estos
vecinos que no tenían tierra habían tenido anteriormente la posibilidad de
arrendar a un módico precio alguna parcela de tierra de los bienes propios, lo
cual suponía ingresos seguros para su ayuntamiento (8).
Estas
leyes desamortizadoras fueron las iniciadoras del desmantelamiento de los
bienes amortizados, al poner en libertad de circulación todas las tierras de
propios y la mayoría de las tierras del común que poseían los ayuntamientos, tierras
que después de estas leyes liberales pasaron a poder del estado. Los
ayuntamientos perdieron su más importante fuente de ingresos, que junto con los
braceros del campo fueron los grandes perjudicados. Una encuesta realizada por
el gobierno en 1851-1852 entre los municipios españoles, preguntados sobre si
consideraban deseable vender los bienes comunales amortizados, dio como
resultado que solamente el 0,1% de las respuestas recibidas fueron favorables a
la venta, así del 99,9 de cada 100 fueron contrarios a perder estos bienes. Los
municipios españoles perdieron los
bienes propios que ascendieron casi a la mitad de todos los bienes
desamortizados, estos bienes fueron el 48,1% de todo lo desamortizado en el
país (9).
Familia campesina de Rafael Zabaleta Fuentes (1907-1960, Quesada, Jaén) año 1957. |
En
muchas poblaciones se organizaron asociaciones de vecinos, que se encargaron de
adquirir al Estado la totalidad o parte de dichas tierras desamortizadas, que
después como asociación serían redistribuidas a título personal y privado entre
los vecinos pertenecientes a dicha asociación; con ello los vecinos que tenían
tierras aumentaron sus propiedades y los que no tenían tierras se vieron
privados del uso de unas tierras del común y de propios a las que anteriormente
tenían acceso. En algunas poblaciones se intentaron paliar los efectos
negativos de las leyes desamortizadoras, procurando suministrar a cada vecino
la cantidad de tierra indispensable que le garantizara el disfrute de los
antiguos beneficios que obtenía de los bienes propios y del común, un poco de tierra
donde sembrar, disponer de pastos para los animales de labor, y leña para la
combustión del hogar y la construcción.
Los
políticos liberales pretendieron crear un gran número de propietarios de
tierras dispuestos a apoyar la revolución liberal, reforzando con las nuevas
adquisiciones la propiedad particular de los vecinos con tierras en los
pueblos, y desde el punto de vista económico y financiero se pretendió dar
vigor al crédito agrícola público (en contra de los pósitos municipales),
realizar obras públicas y atraer al capital extranjero como inversor en nuestro
campo y país.
Si
atendemos a las condiciones de trabajo del campesinado agrícola que imperaban
en este tiempo, recordemos que las bases de los precios de los salarios se
elaboraban por un jurado mixto rural casi siempre presidido por algún abogado o
un dirigente social, un hombre de confianza de socialistas o radicales, en el
cual tenían una amplia mayoría los representantes socialistas.
Las aceituneras de Rafael Zabaleta Fuentes. |
Los
patronos podían elegir libremente los trabajadores de la bolsa de trabajo
existente en cada localidad, pero otra base les obligaba, un tanto
ingenuamente, a no hacer discriminaciones de trabajadores por cuestiones
ideológicas, políticas o sindicales. Como se daba esa opción a los propietarios
de las fincas, en los momentos de gran enfrentamiento que se vivían en el campo
a lo largo de estos años, se elegía entre los que no fueran destacados líderes
políticos o sindicales, con lo que indirectamente quedaban condenados al paro
los más destacados líderes agrarios, casi siempre pertenecientes a los
sindicatos de organizaciones de izquierdas. Por lo que muchas sociedades
obreras reivindicaron la necesidad de que los patronos se atuvieran en la
contratación de empleo al riguroso turno de las bolsas de trabajo elaboradas,
llegando en diversas ocasiones a las huelgas por ese motivo. Las bases
establecidas fijaban el rendimiento que cada obrero debía dar por jornada de
trabajo en las diversas labores, que se realizaban en los campos a lo largo del
año. Los que no llegaban al rendimiento fijado podían ser despedidos sin
indemnización alguna por parte del propietario de la finca. Como en un tajo se
podían contratar para un mismo trabajo a hombres, mujeres y zagalones, no se les
podía exigir a las mujeres y zagalones el mismo rendimiento en el trabajo que
al varón, porque su salario era siempre inferior al del gañán.
Trabajadores aventando la parva. |
Por
eso las bases fijaban los trabajos para los zagalones y mujeres y los trabajos
que podían realizar estos trabajadores, que eran fundamentalmente los de la
recogida de la aceituna, escarda o arrancar hierbas. En las bases también se
prohibía específicamente que las mujeres y los zagales trabajasen mientras
hubiera hombres disponibles para trabajar en las bolsas de trabajo municipales,
dándose el caso de que si los hombres trabajaban realizando trabajos reservados
a las mujeres y zagales, los varones cobraban como tales sus salarios. Una vez
que se habían colocado todos los hombres de la bolsa de trabajo municipal se
podía contratar a los zagales, en calidad de aprendices, para cualquier tipo de
labor que se realizase en el campo, con un salario que era la mitad de lo que ganase
el jornalero ese día. Se fijaba para esta incorporación al trabajo en el campo,
el que hubiese un zagal por cada diez jornaleros en el tajo. Esta base
establecida tampoco se siguió muy a rajatabla por los patronos, que en cuanto
podían tendían a contratar a mujeres y zagalones para todo tipo de faenas, por
ser una mano de obra más barata y menos conflictiva que lo eran los hombres más
o menos soliviantados por las organizaciones laborales.
La
hora de comienzo y de final del trabajo era fijada por el patrón según el
carácter de la explotación agrícola y “la debida protección de los obreros”.
Los descansos en las bases de 1932 y 1933 eran regulados minuciosamente, y
oscilaban según la época del año y el tipo de cultivo, por un intervalo de
descanso de entre una hora y media y tres horas. Las bases del año 1935 lo
dejaban a la regulación que establecía el patrón.
Volviendo la parva en la trilla. |
No
se podía trabajar horas extraordinarias mientras hubiera parados en las bolsas
de trabajo municipales. Si se trabajaban las dos primeras horas extraordinarias
tenían un recargo sobre la tarifa normal fijada del 25%, y las dos segundas
horas extraordinarias se tenían que pagar a un 50% de recargo sobre la tarifa
normal.
Los
medios de transporte que se utilizaban para ir al trabajo eran por cuenta del
patrón a partir de los 3 primeros kilómetros, si era menor la distancia era por
cuenta del trabajador. Si no existían medios de locomoción para llegar a la
finca se descontaban 12 minutos de trabajo por kilómetro recorrido por el
obrero a partir de los 3 kilómetros referidos.
Si
la jornada se interrumpía una vez iniciado el trabajo en el tajo, por causas
ajenas al trabajador, el patrono debía pagar el jornal integro si era la
interrupción después de mediodía, y medio jornal si era antes del mediodía.
Las
bases también fijaban minuciosamente la utilización de las máquinas segadoras,
que sólo podían ser utilizadas por sus propietarios y en el 50% de su labor,
reservando el resto de la finca para ser segada a brazo. Esta restricción en el
uso de las máquinas segadoras tenía su origen en la grave crisis de trabajo que
existía en todas las poblaciones agrícolas. Aunque también se producían los
arrendamientos de máquinas segadoras de un propietario agrícola a otro y se
realizaba la siega de todas las mieses del propietario a máquina con
frecuencia.
Todas
estas medidas tomadas en las bases no tenían otro objetivo que combatir el paro
que en muchos casos rondaba alrededor del 10% de la población activa en
nuestros pueblos. Sin embargo, si estacionalmente los obreros estaban ocupados,
se permitía el uso de la maquinaria y la llegada de segadores “esquiroles” que
venían de otras provincias limítrofes o incluso de la Mancha.
Grupo de segadores del Campo de Criptana en la comida. |
El
problema del paro se disparaba hasta el 80% de la población activa en épocas de
invierno y final de verano cuando se terminaba la recolección de cereales.
Entonces se hacían estériles los avances laborales y salariales conquistados en
el primer bienio republicano, eran tiempos donde se engendraba insolidaridad
entre los obreros y esquirolismo, saliendo a trabajar a localidades vecinas,
sin pertenecer a la bolsa de trabajo local, así se violaban las normas
establecidas por ellos en sus municipios, que eran desobedecidas cuando salían
a trabajar a destajo por salarios incluso inferiores a los de los trabajadores
de dicha población vecina.
Los
patronos estaban obligados a llevar al tajo el agua necesaria para la
hidratación normal de los trabajadores, así como los útiles necesarios para la
higiene de los obreros. En caso de que tuviesen que ser alojados en fincas
distantes o en cortijos, los patronos estaban obligados a proporcionarle
habitación, los utensilios necesarios para su higiene personal y darle la
comida, sin deducirle por ello ningún importe de su salario.
Cuando
el patrón despedía a un trabajador por causa justificada por el patrón y que no
fuese imputable al obrero por su falta de rendimiento, el patrón tenía que
avisarle con una semana de antelación y darle dos horas diarias para buscar
trabajo o abonarle una semana de trabajo, si por las circunstancias no se había
producido el preaviso con la antelación de una semana.
En
caso de enfermedad del obrero en el trabajo, el patrón debía pagarle los gastos
derivados del transporte del obrero enfermo hasta su domicilio y abonarle el
jornal de trabajo de un día. Los accidentes de trabajo del campo eran
numerosos, si bien no podemos considerarlos excesivos dado el alto porcentaje
de trabajadores agrícolas en nuestros pueblos, con la totalidad de los hombres
de la población activa dedicados a la agricultura.
Saciando la sed con el botijo de José Vela Zanetti. |
Los
patronos también estaban obligados a cotizar al seguro de maternidad y al
retiro obrero. Con relación a la cuota del retiro obrero los patronos no
tuvieron que cumplir con excesivo rigor su normativa, de forma que en 1935 tuvo
que implantarse un nuevo sistema para el cobro de dicho seguro, muchos patronos
no hicieron efectivos sus descubiertos con las Cajas de Previsión de Andalucía
Oriental (10).
Todas
estas condiciones de trabajo creadas por las bases y elaboradas por jurados mixtos
de representantes laborales y patronos, supusieron un gran avance en las
relaciones jurídico-laborales en el campo giennense, pero ese progreso existió
más sobre el papel de lo estipulado más que en la realidad de lo cumplido.
Podemos afirmar que las bases jamás se cumplieron, como tampoco se respetaron
los decretos y leyes emanados de los respectivos Ministerios y de las Cortes,
tales como fueron La Ley de Términos Municipales, la Ley de laboreo forzoso y
otras más.
Para
rebajar los costes de producción agrícolas se recurría a todo tipo de
estrategias como simular la realización
de contratos de aparcería entre patrón y empleados agrícolas, arrendamientos y
colonatos ilegales, el cultivo en “terceras”, etc.
Para
describir la situación a este respecto acudimos al periódico granadino “El
Defensor de Granada” que en el editorial de fecha 3 de enero de 1934, percibía
la situación y la describía muy acertadamente:
“…
Los propietarios pagan escasos jornales. Hay sitios donde el censo obrero está
en paro forzoso. A este hecho del paro obrero se une el hecho moral de las
persecuciones políticas. En muchos lugares las fuerzas caciquiles resucitadas
han emprendido la innoble tarea de acorralar a los trabajadores para destruir
toda organización de tipo sindical… La legislación social ha quedado en desuso,
ni bases de trabajo, ni oficinas de colocación, ni laboreo forzoso, ni cosa alguna
que proteja el trabajo contra la arbitrariedad” (11).
Digamos
con claridad que los gobernantes republicanos no supieron o no quisieron
abordar las mejores alternativas a esta
situación del campo; tales como podían haber sido una reforma agraria que
hubiese posibilitado al acceso de campesinos a la tierra, y facilitar el acceso
de las sociedades obreras a los arrendamientos colectivos de tierras. En la
provincia de Granada la reforma agraria prácticamente no existió según Alarcón
Caballero, pues durante toda la República se expropiaron 3.311 hectáreas en las
que se asentaron 244 campesinos. Decenios después planes de colonización de
tierras expropiadas daba parcelas, casas y animales de labranza y cría
domestica a miles de campesinos sin tierras. La Ropera, Las Vegas de Triana y
otros núcleos de población cercanos a nosotros dan prueba de ello.
Estas
alternativas podían haber librado al campo de las tensiones crecientes que a
veces terminaron en enfrentamientos y en huelgas, hubieran disminuido el paro y
también hacer perder fuerza a los patronos que desde su situación de mayor
fuerza eran en muchos casos árbitros de la situación.
La
oportunidad de la reforma agraria que se esperaba por parte de la República se
frustro con una reforma agraria que prácticamente no existió, ante la decepción
de toda la masa social que con sus votaciones habían propiciado el cambio de
régimen (12).
Campesino con azada de José Vela Zanetti. |
En
el año 1931 el Ministerio de Trabajo dicto unas normas para que en el trabajo
del campo se pagasen los jornales a 5,50 pesetas por cada jornada trabajada de
ocho horas, era el salario mínimo
agrícola establecido por dicho ministerio, que en la mayoría de los
casos no se respetó. Sobre la base de lo establecido por el gobierno, acordaban
los jurados mixtos, formados por representantes de los propietarios agrícolas o
patronos, y los recién nacidos sindicatos el precio para cada uno de los
jornales de las diferentes faenas del campo; aunque esos salarios acordados
pocas veces fueron percibidos por los campesinos en sus topes superiores. Los
patronos agrarios fueron sin duda los más reacios a aceptar la nueva
legislación republicana.
El
periódico granadino “El Defensor de Granada” publicó las bases rurales
provinciales de los años 1932, 1933 y
1935, en fechas 23 de junio de 1932, y 11 y 13 de diciembre de 1934, y “El
Boletín Oficial de la Provincia del 15 de mayo de 1933. En estas bases se
establecía un precio mínimo y un precio máximo por cada labor agrícola.
Las
Bases de Trabajo Rurales de la provincia de Granda en 1932, 1933 y 1935 fueron
las siguientes para cada una las labores:
Por
siembra de cereales y leguminosas a los hombres en 1932, mínimo no establecido
y máximo 6 pesetas por jornal de ocho horas. En el año 1933 el mínimo era de
4,20 pesetas y el máximo de 6 pesetas por jornal. En el año 1935 el mínimo era
de 4 pesetas y el máximo de 6 pesetas.
Por
siembra de cereales y leguminosas a mujeres y zagales en 1932, mínimo no
establecido y máximo 3 pesetas por jornal de ocho horas, justo la mitad de los
percibido por los hombres. En el año 1933 el mínimo era de 2,75 pesetas y el
máximo de 3 pesetas por jornal. En el año 1935 el mínimo era de 2,75 pesetas y
el máximo no quedó establecido.
Por
la escarda de cereales y leguminosas a los hombres en 1932, mínimo no
establecido y máximo 6,40 pesetas por jornal de ocho horas. En el año 1933 el
mínimo era de 4,45 pesetas y el máximo de 6,40 pesetas por jornal. En el año
1935 el mínimo era de 5,25 pesetas y el máximo no fue establecido.
Por
escarda de cereales y leguminosas a mujeres y zagales en 1932, mínimo era de
3,75 y máximo 4 pesetas por jornal de ocho horas. En el año 1933 el mínimo era
de 2,75 pesetas y el máximo de 4,50 pesetas por jornal. En el año 1935 el
mínimo era de 2,75 pesetas y el máximo no quedó establecido.
Por
la poda del olivo, trabajo realizado siempre por hombres, el precio del jornal
en 1931 era de 10 pesetas, en 1933 por igual cantidad, y en 1935 a 8 pesetas el
jornal.
La
siega de cereales y habas en 1931, no quedó especificado mínimo y el máximo
quedó establecido en 11,50 pesetas por jornal. En 1933 el mínimo establecido
fue de 8,15 pesetas y el máximo de 11,50; mientras que en 1935 en mínimo bajó a
6 pesetas y el máximo a 10 pesetas.
El
arranque y siega de garbanzos se
estableció para 1931 en 10 pesetas de mínimo y 11 de máximo. En 1933 en 7
pesetas y 11 de máximo. Y en 1935 no se marcó mínimo y se estableció el máximo
en 10 pesetas.
El
vareo de aceituna se estableció para 1931 en 6 pesetas jornal. En 1933 en 7,50
pesetas y en 1935 en 3,50 pesetas jornal.
En
la recogida de aceitunas del suelo en 1931 se pagaba a 3 pesetas el jornal, en
1933 a 3,50 y en 1935 a 3 pesetas.
Los
peones de era se pagaban a 7,75 pesetas de máximo, no habiéndose marcado el
mínimo en 1931; en 1933 el mínimo era de 5,40 y el máximo de 7,75; mientras que
en 1935, sin mínimo, el máximo se pagaba a 6.50.
Los
peones de barcina se pagaban en 1931 a 9 pesetas de máximo, sin especificarse
mínimo; en 1933 el mínimo era de 6,30 y el máximo de 9 pesetas por jornal;
mientras que en 1935 en mínimo quedó sin marcarse y el máximo quedó establecido
en 6,50 pesetas por jornal.
Los
carreros eran en 1931 gratificados con un máximo de jornal de 11 pesetas, sin
especificar mínimo; en 1933 con 6,30 de mínimo y 9 de máximo; y en 1935 con
mínimo sin especificar y 6 pesetas por jornal de máximo.
Los
peones de trilladora eran pagados en 1931 a 11 pesetas por jornal, sin
especificarse el mínimo; en 1933 se pasó a un mínimo de 7,70 y a un máximo
mantenido de 11 pesetas: En 1935 sin especificar mínimo se pagaba el jornal
como máximo a 9 pesetas para esta tarea.
A
los zagales de la trilla o trilleros se les pagaba en 1931 a razón de 3, 75 de
máximo sin especificarse el mínimo; en 1933 a 2,60 de mínimo y 3,75 de máximo,
y en 1935 a 2 de mínimo y 2,50 de máximo.
A
los gañanes ganaderos se les pagaba en 1931 a 6 pesetas el jornal, sin
especificarse el mínimo; en 1933 a 4,20 de mínimo y 6 de máximo, y en 1935 a 5
de mínimo y 5,50 de máximo.
A
los ganaderos se les pagaba en 1931 a 4,50 de máximo, sin especificar el
mínimo; en 1933 a 3,15 de mínimo y 4,50 de máximo, y en 1935 a 3,50 de máximo
sin especificar el mínimo.
El pastor Anselmo de José Vela Zanetti. |
De
lo anteriormente expresado se observan en estos años tres momentos diferenciados:
1º.-
Un periodo de entre 1931 y 1932 en el que se desarrolla una mayor elevación
salarial en los sueldos del campo, con la llegada de la República, la presión
sindical organizada y entusiasta, y la confusión y desorganización de la
patronal, que hacen posible en los primeros momentos importantes avances
salariales.
2º.-El
año 1933 marcó la línea divisoria entre la subida y el descenso de los
salarios. En este año los salarios conseguidos tienden a estancarse. La Crisis
Gubernamental, el asedio de los radicales a los socialistas, la reorganización
de la patronal y de las fuerzas políticas que las representaban, el desgaste de
los sindicatos que supusieron años de lucha, la división del movimiento obrero,
el agravamiento de la crisis económica y del paro fueron, en suma, las causas
más importantes de este estancamiento salarial.
3º.-
Los años de 1934 y 1935 fueron de claro descenso de los salarios. La llegada de
la derecha al poder estimuló la contraofensiva de la patronal; por otra parte
la revolución asturiana de octubre de 1934 y la represión consiguiente sobre el
movimiento obrero del que recordamos la cruel represión del abuelo de Zapatero
(nefasto presidente del Gobierno, ahora negociador con Maduro), represión que
en menor grado se produjo en todo el estado, y que maniató a las grandes
centrales sindicales, fueron las principales causas del retroceso salarial.
El
avance salarial en el campo fue muy importante, pero estuvo muy por debajo del
que establecieron las bases de trabajo rurales. Una de las causas fundamentales
de este bajo nivel salarial en el campo fue el paro existente, que fue una
verdadera pesadilla para los trabajadores agrícolas. Los patronos a partir de
la llegada de la República realizaban menores contrataciones de trabajadores,
poco acostumbrados al alza del precio de los jornales, con lo que en una
economía poco boyante se trataban de contener en el menor número de faenas
posibles, y gran parte de los obreros agrícolas, no encontraban trabajo en casi
todo el año.
Portada del periódico El Defensor de Granada, diario político independiente. |
El
periódico “El Defensor de Granada” al que antes hemos hecho referencia,
publicaba a finales del año 1931 un editorial donde refiriéndose al problema
social del campo decía:
“Reviste
caracteres dramáticos. La lucha de clases se desarrolla en un plano
peligrosísimo de violencia y de pasión…Los obreros quieren trabajar, pero
tropiezan con la hostilidad de la mayoría de los propietarios. No se cumplen ni
las bases de trabajo, ni la ley de laboreo forzoso. No existen bolsas de
trabajo y es considerable el número de obreros del campo sin trabajo” (13).
En
esta línea apuntan las manifestaciones de los gobernadores civiles
provinciales, sobre todo a partir del año 1933. Valga como, referencia lo que
afirmaba Francisco de Paula Duelo y Font, militante
del partido Radical y Gobernador Civil de Granada desde el 28 de junio de 1934
hasta el 20 de agosto de 1935:
“He
decidido emprender una gira por los pueblos de la provincia para entrevistarme
con los patronos agrícolas. Pues ha llegado la hora de que cese el paro en el
campo y se cumpla la legislación social, especialmente las bases de trabajo,
pues soy consciente de que se pagan salarios muy por debajo de lo que marcan
las dichas bases” (14).
El
Gobernador civil, como el resto de la sociedad agraria sabía que realmente en
el campo granadino, las faenas agrícolas se pagaban entre 1933 y 1936 muy por
debajo de las bases legalmente aprobadas. En el municipio de Pedro Martínez, en
1933 el salario máximo del campo se situaba en torno a las 4 pesetas, muy por
debajo de lo legalmente establecido; pero esta población no era la excepción
que confirmaba la regla, pues en Iznalloz se situaba el salario también en
torno a las 4 pesetas. En Cijuela entre las 2,25 y las 3 pesetas. La escarda en
La Puebla de Don Fadrique se pagaba el salario de 2 pesetas. En Montegicar el
salario máximo era de 5 pesetas. En Loja se ganaba una media de 5 pesetas. En
1934 la escarda en Chimeneas se pagaba a 2,50 pesetas.
La
recogida de aceituna en Montegicar se les pagaba 3,50 pesetas a los hombres, y
1,50 pesetas a las mujeres. El salario máximo en Atarfe estaba en torno a las 5 pesetas. En el campo
de Montefrío los salarios oscilaban entre las 3 y 1,50 pesetas. En Illora la
mayoría de las labores se pagaban entre las 2 y 3 pesetas.
El Defensor de Granada. |
En
una estimación del periódico “El Defensor de Granada” en el año 1934 la media de los jornales del
campo era de 4 pesetas. El destajo de las mujeres en Santa Fe se pagaba a 1,25.
La escarda en Alhama de Granada entre 2 y 2,50 pesetas. En Iznalloz los
salarios oscilaban entre 1,50 y 5 pesetas. En Puebla de Don Fadrique entre las
2,50 y las 3 pesetas. Los obreros del campo de Fonelas cobraban entre 2 y las
2,50 pesetas de salario. En recogida de la aceituna en Deifontes se pagaba a
1,50 el salario, (Todas estos datos están recogidos del Periódico “El Defensor
de Granada” de fechas 19 y 24 de febrero de 1933, 14 y 18 de marzo de 1933, 26
de julio de 1933, 5 de septiembre de 1933, 30 de diciembre de 1933).
Las
cantidades de salarios del año 1934 están tomadas del mismo periódico en las
fechas de 6 y 20 de febrero de 1934, 10 y 12 de mayo de 1934, 17 de diciembre
de 1934. Las cantidades de referencia de los salarios del año 1935 están
igualmente tomadas del periódico “El
Defensor de Granada” de fechas 8 de febrero de 1935, 6 de junio de 1935, 11 de
agosto de 1935, y 19 de noviembre de
1935.
El
mismo Fernando de los Ríos, en una sesión parlamentaria del Congreso afirmaba
en torno a los salarios agrícolas en Granada lo siguiente:
“…Y
¿sabéis cuál es su situación de vida, señores del norte? Los del Sur lo
conocéis. Pues la situación de vida es algo desconocido en la propia historia
económica de Granada, porque se ha llegado a eliminar el salario en dinero, se
da un jornal en especie en infinidad de pueblos. En la zona de Moreda, dándoles
un celemín de trigo, a precio de tasa y luego comprándoselo a precio de
mercado. ¡Un celemín de trigo! En la zona de Zujar, en Zujar dándoselo en
patatas y un poco de aceite. ¡Ese es su salario! Subid a Puebla de Don
Fadrique, el jornal de escarda se le da a la mujer y se paga a noventa
céntimos; si llegáis a la zona de los Montes, en Iznalloz el salario es de seis
reales a los gañanes; si bajáis a la fecunda vega de Granada, a Santa Fe,
estarán las mujeres cogiendo aceituna a destajo y el salario no rebasa los
cinco reales con una disminución del 75 por ciento respecto a las Bases de
trabajo que en los años 1932 y 1933 hiciera nuestro compañero el señor Largo
Caballero, y lograra efectividad… (15).
Campesinos segando el trigo de José Vela Zanetti. |
La
realidad fue que los salarios de los obreros del campo, a pesar de que
experimentaron un aumento sustancial, se mantuvieron casi siempre por debajo de
las bases legalmente establecidas en la mayoría de las zonas de esta provincia.
Hemos
considerado de interés para el conocimiento de las nuevas generaciones de
higuereños el elaborar este artículo, aunque la fuente de información haya
procedido de un periódico granadino de la época republicana, con el
convencimiento de que si vivieran muchos de nuestros antepasados paisanos
nuestros, encontrarían en estas líneas parte de su pasado en lo referente a los
difíciles años, que pasaron los obreros campesinos sin tierras propias,
privados de los espacios de tierras comunales y de propios, que se llevaron las
desamortizaciones, con malos usos de traspaso de propiedades a los que ya
tenían tierras, y por parte de los propietarios de tierras el otro problema del
campo andaluz con la falta de capitalización y recursos, que los desaparecidos
pósitos habían facilitado a los agricultores higuereños desde una antigüedad de
siglos.
Con
el advenimiento de la II República se puso especial énfasis en las cuestiones
sociales; pese a ello, “el labrador sigue en el más completo desamparo, si bien
todo el mundo reconoce la necesidad de extender el crédito agrícola, de atender
al pequeño propietario, colono y aparcero” ya que el productor se ve obligado a
adquirir semillas a los especuladores del grano…”de tal forma que el crédito se
presenta al agricultor en forma de usura, acarrea la ruina de la labranza y con
ella el empobrecimiento nacional (16).
El burro o el mulo imprescindible en el trabajo en el campo, de José Vela Zanetti. |
Como
había ocurrido en otras etapas de nuestra convulsionada historia contemporánea
el tiempo de la II República se agotó sin que ninguno de los factores de índole
social, económica o jurídica, que confluían para que el retardamiento de la organización
del crédito agrícola se superara.
Podemos
afirmar sin temor a equivocarnos que, si ha habido una institución del Estado
fuertemente arraigada en las clases populares andaluzas y españolas en general,
lo fue el “Pósito de grano”, también denominado “arcas de misericordia”, “alfolíes”,
“alhóndigas” o “montes de piedad”, que con una larga existencia a través de los
siglos, desde la Edad Media, sirvieron para ayudar al campesinado en
situaciones económicas críticas, con ayudas en granos o en metálico, destinadas
en gran medida a sacar de apuros económicos, y como fuente de financiación para
una gran parte del campesinado, que padecía una crónica situación de
empobrecimiento, miseria y precaria subsistencia. Los Pósitos fueron una
institución que a pesar de su indudable incidencia social por los servicios
prestados al pueblo sencillo, nunca se vieron favorecidos con una valoración
real de los servicios prestados y la esperada evolución que hubiese alcanzado
al convertirse en una gran institución estatal de crédito agrícola, del que tan
necesitado estaba el campesinado español. A pesar de los grandes servicios
prestados al Estado como garante del abasto público de granos en años de malas
cosechas y carestías propias del antiguo régimen (típicamente agraria y
crónicamente atrasada), podemos afirmar que recibieron el desdén institucional
y legal de los poderes del Estado, de forma paralela al triunfo de los
postulados del liberalismo económico de mediados del siglo XIX.
El
fracaso de los pósitos contribuyó aún más a golpear la frágil existencia de los
agricultores de Andalucía, en donde las estructuras de la propiedad y la
producción permanecían en mayor disonancia que en el resto del país, lo que fue
consecuencia inevitable del malestar social que desde finales del siglo XIX
vino a acontecer en nuestros pueblos,
esencialmente agrícolas, hasta desembocar en el trágico periodo del primer
tercio del siglo XX, que ahora recordamos.
Desde
mediados del siglo XIX se les consideró como meros servidores locales y
casuales del abasto público de cereales, rechazándose las proyectadas formas
modernas de producción que habrían tenido para el campesinado y las
repercusiones positivas en la mejora de la situación social, tanto en los
individuos a nivel personal como a los colectivos de campesinos, con créditos,
y garantías de mantenimiento de la propiedad de la tierra, elemento básico para
la renovación del utillaje de labranza, y el aumento rentable de la producción
agrícola. Con unos planteamientos de este estilo encontramos la precariedad
financiera del campesinado, y de paso tenemos que sopesar la importancia que
estas decisiones debieron tener la línea de interrupción de los créditos
agrícolas, o el escaso peso específico del crédito en las nuevas propiedades,
que surgieron a raíz de los primeros intentos desamortizadores del siglo XIX.
La precariedad financiera y la parquedad metálica de la pequeña y mediana
propiedad, se convertiría en la pérdida de las disponibilidades, en la
dependencia de los grandes hacendados, en la indefensión ante las nacientes
normas del libre comercio liberal, (entregadas al negocio de la sociedades
anónimas decimonónicas), y la pretendida circulación de bienes, y por tanto, en
un engrosamiento de las tierras arrendadas, en el aumento del número de
jornaleros, que colocarían a la estructura social de Andalucía en una posición
de mayor desequilibrio, lo cual aumentaba la dimensión de los problemas
sociales.
El sudor de José Vela Zanetti. |
Lo
que eran en principio inmejorables perspectivas para el campesinado se fueron
progresivamente frustrando al aparecer las requisas que el Estado iniciaba con
los caudales de dinero de los pósitos, en una repetidas búsquedas a la
desesperada de los fondos de dinero de los pósitos, para hacer frente a los
cuantiosos gastos militares del reinado, en periodos de inestabilidad política
desenfrenada y de contiendas internacionales y civiles, con lo que las
disposiciones de enajenación de bienes de los pósitos se dispara, disminuyendo
el caudal precioso de los pósitos de los pueblos, con un resultado de más de
2.000.000.000 de reales sustraídos de las arcas de los diferentes pósitos de la
nación.
Con
tan importante sangría de fondos el número de pósitos disminuyó drásticamente
pasando de 15.000 a 3.000. La política liberal pensó en aniquilarlos estableciendo
empresas de bancos agrícolas de corte capitalista, pero utilizando para los
pretendidos bancos de socorro para los trabajadores los fondos de las escasas
existencias de los pósitos que perduraban. Afortunadamente y debido al escaso
eco que los nuevos planteamientos liberales obtuvieron por parte de los
ayuntamientos en la gran mayoría de los pueblos no se produjo una conversión
masiva de los pósitos en bancos agrícolas locales; sin embargo tampoco se
produjo un relanzamiento para el desarrollo de los mismos, que tenían muy
mermadas sus arcas y se resignaban a no recuperar las numerosas entregas que se
habían hecho al Estado con las continuas
requisas, entrando así en un periodo de franco retroceso.
Un
fenómeno como las desamortizaciones, tan crucial en las economías agrarias en
especial en Andalucía, activó de nuevo la idea de mantener en vigor y
revitalizar los primitivos institutos o pósitos, unos establecimientos agrarios
que tanta ayuda habían proporcionado a los campesinos de todo el país; pero la
progresiva pérdida de ingresos efectivos del campesinado, el descenso efectivo
de los propietarios medianos de tierras incapaces de sacar adelante sus
parcelas, y por tanto el continuo engrosamiento de los arriendos de tierras, y
el aumento del número de jornaleros, marcaron en definitiva una tendencia
regresiva en las economías agrarias.
Fracasadas
las iniciativas privadas como sociedades anónimas, creadas para el
establecimiento del crédito agrícola, el poder establecido se encontró ante la
disyuntiva de propiciar la creación de algún elemento de apoyo y socorro para
los labradores, que se encontraban en una difícil situación, con un malestar
social que se incrementaría si no se prestaba el apoyo necesario a los medianos
y pequeños agricultores, con lo que los pósitos adquirieron nuevos defensores.
Tres campesinos de José Vela Zanetti. |
Por
ello la Real Orden de 9 de marzo de 1861 hizo especial hincapié sobre volver a
las posibilidades de ayuda al campesino de los antiguos establecimientos de los
pósitos, reconociendo el papel fundamental desarrollado para la ayuda al
agricultor, por cuanto “representan aún un importante cúmulo de riqueza que
bien dirigida darán por resultado el cumplimiento de las primitivas
fundaciones”. Del restablecimiento de los pósitos se encargaron personalmente el
Ministro de Fomento, Posada Herrera, el Director de la Administración Local,
Antonio Cánovas del Castillo, siendo el Jefe del negociado, José Gracia
Cantalapiedra, que con su gestión llevaron a convertir a los pósitos entre 1861
y 1867 en “una etapa floreciente en resultados prácticos” (17).
Los
resultados prácticos de los que habló Pando y Valle vienen expresados en el
Boletín de Administración Local y Pósitos de los años 1862, 1864 y 1866. Según
se pudo analizar entre 1861 y 1863, los pósitos pasaron en número de 3.043 a
3.418, su caudal de granos pasó de 983.321 fanegas a 1.132.127, en dinero se
pasó de 3.909.919 a 9.364.792, y sus créditos en dinero a agricultores pasó de
808.660 reales a 4.324.588, siendo los labradores beneficiados de 48.790 a
150.306. Toda una etapa floreciente en resultados prácticos. Tras esa
extraordinaria gestión de sus patrocinadores que actuaron con una resolución
sincera por potenciar los pósitos, vino una fase oscura y difícil cuando los
patrocinadores dejaron sus ocupaciones y responsabilidades. En el Boletín de
Pósitos y Administración Local de entre los años 1861 a 1932 se observa
abiertamente que el estado de postración de la mayoría de los pósitos se debía
a los perjuicios de las pérdidas producidas por factores exógenos a los mismos
pósitos, como: “por revoluciones, trastornos políticos, abusos, arbitrariedades
de gobiernos que contribuyeron a que se propagase una gran pobreza en la
desdichada clase agricultora”, a pesar de esta nueva etapa se abogaba por su
conservación y fomento de los pósitos, defendiendo la necesidad de dicho
crédito en pequeña escala frente a las complicadas e infructuosas operaciones
de las sociedades de accionistas capitalistas, sociedades que acusaban a las
operaciones de crédito de los pósitos como formas anacrónicas del crédito
agrícola.
La recolección de Rafael Zabaleta Fuentes. |
Los
pósitos se habían ido diluyendo en tiempo anteriores en la oscura trama del
crédito oficial, unas veces con las propuestas de los políticos de crear bancos
agrícolas con las existencias liquidadas y enajenadas de los pósitos, otras
veces se quería organizar el crédito agrícola con carácter prendario o
hipotecario, ignorando el crédito agrario personal en pequeña escala que tan
beneficioso había resultado durante siglos para los agricultores a través de
los pósitos. Así se fue evolucionando hacia la creación de bancos agrícolas
regionales o locales que actuasen de intermediarios financieros entre el Banco
Hipotecario y los labradores, o el establecimiento del crédito agrario de
carácter mobiliario, esto es, con garantía personal y el crédito agrario
territorial, sobre la propiedad, en base ambos a la organización de sociedades
de labradores, sindicatos o asociaciones análogas.
La
ley del 28 de enero de 1906 creo los sindicatos agrarios, que entre otras
funciones estaban dotados de normativa para la “creación y fomento de los
institutos o combinaciones de crédito agrícola, bien directamente dentro de la
misma asociación, bien estableciendo cajas, bancos o pósitos” que fueron
perfiladas con posteriores proyectos ministeriales durante las dos primeras
décadas del siglo xx. Hubo dos iniciativas, la de Calbetón que en 1910 propuso
la creación de un Banco Nacional Agrario como una sociedad anónima por acciones
con capacidad de organizar sucursales y delegaciones; por el contrario la
iniciativa de Santiago Alba pretendía crear el Banco Nacional de España con
implantación en regiones agrícolas y hacia especial empeño en facilitar
préstamos a los agricultores. El Proyecto de Francisco Cambó tuvo mayor
incidencia, quien en 1918 ponía las bases de lo que sería el Instituto Nacional
Agrario” para favorecer el crédito agrícola, dirigir y fomentar los pósitos,
(cuya administración y custodia estaba como sabemos, en manos de la Delegación
Regia) y efectuar operaciones que estime necesario para el crédito a
labradores”. El proyecto de Cambó contaba para su realización con los capitales
del fondo de reserva de la Delegación Regia, su capital inactivo, y con los
saldos que el Estado debía a los pósitos en las sucesivas requisas e
incautaciones de bienes. El último de los proyectos presentados por Calderón
recogía exclusivamente las facultades de la Delegación Regia cuando ya estaba
próxima la liquidación del estado general de los pósitos de España.
Tierra de rastrojo de Antonio Gonzalo. |
Durante
los años veinte del pasado siglo XX habría que destacar la importante labor
emprendida por los sucesivos gobiernos de la Dictadura de Primo de Rivera en
materia del crédito agrícola. Desechados todos los anteriores proyectos se
estableció una junta para el estudio del crédito agrícola por el real decreto
de fecha 29 de octubre de 1923, que tuvo su primera reunión en fecha 24 de
noviembre de 1923 constituida por el Ministerio de Fomento, y representaciones del Banco de España, Banco
Hipotecario, Popular de León XIII, Banco Rural, Consejo Superior Bancario, y
Entidades Agrarias patronales como las
Cámaras Agrícolas, delegaciones de ministerios, Delegación Regia de Pósitos,
Consejo Superior de Fomento y Real Sociedad Económica de Madrid, y en ella se
aconsejaba la potenciación de los pósitos como únicos establecimientos para
llevar a cabo con eficacia el crédito que necesitaban los labradores, decía: “
…únicamente los pósitos, modelos de organización por su sencillez, son la única
realidad existente en España en orden al crédito…, ellos son el único medio que
el Estado tiene para intervenir con acierto en la creación de nuevos organismos
análogos que pudiéramos llamar células primarias de crédito (18).
Los
políticos de la Dictadura de Primo de Rivera consideraban necesario que los
pósitos estuvieran cerca de la residencia del labrador, prestar dinero con
facilidad y sin complicaciones, dar dinero barato, dedicarse exclusivamente a
prestar la labrador y conceder la capacidad para aprobar préstamos con
ampliación en los plazos de reintegro del capital en caso de malas cosechas o
años malos. Una reorganización del crédito agrario que en base a los postulados
antes señalados llevarían a orquestar una serie de medidas y cambios en las
leyes que facilitasen las operaciones de crédito y perpetuasen los servicios a
los necesitados agricultores. Había que emprender algunas modificaciones
jurídicas institucionales que eran previamente imprescindibles como: las
reformas legislativas que unificasen la legislación social por la que debían de
regirse las diferentes asociaciones, cámaras, sindicatos, y cajas rurales, y
también agilizar el régimen de propiedad de las tierras, facilitando las
inscripciones y transmisiones de la propiedad; también se consideraba necesaria
la creación de un Banco General de Crédito Agrícola con el auxilio y control
del Estado, cuya específica función sería a de facilitar cantidades de dinero a
los labradores. Teniendo también como prioridad una mayor difusión del crédito
en pequeña escala a los pósitos, sindicatos y cajas rurales, que actuarían como
bancos sucursales del Banco Central o Regional, con crédito no superiores al 4
ó 4,5%. Para todo este proyecto era necesaria la acción del Estado que se haría
notar en la creación del Banco Central o la misma inspección a realizar ante la
Delegación Regia de Pósitos, La Junta Central de Colonización y Repoblación, y
la Mutualidad Nacional para el Seguro Agropecuario. A pesar de los esfuerzos
referidos por el gobierno de la Dictadura, muy sujeta a las directrices
impuestas por los grandes patronos y hacendados agrícolas, tampoco se supo
dotar este proyecto del suficiente contenido para la institucionalización del
crédito agrícola en pequeña escala.
La siesta, de José Vela Zanetti. |
Con
el advenimiento de la II República se hizo especial énfasis en las cuestiones
sociales, en esta etapa como en otras de nuestra convulsionada historia el
tiempo pasó, sin que ninguno de los
factores que confluían a su solución encontraran resolución, entrando de nuevo
en un retardamiento de la solución de un problema ya viejo. Los años que
siguieron a la guerra civil evidenciaron que la oportunidad de lograr una clase
agrícola de mediaos y pequeños propietarios se había perdido, las nuevas
directrices de la política económica franquista se alejaban, otra vez, de las
condiciones óptimas para la capitalización racional del campo español y muy especialmente
de las tierras de Andalucía (19).
El segador de Rafael Zabaleta Fuentes. |
Los
Pósitos mantuvieron hasta el siglo XVIII un carácter benéfico-piadoso y
estuvieron al servicio de los poderes municipales locales de las poblaciones,
pasando a ser utilizados como graneros sociales, en épocas de carestías y
crisis de subsistencia donde las hambres hubieran acabado con parte de la
población de nuestros pueblos. Eran instituciones de crédito al consumo y
apéndices valiosos para el abastecimiento de los pueblos y ciudades en el
antiguo régimen, pero a pesar de adelantar semillas a los campesinos que las
necesitaban, nunca actuaron como verdaderos institutos de crédito agrícola, que
hubieran facilitado capital para mejorar las explotaciones. Las tres funciones
básicas que desarrollaban los pósitos eran la venta de granos, la compra de
granos para la reposición de fondos y préstamos tanto en especie de semillas,
como prestamos en metálico. Los movimientos de ventas de semillas en los
pósitos eran tan importantes para el agricultor, que podía ser considerado un
mercado público de granos, con un importante acento social, por cuanto ponía en
circulación su grano en los meses de mayores carestías, y sobre todo porque lo
hacía siempre a un precio más moderado que el que ofrecía el mercado libre de
cereales. Las compras de cereales para reposición de fondos se realizaba se
realizaba con el capital excedente de compras y parte de los intereses de
préstamo que realizaba, estas operaciones de reposición de fondos le habilitaba
para mantener las funciones de abastecimiento de estos centros de
almacenamiento de cereales. Sin embargo fueron las operaciones crediticias las
que le dieron el carácter financiero a los pósitos, dado que comprendían desde
las peticiones de fondos de los labradores hasta el pago del reintegro de los
préstamos con unas serie de mecanismos, que pusieron los fundamentos
crediticios en el campo andaluz con las concesiones de las juntas de los
pósitos, escrituras de préstamos, cálculo de intereses, reintegros y cancelación
de ejercicios, recursos por vía ejecutiva contra los morosos, eran algunos de
los trámites usuales y frecuentes. Estos trámites junto con las normas de
contabilidad, las anotaciones de los movimientos anuales de capitales, que eran
controlados por los organismos estatales como El Consejo de Castilla, La
Superintendencia de Pósitos o los ministerios de Gobernación o Fomento,
sirvieron para realizar un seguimiento lineal de las repercusiones de los
pósitos y la trascendencia que tuvieron en el ámbito rural (20).
El mulero de Rafael Zabaleta Fuentes. |
A
partir del siglo XVIII y en virtud del Reglamento para los Pósitos de 1792, los
pósitos pasaron a representar una esperanza para la organización estatal del
crédito agrícola; pero esos planteamientos quedaron barridos por los nacientes
planteamientos del liberalismo económico. Desde los años finales del siglo XIX
hasta entrados los primeros años de silo XX, se produjeron una serie de
tentativas para acondicionar los pósitos a las nuevas ideas del crédito
agrícola, en consonancia con las reformas que se estaban produciendo en Europa
en parecidos términos. Sin embrago en nuestro país esas reformas se limitaron a
introducir tímidas y localizadas innovaciones de orden institucional, por lo
que las pretendidas cortas reformas nunca arraigaron, ni se produjeron las más
mínimas movilizaciones de capitales, única fuerza capaz de revolucionar los
medios materiales del campesinado mediano y pequeño propietario de tierras, tan
falto de capitalización.
Volviendo la parva en la era. |
Las
prácticas de las labores agrícolas eran arcaicas y ligadas al monocultivo de
los cereales y algunas leguminosas, reservando el olivo para sólo algunas
explotaciones en lugares de difícil cultivo hasta el siglo XIX, en que tras la
desamortizaciones y la perdida de los terrenos comunales y de propios de los
ayuntamientos, se inició una plantación masiva del olivar por toda Andalucía.
La desaparición de las tierras comunales significó un duro golpe para la
economía familiar de los más desfavorecidos y originó un elevado número de
conflictos en el campo. El político Joaquín Costa, radical defensor del
comunalismo campesino, afirmó que “Esos bienes comunales eran “el pan del
pobre”, su mina, su fondo de reserva, diríamos el Banco de España de las clases
desvalidas y trabajadoras; y la desamortización, por la forma en que se
dispuso, ha sido el asalto de las clases gobernantes a ese banco sin que los
padres (se refiere a los políticos como padres de la patria) hubiesen dado
ejemplo ni motivo”(21).
En
el siglo XIX Andalucía acaparaba aproximadamente el 50% de las existencias de
fondos de granos en los pósitos de la nación, cifras que bajaron hasta el 15%
en el siglo XX. El hecho de que Andalucía y Castilla fueran las regiones más
favorecidas en la localización e implantación de pósitos, explica de por si las
necesidades intrínsecas de las propias economías agrarias de estas regiones,
constantemente deficitarias en granos y en dinero. La pervivencia notable de la idea del pósito hasta muy
adelantado el siglo xx, muestra como a Andalucía se le ha hurtado de disponer
de un sistema moderno de autofinanciación de corte capitalista, ausencia que en
cierto modo ha prolongado el mantenimiento de un subdesarrollo, con una
agricultura tradicional de subsistencia, que tuvo consecuencias sociales muy
negativas para todos, (que en este artículo referimos), y que se pondrían en
evidencia durante todo el primer tercio del siglo XX, tal como hemos reflejado.
Los
obstáculos políticos, jurídicos, institucionales y sociológicos impidieron el
triunfo en nuestra tierra de los principios asociativos, cooperativistas, o de
cualquier otro tipo que hubieran supuesto un incentivo colectivo hacia la
mejora social de sus gentes. La carencia de instituciones agrarias de matiz
reivindicativo en materia social se explica, sin duda alguna, por el escaso
nivel cultural de la población andaluza, causa y efecto simultáneos de la
permanencia de las estructuras tradicionales en todas las facetas de la
producción económica.
Otras
políticas hubieran disminuido el gran problema del campo andaluz que años
después tendría consecuencias funestas para todos.
Granada 26 de septiembre de 2018.
Pedro Galán Galán.
Bibliografía y citas:
(1) Fernández Carrión, Miguel Héctor: Análisis microeconómico sobre el siglo XIX en
una sociedad agraria. Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía. Historia
Contemporánea. Tomo III. Páginas 45 a 72. Publicaciones del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Córdoba, 1985, página 62.
(2)
“Defensor de Granada” de fechas 22 de
julio de 1033 y 26 de julio de 1936.
(3)
Ruiz Manjón-Cabeza, Octavio: Notas sobre el estudio de la prensa local del
Primer Tercio del Siglo XX: Objetivos de investigación. Actas del III Coloquio
de Historia de Andalucía. Historia Contemporánea. Tomo III. Publicaciones del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1985. Páginas 296 y 297.
(4)
Alarcón Caballero, José Antonio: Nivel de vida y condiciones de trabajo en el
campo granadino entre 1931 y 1936) Actas del III Coloquio de Historia de
Andalucía. Historia contemporánea. Tomo I, página 134. Publicaciones del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Córdoba 1985.
(5).
Fernández Carrión, Miguel Héctor: Análisis microeconómico sobre el siglo XIX en
una sociedad agraria. Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía. Historia
Contemporánea. Tomo III. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba, páginas 45 a 72, página 65.
(6).
Segura, Simón: Aspectos del nivel de vida del campesino español en la segunda
mitad del siglo XIX. Alimentación. Revistas económicas y Empresariales. Madrid,
número 3, páginas 133 a 149.
(7).
Bernal, Antonio Miguel.: La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo
Régimen. Editorial Taurus. Madrid, 1979, página 39.
(8).
Carrión, Pascual.: Los latifundios en España. Su importancia, origen,
consecuencias y solución. Editorial Gráficas Reunidas. Madrid, 1932, página
210.
(9).
Palacio Atard, Vicente.: La España del siglo XIX, 1808-1898. Editorial Espasa
Calpe, S.A. Madrid, 1978, páginas 293 y siguientes.
(10).
Periódico “El Defensor de Granada” de fecha 7 de julio de 1935. Entrevista con
Joaquín García Labella, presidente de la Caja de Previsión de Andalucía
Oriental.
(11).
Periódico “El Defensor de Granada de fecha 3 de enero de 1934.
(12).
Alarcón Caballero, José Antonio: Historia del Movimiento obrero granadino en la
II República (1931-1936). Universidad de Granada. Tomo I, páginas 115 a 118.
(13).
Periódico “El Defensor de Granada” de fecha 4 de diciembre de 1931.
(14).
Periódico “El Defensor de Granada de fecha 27 de diciembre de 1934.
(15).
Diario de sesiones de las Cortes de fecha 31 de febrero de 1936. Discusión de
las Actas de Diputados por la provincia de Granada tras las elecciones de
febrero de 1936.
(16).
Juderías, J.: Crédito agrícola. Lérida, 1932, página 8.
(17).
Pando y Valle, J.: Los pósitos. Apuntes acerca de su historia, de su
importancia, sus reformas, inconvenientes de convertirlos en bancos agrícolas.
Legislación con la que se rigen y de cómo pueden servir para el establecimiento
de cajas de ahorro y montes de piedad. Madrid, 1880, páginas 20 a 25.)
(18).
(Documento: El crédito agrícola y los pósitos. Algunas aportaciones para el
estudio de los problemas de la tierra y el crédito. Madrid, 1923, página 32).
(19).
(Gil Bracero, Rafael: Los Pósitos andaluces: Aportación al estudio del Crédito
Agrícola en Andalucía. Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía.
Historia Contemporánea. Tomo III. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba, 1985, páginas 193 y 194)
(20).
Gil Bracero, Rafael: Los Pósitos Andaluces: Aportación al estudio del Crédito
Agrícola en Andalucía. Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía.
Historia Contemporánea. Tomo III. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba, 1985. Páginas 194 y 195.
(21).
Costa, Joaquín: El Colectivismo agrario en España, 1915. Biblioteca Costa. Tomo
V de las Obras Completas, página 606.)
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