PROLOGO

Se pretende que sea éste un espacio dedicado a entretener y deleitar (... a través de la fotografía fundamentalmente) ... a dar a conocer (...o traer al recuerdo) ciertos monumentos o espacios situados en el término o cercanías de Lahiguera. ...a llamar la atención por el estado de abandono y deterioro de muchos de ellos, ...y si llegara el caso, a remover la conciencia de todos los que somos "herederos" de tales monumentos y espacios, y que con nuestra aportación ayudásemos a la conservación de los mismos.

lunes, 16 de enero de 2023

EL MIEDO Y RECHAZO DE LOS JÓVENES GIENNENSES A LAS QUINTAS EN LOS SIGLOS XVI AL XX.

LAS LEVAS Y LOS SISTEMAS DE RECLUTAMIENTOS DE SOLDADOS DURANTE ESTOS SIGLOS.

En este artículo analizaremos la evolución  que han sufrido tanto la sociedad como el Ejército en España desde 1700 hasta la actualidad. En estos 300 años, el Ejército como institución íntimamente relacionada con la sociedad, ha experimentado una evolución acorde con los ritmos que marcaban los tiempos. En este largo período de 300 años han sido coronados 12 monarcas, pertenecientes a cuatro casas reales (la Casa de Austria, la Casa de Borbón, la Casa de Bonaparte y la Casa de Saboya), han entrado en vigor 10 constituciones, 2 de las cuales fueron aprobadas pero no entraron en vigor, la de 1865 y 1873. Una institución tan jerarquizada y disciplinada como es el Ejército ha tenido que ir adaptándose a unos cambios de estructura tan profundos como el de su componente principal, que no era otro que la sociedad de su tiempo.

Las distintas formas de reclutamiento en la historia de los Ejércitos las podríamos encontrar en la época de Cesar y Tito Livio como inicio del voluntariado en los Ejércitos, pero cierto es que no se tiene una base documental hasta la Edad Media, en la que se llamó soldado a la persona que vivía en régimen militar y que recibía un sueldo. No obstante, en el siglo XV veremos como empiezan a crearse los Ejércitos permanentes en los que sus componentes, son personas que su única fuente de ingresos es el sueldo del soldado. Ya en el siglo XVI existió una gran abundancia de voluntarios para incorporarse a las filas militares pero en el siglo XVII empezó a haber problemas para la captación de soldados y en el siglo XVIII este sistema hubo de ser cambiado por sistemas de reclutamiento que no se basaban en la voluntariedad de años anteriores. 

La Guerra de Flandes y el Camino Español.

https://www.youtube.com/watch?v=yDmrvqF2LCU

La causa principal de incluir a la población en la vida militar tenemos que buscarla en la crisis que sufría el Ejército profesional, debido principalmente a que ya no se presentaban suficientes voluntarios que quisieran defender al Rey y a la Patria. Ya en el siglo XVII se habían instituido unas formas de reclutamiento especiales a las que llamaron “levas”, las había honradas, en las que se hacía un llamamiento al pueblo para que se alistasen sus hijos, y las forzosas, en las que se daba ocupación a la gente ociosa y sin trabajo (los ninis de ahora que no estudian ni trabajan). También encontramos el “repartimiento obligatorio” en el que se elegía a un determinado número de soldados por distrito de varias poblaciones, que según población tenían que aportar un número de soldados, y que derivará en las futuras quintas. En el siglo XVIII se conservarán algunas formas pertenecientes a periodos anteriores, pero las formas de reclutar van a ser las siguientes: La Recluta, La Leva de forzados o de vagos, Las quintas y La Bandera de Enganche. 

Alatriste: Escena final (Batalla de Rocroi)

https://www.youtube.com/watch?v=IcMCVHJkSPA 

2014 - La madrugada.

https://www.youtube.com/watch?v=2fHEvocMvTM

Desde siempre, el servicio de las armas ha supuesto para la población una serie de molestias y de contribuciones, económicas y de “sangre”, que llevaban la aflicción a gran parte del pueblo al quedarse sin parte de los jóvenes trabajadores. En el siglo XVI algunas poblaciones sufrían más a menudo esta situación por el hecho de estar situadas en el paso obligado de las tropas en sus desplazamientos, lo que conllevaba una serie de servicios que los vecinos habían de cumplir por orden establecida por la Corona, y de lo que con frecuencia se quejaban al rey, como es el caso de los vecinos de Mengíbar, que expresaban así su malestar en 1528:

“[...] En nombre del concejo del dicho lugar y vezinos dél digo que por estar dicho lugar en el camino rreal que va de castilla al rreino de granada mis partes an gastado y todavía gastan muchas sumas de maravedís en dar badajes carretas y bastimentos a los que pasan a poblar el dicho rreino de granada conforme a las Provisiones que sobre ello Vos al concejo tiene dadas y porque hes rrazon que semejantes cargas se rrepartan entre los pueblos comarcanos [...].”

No sólo eran de tipo económico los daños que el paso de las tropas provocaba en la población de Mengíbar, sino también físicos y morales. El miedo a la soldadesca, incluso en tiempos de paz, era común en todas las poblaciones, más aún en Mengíbar por su situación geográfica. Es elocuente al respecto el paso de la compañía del Ejército por Mengíbar en 1528, que mandaba Pedro de Acuña, compuesta por 747 soldados y 25 mujeres, “alojados en casas particulares durante dos días y dos noches, dejaron tal secuela de delitos y gastos, que las autoridades locales decidieron poner el asunto en manos de las justicias provinciales” (1).

Las mujeres que acompañaban a los soldados eran prostitutas, que solían seguir a las compañías en sus desplazamientos.

En sus quejas, los vecinos manifestaron que los soldados les robaron lo que tenían (sayas, harina, cebada,...). A pesar de que los hospedaron y dieron de comer, los individuos de la tropa vejaban a sus huéspedes llamándoles “bellacos, puercos y otras descortesías”, y les amenazaban diciendo que los iban a matar. Algunas de las mujeres de mundo que les acompañaban hacían que los vecinos que les alojaban, contra su voluntad, les “lavasen las piernas con vino caliente, con especias y otras cosas”, haciendo en total unos gastos entre 50.000 y 75.000 maravedís. El sargento y el capitán en ningún momento atendieron las quejas de los vecinos frente a los desmanes de sus soldados; por el contrario, como contestación eran mandados al diablo (2).

Que una compañía de soldados pasara por una villa y se alojase en ella varios días, o semanas, era un problema social y económico para ella. Social porque la llegada de una cierta cantidad de hombres, a veces muy ociosos, sobresaltaban la vida diaria de la villa, y económico porque acarreaba un gasto enorme a las arcas del concejo, y más para los vecinos más humildes que tenían la obligación de hospedarlos en sus casas, según pragmáticas del rey. Y no eran pocos los hombres que integraban una compañía de soldados. Felipe II disponía que cada Tercio de su ejército se compusiese de 3.000 soldados, divididos en diez compañías, al mando de un capitán cada una de ellas, un alférez y varios sargentos y cabos. Aunque este número fue menguando conforme avanzaba el siglo XVI, cuando Cervantes escribía el Quijote cada compañía estaba formada por no menos de cien soldados. Con este número, solo las villas medianas o grandes disponían de los recursos y podían asumir los gastos necesarios para su hospedaje y manutención, más cuando había muchos vecinos eximidos de la obligación de hospedar a los soldados, estos eran alojados en las casas de los más humildes y con menos recursos.


A lo largo del siglo XVII se produce un declive en la situación militar de España, consecuencia de una larga etapa de abandono y crisis generalizada. Una de las causas que motivaron dicha decadencia fue la sustitución de los ventajosos sueldos que los voluntarios recibían en el siglo XVI por los miserables salarios recibidos en el siglo XVII, aceptados sólo por aquellos que se veían impulsados a reclutarse por situaciones muy difíciles en sus vidas personales. Ante esta situación, la recluta forzosa será la solución a los problemas financieros del ejército en el siglo XVII, sustituyendo así los voluntarios mal pagados, por la obligación que se imponía a las poblaciones de contribuir con determinado cupo al servicio del Rey (3).

El descrédito de la profesión militar era tal que se decía: “está tan persuadido el pueblo de que todos los que sientan plaza son gente infame, que no habrá sastre ni zapatero que no tenga por deshonra que se hijo lo sea” (4).

El mismo Cabildo municipal de Jaén dice en 1640 que a la leva sólo iban “personas ociosas y mal entretenidas”.

Aunque hoy es ya palabra poco utilizada, se denomina leva al reclutamiento obligatorio de la población civil para servir en el ejército.

Hasta bien entrada la década de 1630, el sistema de reclutamiento administrativo, fundamentado en el voluntariado, permaneció inamovible, y continuó usándose en toda la península, aunque en esta época ya no daba los resultados previstos ante el declive demográfico en toda la población. En sistema de reclutamiento de voluntarios la implicación de las autoridades locales era mínima. Los cabildos y corregidores solo ejercían funciones de apoyo a los capitanes que venían a cada población a reclutar. En todo el procedimiento las autoridades no tenían un compromiso de reclutar o intentar cumplir con el número asignado a cada capitán. Su única función era colaborar puntualmente con los reclutadores en materia de alojamiento, además de facilitar a los soldados que pudieran comprar todo lo que necesitaran a unos precios justos y razonables. Sus funciones eran de control y verificación, pero nunca se ocupaban de reclutar directamente, algo que irá cambiando a lo largo del siglo XVII.

Lámina francesa que presenta las ropas que usaban los militares en el siglo XVII en España.

A mediados del siglo XVII, ante el fracaso del sistema administrativo, la monarquía recurrió a los municipios para que por algunos métodos obligatorios, imponiendo cupos según número de habitantes en cada municipio, colaborasen entregando hombres al ejército real. Pero al contrario de otras colaboraciones que habían tenido los municipios en el pasado, esta vez no se trataba de milicianos apercibidos por un tiempo limitado, como una campaña militar estival, sino de soldados que debían ser profesionales y que debían permanecer en el ejército hasta que el rey los licenciase.

Estos nuevos cambios serán una verdadera marcha atrás del modelo administrativo de reclutamiento, ya que se mirará al pasado, concretamente a los apercibimientos de origen medieval, para intentar así conseguir más hombres. Ante la crisis del reclutamiento voluntario aparecieron nuevas fórmulas de actuación, que intentarán extender todas las facetas del reclutamiento a las diferentes autoridades locales, que fueron ampliamente premiadas por su actuación, pero nunca se encontró el modelo adecuado y pocas veces el sistema continuó de un año para otro. La mejor prueba de ello fue que desde 1635 a 1640 vamos a ver al menos cinco tipos diferentes de levas llevadas a cabo por las autoridades en los diferentes municipios y corregimientos del reino de Castilla, modelos de actuación que en pocos casos se repitieron más de dos o tres veces.

A partir de 1634 la coacción aumentó, ya que ante la falta de voluntarios se buscaron distintos procedimientos con el propósito de conseguir más hombres para los ejércitos del rey. En muchos casos esto supuso la aparición de quintas. Además, de este modo el reclutamiento se convertiría en un sistema de control social hacia las personas componentes de los sectores más marginales y desfavorecidos, era una forma de hacer limpieza de los vecinos que podían ocasionar dificultades. La primera recluta forzosa en Castilla se produjo en ese mismo año. Aunque el Conde Duque de Olivares no logrará introducir la Unión de Armas como remedio a los problemas defensivos de la monarquía, sí que consiguió arrancar de las Cortes castellanas un ambicioso proyecto defensivo para “llenar los Presidios”, y así acudir mejor a la defensa peninsular y del norte de África, a la par de que el reino se comprometía una vez más a financiar todo el coste de mantener dichas dotaciones a través de los impuestos llamados “de los Millones”. La medida, enunciada en 1631, pero aprobada con diferentes modificaciones por las Cortes en 1634, propició el masivo reclutamiento de 12.000 hombres en ese mismo verano, para completar así la dotación teórica de 18.000 soldados que debían tener los Presidios de las guarniciones peninsulares y del norte de África y que estaba lejos de cumplirse. La recluta se efectuó según unos cupos basados en la población teórica de cada una de las 17 provincias en las que se dividió Castilla, las cuales teóricamente tenían un total de 1.015.000 vecinos.

El establecimiento de la leva de los presidios fue en muchos casos traumático, ya que presionaba aún más a los municipios para obtener hombres, estableciéndose que si no había voluntarios, delincuentes u ociosos a los que aplicar, se echaría a suertes entre los vecinos jóvenes, para decidir quién debía ir a servir al rey. El miedo cundió entre la población de muchos lugares, aunque ese año la mayoría de los municipios cumplieron con los hombres que se les exigían enviando ociosos, delincuentes por delitos menores, y otros maleantes, ya que al ser ésta la primera vez, aún se podían encontrar estos grupos de personas con facilidad. En esta leva las irregularidades abundaron, y en muchos lugares se procedió a contratar a cualquiera que quisiera servir, aunque para ello se contara con los servicios de los múltiples asentistas y capitanes que mercadeaban con los soldados, un bien que cada día era más preciado para el rey. Estos sujetos sin escrúpulos, aprovechándose de la necesidad de tropas y de las nuevas imposiciones hacia los municipios, se dedicaban a mediar en la contratación de soldados, a los que sin miramiento alguno vendían al mejor postor, rescataban por dinero o dejaban escapar si algo tenían que ofrecer para no ser requeridos como soldados.

El resultado de la medida dejó mucho que desear, y lógicamente muchos se fugaron a la primera de cambio debido a su condición de forzados, aunque por otra parte, la improvisación y la poca comodidad de los alojamientos hicieron que las deserciones fueran aún más masivas.

Oficial del jército español del siglo XVII. Obra de Augusto Ferrez-Dalmau.
 

En Cádiz entraron durante ese año 1.168 soldados a cargo de este servicio de los partidos judiciales de Jaén, Córdoba y Sevilla. En menos de tres meses sólo quedaban 279 soldados, porque los restantes habían huido. Si bien la leva de los Presidios debía atender al mantenimiento de las dotaciones teóricas de los mismos, lo cierto es que los años siguientes no sirvieron para ello, ya que los reclutados por esta vía fueron continuamente embarcados para Italia o a otras partes para evitar su acostumbrada pronta deserción. Año tras año las peticiones de soldados continuaron, aunque fueron rebajando su cuantía. Así en 1639 se rebajó la cantidad pedida hasta los 8.079 hombres, y en 1640 se pidieron algunos menos, 8.042 infantes, aunque a esas alturas el gran problema era el continuo incumplimiento de los cupos, por lo que el sistema cesó.

Cada vez fue más importante la acción de los corregidores, como autoridad local, para que el reclutamiento tuviera éxito, pero el viraje hacia formas fundamentadas en la coerción, no fue de un día para otro. Desde la década de 1640 se debieron aplicar continuas reformas para conseguir completar los ejércitos del rey, acudiendo de manera puntual a sistemas de coerción para conseguir los soldados deseados, estableciéndose así una planificación central basada en los denominados repartimientos, aunque estos métodos coexistieron todavía con el reclutamiento de voluntarios. Los repartimientos se gestaron fundamentalmente entre los años 1648 a 1654, pero debieron continuar durante la década de 1670 para acudir a las necesidades bélicas planteadas en Cataluña e Italia, ya que en tiempos de guerra el reclutamiento forzoso, a través de los agentes de la Corona, era el único que podría cubrir la demanda de soldados, al estar siempre más cerca de cumplir los cupos pedidos.

Dentro de los repartimientos, la implicación de Andalucía era importante. En 1676 de los casi 7.000 hombres que se pensaban reunir en todo el reino bajo esta fórmula casi la mitad, unos 2.600, se levantaron en Andalucía.

Esta modalidad de reclutamiento conjugaba distintos métodos de captación de hombres, estableciéndose cupos en los diferentes distritos o corregimientos, estando al cargo los corregidores o miembros de las Chancillerías y Audiencias del reino. Con este cambio de modelo, los corregidores eran los verdaderos encargados del reclutamiento, ya que debían ayudar a los capitanes comisionados a completar sus compañías, e incluir en ellas a sujetos forzados. Esta clase de reclutamientos tenía un carácter general, distribuyéndose a cada circunscripción una determinada cuota de soldados en proporción a su población estimada. En principio éstos debían ser voluntarios, aunque se establecía que si no eran suficientes, situación que era la habitual, se aplicarían a las levas los penados por delitos leves, los ociosos, vagabundos y otras gentes de diversas calidades, con lo cual se imponía el reclutamiento forzoso de las masas sociales más desfavorecidas.


Los cupos impuestos solían ser más o menos llevaderos, y mucho más bajos que los que supondrían una quinta obligatoria. Las cabezas de partido acostumbraban a extender el alistamiento a municipios más pequeños, repartiendo así la carga de soldados que se les solicitaba. Los corregidores y autoridades municipales, ante la imposibilidad de captar voluntarios, debieron completar los cupos alistando forzosamente a distintos sectores sociales como los vagabundos y ociosos, forasteros y jornaleros que estaban de paso, delincuentes o a cualquiera que no trastocara el orden de la comunidad, por lo que esta práctica significó en muchos casos “purgar la república” de gente innecesaria. Así se entienden las pocas tensiones generadas por esta clase de reclutamientos y los pocos disturbios y motines asociados directamente a ellos. Casi todos los generados localmente tendrán que ver no con el reclutamiento de soldados, sino con el de los milicianos, que solían implicar la salida de un mayor número de hombres, la mayoría con cargas familiares, o fundamentalmente con la presión fiscal, el aumento de ésta por el alojamiento de tropas o la falta de subsistencias. Este cambio dentro del reclutamiento hacia métodos de coacción ante la escasez de voluntarios, si bien aportaba más soldados, produjo que la calidad de los mismos no fuera tan buena, fraguándose el cambio con respecto al antiguo ideal de soldado gentilhombre, que había marcado la concepción de los soldados del siglo XVI. Además, estos nuevos sistemas de reclutamiento aceleraron algunos cambios dentro del ejército, como la aparición de los primeros uniformes fijos, establecidos tanto para mejorar las condiciones de vida de la tropa, mejorar el espíritu de cuerpo, y especialmente para disciplinar a los soldados y evitar las deserciones.

El paso final dentro de la coerción hacia un modelo más equitativo y racional en toda Castilla, y que afectó especialmente a Andalucía, fue el establecimiento de reclutamientos obligatorios basados en los vecindarios existentes. En 1694, se estableció una leva obligatoria de dos soldados por cada 100 vecinos, sin contemplarse apenas excepciones territoriales o sociales, por lo que todos los pueblos debieron contribuir pese a sus exenciones. Por esta vía se consiguió enviar más de 11.000 soldados a Cataluña, formándose diez nuevos tercios, los cuales serían profesionales a pesar de los métodos empleados para reclutarlos.

El ejército español en el siglo XVIII. Soldados de la Ilustración.

Andalucía estaba bien representada, ya que tres nuevos Tercios, los de Sevilla, Gibraltar y Jaén se formaron con los nuevos reclutas sacados de los distintos reinos andaluces, si bien el reino de Granada no participó en este sistema. Durante los años siguientes la medida continuó, hasta que en 1697 se debieron anular las órdenes ante el agotamiento de los pueblos, que se quedaban sin jóvenes. La centralización y la unificación de criterios reclutadores de soldados permitieron eliminar las exenciones y privilegios para así poder actuar en todo el territorio castellano, usando para ello nuevos padrones e imponiendo cupos poblacionales, pues era la única solución para conseguir movilizar más hombres. Medidas que volverían a implantarse sólo unos años después, en 1704, con la llegada de Felipe V al trono y el comienzo de la Guerra de Sucesión.

Las pérdidas demográficas en cada una de las poblaciones se hacían más sensibles con motivo de las continuas levas. Es muy frecuente, a lo largo del siglo XVII, la presencia en tierras del reino de Jaén de numerosos capitanes y alféreces encargados de levantar compañías, destinadas a Flandes, Italia y las Indias. Sentar plaza de soldado era además una salida habitual para escapar de la situación de pobreza en muchos de nuestros pueblos y ciudades. En 1614 el duque de Medina Sidonia pidió a Jaén cien gastadores para socorrer el fuerte de Larache, capturado en 1610, y luchar contra la piratería de Salé. Salé, sobre el océano Atlántico, cerca de las costas de Tetuán y sobre el Mediterráneo, fue la cuna de los piratas marroquíes que escaparon al control de los españoles y los portugueses.

Bien equipada en armamento, Salé junto a Trípoli, Túnez y Argel, fue la cuarta cuidad corsaria del Magreb, con una esfera de actuación en las riberas del Atlántico.

Desde Marruecos a Libia, la costa de Berbería fue el hogar de un floreciente comercio de secuestro de personas desde 1500 hasta 1800. Al borde del Atlántico y en las orillas del Buregreg, Salé era conocida como una de las capitales de esclavos como Túnez, Argel y Trípoli y que contra los ataques de sus navegantes los buques europeos no tenían fuerzas para resistirse. Los siglos XVI y XVII fueron un periodo complicado para España e Italia respecto a los ataques de los corsarios atlánticos, incluyendo la costa mediterránea, que había sido testigo del mismo peligro, lo que empujó a los dos países a poner fin, por un largo tiempo, a su tradición de comercio marítimo debido al terror corsario musulmán.

Galeones españoles luchando contra los piratas berberiscos. Óleo de Cornelis Hendriksz Vroom, 1615.
El neerlandés Jan Janszoon van Haarlem (c. 1570-c. 1641), también conocido como Murat Rais el Joven, fue el primer presidente de la llamada República de Salé y uno de los corsarios y renegados más famosos, integrante de los temidos Corsarios de Salé. Óleo de Pier Francesco Mola. Museo del Louvre.

El contexto del secuestro de los cautivos cristianos y en particular los españoles, debe retrotraerse al momento de las cruzadas y la expulsión de los musulmanes de España en 1492 y parece haber motivado los ataques de los piratas saletinos (de la cuidad de Salé) como una forma de venganza. Los cautivos cristianos representaron para sus captores una mercancía rentable y mucha mano de obra. Las narraciones del cautiverio de los primeros infieles en manos de los corsarios musulmanes lo describen como uno de los más violentos de la Historia marítima.

En 1609-1610, los decretos de expulsión de los moriscos de Granada fuera de España conducen a la llegada a la costa atlántica y mediterránea de una población de moriscos que vivieron cerca de ocho siglos en Andalucía. El mar se convirtió, entonces, en un lugar privilegiado de hostilidades y la piratería experimentó un impulso significativo a partir del siglo XVI. Tanto entre los musulmanes como entre los cristianos, los prisioneros capturados en ambos lados del mar fueron condenados a la esclavitud.

La historia de Salé en los siglos XVII y XVIII, famosa y renombrada por la violencia de sus corsarios, despiadados con los cautivos cristianos de diversos países, especialmente, el caso de los cautivos españoles.

En el caso de la referida demanda de soldados en 1614 por el Duque de Medina Sidonia, los soldados debían reclutarse en la ciudad de Jaén y en los lugares de su tierra y villas eximidas, distribuidos de la siguiente forma: sesenta vecinos de Jaén, de las distintas colaciones (Territorio o parte de vecindario que pertenece a cada parroquia en particular), y cuarenta de las villas y lugares que pertenecían administrativamente a la cuidad de Jaén. Los lugares y villas dependientes de Jaén: La Mancha (Real), Cambil, Campillo (de Arenas) y Pegalajar debían mandar a Larache cuatro gastadores por población (Archivo Municipal de Jaén. Cab. 5-7-1614.)

Como en el pasado la presencia de compañías en los pueblos de nuestra provincia provocaban continuos problemas. Abusos, robos, violencias y pérdidas económicas acompañaban a los contingentes militares que iban a alojarse en las distintas localidades de la Corona de Castilla. A veces se producían sucesos violentos como respuesta de los vecinos, o como medio para evitar tan pesada carga, como ocurrió en La Mancha (Real) a inicios del XVII (Archivo Municipal de Jaén. Cab. 5-12-1601.)

Los mismos hidalgos, que en el siglo XVI habían jugado un papel crucial en los hechos de armas de la corona, aparecen en el siglo XVII, reacios a continuar con el mismo entusiasmo su servicio al rey. Así lo dejan entrever las declaraciones de los hidalgos giennenses en 1639 en su comparecencia ante un representante del Consejo Real, en una época de crisis, de guerra con Francia y con unas arcas estatales exhaustas. Para evitar el servicio, la mayoría de los hidalgos declaran ser pobres, o bien estar ejerciendo otros trabajos de mayor importancia para la Corona, lo que resulta sospechoso (Archivo Municipal de Jaén. Legajo 44.)

Esta actitud de miedo y rechazo al servicio de las armas está generalizada por esta época tanto en los hidalgos como en el pueblo llano.

Atuendo de los soldados españoles en América.

El servicio militar obligatorio en España, frecuentemente nombrado como la mili, se inició entre finales del siglo XVIII y principios del XIX y terminó en diciembre de 2001.

En el siglo XVIII, con la llegada de los borbones a España y la necesidad de soldados para el ejército, en el ámbito de la Guerra de sucesión española (1701-1715), se asentaron en España las bases del reclutamiento militar. Tras la finalización del conflicto bélico, la falta de tropas se hizo constante, por lo que se optó por la progresiva implantación de métodos de reclutamiento obligatorios pese a que conllevaban una gran impopularidad, alternándolos con levas de vagos y maleantes, que resultaban poco efectivas y que terminó por rechazarse. Las milicias provinciales adquirieron un carácter forzoso. El reclutamiento que había sido empleado hasta entonces de forma muy limitada adquirió más importancia ante las necesidades de un ejército permanente.

Comenzaron entonces a denominarse de “quintos” a estos reclutamientos popularmente, cuyo nombre viene de principios del siglo XVIII, cuando se fijó un cupo anual de 50.000 hombres elegidos por sorteo de los que salía un soldado por cada cinco hombres.

El siglo XVIII para los jóvenes de nuestra provincia fue una continuación del temor a las quintas de siglos anteriores, que se acrecienta con la Guerra de Sucesión que tiene lugar en los primeros años del siglo.

Un caso clarificador de esta situación es el siguiente: Tras la victoria de las tropas borbónicas en Almansa, en 1707, durante la Guerra de Sucesión, el soldado Juan Ruiz del lugar de Carchelejo, que por sorteo se incorporó al Ejército tres años antes, desertó. Ello suponía que su pueblo debía enviar a su regimiento otro mozo que lo sustituyese. El miedo a la incorporación a filas estimuló la búsqueda del fugado por parte de los vecinos del lugar, encontrándolo en la limítrofe población de Cárchel, siendo enviado de nuevo a su regimiento con la custodia de dos guardas (5).

La desesperación por evitar el servicio llevaba a algunos reclutas a buscar amparo en lugar sagrado en templos, conventos y ermitas, aprovechando así la diferente jurisdicción que correspondía a estos lugares e intentando provocar un posible conflicto estamental.

Iglesias, conventos y ermitas se convierten en lugares temporales de refugio. Por regla general se permitía la entrada a la Justicia; pero, a veces, la iglesia facilitaba la fuga de los refugiados, antes que permitir la violación de sus privilegios. Este es el caso de dos desertores que se refugiaron en la Catedral de Jaén en 1717, a los que el Cabildo Eclesiástico, tras desarmarlos, les dio unas limosnas para que pudiesen comprar ropa de paisano y huir de la ciudad, debido al riesgo de perder la vida si eran aprehendidos por sus oficiales (Archivo Histórico Diputación Jaén. Act. 1717. Cab. 30-6.)

Las deserciones del ejército durante la guerra de Sucesión fueron abundantes. En Úbeda hubo numerosos quintos desertores en este período y los repartimientos de soldados provocaron conflictos durante estos años (6).

Trajes y armas en el siglo XVIII.

Los reclutamientos se hacían a menudo con violencia en exceso, prisión y extorsiones, por lo que desde las mismas altas esferas de poder se instaba en 1703 a las autoridades locales a suavizar los métodos. El cupo de quintos correspondiente a cada población se extraía de un padrón de mozos elaborado por las autoridades locales, que no siempre se ajustaba a lo preceptuado. El pánico a la quinta, que conducía a la huida de los afectados, se generalizaba a las familias de éstos, pues los veinticuatro apremiaban su regreso embargando la hacienda o presionando de cualquier otro modo a los padres.

Las deserciones llegaron a ser tantas que hubo un momento en el cual los que desertaban eran más que quienes tomaban las armas. Se pagaba hasta 100 reales a quienes delatasen la presencia de un desertor (7).

En plena guerra de Sucesión austriaca, Felipe V dicta la Real ordenanza de fecha 5 de diciembre de 1741 para una leva de 7.919 hombres, correspondiendo 180 a la provincia y 20 a la ciudad de Jaén. Conociendo el rechazo a las levas por parte de la población, la ordenanza apercibe de las medidas que utilizan muchos mozos para evadirse, ausentándose de sus poblaciones y buscando las ciudades, por lo que se ordena a los corregidores y justicias hacer pesquisas de estos mozos y los prendan.

El porcentaje de mozos que correspondía a cada pueblo se hacía atendiendo a su población, de ahí que se falsease con frecuencia su número para evitar esta sangría humana, así como aminorar la cuantía de los impuestos. La duración del servicio de quintas era de tres años. Para asegurar la presencia de los mozos en el sorteo, el corregidor de Jaén ordenó prender a aquellos de los que debían salir los 20 soldados pedidos a la ciudad. En total eran 153, incluido el listado de milicias. Se consiguieron con gran trabajo 30 mozos, “sacando a unos de sus camas, y a otros que se encontraban en la calle”. De ellos, sólo encontraron 10 aptos físicamente, de lo que se deduce una población crónicamente subalimentada, propensa a toda clase de enfermedades.

Para encontrar al resto de los mozos huidos de la leva se hizo necesaria su busca por los cortijos y heredades del término, recogiéndose a 28 hombres, en gran parte también incapacitados físicamente para el servicio. Finalmente sólo se hallaron 13 mozos aptos para el sorteo. También se buscó a los prófugos en las iglesias y conventos de la ciudad, sin encontrar ninguno. Todo esto supuso que en el sorteo se incluyesen también a los mozos que servían en milicias, cuyo número era de 36; once de los cuales tras el sorteo completaron el cupo, junto a cuatro presos que incluyeron el corregidor y el resto capturado, haciendo así el total de los 20 mozos que correspondían a Jaén en la leva de 1741 (8).

Estos hechos solían ser comunes en todas las poblaciones, y son frecuentes las referencias a ellos. Así, al pueblo de Carchelejo le correspondió un mozo en la leva de 1741 y, aunque sólo era uno, había quien huía para evitar el sorteo. Es el caso de Juan Morenillas que buscó refugio en el limítrofe monasterio de Cazalla; o el de Francisco de Vilches, también vecino de Carchelejo, en la leva de 1845, perseguido por la Real Justicia por el mismo caso  (Archivo Histórico Provincial de Jaén. Legajo 7171. Autos contra Juan de Morenillas. Carchelejo, 1741; y autos contra Francisco de Vilches. Carchelejo, 1745.)

Durante todo el siglo XVIII la falta de voluntarios motivará que las levas forzosas se generalicen, y sean una de las bases fundamentales para conseguir los suficientes soldados para los regimientos que permanecían en España. Desde mediados del reinado de Felipe V las levas forzosas se van a canalizar a través de dos vías diferentes: las levas de vagos y las quintas.

Desde 1717 se ajustó la primera leva de vagos, entendidos éstos (a pesar de la estrecha frontera entre el vago y el pobre desocupado) como las personas que menos falta hacían en los pueblos y, en general, ser “gentes de mal vivir”. Se trataba de una recluta forzada en toda regla, que solía ser ejecutada por medio de redadas por las autoridades locales, que enviaban a todos los sujetos que consideraba ociosos o vagos: gente de mala reputación, ociosos, falsos mendigos, gente de vida nómada, los que mantenían una vida licenciosa, la gente sin ocupación alguna, etcétera. El sistema contó con numerosas resistencias locales, y en ocasiones los pueblos ocultaban a las personas de tal condición. A su vez, el sistema generó muchos abusos de las autoridades. Con respecto al periodo anterior la mayor novedad estaba en que los reclutas debían cumplir unos requisitos, y que sólo servirían durante cuatro o cinco años, especialmente en los regimientos de infantería, y en destinos alejados de la península, como el Norte de África o Italia. Dentro del sistema existían cuatro depósitos, uno de los cuales era Cádiz, por el cual pasaban la mayor parte de los reclutados en Andalucía a través de este sistema.

Un paso más allá fue el establecimiento del reclutamiento forzoso mediante el sorteo, a través de quintas. Medida algo esporádica durante la primera mitad del siglo, pero que desde la ordenanza de 1770 pasó a ser anual. Era un sistema que aunque se ha venido interpretando como un precedente del sistema de reclutamiento obligatorio universal, es difícil considerarlo como tal ante las muchas excepciones que contemplaba, ya que estaban excluidos los privilegiados, algunos sectores clave para la economía y, durante bastante tiempo, a regiones enteras de España.

En esencia, el sistema pretendía reclutar un determinado número de hombres, para lo cual los corregidores, como autoridad local, debían presentar la lista de los mozos jóvenes de su localidad susceptibles de ser alistados, excluyéndose a los privilegiados, los incapacitados, a los hijos de viuda, casados o a los técnicos que desempeñaban funciones técnicas esenciales y que no podrían ser reemplazados fácilmente. A tal cantidad de excepciones habría que sumar las corruptelas, ante la posibilidad de sobornar a las autoridades, o la capacidad de contratar sustitutos, los cuales en general eran vagabundos o desertores. Todo ello hacía que la calidad de la tropa no fuera buena, y que estos sorteos se cebaran con los más desfavorecidos que no tenían capacidad económica para librarse del alistamiento. Estos hombres debían servir, según las diferentes ordenanzas, entre 4 y 8 años en el ejército. El paso de la mayoría por la milicia no debió ser positivo, ante la elevada tasa de deserciones y el escaso número de los que al finalizar su periodo de servicio obligatorio se reenganchaban.

La Guardia Real desfila ante el Palacio Real en Madrid.

El aporte de Andalucía dentro del sistema de quintas fue de enorme importancia, ya que de media la región contribuyó con el 20% de los alistados en muchos de los procesos de quintas, especialmente hasta 1762, siendo la región que más hombres aportó al conjunto. En el cupo de 1726 Andalucía debía aportar 1.765 soldados de los 8.000 requeridos, el 22% del total. Durante los años siguientes su evolución fue parecida: en 1730 (1.178 de los 4.806 exigidos), en 1733 (1.575 de 7.153), en 1741 (1.730 de 7.919) y en 1762 (1.401 de 8.000). Aunque no siempre los cupos se cumplían, el sistema se convirtió en un verdadero impuesto de sangre que periódicamente se cobraba su tributo y que alejaba durante años a muchos andaluces de sus lugares de origen y trabajo. Sistema que no fue lo suficientemente eficaz como para hacer que los regimientos fijos tuvieran sus dotaciones completas y generó protestas y resistencias ante su arbitrariedad. Una parte de estas quejas serían subsanadas durante el siglo XIX cuando el sistema eliminó cualquier tipo de exención y la posibilidad de encontrar sustitutos, creando un sistema de reclutamiento obligatorio realmente universal desde las Cortes de Cádiz (1818) y tras las reformas de 1837.

Para conocer la evolución que ha tenido el Servicio Militar obligatorio en nuestro país nos tenemos que remontar al siglo XVIII, época en la que reinaban en España los primeros borbones. La situación social de aquellos momentos es un factor que facilita el cambio: la población, base del Ejército, pasaba por una situación precaria. Las enfermedades como el paludismo o las fiebres hacían mella en unos hombres y mujeres mal alimentados y cuyas condiciones de higiene no eran las más adecuadas. Como ya hemos comentado, otro de los problemas con los que se enfrentaba el Ejército es la deserción de sus miembros. Ya que muchos soldados lo veían como el único escape para volver con sus familias, aunque en el caso de ser capturados, se podía llegar a penalizarlos con la pena capital.

En lo referente a lo que era la vida del soldado, tenemos que decir que los componentes de la tropa del siglo XVIII, tenían unas condiciones de vida que no eran precisamente un ejemplo de bienestar. Muchas veces no comían lo suficiente para soportar el gran desgaste que suponía una campaña militar y su único sustento era el pan. El sueldo que cobraban era variable dependiendo del rango que tuvieran, pero al principio tenían que pagar con ese dinero su propio uniforme, con lo cual se reducían bastante sus honorarios, hasta que se logró modificar esta norma, y paso a ser el Gobierno el encargado de dar los uniformes, con el inconveniente que esto representaba para la salud, ya que cuando un soldado no llegaba a gastar sus prendas de vestir, estas pasaban a ser utilizadas por otro soldado de nueva incorporación, medida muy poco higiénica, además la duración del uniforme era excesiva. Precisamente la falta de higiene era uno de los problemas que hacía mermar los efectivos de la tropa. Sífilis, paludismo y viruela eran las enfermedades más comunes en el cuartel.

Los arcabuceros fueron una pieza fundamental en los Tercios españoles.

El esquema de organización militar del ejército, ideado por Felipe V, dividió al Ejército en dos grandes estructuras; un Ejército profesional al que llamo “Guardias Reales” y otro mucho menos preparado que recibió el nombre de “Milicias Provinciales”.  El Rey Felipe V, con un decreto fichado en Milán en 1702, manda disolver las unidades alemanas de la antigua guardia austriacista (los alabarderos tudescos o “Guardia Blanca” y los Archeros de Borgoña” o “Guardia de la Cuchilla”). Para protección de su persona llegó de Francia organizado por su abuelo un contingente de 100 Mosqueteros a caballo, todos nobles flamencos al mando del Marqués de Lede. Finalmente en el Real Decreto del 21 de junio de 1704 decidió la formación del Real Cuerpo de Guardias de Corps, que habría de componerse de 4 compañías de 200 hombres cada una.

Mientras que las Milicias Provinciales, se convirtieron en una institución dirigida por la nobleza del país. Los Reglamentos de 1734 y 1766 habían corregido los defectos de las antiguas compañías y modernizado su organización, de modo que en 1808 ningún ejército de Europa tenía mejor reserva que las Milicias Provinciales españolas. Se componían de cuatro divisiones de granaderos de dos batallones cada una y 43 regimientos de un solo batallón de 8 compañías. Los jefes y oficiales eran miembros de las familias más distinguidas de España; el sargento mayor y los ayudantes pertenecían al Ejército Regular; la tropa pertenecía a las quintas, pero distintas de las del Ejército Regular. Los soldados servían durante 10 años.

Aquí se introduce un nuevo elemento muy importante ya que se producirá la jerarquización de los cargos; el acceso de los plebeyos a los cuadros de mando queda vedado, y sólo podrán incluirse en ellos personas de la nobleza. De esta manera queda conformada dentro del mismo Ejército una misión de clases sociales en las que existían diferentes categorías dependiendo del origen social de sus miembros. Únicamente podrían llegar a los cargos más altos de la milicia, los que tenían el privilegio de haber nacido dentro de una familia noble. Otro punto importante que no debemos pasar por alto es la “forma de hacer la guerra” de estos Ejércitos. El objetivo de las campañas militares era la mayoría de las veces conquistar una plaza enemiga y las batallas en campo abierto solían limitarse bastante, ya que era en este tipo de enfrentamientos donde más bajas se producían. Las épocas en las que se podía combatir se limitaban a las partes del año más calurosas, ya que en invierno los Ejércitos se retiraban a sus acuartelamientos.

Entre los años 1789 a 1868, para tener una visión general de los cambios y novedades, que encontramos en esta época dentro del Ejército debemos detenernos primero en las características de la sociedad. Nos adentramos en la época gobernada por Fernando VII e Isabel II y hacemos un recorrido general por la sociedad de la época, base de los soldados que componen las quintas. En primer lugar podemos comprobar que la mortalidad en la población sigue siendo muy elevada, debido sobre todo a las malas cosechas de algunos años como es el caso de 1833 y 1834 y a enfermedades como la fiebre amarilla. En esos momentos la industria, otro punto clave de la economía incipiente, estaba comenzando a despuntar y comenzaban a surgir las ventas de productos manufacturados fabricados por los propios ciudadanos. Pero el avance espectacular se produjo en dos ciudades españolas: Barcelona, con su industria del hilo y Bilbao con los altos hornos.

Soldados españoles del siglo XIX.

No cabe duda de que los soldados pertenecientes a esta época iban a sufrir una serie de transformaciones ideológicas y militares como consecuencia de la Revolución francesa. Los hombres dedicados a las armas son considerados ciudadanos, lo que hace que se desprofesionalice la tropa y que desaparezca el antiguo oficio de soldado, ya que ahora una vez acabado el periodo en filas (de unos 6 u 8 años) regresaban licenciados y no jubilados como ocurría anteriormente. Pero lo importante es que la forma de pensar de los integrantes de la tropa evoluciona conforme van pasando los años, y algunos se van integrando en los sistemas liberalistas que surgen sobre todo en la época de Fernando VII. El sueldo que cobran los soldados de la época es muy bajo, lo que produce un descontento general. Fernando VII se da cuenta de que una sublevación a escalas tan bajas  puede perjudicarle, por lo que decide subirles el jornal hasta 56 reales y 16 maravedíes, una cifra hasta entonces desconocida. Pero pronto vendrán los problemas económicos de España y el sueldo será rebajado para hacer frente a la crisis.  Por primera vez va a ser en este periodo cuando los soldados tengan un lugar fijo de destino, ya que antes iban trasladándose de un lugar a otro, siendo hospedados. Espartero, uno de los generales más destacados de este periodo consigue que se implanten una serie de bases territoriales fijas (los cuarteles) donde se centrará la vida de los soldados.

La técnica de reclutar civiles para el entorno militar a través de las quintas se va haciendo más frecuente, a lo largo del siglo XVIII. El estilo de guerra, después de la Revolución Francesa y sobre todo de la Batalla de Valmy, en la que las tropas francesas ganaron a los prusianos, va a desatar un concepto de arte de la batalla y una nueva tendencia en la que se plantea la guerra total, basada en mentalizar a todo el pueblo para que consideran como enemigo potencial a todo al que no pertenezca a ese país, con lo cual se llegará a un nacionalismo exacerbado que más tarde desembocará en diferentes revoluciones a lo largo y ancho de toda Europa. En dicha batalla, que también fue conocida como la Batalla del Cañoneo de Valmy, que se desarrolló el 20 de septiembre de 1792, durante las Guerras Revolucionarias Francesas, en el norte de Francia. Los ejércitos franceses estaban bajo el mando de los Generales Charles François Dumoriez y François Christophe Kellerman, detuvieron y derrotaron a las fuerzas prusianas del General Carlos Federico de Brunswick-Luneburg.

La Batalla de Valmy.

En el caso de España podemos comprobar que después de estos hechos históricos se va a proceder a la eliminación de las levas honradas, y que por lo tanto a los que voluntariamente se unían, comenzándose a pensar en el quinto como un soldado apto, incluso a veces más que los propios profesionales.

En el siglo XIX, la ordenanza de 27 de octubre de 1800, basada en la ordenanza de 1770, consolidó el reclutamiento obligatorio como contribución a la que quedaba sometida la población masculina y estableció la hegemonía del soldado de quintas como base del reemplazo del Ejército español. El sistema se caracterizaba por la existencia de una gran cantidad de exenciones al servicio, que impide hablar de igualdad jurídica en las obligaciones de los ciudadanos, propia del liberalismo.

En 1837, la Ordenanza de reemplazos aprobada ese año (Ley para el Reemplazo del Ejército de 2 de noviembre de 1837.) abolió las exenciones existentes hasta la fecha, que incluían a las órdenes privilegiadas, las profesiones liberales, parte del campesinado y la menestralía. Estas exenciones de carácter subjetivo por pertenencia a determinados colectivos, fueron reemplazadas por otras de carácter más objetivo como la redención en metálico y la facultad de poner sustitutos, por las cuales en definitiva, mediante el pago de una cantidad de dinero, se podía evitar el cumplimiento del servicio militar obligatorio (Proyecto de Ley de 1850), que comportaron una elevada conflictividad en la sociedad española de finales del siglo XIX y a principios del XX. La generalización del cumplimiento del servicio militar tampoco era completa desde el punto de vista territorial ya que en Navarra, Cataluña y el País Vasco el reclutamiento fue voluntario hasta 1833, 1845 y 1876 respectivamente.

Legislación relacionada con el Ejército a lo largo del siglo XIX:

Ordenanza de 1800, basada en la de 1770.

Constitución de 1812.

Real Célula de 1817 y Real Instrucción de 1819.

Ley para el Reemplazo del Ejército de 2 de noviembre de 1837.

Proyecto de Ley de 1850.

Ley de reemplazos de 30 de enero de 1856.

Ley de Reemplazo de 10 de enero de 1877.

Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 28 de agosto de 1878.

Ley de Reclutamiento de 1882.

Ley de Reemplazo y reclutamiento de 1885.

Ley de 1896.

Como hemos visto anteriormente, la leva era una obligación impopular.

Al margen del culto a la patria y sus héroes existía un gran temor al ejército por parte de los civiles, a causa de los sistemas de formación de las quintas, alojamientos, servicios, vejaciones,... y también de la misma tropa. El temor a un enfrentamiento armado y a la posible pérdida de la vida envolvía de angustia al soldado. Ejemplo de ello fue el pánico del Sábado de Gloria de 1809 en La Carolina, donde estaban las tropas de Alburquerque acampadas; cuando oyeron el tiroteo que tradicionalmente se realizaba  en los  actos de la fiesta de Resurrección del Señor, se produjo “una fuga vergonzosa que trocó aquel cuerpo de ejército en rebaño espantado por el pánico” (9).

José Bonaparte.

El pánico no se limitó a situaciones concretas durante la Guerra de la Independencia. Se puede hablar de una angustia latente que degenera en pánico general ante la llegada de la tropa enemiga. Así se manifestó en la primera llegada de los franceses a Jaén, en 1808. La propia Junta abandonó la ciudad, lo que arrastró mucha gente, entre ellas las personas con algún cargo público. Tras algunas escaramuzas, se entregaron “al más cruel saqueo de todas las casas, iglesias y conventos, asesinaron a muchas personas y cometieron los más horrorosos excesos”. Otras referencias ofrecen un relato más dramático. Según los Conde de Toreno, los franceses “degollaron hasta niños y viejos, ejerciendo acervas crueldades contra religiosos enfermos de los Conventos de Santo Domingo y San Agustín”. El miedo quizás hiciese habitual la tendencia a la exageración, pero estaba claro que aquellas escenas en Jaén eran de “las más trágicas y horrorosas” que nunca se habían visto.

La nueva llegada del ejército francés a Jaén capital volvió a provocar el temor en la población:

“El día 22 de enero de 1810 emigraron de esta ciudad la mayor parte de sus moradores, quedándose casi desierta. El horror que tenían a las tropas del tirano... hizo... abandonar sus propios hogares desamparando sus bienes y entregándose a una precipitada fuga. Era objeto de la mayor compasión ver caminar los trémulos ancianos, las débiles mugeres y tiernos infantes en la mayor intemperie, y en unos días de nieve y escarcha, como fueron aquellos... se vieron los campos y caminos llenos de familias que caminaban a pie, y sin más provisión que sus vestidos, que al tiempo de partir tenían puestos. En breve se llenaron las caserías y lugares inmediatos, con especialidad los de la Sierra, de estos tristes fugitivos...Hubo muchos que murieron durante su fuga”.

El miedo tenía una inequívoca manifestación en elementos claves, como la Junta Criminal Extraordinaria, que con la invasión francesa se instaló en la ciudad, y el cadalso que se levantó en la Plaza de Santa María, pues la horca era una terrorífica medida disuasoria sobre el pueblo, aunque la medida más corriente era el fusilamiento, como el del famoso guerrillero Pedro del Alcalde el 28 de junio de 1811 y el del capuchino fray José de Porcuna, el 26 de mayo del mismo año. Hubo ejecuciones en patíbulo también en otras plazas de la ciudad, como la del Mercado, donde fueron ahorcados entre el 5 y 9 de diciembre de 1811 nueve individuos (10).

En otras poblaciones, como La Iruela, el miedo colectivo ante la proximidad de las tropas francesas desbandaba a la población. En mayo de 1812, cundió el pánico y muchos vecinos huyeron a la sierra con sus familias, aunque las tropas no llegaron a entrar en el pueblo; algo que no es de extrañar tras la experiencia que este mismo pueblo sufrió en junio de 1810 con el incendio de la población. Así lo refleja explícitamente el cabildo Municipal:

“[...] de estos infelices parroquianos y vecinos, los que no mataron y quemaron, que fueron muchos, están en la mayor miseria... unos murieron del susto, otros murieron de ambre, otros durmiendo en el suelo a la inclemencia del tiempo, otros pidiendo limosna..., otros en las montañas y, por último, todos buscando pueblos donde les admitan de vecinos y los socorran con algo [...]” (11).

Agustina de Aragón, heroína de la Guerra de la Independencia contra los ejércitos invasores de Napoleón. Obra de Augusto Ferrer-Dalmau.

Estas situaciones se hacían extensivas a aquellas otras épocas revolucionarias, ante cualquier noticia de la proximidad de soldados armados. Tal ocurrió en Andújar durante el mes de septiembre de 1840, en el período conflictivo que dio lugar a la expulsión de la Reina Gobernadora María Cristina. La proximidad de parte de un batallón provincial, que se suponía ser el de Sevilla o Écija, que había abandonado a sus jefes y oficiales y en desorden se dirigía a Andalucía, con objeto de desertar a sus casas, hizo que el miedo se apoderara de la localidad por su posible ocupación por una fuerza armada políticamente contraria a las autoridades municipales (Comunicación de la Alcaldía Constitucional de Andújar al Ayuntamiento de Jaén, 9-septiembre-1840.)

O bien en Jaén, durante los sucesos que llevaron a la destitución del general Espartero como regente en 1843, siendo una de las preocupaciones principales de la Junta reunir y controlar a los soldados que habían desertado de sus unidades y andaban sueltos por los alrededores de la población (Archivo Histórico Municipal de Jaén. Cab. 3 y 15-julio-1843.)

Como en otras épocas, el reclutamiento hecho en períodos de paz seguía constituyendo otro motivo de angustia y miedo para la población. En el siglo XIX los soldados se reclutaban forzosamente y por sorteo para un servicio de ocho años. Los contingentes provinciales eran repartidos por las diputaciones provinciales, atribuyendo a cada pueblo el número de quintos que había de salir entre los mozos. Si había alguna injusticia que pesara tanto en la mente popular como los impuestos, era esa odiada contribución de sangre. Librarse de ella costaba seis mil reales, suma muy por encima de una familia corriente (12).

También se admitían sustitutos, por lo que era corriente que “por el hijo del amo fuese en lugar el hijo del criado”.

Por otra parte, los soldados estaban mal equipados y era corriente que la situación del Ejército se resumiera en estas palabras: “ni paga, ni comida, ni ropa: y mientras los oficiales de alta graduación y los generales se pavonean vestidos con guerreras resplandecientes de cordones dorados y plateados, o vistiendo llamativos uniformes al margen de la ordenanza, los soldados an en harapos y descalzos” (13). 

Caballería de los Tercios españoles. Obra de Augusto Ferrer-Dalmau.

Todos los años la Diputación Provincial practicaba entre los pueblos de la provincia el repartimiento del cupo que le había correspondido.

Había varias formas de librarse del servicio militar:

1.- La más utilizada era la deserción, con lo que el quinto era declarado prófugo y consecuentemente perseguido. Como fueron los casos de Juan Manuel Yeguas Herrera (sustituto de un quinto de Jaén) que en 1882 no quiso prestarse al embarque para Cuba  (14).

2. -Mediante el pago de dinero (6.000 reales). Siendo el sueldo de un jornalero giennense a mediados del siglo XIX de 4 reales diarios, podemos hacernos una idea de cuánto esfuerzo suponía para un jornalero liberar a su hijo del servicio militar.

3.- Mediante la sustitución, como anteriormente hemos referido. De hecho, la mayoría de los reos prófugos en 1847 (14 en total), cuyos procesos radicaban en el Juzgado de 1ª Instancia de Jaén, lo eran por falsificación de documentos para sustitutos de quintos, por encima de los casos de robo (13 casos), muerte y otros (Boletín Oficial de la Provincia. 10-enero-1848.) 

En el caso de las sustituciones se realizaba un contrato por el que un padre se comprometía a mandar a su hijo a cambio de una remuneración, a ello no era ajena la situación de penuria de la familia del sustituto o incluso la presión del pudiente sobre el necesitado. En el caso de José Luna, quinto sustituido por José Romero, en 1841, se estableció un contrato por el que aquél se comprometía a pagar 2.500 reales al padre del sustituto en diversos plazos y el suplente a realizar los seis años de servicio. En este caso en concreto todo terminó en juicio por incumplimiento del pagador (Archivo Histórico de la Provincia de Jaén. Legajo 4.521. Demanda instruida a instancia de José Romero contra José de Luna, 1841.)

Soldados de las levas heroicas de Igueriben. En el Desastre de Annual, cuando casi diez mil españoles, la gran mayoría soldados de levas, dejaron su vida en tierras norteafricanas. En muchos de los pueblos de nuestra geografía, padres, hermanos, esposas o novias tendrían que teñir sus prendas de luto por alguno de sus hijos caídos sobre aquellas colinas y barrancos del Rif, a los que un día despidieron y que nunca más volvieron. Obra de Augusto Ferrer-Dalmau.

Diversas tomas parciales del genial cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau, pintado en honor de los innumerables soldados de la leva con referencia histórica en el Desastre de Annual en Marruecos.

Otro tipo de sustitución en las primeras décadas de siglo era el apresamiento de un desertor y su convalidación por el quinto. Existen referencias  a personas que se dedicaban a apresar desertores con este fin. Es el caso de Francisco Lario, vecino de Mengíbar, que para librar a su sobrino del servicio, aprehendió primeramente a un prófugo, no valiéndole para conmutación por falta de talla. Un segundo apresamiento, en un prófugo de Villargordo, tuvo mejor resultado, quedando libre del servicio militar su sobrino.

Indudablemente, los prófugos eran abundantes. Ante la proximidad de la quinta, muchos de los mozos a sortear abandonaban los pueblos e iban a trabajar a distantes cortijos, no presentándose al alistamiento (Archivo Histórico de la Provincia de Jaén. Legajo 4.520. Expediente de justicia sobre solicitud de sustitución de un prófugo por Francisco Lario, 1819.)

Otros, cuya talla rozaba el límite de altura establecido buscaban otros medios de exención, como el emborracharse la noche anterior a la medición, porque decían que el cuerpo se encogía en estado de embriaguez.

Ante esta temible contribución humana, también los mismos ayuntamientos intentaban exonerar a sus mozos. El caso de Carchelejo en el reemplazo de quintos de 1896 es evidente al respecto, tanto es así que tuvo que intervenir la misma Comisión Provincial de alistamiento para que se presentasen ante ella los mozos que no lo habían hecho. Sin duda, la Guerra de Cuba, iniciada en 1895, era la clave de ello; pues en Carchelejo eran muy pocos los que podían librarse del servicio a cambio de las 2.000 pesetas que se exigían.

El Ayuntamiento intentó la libranza del servicio a través del capítulo de alegaciones y, en concreto, a lo que al tallaje se refiere. El reemplazo de 1896 lo constituían los mozos nacidos en 1877, con 19 años de edad, los cuales, tras el tallaje realizado por una comisión municipal, nueve de los veinte examinados no alcanzaban la altura requerida (1,500 m.), siendo declarados como excluidos totales por parte de esta comisión municipal.

Todos los mozos presentaron algún tipo de alegación; aparte de la talla, hacían referencia a dolencias o enfermedades, o que estaban a cargo de sus padres pobres y ancianos. Por lo que, a resultas de la medición y alegaciones, no se declaró útil en primera instancia a ninguno de los mozos, “quedando uno en depósito, cuatro pendientes de reconocimiento, cinco excluidos parciales y diez excluidos totales” (15).

Alférez de España. Obra de Augusto Ferrer-Dalmau.

La impopularidad de las quintas hizo de ellas una bandera política por parte de los grupos revolucionarios, que buscaban un nuevo orden social, por lo que en las revoluciones liberales del período no faltaban gritos de ¡abajo las quintas!; e incluso las manifestaciones contra las quintas, como la celebrada en la capital el 20 de octubre de 1872, convocada por el Comité Republicano Federal de Jaén (Archivo Histórico Municipal de Jaén. Legajo. 806/49. Solicitud del Comité Republicano Federal para realizar una manifestación pacífica, 19-octubre-1872.)

La oposición de los republicanos a las quintas venía siendo manifiesta en la provincia desde años atrás. Ya en 1856, el mismo Gobierno Militar hacía expresa referencia a “los revolucionarios de oficio que continuamente tratan de transtornar el orden público”, que se ocupaban también de seducir a los quintos. Los mismos ayuntamientos colaboraban en la búsqueda de los desertores, vigilando las casas de sus padres y familias y fincas rurales en donde se sospechaba pudieran ocultarse (Archivo Histórico Municipal de Jaén. Legajo 821/13. Documentación de quintos del Ayuntamiento de Jaén sobre desertores, 1856.)

Otra cuestión que hacia impopular al Ejército era el servicio de alojamientos, lo que ocasionaba notables problemas a los vecinos. Los oficios del Ayuntamiento de Jaén al Gobierno Militar hacen constar que los alojamientos gravaban a los vecinos de una forma insoportable y relevaban a la Hacienda militar de la prestación del utensilio de su cuenta. Esta oposición de las autoridades municipales daba lugar a polémicas en las que tenía que mediar el Gobernador Civil (Archivo Histórico Municipal de Jaén. Cab. 12, 15 y 22 de febrero de 1855.)

Había falta de cuarteles suficientes en la Capital cuando el número de tropas era elevado, existía únicamente el Cuartel del Mercado y, a veces, se utilizaba para tal fin el Pósito, pues el Cuartel de San Agustín, al no ser de propios, no podía disponer el Ayuntamiento libremente de él. Esto ocasionaba el albergue de los soldados y caballerías en las casas de los vecinos, lo que también ocurría en las poblaciones por donde transitaban las tropas, poblaciones que además sufrían el servicio de bagajes, por el que debían prestar sus caballerías y trabajo personal al Ejército, siendo remunerados tarde, mal o nunca. En abril de 1863, la Diputación Provincial intentó hacer más justo este servicio sacándolo a subasta (Boletín Oficial de la Provincia de Jaén. 24-abril-1863).

Napoleón Bonaparte.

Desde la Guerra de la Independencia 1808-1814, se consigue cambiar la mentalidad del pueblo español, el cual se va a unir con el Ejército y sale a la calle a luchar, distinguiendo dos tipos de batallas; las que libraron los Ejércitos españoles contra los franceses y paralelamente las de cientos de personas, tanto civiles como militares, que hostigaban encuadradas en las guerrillas a las tropas de Napoleón. El Gobierno regente que se forma durante la guerra transforma la idea de reclutamiento, y en la Constitución de Cádiz de 1812 va a aparecer por primera vez el término “servicio militar” que designa la obligación de los ciudadanos en la defensa de la patria. Fernando VII al acabar la guerra de la independencia vuelve a España con ideas renovadoras y comienza a expandir licencias para reorganizar el Ejército y unos 10.000 profesionales son dados de baja.  Tres años más tarde el Ejército jugará un papel muy importante sublevándose en Cádiz. Las tropas que debían ir a las Américas para contener las sublevaciones que allí se estaban produciendo, quedaron retenidas debido a una epidemia de fiebre amarilla, y se sublevaron por miedo a morir, ya que los barcos no habían sido desinfectados. Esta sublevación, la de Riego, supone el comienzo de una serie de reivindicaciones y revueltas en las que se va a ver involucrado el Ejército, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Fernando VII muere y se va a iniciar un  nuevo periodo histórico que comenzara con las Guerras Carlistas 1833-1876, que enfrentan al Infante don Carlos con su sobrina Isabel II. España se divide en dos bandos y con ella el Ejército y aunque la mayoría de los soldados apoyan al Infante don Carlos van a ser las tropas de Isabel II las que logren ganar esta batalla. Como Isabel II es menor de edad para poder gobernar, se va a nombrar a Espartero como Regente, y lo primero que va a hacer es reorganizar el Ejército prolongando la duración del servicio militar obligatorio, medida que es muy mal acogida por las tropas. Este cambio vendrá con la subida de Isabel II al trono y con las mejoras que comienza a realizar para tener contentas a sus tropas (duermen en camas individuales, tienen ropa, comida).

En 1844 el Gobierno de Narváez hace una serie de reformas en las que establece que las funciones del Ejército son: la custodia del prestigio exterior de la Monarquía, la defensa del territorio nacional y la salvaguardia de la Constitución: para ello creara varias compañías como los Alabarderos y la Escolta Real, encargados de la seguridad de la Familia Real, y la creación de la Guardia Civil, creada en 1844 por el Duque de Ahumada a petición del Ministro de la Guerra Mazarredo, encargada y dedicada al mantenimiento del orden público y los carabineros, el cuerpo armado y militarizado que fue creado en 1829 y que desaparecería en 1940, cuando el General Franco por Real Decreto lo integró en la Guardia Civil. Este cuerpo estaba encargado de la política fiscal del Estado y de la vigilancia de costas y fronteras.

Además se consigue que el número de efectivos en época de paz se reduzca y se ordena que el Servicio Militar Obligatorio se limitase a 4 años, periodo después del cual los soldados regresarían a su casa. Se sigue utilizando el sistema de quintas para reclutar a los hombres, aunque se producen movimientos de oposición hacia ellas, sobre todo porque se exime de cumplir el servicio militar a aquellos que dispongan de medios económicos para poder pagarlo. De 1.500 a 2.500 pesetas se pagaban para poder eximir del Servicio Militar a un beneficiado por el pago. Esto llegara al Parlamento donde se corre el riesgo de convertir el Ejército en una institución para los pobres. Todos estos problemas desembocaran en tumultos y conflictos en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona  o la Coruña en las que las poblaciones se rebelan contra las quintas. Otro punto a tener en cuenta es la duración del servicio militar obligatorio, ya que son muchos los ciudadanos que no quieren hacerlo y recurren a diversas técnicas como pagar a un sustituto o sobornar a los médicos declarando que tienen enfermedades, llegando incluso a comprar a enanos y retrasados mentales para que vayan en su lugar. Narváez al darse cuenta de todo ello, impone que todo aquel que compre a un sustituto para hacer la “mili” deberá depositar 5.000 reales en concepto de reserva (por si le pasa algo al sustituto).

La gesta de los zapadores. Obra de Augusto Ferrer-Dalmau.

El periodo histórico que trascurre entre los años 1868 y 1912, comienza con la Batalla de Alcolea en 1868, que abrió las puertas de la Revolución, la cual supuso el destronamiento  definitivo de la Reina Isabel II y desembocará en la formación de la Primera República Española; hasta llegar al asesinato en 1912 de José Canalejas entonces Presidente del Consejo de Ministros.

En esos años el campo y la industria en aquellos momentos estaban pasando por un momento de transformaciones, en el que los jornaleros y los obreros comenzaban a reivindicar sus derechos, y a enfrentarse con los patronos. Los sentimientos de los mandos militares hacia estos quintos eran de desprecio, ya que veían en estos jóvenes a unos quintos ignorantes y sin ningún tipo de base cultural que sólo servían como “carne de cañón”. Comenzará por tanto una separación entre mandos y tropa que no se había dado en España hasta el momento y que repercutirá en movimientos futuros de sublevación de la tropa. Mientras las condiciones de vida de los soldados van a mejorar de una manera considerable y, mejoran las condiciones higiénicas rapando el pelo a los soldados e impidiéndoles que lleven barba y bigote, aunque siguen muriendo muchos jóvenes por enfermedades como el tifus y la tuberculosis.

La Defensa. Obra de Augusto Ferrer-Dalmau.

La crisis económica que se vive en este momento, al igual que en otros periodos, hace que se empiece a recortar los gastos militares y a reducir la tropa. Pronto se dará un giro a la situación política del país cuando en 1873 el General Martínez Campos convence a los oficiales y sargentos para que apoyen la proclamación de Alfonso XII. Con la llegada del Rey Alfonso XII a la monarquía española se produce el final del conflicto carlista, aunque se darán otros conflictos muy importantes para el reino. Uno de los principales va a ser “la crisis de Cuba, Filipinas y Puerto Rico” en la que España va a perder las posesiones de Ultramar, debido al desconocimiento que se tenía de la zona y que permitió a los cubanos ganar la guerra con la ayuda norteamericana en 1898. Un año más tarde en 1899, para evitar un conflicto bélico con Alemania, venderíamos nuestras últimas posesiones del Pacífico, al Imperio Alemán (Guam, las Marianas, las Carolinas, Las Palaos) por 25 millones de pesetas de la época. El fracaso de los españoles se produciría cuando un grupo de oficiales españoles asalto en la Habana la redacción de un periódico haciendo que Estados Unidos enviará el acorazado Maine para garantizar la seguridad de los residentes americanos. Su intrigante voladura, terminará con la inclusión de este país en la guerra y la consecuente rendición de España. La crisis que se produjo en nuestro país a raíz de estos incidentes se tradujo en el surgimiento de un sentimiento antimilitarista  y pacifista. 

Soldados españoles en la Guerra de Marruecos. Abajo combatientes rifeños.


El segundo problema al que se enfrenta España en aquellos momentos se encuentra en el sur, concretamente en Melilla y en la guerra que se declara a Marruecos. Las tropas españolas comienzan a ser embarcadas para luchar en el país africano y comienza el descontento entre la población. Mientras, siguen llegando tropas a Marruecos, un país totalmente desconocido, y en el que muchos luchan incluso sin saber manejar un fusil. El fracaso español en esta guerra se producirá cuando los batallones procedentes de Madrid intentan tomar la base del Monte Gurugú, y son sorprendidos entre dos fuegos en el Barranco del Lobo, muriendo un número de 93 soldados que contabilizaba el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra y el decir popular que hablaba de 520 soldados muertos, poco después de este hecho se suspendieron las actividades militares en este país con la consiguiente derrota del Ejército español.

El Rey Alfonso XIII con la tropa.

La Toma de Biutz fue un enfrentamiento bélico de la guerra del Rif que tuvo lugar los días 28 y 29 de junio de 1916, en las proximidades de la ciudad de Ceuta, entre las tropas españolas y fuerzas rebeldes rifeñas. Obra de Augusto Ferrer-Dalmau.

Tras la Guerra Franco-Prusiana, todos los países europeos intentan imitar el modelo alemán de organización militar; hay que vivir preparados para la guerra y por lo tanto todos los jóvenes deben pasar por el Ejército. Tras las revueltas de Barcelona y la derrota de Melilla las ideas a favor de crear un servicio militar obligatorio van tomando cuerpo. Los años anteriores a este hecho hubo varios intentos de suprimir las quintas de las que el pueblo no tenía buena opinión, e implantar un Ejército profesional. Así lo intenta crear Ruiz Zorrilla en un proyecto de 1872, pero al final no será aprobado. Un año más tarde se establece una ley que en uno de sus artículos refleja esta idea y da paso a la creación de un Ejército de voluntarios expresando la abolición de la quinta. Tal y como establece esta ley, y al sucederse los incidentes catalanes, se hace un llamamiento para reclutar voluntarios que resulta un total fracaso; de las 48.000 vacantes sólo se cubren 7.000. Cuando Castelar llega a la presidencia se intenta acabar con las contiendas carlista y cantonal y va a aprovechar las atribuciones extraordinarias con que le ha dotado el Parlamento para universalizar el reclutamiento. El acercamiento de un servicio militar obligatorio se va haciendo cada vez más inminente y además se multará a los padres de los prófugos con una multa de 5.000 pesetas. En 1890 Cánovas mandará al jefe de la sección de reclutamiento que prepare una ley basada en el servicio militar obligatorio, pero no se va a aceptar debido a problemas dentro del Gobierno. El impulso final para el establecimiento de la obligatoriedad del servicio militar se dará durante el Gobierno de Canalejas, durante el cual, el Rey Alfonso XIII solicita la cooperación de diputados y senadores para que mediante un “común movimiento de patriotismo” se impusiera el servicio militar obligatorio. El proyecto final, fue firmado por el Rey Alfonso XIII el 29 de junio de 1911; dictaba las bases para la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército y establecía el servicio militar obligatorio (Ley de 29 de junio de 1911), una vez consensuado por demócratas y republicanos será aprobado el 19 de enero de 1912 con el nombre de Ley de Reclutamiento y Reemplazo (Ley de 19 de enero de 1912), en la cual se implanta la obligatoriedad de cumplir el servicio militar a todos los españoles. 

 

Columna legionaria. Obra de Augusto Ferrer-Dalmau.

La Legión Española, historia en imágenes de cien años.


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En la Legión no se fuma, que quede bien claro.

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La reforma aprobada por el Gobierno liberal de José Canalejas en 1912, mediante la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, (16) introdujo la denominación de “servicio militar obligatorio” y eliminó las figuras de la “redención en metálico” y de la sustitución que habían sido las fórmulas de evitarlo legalmente, mediante el pago de una determinada cantidad de dinero y que habían sido objeto de fuerte críticas sociales. La necesidad de mantener los recursos económicos proporcionados por estas figuras hasta ese momento, llevó a instaurar la nueva fórmula del soldado de cuota que aunque no eximía del servicio, reducía drásticamente su tiempo de servicio a cambio del pago de dinero (17).

El periodo que trascurre entre los años 1912 y 2001 comprende desde la implantación del servicio militar obligatorio hasta la actualidad, en la que ya se ha implantado la  legislación para anular esta obligatoriedad, y convertirse el Ejército español en una fuerza de tropa profesional. Lo primero que hay que destacar desde 1912, es la prohibición expresa de pagar al estado para no hacer el servicio militar obligatorio (redención en metálico); así como la compra particular de otra persona por parte del soldado (sustitución para realizar el servicio militar). No obstante y debido a la imposibilidad de poder mantener económicamente a los soldados tres años en los acuartelamientos, se implanta una fórmula llamada “cuotas”, en que las personas, pese a realizar el servicio militar obligatorio, estaban menos tiempo en el servicio militar obligatorio, según la cantidad que aportasen a las arcas del Estado.


Así podemos comprobar que en 1912, los soldados que pagaban una cantidad de 1.000 pesetas hacían 10 meses de servicio en el Ejército, los que pagaban 2.000 pesetas hacían solo 5 meses; frente a los que no pagaban nada y en este caso estaban 3 años. Estas cuotas dejan de ser fijas y en 1925 pasan a ser proporcionales a las rentas de las personas, existiendo dos cuotas de 5.000 y 1.000 pesetas; en este año de 1925, el tiempo de servicio normal es de 2 años frente a los que se acogen al sistema de cuotas, que es de 9 meses. Ya en 1930 las personas que se acogen a las cuotas hacen 6 meses de servicio frente a los demás que hacen un año. Estas cuotas debido a la diferencia de poder adquisitivo, fueron más utilizadas en Cataluña, Oviedo, Vizcaya, Guipúzcoa y Madrid.  

100 AÑOS DE LA LEGIÓN EN CEUTA.

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A mi La Legion

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En 1940, recién finalizada la Guerra civil española, Francisco Franco dictó la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, por la que se modificaba la legislación sobre el reclutamiento, en la que se estableció, entre otros cambios, la duración del servicio militar obligatorio, denominado servicio en filas, en dos años. Esta norma también disponía la prohibición de contraer matrimonio desde el ingreso en filas hasta su pase a la situación de reserva. También se fijaba una reducción del tiempo de servicio en filas, según la clasificación de los hombres en, sin instrucción premilitar, que tendrían un servicio de dos años, aunque a los 18 meses podrían disfrutar de licencias temporales o ilimitadas siempre que las conveniencias y necesidades del servicio lo permitieran; con instrucción premilitar elemental, que permanecerían 18 meses en filas, que podrían ser reducidos a 12 meses y los que cursaban estudios en universidades, escuelas técnicas y otros centros oficiales de enseñanza superior, que permanecerían 12 meses en filas, distribuidos en los periodos que se determinaran oportunamente (18).

En 1940 el General Francisco Franco firma la Ley de 8 de agosto (Ley de 8 de agosto de 1940), por la que se modifica la legislación vigente sobre el reclutamiento, y entre otros cambios anula las cuotas y modifica la duración del servicio militar obligatorio a dos años, tiempo no superior al de los países europeos. Desde entonces hasta la actualidad, y sobre todo desde la llegada de la Democracia a España, el servicio militar obligatorio fue socialmente peor admitido, pese a su menor duración (llegando a los 9 meses), sobre todo por la negativa de realizar el Servicio Militar Obligatorio (SMO) por parte de los objetores de conciencia y los insumisos

En 1943, se reguló por vía reglamentaria, la obligatoriedad para todos los varones, de haber cumplido el servicio militar para poder ser empleado en cualquier ámbito del Estado.

El Fuero de los Españoles, aprobado en 1945 y que constituía una de las Leyes Fundamentales del régimen franquista, incluía, en su artículo 7, en relación con el servicio militar: “Constituye título de honor para los españoles el servir a la Patria con las armas. Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la Ley”.

¡Rompan filas! Completo. Ochéntame otra vez. La 1

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A partir de 1966, se crearon los denominados “Centros de instrucción de reclutas” que eran unos macrocuarteles especializados en la instrucción de los reclutas. Esta primera fase culminaba con la denominada jura de bandera, a partir de la cual los soldados se incorporaban a sus destinos definitivos, donde disponían de bastante tiempo libre (19).

En 1968, se aprobó la Ley General del Servicio Militar, que igualmente establecía en su artículo primero que: “El Servicio Militar es un honor y un deber inexcusable que alcanza a todos los españoles varones...”. Esta ley marcaba la división entre un servicio militar obligatorio que tenía una duración entre 15 y 18 meses (marina) y uno voluntario que tenía como ventaja que permitía elegir la región militar donde se desarrollaba el mismo, pero que a cambio era más largo con una duración entre 15 y 24 meses (20).

El Estado implicaba a las empresas en el control del cumplimiento del servicio militar, así todos los empleadores debían comprobar, antes de admitir a personal a su servicio, si se encontraba en regla con sus obligaciones militares, incurriendo en responsabilidades en caso de incumplimiento (21).

Desfile militar durante la Guerra Civil española.

En 1991, en el ámbito de la profesionalización de las fuerzas armadas, la Ley Orgánica del Servicio Militar acortó la duración del servicio a nueve meses, a la vez que preveía que los militares de reemplazo desarrollaran preferentemente actividades en aquellas unidades cuyo nivel operativo, capacidad de reacción o ámbito de actuación se ajustaran a la formación que se adquiría durante el servicio militar y reservaba las tareas caracterizadas por su mayor complejidad, responsabilidad o experiencia a los militares profesionales (22).

El servicio militar era rechazado por una parte de la sociedad. Algunos de los ciudadanos llamados a prestar el servicio militar se declaraban objetores de conciencia y se negaban a realizarlo, pese a existir penas de prisión por ello. Para regular esta situación, en 1984 se aprobó la ley de objeción de conciencia. Esta ley disponía el desarrollo de una prestación social sustitutoria para los objetores de conciencia. Esta prestación sustitutoria se regulaba por un reglamento publicado en 1988 que establecía para ella una duración de entre 18 y 24 meses, más larga que el servicio militar cuya duración estaba establecida entonces en los 12 meses. Esta prestación comenzó a funcionar en 1988 y era obligatoria para los 24. 000 objetores que había registrados entonces. Estos objetores se concentraban en mayor proporción en el País Vasco y Cataluña que en otras zonas de España. 

La mili en los años 1960. Sorteo de los Quintos en la Caja de Reclutas de Madrid, año 1966.

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La prestación social sustitutoria la gestionaba el Ministerio de Justicia a través de la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia. Para su desarrollo, esta oficina tramitaba acuerdos con distintas organizaciones como Protección civil o Cruz Roja, en las que los objetores, también llamados “colaboradores sociales”, prestaban su servicio. No obstante, sus funciones en dichas organizaciones no podían sustituir a las de empleados en plantilla. Una vez finalizada la prestación, los colaboradores sociales pasaban a la reserva.

La finalización del servicio militar obligatorio fue uno de los puntos incluidos en el Pacto del Majestic de 1996 entre José María Aznar y el presidente de la Generalidad Jordi Pujol, a cambio del apoyo de CiU en la investidura del líder del Partido Popular tras las elecciones de ese año. A pesar de que originalmente su eliminación estaba prevista para el 31 de diciembre de 2002, José María Aznar anunció unos días antes de las elecciones generales en 2000 que se adelantaría al 2001, a pesar del criterio en contra del ministro de Defensa Eduardo Serra.

El servicio militar obligatorio fue suspendido por la Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas 1 y el Real Decreto 247/2001 adelantó esa suspensión al 31 de diciembre de 2001 (23).

Los reclutas que se incorporaban al servicio militar pasaban en primer lugar por un periodo de instrucción militar en el campamento de instrucción de su unidad de destino, en un ambiente de aislamiento, en el que se adiestraba a los soldados de forma teórica y práctica y en el que básicamente se les preparaba durante semanas para el desfile de jura de bandera y en el que los mandos se esmeraban en que el orden del desfile fuera perfecto.

Acto de la Jura de Bandera.

La última ley aprobada es la 17/1999 (Ley número 17 de 1999), en la que en su disposición adicional decimotercera, apartado primero se comprometía a suspender el servicio militar obligatorio el 31 de diciembre del año 2002; esta ley en base a las promesas electorales del partido político que obtuvo la mayoría en las elecciones generales del año 2000, se vio modificada  (Real Decreto número 247, 2001) y con ello se proclamó la finalización del servicio militar obligatorio el 31 de diciembre de 2001, quedando por ello 1.039.625 jóvenes que estaban disfrutando distintos tipos de prórrogas sin incorporarse a filas. Los últimos meses de existencia del servicio militar obligatorio en España, se dan situaciones tales como la sucedida con los jóvenes universitarios que realizan su servicio militar con el grado de Alférez (SEFOCUMA) en febrero de 2001.

Pareja de la Guardia Real en la Calle de Alcalá de Madrid. Obra de Augusto Ferrer-Dalmau.

Las Milicias Universitarias, también conocidas como I.M.E.C., eran una modalidad a la hora de realizar el servicio militar obligatorio en España. En ella, los milicianos realizaban la instrucción militar en la Escala de Complemento hasta que el ejercicio de la milicia se profesionalizó. Básicamente consistía en que los estudiantes de enseñanzas universitarias podían cumplir el servicio militar como oficiales (alférez) o suboficiales (sargento) de complemento, recibiendo la instrucción militar correspondiente en tres períodos (seis meses el primer año, y tres meses los dos años siguientes). Para poder acceder a esta instrucción y ser oficial o suboficial de la escala de complemento, había que tener completamente aprobados los dos primeros cursos de los estudios universitarios que se estuviera cursando y superar las pruebas médicas, físicas y psicotécnicas que se exigiesen para el grado requerido. Existía independientemente para cada uno de los tres ejércitos: Tierra, Armada y Aire.

Granada 16 de enero de 2023.

          Pedro Galán Galán.

Referencias de citas:

(1) Barahona Vallecillo, S.: El paso del ejército por Mengíbar en 1528, en Senda de los Huertos, n° 32 (1993), pág. 113. Envía a Archivo General de Simancas. Sección Cámara de Castilla, legajo 191, folio 2.

(2) Barahona Vallecillo, S.: El paso del ejército por Mengíbar en 1528, en Senda de los Huertos, n° 32 (1993), páginas 114 y 115.

(3) Sales de Bohigas, Nuria: Sobre esclavos, reclutas y mercaderes de quintos. Barcelona, 1974, página 146.

(4) Vicens Vives, J.: Historia Económica de España, páginas 380 y 381.

(5) González Cano, J.: La Guerra de Sucesión: su incidencia en el lugar de Carchelejo, en Sumuntán, n° 4 (1994), página 194.

(6) Tarifa Fernández, A.; y Parejo Delgado, M J.: Incidencias socioeconómicas en la guerra de Sucesión en Úbeda. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n° 154. Jaén, 1994, pág. 201.

(7) Rodríguez de Gracia, H.: Fiscalidad de guerra en Jaén entre 1700-1715, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n° 154. Jaén, 1994, págs. 210-211 y 217.

(8) Latorre Mengíbar, F.: Jaén y la leva de 1741, en Actas del I Congreso Jaén. Siglos XVIII-XIX. Febrero, 1989. Vol. I. Granada, 1990, páginas 354 a 360.

(9) Muñoz-Cobo, L.: Pánico en La Carolina. Don Lope de Sosa, 1922. Jaén, 1982, páginas  244 y 245.

(10) López Pérez, M.; y Lara Martín-Portugués, I.: Entre la guerra y la paz. Jaén (1808-1814). Granada, 1993, páginas 90 a 92, 294 y 408 a 409.

(11) Almansa Tallante, R.: Cazorla y La Iruela en la Guerra de la Independencia. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, n° 156. Diputación Provincial de Jaén. Jaén, 1995, páginas 17 y 22.

(12) Kiernan, V.G.: La revolución de 1854 en España. Madrid, 1970, página 29.

(13) Marx/Engels. Escritos sobre España. Barcelona, 1978, págs. 153-155.

(14) López Cordero, J. A.; Liétor Morales, J.; y Rojas López, J.: Pegalajar: nueva aproximación histórica. Jaén, 1994, página 153.

(15) Ruíz Gallardo, Manuel: Carchelejo en 1896. Consideraciones generales y política municipal en la crisis de fin de siglo, en Sumuntán, n° 7 (1996), páginas 71 a 76.

(16)  Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército. Boletín Oficial del Estado: páginas 186 a 208. 21 de enero de 1912.

(17) Moreno Luzón, Javier (2009): Alfonso XIII, 1902-1931. Restauración y Dictadura. Volumen 7. Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. Barcelona: Crítica/Marcial Pons.

(18) Ley de 8 de agosto de 1940 por la que se modifica la legislación vigente sobre Reclutamiento. Boletín Oficial del Estado: páginas 5810 y siguientes. 22 de agosto de 1940. 

(19) Velasco Martínez, Luis (2017).  ¿Uniformizando la nación?: El servicio militar obligatorio durante el franquismo. Historia y política (38), páginas 57 a 89.

(20) Ley 55/1968, de 27 de julio, General del Servicio Militar. Boletín Oficial del Estado (181): páginas 11.083 a 11.091.

(21) Reglamento de la Ley General del Servicio Militar. Boletín Oficial del Estado (295). 10 de diciembre de 1969.

(22) Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. Boletín Oficial del Estado (305): páginas 41.246 a 41.253.

(23) Real Decreto 247/2001, 9 de marzo, por el que se adelanta la suspensión de la prestación del servicio militar.

Bibliografía:

Aponte Marín, Ángel y López Cordero, Juan Antonio: El miedo en Jaén. Diputación Provincial. Jaén, 2000. Cap. VII. El miedo a las quintas. Páginas 209 a 220.

Andújar Castillo, Francisco: Ejércitos y militares en la Europa Moderna, Madrid, Síntesis, 1999.

Borreguero Beltrán, Cristina: El Reclutamiento militar por quintas en la España del Siglo XVIII. Orígenes del Servicio Militar obligatorio, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989.

Contreras Gay, José: Aportación al estudio de los sistemas de reclutamiento militar en la España Moderna, en Anuario de Historia Contemporánea, 8, 1981, páginas 7 a 44.

Contreras Gay, José: El siglo XVII y su importancia en el cambio de los sistemas de reclutamiento, en Studia Histórica. Historia Moderna, 14, 1996, páginas 141 a 154.

Mackay, Ruth: Los Límites de la autoridad real. Resistencia y obediencia en la Castilla del siglo XVII, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007. (Original en inglés de 1999).

Rodríguez Hernández, Antonio José: Los Tambores de Marte. El Reclutamiento en Castilla durante la segunda mitad del siglo XVII (1648-1700), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2011.

Rodríguez Hernández, Antonio José: Las Cortes de Castilla y la leva para los Presidios: La gestión de la primera recluta obligatoria de los Austrias, en Pérez Álvarez, María José, Rubio Pérez, Laureano M., y Martín García, Alfredo (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, Fundación Española de Historia Moderna, León, 2012, páginas 1731 a 1744.

Thompson, I. A.: Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Barcelona, Crítica, 1981.

Páginas Web consultadas:

https://www.pegalajar.org/miedo/miedo.htm

http://www2.ual.es/ideimand/levas_forzosas_andalucia/

https://www.rutasconhistoria.es/articulos/historia-del-servicio.militar

https://www.rutasconhistoria.es/subarticulos/primera-parte

https://www.rutasconhistoria.es/subarticulos/segunda-parte

https://www.rutasconhistoria.es/subarticulos/tercera-parte

https://www.rutasconhistoria.es/subarticulos/cuarta-parte