UNA VISIÓN DE LA COYUNTURA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA (ECTA)
Aumenta un 10,3% el número de turistas que visitó Andalucía en el tercer trimestre del año 2025 respecto al mismo período del año anterior
· El número de turistas que recibió Andalucía entre julio y septiembre de este año superó los 13,8 millones, un 10,3% más que el mismo trimestre de 2024.
· El 68,8% de los turistas procedía de España.
· El gasto medio diario realizado por los turistas en Andalucía fue de 90,77 euros, un 7,2% superior al del año anterior.
· La valoración dada por los turistas a Andalucía fue de un 8,9 sobre 10.
· Jaén, Sevilla y Córdoba, con un 9,4, 9,2 y 9,2 respectivamente, fueron las provincias que alcanzaron la nota más alta.
El número de turistas que visitó Andalucía en el tercer trimestre de 2025 superó los 13,8 millones, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) publicada en fecha 6 de noviembre de 2025, que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), lo que supone un aumento de un 10,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Evolución del número de turistas (millones) en Andalucía.
Durante este período, de los turistas que llegaron a Andalucía, el 31,9% eran andaluces, el 36,9% eran del resto de España, el 22,3% procedían de la UE excluida España y el 8,9% del resto del mundo.
El 86,3% de los turistas que visitaron Andalucía lo hicieron por vacaciones y ocio, el 10,4% para visitar a familiares y amigos, el 0,7% por trabajo y el 2,6% restante alegaron otras motivaciones.
En el tercer trimestre de 2025, el 49,2% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros, mientras que el 43,1% utilizó apartamento, piso o chalet.
Por otra parte, la estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 7,7 días, un 7,2% menos que un año antes, lo que supone 0,6 días menos que en el mismo período del año anterior.
Evolución de la estancia media (días) en Andalucía.
En cuanto a la distribución de los turistas por provincias, Málaga concentró el 29,1% de los mismos, seguida de Cádiz, Huelva y Sevilla con el 21,7%, 12,1% y 11,5%, respectivamente.
Distribución porcentual de los turistas por provincia. Tercer trimestre de 2025.
El gasto medio diario que realizaron los turistas en Andalucía en el tercer trimestre se estima en 90,77 euros por turista, cifra que es mayor en un 7,2% a la del mismo trimestre del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 72,15 euros al día que gastaron los turistas de Andalucía hasta los 136,71 euros que gastaron los procedentes del Resto del mundo.
Gasto medio diario según procedencia (euros). Tercer trimestre de 2025.
En cuanto a la valoración de uno a diez del viaje realizado, los turistas que visitaron Andalucía durante el trimestre concedieron un 8,9 a su estancia en la región. Las provincias más valoradas fueron Jaén, con un 9,4, y Sevilla y Córdoba, con un 9,2 cada una.
Calificación del viaje por provincia (sobre 10 puntos). Tercer trimestre de 2025.
· Conocimiento del número, distribución y características de los viajeros que se desplazan por Andalucía con fines turísticos.
· Cuantía y composición del gasto turístico en la región.
· Motivaciones de los turistas para viajar por el territorio andaluz y la opinión que manifiestan sobre la oferta turística y los servicios recibidos durante su estancia.
Esta actividad estadística está financiada con Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
Continuando con el estudio del desarrollo turístico español tenemos que decir que durante el último cuarto del siglo XX España experimentó una profunda transformación política, económica y social. Quedaron atrás la dictadura y el modelo centralista, la planificación indicativa y el rechazo del Mercado Común Europeo hacia España.
A comienzos del siglo XXI, España es un Estado social y democrático de Derecho que forma parte de la Unión Económica y Monetaria Europea y que cuenta con una organización territorial del Estado ampliamente descentralizada tras la creación de las Comunidades Autónomas y la revitalización de la Administración Local. Desde el punto de vista turístico hay tres aspectos fundamentales a destacar de lo acontecido a lo largo de las últimas dos décadas y media del siglo pasado.
En primer lugar, el proceso de expansión y consolidación experimentado, en términos generales, por la actividad turística. En el año 2000 se registraron 74´4 millones de visitantes y los ingresos por turismo ascendieron a 5.599´7 millardos de pesetas. España fue la segunda potencia turística del mundo, tanto por el número de turistas como por los ingresos generados por los mismos.
En segundo lugar, la descentralización de la política turística a favor de las Comunidades Autónomas. El nuevo modelo de Estado Autonómico que configuró la Carta Magna aprobada en 1978 exigió notables cambios institucionales en materia turística. Las transferencias de turismo figuran entre las primeras que se iniciaron y culminaron. Los reales decretos correspondientes cubren un periodo que se inició en 1978 y finalizó en 1984.
Y, por último, la progresiva mayor preocupación de los máximos responsables estatales, y también autonómicos, en materia turística por la calidad, la competitividad, la diversificación y la sostenibilidad, aunque sin olvidar, naturalmente, la cantidad. Sin perder la especialización competitiva se transitó, especialmente a lo largo de los años noventa, de un modelo de monocultivo hacia otro diversificado.
La etapa comprendida entre la restauración de la monarquía, en noviembre de 1975, y la victoria electoral del PSOE, en octubre de 1982, estuvo marcada por la transición política democrática, el gobierno de la Unión de Centro Democrático, la aprobación de la Constitución y una profunda crisis económica. Fueron unos años no muy buenos en cuanto a la llegada de turistas, con tasas de crecimiento negativas en 1975, 1976, 1979 y 1980, y en los que la política turística de los gobiernos de Carlos Arias Navarro, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo continuó discurriendo, en líneas generales, por los cauces tradicionales en cuanto a los objetivos perseguidos y a la escasez de medios asignados para conseguirlos. No obstante, sí hubo cambios significativos por lo que respecta a las competencias turísticas y al grado de intervención estatal.
Dejando al margen la ya citada descentralización autonómica, uno de los cambios institucionales destacados del periodo fue la adscripción de las competencias turística a ministerios con un carácter netamente económico. En el mes de julio de 1977, Adolfo Suárez eliminó el Ministerio de Información y Turismo. Sus dos últimos titulares tras la muerte de Franco habían sido Adolfo Martín Gamero y, desde julio de 1976, Andrés Reguera, y con ambos había trabajado como Subsecretario de Turismo, Ignacio Aguirre. El final del símbolo de la política turística franquista coincidió con la creación, en el seno del Ministerio de Comercio y Turismo, de la Secretaría de Estado de Turismo. Al frente de ambos organismos fueron nombrado José A. García Díez e Ignacio Aguirre, respectivamente.
Casi tres años después, en mayo de 1980, José A. García Díez fue sustituido por Luis Gámir. Pero su permanencia al frente del Ministerio de Comercio y Turismo fue muy corta. En octubre de dicho año la Secretaría de Estado de Turismo fue trasferida al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que incorporaría el Turismo a su denominación en marzo de 1981, y Luis Gámir fue relevado por José L. Álvarez. En un primer momento el nuevo ministro continuó confiando en Ignacio Aguirre como Secretario de Estado, pero su designación poco después como portavoz del Gobierno supuso su sustitución por Eloy Ibáñez. La última remodelación gubernamental de la UCD se produjo en diciembre de 1981.
Leopoldo Calvo Sotelo nombró a Luis Gámir nuevo Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Acompañado por Eloy Ibáñez, Gámir permaneció en el cargo hasta finales de noviembre de 1982. Como es natural, los cambios políticos y de la política económica en general, con el fin de la planificación indicativa, contribuyeron a que la Administración Central fuera algo menos intervencionista en materia turística. Un claro ejemplo de ello fue la supresión en 1978 del sistema de precios máximos y mínimos autorizados en los establecimientos hoteleros. Se terminó así con unos de los instrumentos fundamentales de la política turística franquista durante los años sesenta, aunque es cierto que con el paso del tiempo su relevancia había ido disminuyendo con las excepciones introducidas en la década siguiente para las categorías superiores.
Por otro lado, la Administración aprobó nuevas ordenaciones de restaurantes, en 1978 y 1981, y de acampamentos, de establecimientos hoteleros, de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas en 1982. Asimismo, en 1979 trató de apoyar al sector regulando la concesión de créditos por la banca privada a empresas turísticas españolas para financiar inversiones en el exterior, mediante la financiación de capital circulante a empresas turísticas exportadoras y a través del crédito turístico. En este último caso, se planteó la restricción máxima a la construcción de nuevas plazas de alojamiento en zonas que se consideraran saturadas y la potenciación de la modernización y diversificación de la oferta hotelera ya existente. En este sentido hay que destacar el II y el III Plan de Modernización Hotelera, aprobados en 1976 y 1979, respectivamente.
El impacto medioambiental del desarrollo turístico también preocupó a la Administración Central. Con el Reglamento de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, aprobado en marzo de 1977, se desarrollaron los regímenes de protección aplicable a nuestros espacios naturales. Por lo que respecta al litoral, hay que destacar la aprobación a lo largo de 1980 de la Ley sobre Protección de las Costas Marítimas Españolas, del Reglamento para la ejecución de la Ley de Costas y del Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos. No hay que olvidar tampoco el apoyo prestado en 1982 a las zonas de influencia socioeconómica de los parques naturales y reservas nacionales de caza.
Por lo que respecta a la organización administrativa, las principales actuaciones fueron la inclusión en 1977 de la Administración Turística Española como organismo autónomo de la Administración del Estado; la concesión ese mismo año a la Escuela Oficial de Turismo del carácter de organismo autónomo; la aprobación en 1978 del Reglamento del Instituto Español de Turismo, un órgano de investigación, estudio, asistencia técnica, documentación y alta formación especializada; y la reorganización, una vez aprobada la Constitución, de la Administración Turística Española con el objeto de conseguir la máxima eficacia de los medios humanos y materiales de la red estatal de establecimientos turísticos.
Por último, hay que señalar que en 1981 se privatizó ATESA. Un año antes, el Instituto Nacional de Industria había decidido el intercambio de las posiciones jurídicas de la empresa matriz y de su filial Viajes Marsans. Con esta operación, realizada en un momento en el que ambas empresas cosechaban resultados negativos y padecían una complicada situación financiera, el Instituto trató de facilitar la posible privatización de ATESA. Y la verdad es que lo consiguió rápidamente. A mediados del año 1981 la privatización se había materializado. Solo el 10 por ciento del capital social de ATESA quedó en manos de Viajes Marsans. Esta vinculación se mantuvo hasta el año 1985, momento en el que el Instituto Nacional de Industria, único propietario de Viajes Marsans desde el año 1981, decidió su definitiva enajenación.
A la hora de analizar la política turística durante la etapa socialista habría que distinguir dos periodos. En el primero, que se extiende hasta los últimos años de la década de los ochenta, se culminaron los procesos de transferencias turísticas a las Comunidades Autónomas y de integración de España en la Comunidad Europea, y se cosecharon excelentes resultados desde el punto de vista turístico. Sin embargo, a lo largo de esta primera etapa la Administración Central fue incapaz de definir una estrategia turística nacional e hizo una cierta dejación de sus funciones, mientras que las Comunidades Autónomas, con competencias exclusivas en materia de turismo, mantuvieron en líneas generales una orientación bastante continuista con relación a la que tradicionalmente había venido siguiendo aquélla.
Sin embargo, tras los malos resultados cosechados en los años 1989-1991, se fueron introduciendo a medida que avanzaba la década de los años noventa una serie de cambios cualitativos importantes en la organización administrativa turística, se intentó facilitar una mayor coordinación y colaboración entre todos los agentes que intervienen en el turismo y se definieron, por fin, nuevos objetivos estratégicos. Los agentes turísticos, públicos y privados, entendieron que España estaba entrando en un nuevo modelo turístico que requería, hasta cierto punto, reemplazar la estrategia de liderazgo de costes por otra basada en la diferenciación del producto y en la calidad.
Competitividad, calidad, eficiencia, diversificación, sostenibilidad, se convirtieron en conceptos claves para la Administración Central y, también, para las diferentes administraciones autonómicas. Por lo que atañe a la organización administrativa turística hay que señalar que experimentó notables cambios durante el periodo estudiado. En diciembre de 1982 Enrique Barón fue nombrado máximo responsable de la cartera de Transportes, Turismo y Comunicaciones del primer gobierno de Felipe González, y la Secretaría de Estado de Turismo fue sustituida por una Secretaría General de Turismo, con Ignacio Fuejo al frente. Dos años después se creó el Instituto de Promoción del Turismo, con carácter de organismo autónomo de índole comercial y con la finalidad de ejercitar la política gubernamental de promoción exterior del turismo. Pero una nueva modificación tendría lugar pocos meses después. En julio de 1985 Abel Caballero sustituyó a Enrique Barón y la Secretaría General se configuró con una Dirección General de Política Turística y con dos organismos autónomos: el Instituto de Promoción del Turismo y la Administración Turística Española.
Este organigrama administrativo no experimentó cambios significativos hasta el inicio de la década de los años noventa, excepción hecha del relevo de Abel Caballero por José Barrionuevo en julio de 1988.
En la Ley de Presupuestos Generales de 29 de junio de 1990 se modificó la denominación del Instituto de Promoción del Turismo por la de Instituto de Turismo de España (Turespaña), que mantuvo su carácter de organismo autónomo, y se fijaron las normas básicas reguladoras de sus funciones. Asimismo, la Administración Turística Española se transformó en sociedad estatal con la denominación de Paradores de Turismo de España. Al año siguiente, en marzo de 1991, la Secretaría General de Turismo pasó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del que fue nombrado máximo responsable Claudio Aranzadi. En la Secretaría, que no experimentó modificación alguna en su estructura, Fernando Panizo relevó a Ignacio Fuejo. Sin embargo, la última remodelación gubernativa socialista, llevada a cabo en julio de 1993, sí afectó a la Secretaría General. Las funciones en materia turística se encomendaron al Ministerio de Comercio y Turismo, con Javier Gómez Navarro al frente, y a la Secretaría General se le encargó la definición de una estrategia nacional de turismo en coordinación con las comunidades autónomas y entes locales. A Turespaña, por su parte, la misión de colaborar en su diseño y en el desarrollo de sus contenidos. La Secretaría General de Turismo, de la que se hizo cargo Miguel Góngora, quedó integrada por las direcciones generales de Estrategia Turística y de Promoción Turística.
Por último, también merece la pena destacar en el ámbito administrativo la creación en 1994 de la Comisión Interministerial de Turismo, con la misión de reforzar la coordinación de todos los departamentos con competencias o que realizaban actuaciones relacionadas con el turismo; el impulso dado a partir de ese mismo año a la Conferencia Sectorial del Turismo, órgano formado por los Consejeros de Turismo de las comunidades autónomas y por los máximos responsables en materia turística de la Administración Central; y la creación en 1995 del Consejo Promotor del Turismo, en el que estaban representadas las administraciones central, autonómica y local, y el sector privado empresarial, para desempeñar fundamentalmente funciones de consulta, asesoramiento e información de planes y programas de fomento del turismo nacional y de promoción y comercialización exterior. De la política turística socialista anterior a la incorporación de España a la Comunidad Europea podría destacarse el lanzamiento en 1983 de la campaña publicitaria "Everything under the sun", así como el avance en la liberación del transporte de viajeros por carretera y la aprobación de unas nuevas normas de clasificación de los establecimientos hoteleros.
Asimismo, la concesión en 1984 de ayudas y subvenciones en materia de turismo para el fomento de las ofertas turísticas especiales, para proyectos de construcción de campamentos, para construcción y reforma de establecimientos hoteleros de explotación familiar y para la promoción y comercialización del turismo rural. También tuvieron notables consecuencias sobre el sector turístico las medidas adoptadas en 1985 sobre política de promoción exterior; crédito turístico con destino a la modernización de alojamientos y a la dotación de oferta turística complementaria; autorización de operaciones de cambio de divisas a los establecimientos turísticos; liberalización total de las inversiones extranjeras; regulación de los sistemas de cuentas extranjeras en pesetas ordinarias y convertibles; aprobación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido; puesta en marcha del Programa Subvencionado de Vacaciones para la Tercera Edad y privatización de ENTURSA.
La Empresa Nacional de Turismo fue siempre un negocio económicamente poco rentable para el Instituto Nacional de Industria, su único propietario. Los generalizados resultados negativos registrados por la sociedad tuvieron dos causas fundamentales, aunque no únicas.
La primera de ellas fue su desequilibrada oferta hotelera. ENTURSA careció de una red de establecimientos propiamente turísticos en las zonas de mayor atractivo para los visitantes. El gran error, desde el punto de vista de la rentabilidad económica, fue que a la hora de elegir los enclaves de sus hoteles primaron más los intereses políticos o sociales que los estrictamente económicos. El resultado de todo ello es que buena parte de sus instalaciones se ubicaron en lugares no típicamente vacacionales. Las consecuencias fueron unos niveles de ocupación inferiores a los deseados y unos ingresos de explotación que sólo en muy contadas ocasiones pudieron superar a los costes.
La segunda causa está relacionada con su sistema de financiación. La principal fuente de recursos de la empresa fue el propio Instituto, bien a través de ampliaciones del capital social, bien mediante la concesión de créditos. Pero una empresa como ENTURSA, que tuvo siempre que hacer frente a fuertes inversiones y que desde el primer momento mostró una escasa capacidad de autofinanciación, hubiera requerido, más que créditos, aportaciones de capital. Y como este último recurso fue generalmente menos utilizado que el primero, la empresa no gozó casi nunca de una situación financiera saneada y tuvo que luchar continuamente contra unos costes de financiación muy elevados que la gravaron fuertemente.
La autorización de la venta de ENTURSA, aprobada a finales del mes de noviembre de 1985, prácticamente coincidió con la conversión de España en miembro de pleno derecho de la Comunidad Europea. Desde ese momento las autoridades socialistas realizaron una importante reorganización normativa de las actividades turísticas. En este sentido destaca la limitación en 1987 de los premios nacionales de turismo; la adaptación en 1988 de la legislación reguladora del ejercicio de las actividades propias de las agencias de viajes; la aprobación en 1989 de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y de la Ley y Reglamento de Protección de Costas; la campaña publicitaria iniciada en 1992 con el eslogan "Passion for Life"; la reordenación en 1993 de la política de apoyo al estudio, investigación y práctica profesional para la investigación en materia turística; y la creación, entre diciembre de 1993 y febrero de 1994, de títulos de técnicos superiores en agencias de viaje, información y comercialización turísticas, alojamiento y restauración, y de técnicos de grado medio en servicios de restaurante y bar, cocina, y pastelería y repostería. Asimismo, también fue importante la ratificación en 1990 y 1994, respectivamente, del Convenio Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza y del Convenio Internacional sobre las Condiciones de Trabajo en los Hoteles, Restaurantes y Establecimientos Similares. No debemos olvidar tampoco el Plan de Medidas Comunitarias en Favor del Turismo, aprobado por el Consejo de la Unión Europea en el verano de 1992.
En cuanto a la política de apoyo al sector habría que señalar la adecuación, a partir de 1986, de la normativa española a las normas comunitarias reguladoras de los movimientos de capital y de derecho de establecimiento de los extranjeros; la derogación en 1987 de todas las disposiciones relativas a capital circulante de empresas turísticas exportadoras y a financiación en el exterior de actividades turísticas, así como la liberalización de gastos de viajes, estancia en el extranjero y movimientos de divisas y pesetas por frontera; y la aprobación de una serie de nuevas regulaciones del crédito turístico y del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan Futures). Aprobado en el verano de 1992, el Plan Futures representó el primer paso para definir una estrategia turística nacional e iniciar un proceso de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Simboliza la toma de conciencia por parte de los poderes públicos de los cambios que se estaban operando en los mercados turísticos, así como de la necesidad de acompañar procesos de mejora y adaptación de la oferta española a tales cambios, tanto en sus aspectos empresariales como de entorno. Los objetivos finales perseguidos con el citado Plan eran aumentar la calidad de vida de los agentes involucrados en la actividad turística, conseguir un sector más competitivo y rentable que contribuyera de forma sostenida y equilibrada al crecimiento económico de las zonas turísticas y conservar y mejorar los entornos naturales y culturales.
La primera fase del Plan Futures, correspondiente al cuatrienio 1992-1995, desarrolló cinco grandes planes operativos: coordinación y cooperación institucional; modernización e innovación turística, para contribuir a la puesta al día de la oferta existente potenciando los factores empresariales que afectan a la competitividad y estimulando la creación de infraestructura técnica y de servicios que promovieran la eficiencia empresarial; nuevos productos turísticos, especialmente el interior, la montaña y la oferta complementaria ligada al producto de sol y playa; promoción, marketing y comercialización, para potenciar el liderazgo en el producto sol y playa, desarrollar una política de diferenciación del producto dirigida a todos los segmentos del mercado y lanzar los nuevos productos; y excelencia turística, dirigido a la conservación y mejora de los entornos natural y urbano.
En la segunda fase, la prevista para el periodo 1996-1999, los planes y objetivos aprobados fueron los siguientes: coordinación entre las administraciones públicas y con el sector privado; mejora de la calidad del producto y servicio turístico español; mejora de la capacidad tecnológica y de innovación de las empresas del sector turístico; impulso a la confluencia de actuaciones públicas y privadas para la mejora de la oferta turística de los destinos; cooperación con los países en desarrollo y apoyo a la internacionalización de las empresas turísticas españolas; mejora de la cualificación y especialización del capital humano de la industria turística; profundización en la diversificación y desestacionalización de la oferta turística; y apoyo al conocimiento riguroso del sector y difusión de los resultados.
Granada 23 de diciembre de 2025.
Pedro Galán Galán.
Página web consultada:
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dega/encuesta-de-coyuntura-turistica-de-andalucia-ecta/nota-divulgativa-tercer-trimestre-2025
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