EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA EN EL AÑO 2023.

EN EL AÑO 2023 ANDALUCÍA CONTABA CON 382.300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EDAD LABORAL.

El 20,6% eran ocupados, principalmente en el sector servicios.

La tasa de paro de las personas con discapacidad era del 29,5%, disminuyendo 2,9 puntos respecto a 2022.

La tasa de paro de las mujeres con discapacidad fue más alta (33,4%) que la de los hombres con discapacidad (27,0%).

Según se desprende de la actividad estadística El Empleo de las Personas con Discapacidad, publicado en fecha 20 de diciembre de 2024, el número de personas en edad laboral con discapacidad en 2023 era de 382.300 en Andalucía (un 0,4% más que en 2022). Este colectivo representaba un 6,8% de la población de 16 a 64 años, del cual un 57,5% eran hombres y un 42,5% mujeres.

La tasa de actividad de las personas con discapacidad en Andalucía ha pasado del 29,9% en 2022 al 29,2% en 2023, aumentando la distancia con la tasa de actividad de las no discapacitadas ya que en 2022 era del 74,1% y en 2023, se situaba en el 75,3%. Por sexo, la tasa de actividad de los hombres con discapacidad era del 30,7% y la de las mujeres del 27,2%, tras bajar en un año 1,5 puntos porcentuales en las mujeres y 0,1 en los hombres.

El 20,6% de la población con discapacidad en Andalucía era ocupada, frente al 28,5% en España, aumentando dicho porcentaje respecto a 2022 en 0,3 puntos porcentuales. Para los hombres la tasa de empleo era del 22,4% y para las mujeres del 18,1%, de manera que en un año en los hombres ha subido la tasa en 0,9 puntos porcentuales y en las mujeres ha bajado 0,4 puntos. El 86,3% de estos ocupados pertenecían al sector servicios, frente al 77,1% de los no discapacitados.

La tasa de paro de las personas con discapacidad en Andalucía disminuye 2,9 puntos, situándose en el 29,5%, 11,6 puntos porcentuales mayor que la de las personas sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad bajó 2,0 puntos alcanzando el 33,4%, y el de los hombres bajó 3,4 puntos alcanzando el 27,0%.

Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro de las personas según tengan discapacidad.

La tasa de salarización de las personas con discapacidad fue del 91,5% (siendo la de España del 90,5%). De ellos, el 26,3% eran asalariados públicos, porcentaje mayor que en los asalariados sin discapacidad que era del 21,9%.

El porcentaje de asalariados con discapacidad que tenían contrato indefinido fue del 76,9%, superior a 2022 que era del 69,8%, e inferior al porcentaje de contratación indefinida que presentaban los asalariados sin discapacidad de Andalucía que fue del 78,0%.

El porcentaje de ocupados con discapacidad que trabajaban a jornada completa era del 81,5% y el de las personas sin discapacidad del 86,2%.

 

Del total de ocupados con discapacidad que cotizaban a la Seguridad Social en 2023, el 78,9% lo hacía en centros ordinarios (45.300 personas) y el resto en centros especiales de empleo (12.100 personas). De los primeros, el 29,3% tuvo algún tipo de deducción en las cotizaciones.

El 29,3% de los asalariados con discapacidad que trabajaban en centros ordinarios fueron contratados mediante contratos específicos de discapacidad.

Diagnóstico preliminar para el II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad en Andalucía

https://www.youtube.com/watch?v=LrcvyBOEXyY

El 71,7% de las personas con discapacidad en edad laboral percibieron alguna prestación, de ellas el 83,8% era una prestación derivada de la incapacidad. De todos los discapacitados andaluces que percibían prestación derivada de incapacidad, el 16,6% permanecían activos.

El Empleo de las personas con discapacidad ofrece datos sobre la población andaluza de personas con discapacidad y su integración en el mercado laboral, ofreciendo información sobre el propio colectivo: prevalencia de la discapacidad, estudios, relación con la actividad, ocupados, percepción de prestaciones, situación de dependencia y las características de los hogares donde residen.

El  Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía mantiene su interés por la dependencia con esta explotación de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD), 2008, la tercera gran operación estadística nacional, a la que la Junta de Andalucía contribuyó en su día con un aumento de la muestra prevista. La encuesta EDAD adopta las últimas convenciones internacionales en la definición y clasificación de la discapacidad, terreno en constante revisión, en la búsqueda de mayor operatividad para el diseño de políticas sociales. Persigue atender la demanda de información para el Sistema Nacional de Dependencia. A efectos de este estudio, se define dependencia como la situación de una persona con discapacidad que recibe ayuda de otra para realizar actividades de la vida diaria.

La inserción de personas con discapacidad en el mundo laboral ha traído múltiples cambios en las formas de abordar el tema, por parte de familiares, las empresas, los compañeros de trabajo y las disposiciones legales existentes.

Se trata de incorporar a una persona con limitaciones físicas o intelectuales que conlleva ventajas y desventajas para su propia salud corporal y emocional.

Una persona con discapacidad severa, no debería ser incorporada al trabajo empresarial, pero sí, a trabajos que no ameriten rigores, ni tensiones que vayan a generar complicaciones a su condición pre existente.

Las opiniones sobre las personas con discapacidad en el ámbito laboral están divididas, pero en medio del debate, podemos afirmar que se ha avanzado en la última década. Ya que, antes ni se mencionaba el tema.

El problema de la inserción laboral a personas discapacitadas tiene solución en la medida que haya acuerdos y mayor compromiso de toda la comunidad involucrada. 

Muchos creerán que la familia es la primera impulsora de que los discapacitados trabajen. Pero no es así. La familia se opone con frecuencia a que el discapacitado labore, por miedo a que le ocurra algo y no poder estar cerca para ayudarlos.

En muchas ocasiones ha ocurrido que la persona con discapacidad, sufre de rechazo en su trabajo y regresa al hogar muy desmotivado. Esta condición agrava cualquier padecimiento de la persona discapacitada, porque bajan sus niveles de defensa psicológicas.

Pero, ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas con discapacidad? desde el núcleo familiar, fortalecer sus creencias en la bondad del trabajo. Y también: 

Los familiares deben evitar manifestar sentimientos de lástima y actitudes de compasión hacia la persona discapacitada. Además, deben dejarlos hacer sus labores sin precipitarse a ayudarlos.

 Los familiares deben valorar lo mucho o poco que haga la persona con discapacidad, pues es la manera de impulsarlos a que trabajen por cuenta propia.

Recientemente, se han presentado propuestas del familiar sustituto del discapacitado en la empresa. Considerándose una solución al problema de la inserción laboral con personas discapacitadas.

El familiar, se contaría entre el 5% del personal discapacitado que contrata la empresa y podrá responder por las labores asignadas al discapacitado.

Los conflictos legales que pueda afrontar una empresa por personas con discapacidad, se producen cuando hay incumplimiento de la ley.

Si bien es cierto que, ningún trabajador está obligado a declarar que sufre una discapacidad, pero, por esta omisión, la empresa puede finiquitar el contrato de empleo.

La empresa al contratar a una persona con discapacidad debe cuidar de:

Para preservar la integridad física del trabajador con discapacidad, la empresa tiene que ajustar el puesto de trabajo a las condiciones de la discapacidad, para que, el trabajador pueda desarrollar sus labores de forma eficiente.

La Ley no establece un horario especial para las personas con discapacidad, sin embargo, el trabajador puede llegar a acuerdos con el empresario, para cumplir su jornada de trabajo.

Lo que tiene claro la ley, es que, el trabajador con discapacidad requiere de atenciones médicas que conllevan a solicitar permisos para ausentarse. Y esto se debe cumplir. 

El empresario no está obligado a mantener en el puesto de trabajo a una persona que ha sufrido una discapacidad temporal. En estos casos, la empresa acude a una indemnización y puede prescindir del contrato de este trabajador afectado.

Las empresas deben colaborar con las personas discapacitadas provenientes de los CEE, y las mismas serán objeto de ley, si efectúan despidos improcedentes. En estos casos, quedarán excluidas de los múltiples beneficios establecidos en este programa.

La empresa está obligada a mantener trabajando a la persona discapacitada, por un lapso mínimo de 3 años. Si el despido se produce con causa justificada, el trabajador debe ser sustituido por otra persona discapacitada. 

La inclusión de personas discapacitadas en cualquier actividad laboral, puede generar situaciones extraordinarias que deben ser canalizadas en un tiempo oportuno, esto con la intención de proteger a todos los trabajadores de la empresa.

Las personas con discapacidad deben ser tratadas en igualdad de condiciones, y esto deberá cumplirse bajo los estatutos de los valores fundamentales de respeto y convivencia en el ámbito laboral.

Cuando se presentan problemas en el ámbito de trabajo con los discapacitados se debe manejar la situación de tal forma que, todos los trabajadores comprendan la situación especial.

Para que esto ocurra, los trabajadores sin discapacidad deben ser sensibilizados y por ende, se deben poner en práctica:

·        Talleres de formación para personas sin discapacidad

·        Fortalecer el liderazgo de la persona discapacitada

·        Sensibilizarse ante la posibilidad de sufrir una discapacidad

·        Conocer las características de la discapacidad del trabajador discapacitado

·        Mantener siempre acompañada a la persona discapacitada

·        Resolver conflictos entre trabajadores de manera inmediata

·        Aplicar, si hubiere lugar, sanciones a todos los implicados en un conflicto entre trabajadores.

Los trabajadores de una empresa siempre tienden a ser un grupo muy diverso, en cuanto a personalidades, necesidades y procedencias. Lo que, en ocasiones, puede traer como consecuencia, confrontaciones entre ellos, por diferencias personales, por mal entendidos, o por la prevalencia de factores externos que alteran el comportamiento.

De este escenario, pueden surgir conflictos entre trabajadores con o sin discapacidad. Pero, si está involucrado un trabajador que sufre de discapacidad, la mediación tiene que representar la mejor oportunidad para expresarse y resolver todos los conflictos presentes.

Con la mediación, cada trabajador reconoce sus errores y los manifiesta abiertamente, en consecuencia, puede aclarar las circunstancias que lo llevaron a un mal procedimiento o a una mala actitud hacia su compañero de labores.

La mediación de conflictos implica compromisos entre los trabajadores, sin llegar a escenarios jurídicos.

Finalmente, con estas medidas se espera mitigar el impacto de los enfrentamientos o conflictos entre trabajadores con o sin discapacidad. 

La primera barrera a vencer para la persona con discapacidad es, “ella misma”. Porque nadie va a conocer mejor sus problemas, desafíos y potencialidades, que ellos mismos.

La persona con discapacidad debe proponerse trabajar y desarrollar su creatividad en forma positiva.

El trabajador discapacitado debe integrarse al mundo laboral en condiciones especiales, pero no discriminatorias, ni ventajistas. Y deberá aprovechar estas oportunidades para tener un sustento económico, seguridad laboral y para un mejor estado físico y psicológico. 

Contratar a personas con discapacidad para las empresas es muy importante porque les dan subvenciones, ayudas del estado y obtienen un beneficio mucho más importante que se trata de la satisfacción de estar ayudando y haciendo algo bueno por la sociedad.

Aproximadamente en España existen 4 millones de personas discapacitadas y existen muchos mitos acerca de cómo trabajan estas personas. “Las personas discapacitadas tienen un bajo rendimiento laboral”, “No puedo hacer inversiones para que la empresa sea accesible”, “Las personas con discapacidad faltan mucho porque están siempre en el médico”, “Tendremos inconvenientes legales”… Seguro que has oído mil veces todas estas frases, pero no son verdad. ¿Sabes por qué? ¿Debe tu empresa contratar a personas que tengan discapacidad? Desde discapacitados la respuesta es sí, ahora te lo explicamos todo y te contamos por qué.

Si en una empresa hay trabajadores discapacitados, las empresas se muestran más sensibles ante esta realidad social y les lleva a estar más atentos a sus necesidades. Además, los empleados se sienten orgullosos de las cosas buenas que hace su compañía como dar oportunidades a un colectivo en riesgo de exclusión social.

Si contratas a personas discapacitadas estás contribuyendo a crear un mundo mejor. Así la sociedad es más solidaria, responsable y justa. 

Es un beneficio fundamental en la creación de marca, las empresas deben de tener una responsabilidad social corporativa (RSC). La RSC consiste en devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado. Y contratar a personas con diversidad funcional es una ventaja competitiva muy fuerte y además los clientes lo valoran. Ante dos empresas iguales… ¿Compras en una que ayuda a la gente y contrata personas con discapacidad o compras productos de otra empresa que pasa olímpicamente de todo? Ahí está el kit de la cuestión cuando las personas ven que la empresa está comprometida. 

Las personas que tienen discapacidad tienen tanto o más talento, creatividad, responsabilidad que las personas sanas. Así que puedes ampliar tu campo a la hora de buscar personal. ¡Estarás luchando contra los estereotipos! Ten en cuenta que ellos son personas capaces de saltar grandes obstáculos, que han aprendido a vivir de nuevo y que pueden aportar una visión lateral inimaginable a tu entidad. 

Por otro lado, las empresas tienen obligaciones legales y un compromiso social con la inclusión de la discapacidad. Si hacen esto, reciben ayudas y subvenciones por parte de la Administración y este hecho es muy positivo y beneficioso para las empresas.

Stephen Hawking, Beethoven, Van Gogh, Frida Kahlo y Robert Schumann fueron grandes genios que tenían algo en común: la discapacidad. ¿Por qué seguimos poniendo barreras a las personas con discapacidad? ¿No es hora de que cambien las cosas?

 

“Contratar a un discapacitado no es cuestión de caridad sino de productividad”.

Subvenciones para favorecer la inserción en el mercado laboral ordinario de personas con discapacidad, facilitando la contratación de las mismas e impulsando el empleo de calidad

¿Quiénes pueden beneficiarse?

• Empleadores y empleadoras.
• Empresas.

¿Qué actuaciones son objeto de subvención y cuáles son los importes?

Se subvencionan:

• La contratación indefinida de personas trabajadoras con discapacidad y la transformación en indefinidos de contratos temporales de fomento de empleo o de contratos formativos.
• Las medidas de tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde su empleo en los Centros Especiales de Empleo al empleo en empresas del mercado ordinario de trabajo a través de los enclaves laborales (estos enclaves laborales se configuran como una subcontratación de obras o servicios entre un centro especial de empleo y una empresa ordinaria. Su finalidad última es incentivar su contratación con carácter indefinido en el mercado de trabajo ordinario).
• La contratación de personas con discapacidad de forma temporal, con una duración mínima de contrato de 6 meses y al menos un 50 % de jornada.

Los importes son los siguientes:

• Contrato indefinido a jornada completa: 7.500 euros.
• Transformación en indefinido a jornada completa: 5.200 euros.
• Contrato temporal: 4.000 euros (contrato de 12 meses o más a jornada completa).
• Incremento del 10 % si la persona contratada es mujer.
• Incremento del 20 % si la persona contratada tiene especiales dificultades.
• Incremento de 2.000 euros si la persona contratada procede de un enclave laboral o un Centro Especial de Empleo.
• Por adaptación del puesto de trabajo, una dotación para medios de protección personal o para eliminar barreras arquitectónicas: hasta 2.340 euros.

En los contratos de trabajo que se celebren a jornada parcial y en los contratos de personas trabajadoras fijas discontinuas el importe de la subvención se prorrateará en función al tiempo de trabajo efectivo.

Para aquellos contratos de trabajo inicialmente indefinidos que se realicen el mismo día de la contratación por dos o más personas empleadoras, el importe de la subvención de las ayudas se prorrateará entre las personas empleadoras en función del tiempo efectivo de trabajo, no pudiendo superar dicho importe entre todos los contratos.

Plazo de presentación

Plazo: 14/03/2025 – 30/11/2025

Ayudas a la contratación indefinida: el plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por contratación indefinida será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio del contrato o a la fecha de transformación del contrato laboral en indefinido, siempre que se hubiera publicado la autorización de gasto. En caso contrario, el plazo será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación oficial de dicha autorización. Se atenderán con cargo a cada ejercicio presupuestario las solicitudes referidas a contrataciones o transformaciones desde 1 de noviembre del año anterior a 31 de octubre del año en curso.

Ayudas para la adaptación del puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras u obstáculos: las solicitudes deberán presentarse antes del inicio de la adaptación y el plazo finalizará a los doce meses contados desde el día siguiente a la fecha de inicio del contrato de trabajo. La solicitud deberá presentarse necesariamente una vez publicada la autorización del gasto correspondiente.

En el caso de que se haya realizado la adaptación mencionada, el plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a partir del último pago realizado de las facturas presentadas, siempre que se hubiera publicado la autorización de gasto correspondiente. En caso contrario, el plazo será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación oficial de dicha autorización.

Se atenderán con cargo a cada ejercicio presupuestario las solicitudes referidas a inversiones realizadas y abonadas desde el 1 de noviembre del año anterior al 31 de octubre del año en curso.

Con el paso de los años, la inserción profesional de las personas con discapacidad ha ido sufriendo transformaciones. Con el fin de conseguir una plena colocación en el mundo laboral, las empresas se han propuesto unir el crecimiento económico y el aumento de los propios beneficios con la incorporación de personas con discapacidad a su zona de trabajo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España 1,8 millones de personas en edad laboral tienen un certificado de discapacidad, sin embargo, la tasa de empleo entre este grupo tan solo es del 25,8%. Una situación que, a pesar de haber visto un incremento en el último trimestre del año 2019, se puede ver perjudicada por la crisis económica provocada por el COVID-19.

En la actualidad, la inclusión laboral de las personas con discapacidad tiene una función social muy importante. Uno de los elementos más determinantes ha sido la creación de un marco normativo más comprometido con la inclusión. Sin embargo, los estigmas que acechan a este colectivo a la hora de acceder al mercado laboral no se han desvanecido tan fácilmente como pudiese parecer a lo largo de los últimos años, a pesar de los avances cotidianos y legislativos acontecidos. Estos son solamente algunos de los beneficios que supone tener un trabajo para las personas con discapacidad.

Adquieren una imagen positiva de sí mismos: Dado que tienen que tener una presentación adecuada en su puesto de trabajo, esto conlleva aumentar la autoestima y la percepción de la autoimagen, por tanto, adquieren una imagen más útil de sí mismos, sintiéndose reconocidos socialmente y parte de un grupo social.

Avances en la autonomía personal: Al realizar actividades laborales y recibir una remuneración económica por ello, la independencia de estas personas se incrementa. Además, aumentan la calidad de las interacciones sociales, ya que no cuentan con la ayuda o la presencia de familiares, provocando avances personales.

Mejoran su expresión verbal: Puesto que ante situaciones y vicisitudes propias del trabajo diario deben desenvolverse socialmente en el entorno laboral y en el ámbito público, su expresión mejora con la experiencia que les otorga su propia ocupación.

Satisfacción personal y sentido de la responsabilidad: Este aspecto es uno de los más importantes debido a que las personas con discapacidad se sienten bien consigo mismas y crece su responsabilidad a través del propio hábito de la actividad laboral.

La inclusión laboral de personas con discapacidad no solo cobra una mayor relevancia para ellos mismos, sino que cumple una función social para el resto del equipo de trabajo.

La exclusión de las personas con discapacidad muchas veces está fundamentada por razones basadas en tópicos que todavía circulan actualmente entre los profesionales. Sin embargo, son muchas las barreras que rompen estas personas al llegar a ocupar un puesto de trabajo y, por ende, las empresas de forma directa y las sociedades de manera indirecta se enriquecen de forma sobresaliente a través de la diversidad. A continuación, detallamos otra serie de ventajas que emanan de la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Mejora en el ambiente de trabajo: La inclusión de personas con cualquier tipo de discapacidad mejora el ambiente de trabajo en el seno de la empresa, esto es debido a que son personas que generalmente tienen muchas ganas de aprender y se caracterizan por ser leales, resilientes, comprometidas, amables y humildes.

Sensibilización en el resto del personal: La oportunidad de trabajar con personas con discapacidad impulsa la aceptación de la diversidad y disminuye la discriminación hacia este colectivo a través del trabajo codo con codo.

Permite contar con trabajadores eficientes en tareas específicas: Algunas de las personas que padecen una discapacidad tienen características especiales que les permite adquirir destrezas específicas o únicas a las del resto de los empleados.

Beneficia la imagen corporativa: La imagen de la organización no solo se ve afectada de forma positiva a nivel empresarial, sino que también se beneficia de forma interna. Así pues, aumenta el orgullo de pertenecer a una compañía que respeta, apoya e integra al colectivo que conforman las personas con discapacidad.

En consecuencia, podemos afirmar que la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral y en el tejido empresarial de cada territorio ha cobrado una importancia gradual a raíz de los evidentes beneficios que conlleva esta inserción de manera bilateral y recíproca, tanto para el colectivo en cuestión como para la propia empresa. No obstante, el número de personas que conforman este grupo es muy numeroso y los hombres y mujeres afectados por cualquiera de los diferentes tipos de discapacidad que existen todavía siguen encontrándose en una posición relativamente débil a la hora de competir por la mayoría de puestos de trabajo. Una batalla de la que todos debemos sentirnos y hacernos partícipes.

El 9,1% de la población andaluza (725.390 personas) declara alguna discapacidad o limitación para actividades de la vida diaria; un 5,3% se considera en situación de dependencia (424.921 personas). En el conjunto de población de 6 y más años, un 9,6% (716.136 personas) declara dificultad o discapacidad en alguna de las 44 actividades por las que preguntó la encuesta. La proporción de personas en situación de dependencia, sobre las que se centra este Informe, alcanza el 5,6% (415.667) en ese conjunto. Son proporciones ligeramente superiores a las nacionales.

En el conjunto de los menores de 6 años, un 1,7% tiene limitaciones (9.254), y éstos se consideran dependientes; es una cifra inferior a la nacional. En establecimientos colectivos viven 30.684 personas, de las que 25.637 se encuentran en situación de dependencia, una proporción muy superior a la del resto de la población.  La dependencia aumenta con la edad. El 22,7% de los mayores (65 y más años) es dependiente. La dependencia tiene un perfil envejecido: seis de cada diez personas en situación de dependencia son mayores de edad. También tiene un perfil femenino. Sólo en las edades infantiles y juveniles su prevalencia es algo superior en los hombres. Entre adultos y mayores en cambio son las mujeres las que presentan dependencia en una proporción más alta, unos 14 puntos porcentuales superior a partir de los 65 años.  Cuanto menores son los municipios mayor peso tiene la población en situación de dependencia, con la salvedad de las capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes.

Lógicamente Sevilla y Málaga son las provincias que mayor número de personas dependientes tienen, pero la mayor prevalencia se da en Jaén y Granada. Las personas en situación de dependencia muestran un nivel de estudios más bajo, y se mezclan ahí varios efectos (aunque el principal es su mayor edad). También es inferior para los andaluces que para el conjunto de españoles. El tipo de discapacidad más frecuente entre las personas en situación de dependencia es el que atañe a las limitaciones de movilidad, que afecta a 347.527 personas. Están directamente relacionadas con la vejez, que es mayoritaria entre la población dependiente. El origen de las discapacidades es también diferente según edad: suele ser mental en la población infantil, osteomuscular y sensorial en la población de más edad. En los niños, las deficiencias congénitas, de nacimiento o desarrollo son importantes; entre los mayores destacan los problemas degenerativos. Los problemas mentales son los más frecuentes en la población residente en establecimientos colectivos.

La población infantil tiene un peso escaso entre la población en situación de dependencia, pero la gravedad de sus discapacidades es alta. También destaca la gravedad entre las personas de más edad. Hay más de trescientos mil andaluces en posesión del Certificado de Minusvalía; sólo dos de cada tres han declarado tener problema en alguna de las 44 discapacidades de EDAD y de ellos no todos son dependientes (no reciben ayuda personal para sus problemas). El 13,7% de las personas en situación de dependencia vive sola, en su mayor parte mujeres mayores. Más de la mitad vive en hogares multigeneracionales (en estrecha relación con la relevancia de los cuidados familiares), y sólo cuando la gravedad es muy alta adquieren peso también los hogares de otro tipo. Casi dos tercios (65,3%) ven a sus hijos/as todos o casi todos los días, y otra buena proporción (34,3%) a sus nietos. El contacto diario con algún hermano o hermana está menos generalizado. El perfil más frecuente de la persona cuidadora principal en Andalucía es el de una mujer, con una edad media de 53 años, casada, con estudios primarios o inferiores, que suele ser la hija o la cónyuge de la persona necesitada de cuidados. Casi cuatro de cada diez mujeres cuidadoras se dedican principalmente a labores del hogar. Entre los hombres cuidadores predominan los jubilados. La ayuda que se dispensa a las personas dependientes es intensa y de larga duración. Un 62,8% de los cuidadores principales declara cuidar todos o casi todos los días de la semana, la mayoría en jornadas de más de ocho horas. Además, el 31,0% lleva ocho o más años cuidando. El cuidado tiene como frecuente consecuencia la sobrecarga para el cuidador. Los principales efectos declarados son el deterioro de la salud, la sensación de cansancio y la depresión, efectos que se acentúan en el caso de las mujeres. También las relaciones sociales, el trabajo y el ocio se resienten (dos de cada tres han visto reducido su tiempo libre). La naturaleza de la ayuda prestada determina la mejoría en la situación de gravedad de las personas dependientes. Mejoran más cuando reciben ayudas para actividades básicas de la vida diaria, como el cuidado personal y cuando la persona dependiente tiene las máximas dificultades declaradas. Un 35,6% de las personas en situación de dependencia obtuvo asistencia sanitaria prestada por personal hospitalario en el año anterior a la entrevista. Es el servicio más utilizado. Le siguen en importancia los de información, asesoramiento y valoración y transporte adaptado.

Los cuidados médicos o de enfermería son los más utilizados en las dos semanas previas a la encuesta. El 10,8% de las personas en situación de dependencia recibió algún tipo de prestación económica, entre las que destacan, además, las pensiones contributivas por discapacidad.  Un 35% considera insuficientemente cubiertas sus necesidades de cuidado (la proporción es mayor en los casos más graves). Este porcentaje es algo superior al nacional. Granada, con 48,2%, y Jaén con 21,0%, son los dos extremos de la escala. El 80% tiene alguna dificultad en hacer un uso normal de las vías y transporte públicos.  La tasa de actividad es nueve veces inferior entre las personas en situación de dependencia que en el conjunto de la población. Las medidas de integración laboral benefician a una proporción escasa de esta población. Las redes familiares y de amistad son el mecanismo principal de información y obtención de trabajo. Los actores públicos o privados aparecen escasamente eficaces como mediadores de inserción laboral. Un 13% de los andaluces en situación de dependencia ha sentido ser objeto de algún tipo de discriminación durante los doce meses anteriores a la encuesta. Dentro del ámbito institucional, se señala un mayor sentimiento discriminatorio en la atención sanitaria. El nivel de asociacionismo de la población en situación de dependencia (y de sus familiares) es escaso (6,5%) y sin apenas diferencias respecto al conjunto de España (7%).

En 1980 la OMS publicó una primera clasificación internacional, la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), que aparecía como un complemento de las clasificaciones médicas internacionales (como las de enfermedades o las de causas de muerte). Seguía un esquema “causal” que, partiendo de las patologías causantes de deficiencias, pasaba por sus impactos en las capacidades y llegaba finalmente a las minusvalías resultantes. Una de las principales aplicaciones sociales de este esquema en España fue la concesión de “certificaciones” de minusvalía, aplicadas a la protección laboral o social. Pero el esquema médico de la CIDDM es inadecuado para los nuevos objetivos de política social, que se comentan más adelante, porque es fundamentalmente etiológico. Define la discapacidad en función de la causa (la deficiencia previa), y no tiene en cuenta otros elementos de la relación del individuo con su entorno físico y social, precisamente los ámbitos en los que mayor énfasis ponen las políticas actuales. La demanda de estadísticas se origina, cada vez más, en instituciones para las cuales el marco eminentemente médico de la CIDDM resulta insuficiente. El proceso de definición continúa así hasta una nueva clasificación oficial de la OMS, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), publicada en 2001. En ella se persigue un esquema más holista, menos médico y más social. Abandona el modelo lineal-causal, para construir un modelo bio-psico-social que integre la complejidad y multiplicidad de relaciones entre los distintos factores implicados. Es una clasificación de los “componentes de la salud” (término utilizado en el enunciado oficial de la clasificación), complementaria de las clasificaciones de la enfermedad (CIE), y deja de tener el enfoque de “consecuencias” de la enfermedad, propio de la clasificación de 1980, otorgando también relevancia a otros componentes. En consecuencia la CIF define la discapacidad como el resultado de la interacción entre las condiciones de salud de la persona y el contexto en el que vive. Y lo hace en tres dimensiones de dicha interacción, siendo posible tener problemas en una o en todas ellas:  la del cuerpo (funciones y estructuras corporales); los problemas o dificultades se llaman aquí “deficiencias” la de la persona (ejecución de tareas, acciones y actividades de la persona, que la propia CIF define y clasifica); los problemas aquí se llaman “limitaciones en la actividad” la social (la persona en la sociedad); los problemas en este ámbito son considerados “restricciones en la participación”. (Véase el Real Decreto 1971/1999, procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía; modifica el RD 1723/1981).

La propia discapacidad interesa ahora por la pretensión de integrar a las personas en la sociedad; ya no es un atributo individual como en el modelo anterior, sino un conjunto de condiciones que incluyen en gran medida el entorno físico y social. Discapacidad y dependencia afectan a los derechos y a las políticas sociales. De hecho la dependencia implica en sí misma una relación social, la que se establece entre el demandante de ayuda y quienes se la prestan. Y en este punto del discurso es donde adquiere importancia el concepto de dependencia. En este momento existe un cierto consenso en su definición: dependencia es la situación de una persona con discapacidad que requiere ayuda de otra para realizar actividades de la vida diaria porque no puede valerse por sí misma (Ley de Dependencia, 2006, artículo 2). Es decir, la definición se centra tanto en los problemas físicos y funcionales como en la naturaleza social de la dependencia; esta relación personal o social es la que la distingue de la discapacidad, no siempre aparejada con una situación de dependencia.

En definitiva, el interés social y político por la dependencia se ha acentuado progresivamente, haciendo insuficiente el enfoque causal-médico ¿Por qué?

¿Qué ha cambiado para que la dependencia adquiera este protagonismo? La dependencia se ha vuelto central en las ciencias sociales y las políticas públicas e incluso en amplios sectores de la actividad privada relacionados con los servicios y cuidados. En apenas treinta años ha pasado de la práctica marginalidad, relegada al anonimato de lo privado y doméstico, a ocupar un lugar central en las políticas públicas. Para ello, como acaba de verse, ha sido necesario un cambio de gran calado en su propia conceptualización (cómo se entiende, se clasifica, se explica en su relación con las discapacidades, se interpretan sus consecuencias), pero también en su relación con el resto de la sociedad (consecuencias en las relaciones familiares, intergeneracionales, requerimientos de bienes y servicios específicos, carga de cuidados e implicaciones para la persona cuidadora). Dicho cambio es el resultado de transformaciones que abarcan prácticamente todas las dimensiones del proceso de modernización social, entre las que cabe destacar las siguientes:

Modernización demográfica. Con la extensión de la supervivencia hasta la vejez, que hace innecesaria la elevada fecundidad tradicional, las pirámides de población están inmersas en un proceso de cambio sin precedentes históricos. El llamado envejecimiento demográfico multiplica el peso de las personas en las etapas  avanzadas de su ciclo vital y, por tanto, en mayor riesgo de dependencia.

Supervivencia y salud de los mayores. La fase más reciente de dicho proceso demográfico, además, empieza también a prolongar la vida de quienes ya han sobrevivido hasta la vejez. Los años ganados, ahora en edades avanzadas, se viven con un mayor riesgo de mala salud y dependencia “de ciclo de vida”, sobrevenida a consecuencia de procesos degenerativos de la edad; aumenta igualmente la probabilidad de supervivencia de las propias personas con discapacidades congénitas, de desarrollo o accidentales.  

Familia y convivencia. El cambio demográfico, junto a otros de índole socioeconómica e incluso ideológica, modifica la estructura y pautas de relación en los hogares y las familias. Los hogares son de menor tamaño, y las familias se han verticalizado, aumentando el número de generaciones presentes, lo que altera sus tradicionales potencialidades en el cuidado a las personas en situación de dependencia.  

Roles de género. La liberación consecuente de las ancestrales cargas reproductivas y familiares femeninas, y la creciente igualdad social, legal y laboral, están modificando el anterior papel cuidador de la mujer. La creciente formación y ocupación laboral femeninas aumentan los costos de oportunidad derivados de la función cuidadora. 

Profesionalización y externalización de servicios. Servicios que hasta ahora se prestaban en el ámbito familiar y a través de relaciones informales son progresivamente asumidos por actores formales públicos o privados.

Progreso social y material. Creciente poder del común de los ciudadanos para exigir mayores cotas de atención a sus necesidades y demandas (de salud, de seguridad, de calidad, etc.). Dicha demanda ya no responde sólo a la acción de las clases altas y los filántropos o reformadores sociales.  

Redistribución de funciones entre Estado, mercado y familia ante la necesidad de cuidados, especialmente a partir de los años ochenta del siglo XX.  Creciente multidimensionalidad para abordar la dependencia, más allá de su mera vinculación a la discapacidad. Mayor implicación de los científicos sociales en el tema, y creciente rechazo al modelo estrictamente biomédico dominante.

¿Qué se hace en España para operativizar estos marcos conceptuales? Los tempos del desarrollo estadístico y político son bastante similares a los de los cambios internacionales que acaban de describirse, iniciados básicamente en los años 80.

En 1986 el INE hizo una primera encuesta de ámbito nacional, la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM). Se seguía en ella el primer modelo OMS de 1980, de fuerte orientación médica y en consecuencia, la discapacidad y la dependencia aparecían como un asunto básicamente médico. El esquema causal propio de esta primera clasificación, condicionó el estudio de los fenómenos implicados, y determinó la estructura de la propia encuesta y sus preguntas concretas sobre deficiencias, discapacidades y minusvalías. El centro de atención recaía en la deficiencia, sobre cuyos tipos, naturaleza, orígenes, etc. la encuesta se explayó ampliamente. En los años 90 el debate político y social sobre la discapacidad y la dependencia se intensifica en España, y con él la demanda de datos en que basar las actuaciones. En 1999 se realizó la segunda macroencuesta de estas características, la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), que tuvo, además, la funcionalidad de servir de referencia para los textos oficiales sobre el tema (como el Libro Blanco de atención a las personas con dependencia, de 2004) y, finalmente, para el diseño de la Ley de Dependencia de 2006. Esta nueva encuesta debía recoger el cambio de intereses y conceptos, de modo que introdujo cambios sustanciales como el abandono del concepto de minusvalía, un mayor énfasis en los grados de severidad y mucha mayor atención al entorno, físico, social y familiar. En ello influyó la inminente aprobación de la nueva CIF por parte de la OMS, y todos los debates y borradores previos. Por último, en 2008, el INE realiza la tercera gran operación estadística en este ámbito, la ya citada EDAD (Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia). Esta vez ya es plenamente operativa la CIF y, sobre todo, esta vez la fuente responde, por primera vez, a los requerimientos de información de la Ley de Dependencia, por lo que, entre sus objetivos, se plantea “conocer las características de las personas con discapacidad y en situación de dependencia”. Persigue también conocer la influencia de las ayudas externas sobre la actividad de las personas, un paso claro en la operativización de la fuente para el diseño de políticas sociales. Andalucía se suma a este esfuerzo, aumentando la muestra de la EDAD en la Comunidad Autónoma. Ya previamente había desarrollado una encuesta propia (el Proyecto sobre Redes Familiares en Andalucía) sobre dependencia y solidaridad en las redes familiares, que continúa una línea sobre estudios de salud y calidad de vida. 

En definitiva el esfuerzo conceptual, clasificatorio y estadístico realizado en las últimas tres décadas persigue la operatividad para las políticas sociales, más allá del ámbito médico individual. No es que ahora sea una cuestión política y antes fuese sólo médica. Siempre fue política. Pero antes de los años setenta la política trataba a las poblaciones desde otros planteamientos y saberes, y el cuerpo era un punto de anclaje fundamental. Ahora el foco de atención es el conjunto de relaciones y contextos implicados en la dependencia.

Plan del informe

Aquí se van a aprovechar las virtualidades estadísticas de la EDAD (Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia), persiguiendo esa mayor operatividad.

El énfasis del informe se pondrá en la dependencia. En esta introducción previa (capítulo uno) se ha presentado  el marco conceptual de discapacidad y dependencia, y el plan del informe. En el capítulo dos se identifican, a través de las grandes cifras, las personas necesitadas de ayuda, entre aquellas que han declarado discapacidades o limitaciones en Andalucía. En el capítulo tres se describen ya con detalle características sociodemográficas fundamentales de estas personas (edad, sexo, hábitat, estado civil y nivel de instrucción). Se completa el capítulo atendiendo a colectivos especiales: niños menores de 6 años y población que reside en establecimientos colectivos. Las discapacidades de las personas con dependencia, y sus deficiencias de origen, son analizadas en el capítulo cuatro. El capítulo cinco analiza las demandas y transferencias de recursos y ayudas hacia las personas con dependencia. Ello incluye: la propia convivencia y relaciones familiares y sociales, la identidad y características de los cuidadores y los efectos del cuidado en su salud y en su vida laboral y personal, un examen de las mejoras que resultan de la ayuda recibida y una evaluación de la cobertura de las necesidades de cuidados, desde el punto de vista de la persona con dependencia.

 

Dentro de la comunidad autónoma, Sevilla y Málaga son las provincias que lógicamente tienen mayor número de personas con dependencia (6 y más años) pues son las de mayor peso demográfico, pero la mayor prevalencia se observa en Jaén y Granada.

En Andalucía son algo más de treinta mil personas, en su gran mayoría afectados por alguna discapacidad e, incluso, por la necesidad de recibir ayudas (25.637 personas con dependencia). En el resto de edades, cuando se padecen discapacidades, interesa especialmente distinguir aquellas situaciones que requieren ayuda en las actividades básicas de la vida. Afirman recibirla 415.667 de las personas que declaran tener alguna discapacidad, lo que supone el 58,0% de quienes están en esa situación, y el 5,6% del conjunto de la población de 6 y más años en Andalucía.

La prevalencia de la discapacidad en Andalucía es algo mayor que la nacional (9,6% frente al 9,0%), y lo mismo ocurre con la de la dependencia, que en España es del 4,9% y asciende al 5,6% en la población andaluza. Puesto que su estructura por edades es más joven y, por lo tanto, favorable cuando se trata de fenómenos como éstos en los que la edad es un factor fundamental, esta diferencia es de hecho mayor.

Edad y sexo

La dependencia es más probable entre las mujeres: un 7% mientras que entre los hombres esta cifra no llega al 4% (3,9%). El peso que obtienen las personas con discapacidad no dependientes entre la población femenina es también superior al que resulta en la población masculina (4,0 y 3,2% respectivamente). Hay, por tanto, una marcada “feminización” de la discapacidad, que se manifiesta con algo más de intensidad en Andalucía, donde la proporción de discapacidad entre las mujeres es 4,2 puntos superior a la masculina (11,7 frente al 7,4); para el total nacional la diferencia es de 3,4 puntos. No obstante, la estructura de edades matiza, como se verá a continuación, las diferencias entre sexos, colocando el fenómeno de la feminización en edades avanzadas; la mayor proporción de personas de 65 años entre las mujeres incide en los resultados globales. Entre los 6 y los 15 años la prevalencia es mucho menor; el 1,6% tiene algún tipo de discapacidad, y un 1,0% se encuentra en situación de dependencia, resultados similares aunque algo inferiores a los del total nacional. En el siguiente grupo de edad, las personas jóvenes y adultas con discapacidad ascienden hasta el 5,7%. Es en estas edades donde la discapacidad limita con menor frecuencia el desempeño de actividades. Las personas con discapacidad que gozan de autonomía funcional superan ligeramente a las que se encuentran en situación de dependencia, con proporciones del 2,8% y 2,7% respectivamente. El peso que la discapacidad y la dependencia tienen entre la población es notablemente mayor en el grupo de 65 y más años: una de cada tres personas declara alguna discapacidad (33,8%), y más de una de cada cinco se encuentra en situación de dependencia (22,7%); en ambos casos tres puntos por encima de los resultados que se obtienen para España. El mayor peso de discapacidad y dependencia en estas edades denota que la mayor parte de los casos derivan de procesos degenerativos asociados al envejecimiento. Esto evidencia la necesidad de políticas preventivas, y promoción de modelos de envejecimiento activo y saludable, que amplían las posibilidades de una vejez en buena salud y de retrasar la aparición de la dependencia. Teniendo en cuenta ambas variables, edad y sexo, es en el intervalo de 65 años o más donde  la diferencia entre hombres y mujeres cobra importancia: las prevalencias femeninas superan a las masculinas en alrededor de 14 puntos porcentuales.

Resumen del análisis detallado sobre la discapacidad y la dependencia en Andalucía basado en la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008.

​Los puntos más importantes incluyen:

1. Prevalencia de Discapacidad y Dependencia:

El 9,1% de la población andaluza (725.390 personas) declara alguna discapacidad.

El 5,3% (424.921 personas) se considera en situación de dependencia.

2. Características Demográficas:

La dependencia aumenta con la edad, siendo el 22,7% de los mayores de 65 años dependientes.

La dependencia tiene un perfil envejecido y femenino, con una mayor prevalencia en mujeres a partir de los 65 años.

Distribución Geográfica:

Sevilla y Málaga tienen el mayor número de personas dependientes, pero la mayor prevalencia se da en Jaén y Granada.

3. Tipos de Discapacidad:

Las limitaciones de movilidad son las más frecuentes entre las personas dependientes.

Las deficiencias mentales son más comunes en la población infantil, mientras que las osteomusculares y sensoriales predominan en los mayores.

Ayudas y Cuidados:

La mayoría de los cuidadores principales son mujeres, con una edad media de 53 años.

El 62,8% de los cuidadores principales cuidan todos o casi todos los días, y el 31,0% lleva cuidando ocho o más años.

La sobrecarga del cuidador es común, con efectos negativos en la salud, el trabajo y la vida personal.

Evaluación de la Ayuda Recibida:

Un 35% de las personas en situación de dependencia considera que sus necesidades de cuidado no están suficientemente cubiertas.

4. Servicios y Prestaciones:

El 46,1% de las personas en situación de dependencia utilizó servicios sociales o sanitarios en los últimos 12 meses.

Un 17,6% recibió algún tipo de prestación económica, indemnización o beneficio fiscal.

5. Integración y Accesibilidad:

La Ley de Dependencia y su catálogo de prestaciones y servicios son herramientas para eliminar barreras, aunque persisten barreras físicas, culturales y normativas.

La accesibilidad en el transporte y las vías públicas es crucial para la integración social.

Se analiza el nivel educativo y la integración laboral de las personas dependientes, así como la percepción de discriminación y el papel del asociacionismo en la defensa de sus derechos.

Comparación de Encuestas:

Se comparan las encuestas de discapacidad realizadas en España en los años 2008 (EDAD), 1999 (EDDES) y 1986 (EDDM), incluyendo estadísticas comparativas de Andalucía y España desglosadas por sexo, edad, estado civil, nivel de instrucción, tamaño del municipio, y tamaño del hogar.

Evolución de la Discapacidad y Dependencia:

Se analiza la evolución de la discapacidad y la dependencia en Andalucía entre los años 1999 y 2008, destacando cambios en la prevalencia en diferentes grupos de edad y sexo.

La proporción de personas en situación de dependencia desciende a medida que la población del municipio es mayor, pero la pauta se rompe en los municipios de más de 100.000 habitantes o capitales de provincia donde estos porcentajes vuelven a subir. Los municipios con menos de 10.000 habitantes  muestran las proporciones más altas en dependencia (6,4%), y este porcentaje va descendiendo hasta alcanzar 4,3% en los municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes. En los entornos con mayor número de habitantes, casi el 6% se encuentra en situación de dependencia (ver Tabla 3.2). El porqué de esta relación no es ajeno, una vez más, a la estructura de edades, resultando que los entornos más envejecidos son también los que mayores proporciones de discapacidad y dependencia registran. La comparación por sexo muestra que este mismo patrón se repite en hombres y en mujeres, aunque con mayores proporciones de discapacidad y dependencia para estas últimas. A la luz de los indicadores socioeconómicos las zonas rurales suelen padecer carencias, especialmente en materia de infraestructuras, transporte, servicios sociales, etc. El mayor peso de personas en situación de dependencia en esas zonas debe tenerse en cuenta para que vivir en un entorno rural no agudice los problemas consecuentes, y para que los municipios pequeños no sean en sí mismo entornos discapacitantes.

Estado civil

El peso que la población mayor tiene entre las personas en situación de dependencia se refleja directamente en la variable estado civil. El porcentaje de situaciones de dependencia entre las personas viudas (28,1%) es mucho mayor que entre cualquiera de los otros estados civiles, pues viudez está estrechamente asociada a una edad elevada; por ejemplo, las personas con discapacidad pero no dependientes son el 9,4%. Por el contrario, el menor porcentaje se da entre las personas solteras, un 2,6%, pues la mayoría de estas son jóvenes. En el caso de las personas con discapacidad pero capaces de funcionar de manera autónoma se repite el mismo patrón, es decir, la discapacidad también tiene más peso entre las personas viudas (39,0%). La comparación por sexos no arroja muchos más matices a la cuestión del estado civil, pudiendo destacar tan solo que la proporción de personas en situación de dependencia entre las viudas supera en ocho puntos porcentuales a la que resulta entre los hombres en su misma situación.

Nivel de instrucción

El nivel de estudios también aparece relacionado con la declaración de discapacidad y/o dependencia, siendo el analfabetismo la categoría que muestra la prevalencia más alta. La estructura de edades condiciona una vez más estos resultados, porque la población mayor es la de menor nivel educativo. El nivel de estudios es uno de los factores asociados a la clase social y guarda una estrecha relación con el nivel de ingresos. Cabe inferir que el peso de discapacidad y dependencia será comparativamente mayor entre las clases de bajos recursos. La necesidad de que los servicios sociales y demás recursos que trabajan en la promoción de la autonomía personal lleguen a esta población es de importancia clave, pues la precariedad económica y educativa propiciarán que las consecuencias negativas de la discapacidad sean mucho mayores. 

La distribución porcentual de las principales variables sociodemográficas

Otra óptica del panorama de la dependencia la ofrece la comparación de las distintas características (edad, hábitat, estado civil y nivel de instrucción) de las personas en situación de dependencia y la población total de Andalucía: dibuja un colectivo de mucha edad, con presencia mayoritaria de personas viudas y con bajo nivel de instrucción.

Es destacable la presencia de personas de edad entre la población dependiente, en mucha mayor medida de lo que correspondería a su peso demográfico en el conjunto de Andalucía. La distribución de las personas dependientes en el territorio sigue un patrón similar al resto de la comunidad. La proporción de viudez entre la población con dependencia es también muy notable si se compara con el conjunto de la población, como lo es la menor presencia de solteros; en parte se explica porque las personas con dependencia suelen ser muy mayores y entre éstas es la viudez el estado predominante. Pero quizá donde las diferencias de distribución entre personas dependientes y el conjunto de Andalucía es mayor es en el nivel de instrucción. La gran mayoría de dependientes son personas con muy escaso nivel educativo, estudios incompletos y analfabetismo. De nuevo el efecto edad está pesando en esta distribución, al tener las personas mayores en general carreras educativas más cortas e incompletas; también es posible que algunas personas con discapacidad (especialmente de origen mental) no hayan podido alcanzar los mínimos niveles educativos; la presencia de niveles superiores es más reducida. 

Estudio de colectivos específicos

A continuación se proporcionan breves apuntes analíticos sobre subgrupos poblacionales con características específicas en su relación con la discapacidad y la dependencia: los menores de 6 años, las personas que no residen en hogares familiares sino en residencias colectivas y los beneficiarios del certificado de Minusvalía. Las limitaciones en los niños de 0-5 años La propia naturaleza infantil implica dependencia respecto a los adultos, sobre todo en las etapas más tempranas. En las fuentes estadísticas sobre discapacidad y dependencia lo habitual es un cuestionario distinto y conceptos y categorías diferentes a la hora de investigar sobre los menores y, de hecho, lo que se aplica no es el concepto “discapacidades” sino el de “limitaciones”, adaptado a los comportamientos y capacidades propios de tales edades. La pésima salud infantil que distinguía a España es ya historia. Hoy en Andalucía los menores de seis años afectados por limitaciones son afortunadamente escasos y de difícil detección por un muestreo normal, de manera que la EDAD proporciona escasa significación estadística en esta clase de edades. Se trata de 37 casos en niños, y 35 en niñas, que tras la ponderación supondrían un total de 9.254 (4.647 niños y 4.607 niñas), el 1,7% de estas edades. Esta proporción es ligeramente inferior a la del conjunto de España, en cuya muestra los niños varones tienen mayor representación que las niñas. Las limitaciones más frecuentes son “de desarrollo”, generalmente de difícil delimitación en sus causas e, incluso, en el pronóstico de su evolución posterior (el 49% de los casos requiere atención temprana o estimulación, el 45% tiene dificultades para hacer las cosas como los niños de su edad…) lo que deja abierta la posibilidad de recuperación con la atención adecuada. Muy escasos son, en cambio, los que presentan limitaciones derivadas de problemas funcionales en órganos o sensoriales. Las deficiencias que están detrás de las limitaciones más frecuentes son, en buena lógica, propias de los ámbitos cognitivos o del sistema nervioso.

Paradójicamente, la preeminencia de estas deficiencias de origen, sumada a que sus causas sean mayoritariamente congénitas, caracteriza a las sociedades avanzadas, porque las otras casuísticas, las más abundantes en el pasado, se han conseguido reducir extraordinariamente. Los problemas iniciados después del nacimiento resultan hoy raramente en limitaciones infantiles gracias a las mejoras en su detección y tratamiento, y los que puedan provenir del periodo de gestación son igualmente señaladas de forma precoz a través de sus signos más visibles en los análisis amnióticos y prenatales (con la posibilidad consecuente de interrupción voluntaria del embarazo). Finalmente se estrecha el cerco en torno a aquellos problemas congénitos de difícil detección, por implicar órganos o funciones con consecuencias que sólo podrán ponerse en evidencia una vez en marcha el proceso de desarrollo sensorial, cognitivo y psicomotriz posterior al nacimiento. Se entiende así que, cuando puede declararse una enfermedad diagnosticada como causa subyacente a la limitación infantil, lo más frecuente sea encontrar diagnosis de espina bífida/hidrocefalia, daño cerebral, síndrome de Down, etc. Se trata generalmente de casos con diagnosis temprana, que permite una igualmente temprana aplicación de refuerzos o tratamientos que mejoren el desarrollo posterior a la vez que favorezcan la integración familiar y social.

Según la EDAD prácticamente la totalidad de estos menores recibe las ayudas necesarias, pero en ello es evidente la principalidad de la función protectora y de bienestar que en España se atribuye a la familia. Es prácticamente inexistente el cuidado por personal empleado en la propia residencia, y cuando existen ayudas de personas ajenas al hogar, se trata casi siempre de familiares. Aún más, más de un tercio de las familias afectadas considera que los cuidados que recibe el menor son insuficientes. Es una buena noticia desde el punto de vista social, porque el motivo es la escasa prevalencia, pero no para los afectados, que necesitan un mejor conocimiento de sus problemas por parte de las administraciones.

Los problemas mentales (retrasos, deficiencias intelectuales, demencias, enfermedades y trastornos mentales) destacan entre los institucionalizados de menos de 65 años; el 88,8% de ellos ha declarado alguna deficiencia mental. Algo menor, pero notable, es que el 55,1% de los mayores declara ese origen para sus discapacidades, en claro contraste con los mayores que viven en entorno familiar, entre los que “sólo” el 25,5% declara deficiencias mentales como origen de sus problemas. En segundo lugar en importancia están las deficiencias osteomusculares (columna, extremidades) para los mayores, y las nerviosas para los no mayores. Para los mayores residentes en viviendas familiares las deficiencias osteomusculares son, en cambio, las más importantes (55,4% así lo declara). El resto de deficiencias tienen una importancia menor. El patrón de enfermedades diagnosticadas para las personas en situación de dependencia institucionalizadas difiere notablemente y en el mismo sentido que las deficiencias. En los centros son más frecuentes individuos con graves problemas mentales. Entre los no mayores, el 17,6% tiene daño cerebral adquirido y el 14,2% esquizofrenia. Entre los mayores el patrón también es diferente respecto a los más jóvenes y respecto a los que viven en familia; entre los institucionalizados la enfermedad más frecuente es artritis y artrosis (28,3% la declaran), pero es 68,0% en los que viven en viviendas familiares; las demencias (22,4%) y la enfermedad de Alzheimer (19,4%) vienen a continuación en importancia, y son menos relevantes  entre los que viven en hogares.

Casi la mitad de la población institucionalizada en situación de dependencia (45,8%) recibe visitas de sus familiares semanalmente, más frecuentes entre los mayores (esta proporción está siete puntos porcentuales por debajo de la media española); sólo uno de cada diez no recibe visitas nunca. La frecuencia de visitas de amigos es más excepcional; más de la mitad de los residentes no recibe visitas de éstos nunca.

En conjunto, el 83,6% de los residentes en establecimientos colectivos son personas en situación de dependencia, es decir, reciben ayuda o asistencia personal para algunas actividades, pero además, un 37,8% de ellos recibe asistencia o cuidados personales en el centro al margen de los proporcionados por el propio centro (acompañantes, terapeuta, etc.) y ocho de cada diez paga un extra por ello. 

Beneficiarios del Certificado de Minusvalía

Las personas que viven institucionalizadas tienen resueltas algunas actividades de la vida diaria, especialmente las instrumentales. A pesar de ello, en el cuestionario de la EDAD se preguntó por ellas, y había personas con problemas declarados en esas actividades.

El Certificado de Minusvalía valora oficialmente el porcentaje de minusvalía que tiene una persona como consecuencia de una discapacidad, siempre que alcance un grado igual o superior al 33 por ciento, porcentaje mínimo de condición de minusvalía. El Certificado es expedido por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o el órgano correspondiente de las comunidades autónomas. Véase el Real Decreto 1971/1999, procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía;  modifica el RD 1723/1981. Según la EDAD, 363.186 andaluces tienen Certificado de Minusvalía, un 4,5% de toda la población. La mayor parte de ellos (68,5%) ha declarado que tiene alguna discapacidad de la lista por la que se preguntó en la encuesta, pero el 31,5% son personas con discapacidad “oficial” que no ha declarado problemas en ninguna de las 44 actividades por las que se preguntó; esta cifra es algo superior a la de la EDDES. Desde la óptica de las personas en situación de dependencia, es decir, de las que reciben ayuda personal para sus problemas según la EDAD, sólo el 37,4% tiene Certificado de Minusvalía. La posesión es mayoritaria entre los jóvenes dependientes (78,6% de las personas de 6-15 años declara estar en posesión del mismo), y adultos dependientes (62,9% lo tiene), y está menos extendida entre los niños de 0-5 años (29,6%) y las personas mayores (22,2%).

Entre los dependientes que declaran deficiencias de tipo mental, del lenguaje y nerviosas, los porcentajes de los que tienen certificado es mayor que en los dependientes con otro tipo de deficiencias (osteomusculares, auditivas, viscerales). Una explicación de la cierta incoherencia entre ser dependiente y no tener certificado, y a la inversa, puede residir en que en las edades señaladas, jóvenes y adultos, es donde se obtienen mayores beneficios sociales o económicos o de otra índole con la posesión del certificado, o porque puede tratarse de problemas más severos. También es posible que algunas personas no realicen el procedimiento de obtención del certificado por cierta prevención a ser etiquetados socialmente como minusválidos, si estiman que no compensan los beneficios.

Los hombres tienen mayor número de discapacidades que las mujeres en los tramos de 6 a 15 años y de 16 a 65 años. Sin embargo a partir de los 65 años el número en mujeres es superior: un 78,6% tiene seis o más discapacidades mientras que entre los hombres es de 74,8%. De la misma manera, a esas edades, las mujeres con un número reducido de discapacidades suponen proporciones menores que entre los hombres.

Tipo de discapacidad

La EDAD categoriza las discapacidades en ocho grandes grupos atendiendo a la clase de actividades dificultadas: discapacidad visual, de audición, de comunicación, de aprendizaje y aplicación del conocimiento, de movilidad, autocuidado, vida doméstica y relaciones interpersonales. El tipo más frecuente es el que implica dificultades de movilidad, y afecta a 347.527 personas dependientes en Andalucía, cerca del 4,6% de la población total (de seis y más años). Incluyen muy diversos tipos de dificultades en tareas como el cambio de postura, andar y moverse dentro y fuera de casa, transportar objetos, o el transporte público, entre otras. Abarcan el ámbito doméstico y extradoméstico, resultando en la reducción del espacio físico cotidiano y la merma consecuente de oportunidades sociales. El segundo tipo más frecuente se refiere a la vida doméstica y se traduce en tareas tales como hacer la compra, la comida, limpieza del hogar, etc.

Existen en Andalucía 336.756 personas dependientes con discapacidad en alguna de estas tareas o, lo que es lo mismo, un 4,5% de la población de seis y más años. La discapacidad para realizar tareas de autocuidado en las que se incluyen, por ejemplo, el asearse, vestirse, comer, orinar, pero también el evitar situaciones de peligro como apagar el gas o respetar los semáforos, afecta al 4,1% de la población andaluza de seis y más años (309.162 personas).

La gran mayoría de las personas en situación de dependencia se ven afectadas por estos tipos de problemas: un 83,6% tiene problemas de movilidad, el 81,0% para realizar algunas actividades de las contempladas en vida doméstica, y algo menos de tres cuartas partes (74,4%) de la población con dependencia declara dificultades en las tareas de autocuidado.

Atendiendo a la edad, las dificultades de movilidad y en la vida doméstica predominan destacadamente entre las personas mayores con dependencia, mientras que no son tan frecuentes en la población dependiente de entre 6 y 15 años. Estos últimos presentan sin embargo altos porcentajes de discapacidad en Comunicación y Aprendizaje y aplicación del conocimiento. Los más jóvenes son también los que presentan comparativamente mayores porcentajes en Relaciones interpersonales. Visión y Audición son tipos de discapacidad más frecuentes entre personas mayores, aunque con mucha menor presencia que las anteriormente comentadas.

La distinción entre sexos revela ciertas diferencias, muy especialmente en las actividades bajo la categoría Vida doméstica. Las diferencias culturales y sociales fruto de la estructura sexo-género influyen probablemente en cómo hombres y mujeres contestan a este bloque de preguntas y explica, aunque sólo en parte, la marcada diferencia registrada en esta categoría. 

La tradicional división sexual del trabajo supone que muchos hombres no hayan tenido que afrontar las tareas domésticas o, en caso de llevarlas a cabo, lo hayan hecho con un grado de exigencia y cumplimiento mucho menor, de manera que si los hombres no las realizan o no son capaces de realizarlas no se sienten mermados en modo alguno en sus capacidades y así lo manifiestan en las encuestas. Para mantener el hogar, los hombres han contado tradicionalmente con el trabajo de una mujer, generándose una “dependencia cultural” que nada tiene que ver con el estado de salud; las mujeres, por el contrario, declaran necesitar ayuda en este tipo de actividades cuando su estado de salud no les permite desenvolverse por sí solas. Las mujeres obtienen mayores porcentajes en Vida doméstica, Movilidad, Visión y Audición, que a su vez, son los tipos de discapacidad que con más frecuencia presenta la población mayor. De la misma manera los hombres registran mayores porcentajes en Comunicación, Aprendizaje y aplicación del conocimiento y Relaciones interpersonales, todos ellos tipos de discapacidad donde la población de 6 a 15 años supera con creces el resto de grupos de edad.

La entrada en discapacidad  

La probabilidad de entrada en discapacidad relaciona los casos nuevos de discapacidad con la población que no la experimentaba previamente (se excluyen en el denominador a las personas que ya entraron en discapacidad). Dos hechos merecen ser comentados. Como cabía esperar, la probabilidad es mayor cuanto mayor es la edad, como sucede con la prevalencia y también con la codiscapacidad (más discapacidades de media por individuo según aumenta la edad). Se produce un incremento paulatino de la entrada a lo largo de la vida, pero a partir de los 65-70 años aumenta exponencialmente, siguiendo un patrón de comportamiento universal. La ralentización de ese incremento en torno a los 80 años, en cambio, no tiene fácil explicación; es posible que se trate de un problema de muestra, de salida de observación (las personas que están peor, o que entran en discapacidades más graves, acaban en centros residenciales), o bien de un problema de redondeo de la edad, pues se pide a los entrevistados que recuerden la edad a la que se iniciaron sus discapacidades, y la posibilidad de equivocaciones puede ser alta, primero por errores de los propios sujetos y segundo por falta de información del allegado que responde (“proxy”) cuando no puede hacerlo el propio sujeto (situación tanto más frecuente cuanto mayor es la edad, hasta suponer uno de cada tres casos en las más avanzadas). En segundo lugar, el gráfico dibuja dos tipos bien definidos de curvas: la entrada en discapacidades de movilidad, vida doméstica y autocuidado, por un lado, y las demás (capacidades sensoriales, actividades cognitivas y de relación) por otro. La probabilidad de entrada en las primeras es mayor y más temprana que en las segundas; siguen un patrón ya conocido en la literatura especializada acerca de la aparición de problemas en las actividades de la vida diaria, instrumentales (como algunas de movilidad exterior y de tareas del hogar) y básicas (movilidad interior y autocuidado). El segundo grupo es de aparición más tardía y suele responder a fases de deterioro cognitivo que se inician en edades avanzadas y con magnitudes inferiores, pero que experimentan un  fuerte aumento en las edades más altas.

El origen de las discapacidades: las deficiencias

Deficiencia es cualquier pérdida o anomalía de un órgano o de la función propia de ese órgano, por ejemplo, la ausencia de una mano, una paraplejia, un retraso mental, etc. La contabilización de las deficiencias adquiere su máximo sentido cuando se las reconoce como causa de la discapacidad. De acuerdo al esquema conceptual en que se basa la EDAD, y que repite el mismo marco que la anterior EDDES de 1999, todas y cada una de las discapacidades tienen una deficiencia de origen; en buena medida se diseñó así la encuesta para hacerla comparable con las anteriores. Pero precisamente la nueva CIF trata de huir de la lógica excesivamente médica del anterior marco conceptual y clasificatorio de la CIDDM. En definitiva, una contradicción que debe manejar todo usuario de la nueva encuesta. Entre los jóvenes (6-15 años) predominan destacadamente las deficiencias mentales (retrasos madurativos, deficiencias intelectuales en sus diferentes grados, ligeras, moderadas y profundas, y otras enfermedades mentales o deficiencias) como origen de limitaciones físicas o psíquicas; el 74,6% ha señalado estas deficiencias como origen de sus discapacidades.

En los adultos existe un cierto equilibrio en los orígenes de las discapacidades; aún son importantes las mentales pero van adquiriendo importancia las osteomusculares y nerviosas (paraplejias y otras). Finalmente, los problemas osteomusculares predominan en las causas de las discapacidades de las personas mayores en situación de dependencia, notablemente sobre las demás; 55,4% de los mayores declara que esa es la deficiencia de origen de sus problemas; pero las demás tienen una representación importante; por ejemplo, 28,1% declara problemas en los órganos de visión, o el 26,0% en deficiencias viscerales (aparato respiratorio, cardiovascular, etc.). También es notable que los mayores declaren un mayor número de categorías de deficiencias que el resto de la población, casi dos tipos de media por persona en situación de dependencia; los jóvenes en cambio “centran” sus problemas en casi una única categoría. Dado que el mayor número de personas en situación de dependencia son personas de edad, la imagen general de la dependencia se asocia estrechamente a estos problemas osteomusculares, a la escasa movilidad, y a continuación a problemas mentales.

Las discapacidades sensoriales (de visión y de audición) tienen unas deficiencias de origen casi exclusivamente centradas en problemas de los órganos de la vista y la audición. Por ejemplo, el 41,3% de los ciegos o de los que sólo distinguen la luz ha dicho que su deficiencia es visual; para los que tienen sordera, el 39,9% señala que la deficiencia causante de la misma reside en el órgano o función del oído (deficiencia auditiva).

Las deficiencias mentales afectan sobre todo a las funciones cognitivas (comprensión, orientación, etc.), actividades de aprendizaje y de relación interpersonal. Superan generalmente el 40% de los orígenes de esas discapacidades, dejando otros orígenes causantes de las limitaciones con apenas relevancia. Por ejemplo, el 45,6% de los que tienen dificultad para comprender el significado de lo que dicen los demás, declara un problema mental como origen de su limitación; o el 48,7% de los que tienen dificultad para prestar atención, o el 42,6% de los que no pueden realizar tareas sencillas sin ayuda o sin supervisión, o el 47,6% de los que tienen problemas para crear y mantener relaciones con amigos, vecinos, conocidos o compañeros. Las deficiencias mentales más habituales entre los mayores son las demencias, entre los jóvenes los retrasos mentales, y entre los adultos otros tipos de trastornos mentales.

Las discapacidades de movilidad tienen su origen en deficiencias osteomusculares, en especial las de las extremidades inferiores, en proporción muy superior a las de columna y extremidades superiores. Dado que las discapacidades relacionadas con la movilidad aumentan con la edad, las deficiencias de origen asociadas también lo hacen; y además, como sucede con las discapacidades, son más frecuentes entre mujeres. Por ejemplo, estas deficiencias las declara el 28,3% de los que tienen dificultad para levantarse, sentarse o acostarse, o el 26,3% de los que señala problemas para andar o moverse dentro de la vivienda, porcentaje que se eleva al 27,6% si es andar fuera de casa. En las restricciones de movilidad intervienen muchas otras deficiencias, como las del sistema nervioso (parálisis, paraplejias, tetraplejias, etc.) con cifras en torno a 12-14% de las causas, las mentales, con una relevancia similar entre el 13-15%, o procesos degenerativos; a veces los problemas de origen están relacionados con la vista o el equilibrio.

En las discapacidades de autocuidado y de problemas para la realización de las tareas del hogar, las deficiencias osteomusculares vuelven a ser la causa principal, pero compartiendo protagonismo con las deficiencias mentales y las nerviosas. Por ejemplo, el 24,5% de los que tienen problemas para lavarse señala aquellas deficiencias como la causa de su problema, un 18,3% declara deficiencias mentales y un 12,8% deficiencias de tipo nervioso. Un repaso de las enfermedades diagnosticadas que padecen las personas en situación de dependencia confirma esta asociación de discapacidad y deficiencia. Dos de cada tres mayores dicen tener diagnosticada artritis/artrosis y un 30% artritis reumatoide, enfermedades muy destacadas sobre todas las demás; los problemas de visión (cataratas) afectan al 35,6% de los mayores con dependencia, lo que también provoca restricciones en la movilidad. Entre los más jóvenes (6-15 años) aparecen enfermedades diagnosticadas relacionadas con los problemas mentales, como autismo, trastornos asociados al autismo, daño cerebral adquirido, y a continuación le siguen en importancia enfermedades raras y síndrome de Down.

En definitiva, la explotación de los datos de la EDAD ofrece un panorama “lógico” de la relación entre las discapacidades implicadas en situaciones de dependencia, y las deficiencias que están en el origen de tales discapacidades. 

Las formas de convivencia de las personas, atendiendo a si cohabitan con otras o no y el estudio de los vínculos que las unen, aporta datos fundamentales sobre la vida social pues el hogar es, la mayoría de las veces, un lugar básico de sociabilidad. En el caso de las personas en situación de dependencia, la composición del hogar es un indicador aún más importante en tanto en cuanto lo doméstico cobra una importancia fundamental, como centro desde donde se procuran cuidados y por el repliegue que puede conllevar la necesidad de ayuda. Conocida es la necesidad de relaciones sociales para la salud de los individuos. Poseer una nutrida o sólida red social no sólo contribuirá a tener buenos niveles de autoestima e influirá en la calidad de vida, sino que facilita el flujo de información sobre salud y servicios sanitarios, a la vez que constituye una puerta de acceso a canales de ayuda en caso de necesidad.

El análisis de las redes sociales cobra especial importancia en el caso de personas en situación de dependencia, pues muchas de ellas experimentarán una ruptura o limitación al acceso y disfrute de las áreas clave que funcionan como eje sobre los que se articula la identidad personal y los proyectos vitales. Estos ejes articuladores serían, según el momento vital, la actividad profesional, la actividad escolar y educativa. Cuando éstos no existen o se ven reducidos, la necesidad de redes sociales cobra aún mayor protagonismo.

Composición de los hogares

Hogares unipersonales.- Podría pensarse que la dependencia funcional elimina la posibilidad de residir de manera independiente, sin embargo la considerable proporción de personas en situación de dependencia que viven en hogares unipersonales demuestran que esto no es necesariamente así. Por otra parte algunas discapacidades dificultan la formación de pareja o el tener hijos. En Andalucía, y obteniendo resultados muy similares a los del total nacional, un 13,7% de las personas en situación de dependencia vive en soledad. Esta proporción se hace mayor entre la población femenina, donde las proporciones de quienes viven solas cuando existe dependencia se sitúan en un 16,4%. En los hombres el porcentaje resulta bastante menor, no llegando al 9%.

Si se tiene en cuenta la edad se observa que ser mayor incrementa significativamente las posibilidades de no cohabitar con otras personas, incluso tratándose, como es el caso, de personas que requieren de la ayuda de otras para el desempeño de determinadas tareas. Cerca de un quinto de la población dependiente de 65 y más años (18,8%) residen en hogares unipersonales; este tipo de hogar apenas representa el 5% entre la población joven y adulta (entre 16 y 65 años). El dato más relevante que arroja el cruce entre tipo de hogar y hábitat es la proporción de soledad que se obtiene en los municipios más pequeños. Un 16% de las personas en situación de dependencia, que vive en municipios de menos de 10.000 habitantes, reside en soledad, porcentaje que además es sensiblemente superior al de España.

Factores como el envejecimiento rural y la generalización de las situaciones de viudedad en la vejez, contribuyen a explicarlo. En las demás categorías, correspondientes a municipios de mayor tamaño, se han obtenido proporciones al menos tres puntos porcentuales más bajas. Conviene prestar especial atención a este dato, ya que los municipios más pequeños adolecen, en no pocas ocasiones, de una mayor dificultad en la distribución de los servicios, y el acceso a la red familiar de cuidados puede verse dificultado por el desplazamiento de las generaciones más jóvenes a municipios de mayor tamaño. Se plantea entonces la necesidad de focalizar esfuerzos para que en estas zonas se facilite el acceso a los recursos sociales ideados para este colectivo. Previsiblemente una alta proporción de personas con dependencia viudas viven en hogares unipersonales (31,8%), y casi el mismo porcentaje se obtiene entre las separadas o divorciadas (30,9%). El porcentaje de personas solteras es mucho menor (12,0%).

El nivel de instrucción también es significativo; las personas analfabetas y las que tienen estudios superiores viven solas con mayor frecuencia (15,7 y 15,1% respectivamente).

Viviendo en pareja

Algo más de un quinto (21,8%) de la población andaluza en situación de dependencia vive en pareja, la forma de convivencia más frecuente entre este colectivo después de los hogares multigeneracionales, con proporciones apenas un punto inferior que las obtenidas para el total nacional. Los hogares constituidos por parejas son más frecuentes entre los hombres en situación de dependencia que entre las mujeres. En concreto éstos tienen una probabilidad 1,4 veces mayor de vivir con una compañera. La mayor esperanza de vida femenina, y su menor edad media al casamiento, aumentan la probabilidad que los hombres tienen de mantener la pareja hasta el final de su vida. Entre las personas mayores de 65 años en situación de dependencia el convivir exclusivamente con la pareja se da de manera mucho más frecuente que entre las que tienen entre 16 y 64 años, con porcentajes de 14,9 y 26,3 respectivamente. La relación entre la convivencia en pareja con el hábitat, así como con el nivel de instrucción, se difumina y no se aprecian patrones claros en los resultados que ofrece este cruce. En cuanto al estado civil, el 46,1% de las personas con dependencia casadas convive en pareja, apenas un 4,2% de las separadas o divorciadas y un 2,6% de las solteras reside de esta forma.

Hogares multigeneracionales

Más de la mitad (53,7%) de la población en situación de dependencia convive en hogares multigeneracionales, (pareja con descendientes, familias monoparentales y parejas o persona con su nieto/s o nieta/s). Los hombres en situación de dependencia conviven en hogares multigeneracionales con mayor frecuencia que las mujeres en su misma situación. Y aunque esta diferencia se produce también tomando como referencia la población en situación de dependencia de toda España, en Andalucía es ligeramente superior. Como cabe esperar, la población infantil dependiente se concentra casi de manera exclusiva en este tipo de hogares (95,3%). Las personas que tienen entre 16 y 64 años también registran muy altos porcentajes de residencia multigeneracional; el retraso de la edad de emancipación junto con las reagrupaciones que pueda producir la dependencia, tienen que ver, con toda probabilidad, con la predominancia que este tipo de hogar logra en este grupo de edad. Tres de cada siete (42,3%) personas mayores en situación de dependencia cohabitan de esta forma; de nuevo, en este grupo pueden estar operando los dos factores citados con anterioridad: por un lado, puede haber personas mayores que debido a su nivel de dependencia convivan con algún descendiente facilitando así el flujo de recepción de cuidados, pero dado que este tramo de edad comienza en los 65 años, también habrá hogares con mayores en situación de dependencia que cohabiten con descendientes no emancipados.

Entre la población dependiente la convivencia multigeneracional destaca, con porcentajes del 58,3%, en municipios de tamaño medio, estos son los que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes, y presenta comparativamente la menor proporción en los más pequeños donde obtiene un 48,9%. Las personas en situación de dependencia con estados civiles que implican ausencia de pareja, muestran mayor tendencia a la convivencia con otras generaciones. Un buen porcentaje (54,4%) de personas viudas declara vivir en hogares multigeneracionales; presumiblemente son personas de avanzada edad que ante el cuadro de dependencia pasan a convivir con alguno de sus descendientes para la obtención de cuidados. Las personas con dependencias separadas o divorciadas cohabitan con otras generaciones incluso en un mayor porcentaje (57,6%). Pero la mayor concentración en hogares de este tipo se da entre las personas con dependencia solteras, entre las que dicha forma de convivencia alcanza el 63,4%. Gran parte de la convivencia multigeneracional se produce con los padres y responderá a un perfil de personas más jóvenes.

Otro tipo de hogar

Bajo la categoría de “otro tipo de hogar” quedan reunidos todos aquellos hogares de dos o más personas que no han sido descritos en los anteriores apartados, es decir, si existe parentesco, éste no será de línea directa, los sujetos serán por tanto hermanos, cuñados, suegros etc. Pero tienen incluso cabida hogares en los que el tipo de relación no es familiar, como son aquellos en los que la persona en situación de dependencia cohabita con un empleado o con un huésped, por citar algunos de los ejemplos posibles. En Andalucía estos tipos de hogar son algo menos frecuentes que en España en su conjunto: un 10,1% y un 12,5% respectivamente entre las personas en situación de dependencia. Este tipo de hogares es más frecuente entre las mujeres, entre los mayores de 64 años y en las zonas rurales. La proporción de personas con dependencia casadas que conviven en otro tipo de hogar es comparativamente muy pequeña (4,6% en Andalucía y 5,6% en España); parece por tanto que es la ausencia de cónyuge lo que lleva a buscar formas alternativas de convivencia, pero especialmente en el caso de las personas con dependencia solteras, que son las que en mayor proporción cohabitan en otros tipo de hogar (22,0% en Andalucía y 25,9% en España). Se encuentra mayor proporción de estos tipos de hogar entre las personas en situación de dependencia cuyo nivel de instrucción no pasa de los estudios primarios, especialmente en el caso de las analfabetas.

Gravedad de la discapacidad y tipo de hogar

Las personas en situación de dependencia que viven en pareja presentan una gravedad de la discapacidad en general más leve que las que viven en los demás tipos de hogar analizados; casi dos quintos (39,6%) presentan una gravedad baja (lógicamente su menor edad media es buena parte de la explicación). No obstante, cerca de la misma proporción tiene una discapacidad media (38,5%) y el 21,9% alta.

En los hogares multigeneracionales la gravedad de la discapacidad es mayor. El 38% de personas en situación de dependencia que conviven en hogares con otras generaciones tiene una gravedad alta en sus problemas, y otro importante porcentaje, 34,5%, la presenta en un nivel de gravedad moderado. En conjunto suman un 72,5% de personas que dada la situación de dependencia en la que se encuentran y el grado de severidad de la discapacidad que muestran, precisan una importante necesidad de cuidados.

El panorama en los hogares unipersonales en cuanto a gravedad de la discapacidad, es también arduo, y de hecho no dista mucho en cifras del dibujado para los multigeneracionales. El porcentaje total de personas que presenta una gravedad de media a alta es el mismo que en los hogares multigeneracionales, 72,6%. Entre las personas en situación de dependencia que viven solas, el porcentaje de las que quedan encuadradas dentro de la categoría de gravedad media es mayor, 42,0%; por otro lado, la gravedad alta tiene menos predominancia, 30,6%.

Donde mayor prevalencia tienen las discapacidades graves es en los hogares categorizados como otro tipo. Cerca de la mitad las personas que conviven de esta forma tienen una gravedad alta (49,2%). Casi un tercio, 32,9%, obtiene el grado medio, y tan sólo el 17,9% se encuadra en la categoría de gravedad más leve. Se describía en apartados anteriores que el perfil de las personas que habitan en estos tipos de hogar responde a personas de avanzada edad, en su mayoría mujeres, con bajo nivel de instrucción, que no han formado su propia familia nuclear y por tanto permanecen solteras; todo ello variables en las que se han observado mayores proporciones de discapacidad y dependencia, y que finalmente dibujan el cuadro de mayor gravedad de la discapacidad.

Cambios de domicilio

En ocasiones la discapacidad puede motivar un cambio de domicilio; en Andalucía un 11,7% de la población dependiente así lo declaró: en la mitad de los casos este cambio se produjo para recibir atención familiar, casi tres de cada diez porque existían barreras arquitectónicas que dificultaban el acceso al antiguo domicilio.

Los hogares de las personas con discapacidad en situación de dependencia frente a las que gozan de autonomía funcional

Disponer de autonomía funcional o necesitar ayuda para la realización de determinadas actividades cotidianas marca una serie de diferencias que se advierten en la composición de los hogares de las personas con discapacidad. La proporción de personas que viven solas es mayor entre la población con discapacidad que goza de autonomía, situándose tres puntos porcentuales por encima de las que están en situación de dependencia (16,4 y 13,7% respectivamente). La convivencia en pareja también es más frecuente entre las personas no dependientes: un cuarto de ellas conviven de esta forma, mientras que cuando existe dependencia los porcentajes no llegan al 22%. Los hogares multigeneracionales y los clasificados bajo la calificación de otro tipo tienen una presencia mayor entre las personas en situación de dependencia; especialmente estos últimos, que se colocan 4,5 puntos por encima del dato obtenido en la población discapacitada no dependiente.

Relaciones familiares y sociales

Este apartado incluye el examen de los siguientes indicadores: la cercanía de vivienda, la frecuencia de contacto personal y la frecuencia de contacto telefónico con un grupo de figuras familiares más amigos o vecinos, así como la medición del grado de oportunidad de interacción con otras personas ante una serie de situaciones dadas.

Cercanía y contactos con la familia

Comentadas ya la relevancia de la familia para la calidad de vida de las personas, la importancia de esta red cuando existe dependencia por ser principal fuente de cuidados y, en general, el papel que juega como red de seguridad para lo imprevisto o extraordinario, en este epígrafe se analizan las distintas variables que proporciona la EDAD sobre la red familiar de las personas en situación de dependencia en Andalucía. Puede considerarse a priori que la primera de tales variables, la cercanía residencial con familiares y/o amistades, facilita las redes con éstos. A mayor cercanía con un familiar o amigo, más probabilidades de que se produzcan contactos y de que exista una red consolidada. La cercanía cobra especial relevancia al analizar, como es el caso, la población en situación de dependencia, por la elevada frecuencia con que se asocia a los problemas de movilidad. El grado máximo de cercanía de la vivienda es la cohabitación bajo el mismo techo. Un 12,7% de las personas en situación de dependencia vive en el mismo domicilio que sus padres.

Otro 7,6% tiene si no, una gran proximidad residencial, viviendo en el mismo edificio, en el mismo barrio o pueblo, o en la misma ciudad. Un 3,5% tiene a sus padres en distinta ciudad o pueblo, en otra provincia o incluso en otro país. Pero la gran mayoría de las personas en situación de dependencia declara no contar ya con sus progenitores, lo cual guarda relación con la elevada edad media de este colectivo. Si se descartan las personas que declaran no tener padres, la residencia en el mismo domicilio pasa a representar el 53%. Cuando se les pregunta por la cercanía respecto a alguno/a de sus hijos/as la convivencia en el mismo domicilio es de un 44,6%; cerca de un quinto (18,1%) vive en el mismo barrio o pueblo, que junto con el 6,3% que declara tener a los hijos en la misma ciudad y el otro 2,8% que de hecho vive en el mismo edificio, suman un 27,2% de personas en situación de dependencia que tiene a alguno de sus descendientes cerca. Un 10,2% convive con hermanos y/o hermanas; presumiblemente, buena parte de estos casos son personas con dependencia jóvenes y esta convivencia se hace en el domicilio paterno en hogares de tipo multigeneracional. Una importante proporción de personas en situación de dependencia afirmó disponer de algún hermano o hermana viviendo en el mismo barrio o pueblo (29,4%), y otro tanto de alguno de sus nietos o nietas (25,9%). 

La proximidad física puede ser un elemento facilitador de las relaciones, como se comentaba al inicio, pero no es una garantía por sí misma. El análisis del indicador de frecuencia de contactos puede ayudar a matizar esto. Casi dos tercios de las personas en situación de dependencia (65,3%) ven a sus hijos/as todos o casi todos los días, y otra buena proporción (34,3%) a sus nietos. El contacto diario con algún hermano o hermana está menos generalizado, un 23,6% los ve todos o casi todos los días. No obstante, inciden los contactos fruto de la convivencia en el mismo domicilio, pues al analizar la cercanía ya se obtenía un 10,2% de personas en situación de dependencia que vivía con hermanos o hermanas. Por otra parte hermanos y hermanas son las figuras familiares cercanas que mayor porcentaje de personas en situación de dependencia manifiesta no ver si quiera una vez al mes (23,6%).

Los contactos telefónicos tienen una función complementaria a los encuentros personales, y son también muchas veces herramienta facilitadora de éstos, pero pueden además funcionar como alternativa a los encuentros en caso de lejanía física o en relaciones menos estrechas. En general, el uso del teléfono como medio de relación con familiares y amistades es menos frecuente entre la población en situación de dependencia (en esto, además de eventuales problemas funcionales, resultan también importantes las diferencias entre generaciones en el uso de la telefonía); aun así, un 40,3% dice hablar todos o casi todos los días con algún hijo o hija, apareciendo una vez más la relación paterno o materno filiar como la más significativa para este grupo. El contacto telefónico con los nietos es también intenso, si se tiene en cuenta que las proporciones de los que hablan a diario y los que lo hacen semanalmente suman un 30,2%; sin embargo, los hermanos y hermanas superan a los nietos con un 32,2% de contactos de la misma intensidad. Otros familiares son contactados telefónicamente con menor frecuencia.

Las amistades

La importancia de los vínculos familiares dentro de la red social de los individuos es obvia, pero existe también una necesidad de relación entre “iguales” que sólo los coetáneos pueden aportar por la similar comprensión de algunas situaciones asociadas a la etapa vital que están viviendo. Esos acompañantes pertenecientes a una misma o cercana generación se encarnan mayoritariamente en las amistades. La mitad de la población dependiente tiene algún amigo o amiga que vive en el mismo barrio o pueblo. Un 7,5% cuenta con alguna amistad en el mismo edificio. Los contactos con las amistades entre las personas en situación de dependencia son a priori frecuentes: tres de cada diez (30,1%) dicen ver a algún amigo o amiga diariamente, y otro 23,5% lo hace una o dos veces por semana; luego más de la mitad tiene contactos con alguna de sus amistades de manera habitual, sin perder de vista que cerca de dos de cada diez declaran no tener amigos (19,3%). La introducción de la variable edad en el análisis permite añadir que la frecuencia de contacto con las amistades va disminuyendo a medida que aumenta la edad. Tres quintos de la población andaluza en situación de dependencia (59,6%) de 6 a 15 años ve a sus amistades con una frecuencia diaria; sólo el 27,3% de las personas mayores frecuenta sus amistades con la misma intensidad.

El menor contacto con las amistades en la vejez no puede explicarse sólo por las mayores limitaciones que pueda implicar la dependencia en esta etapa vital, pues se ha comentado en otros apartados que la gravedad de la discapacidad entre la cohorte de 6 a 15 años es tanto o más grave que la que se da entre las personas de edad; el repliegue de la persona que se produce en la senectud  influye en el menor contacto con las amistades en esta etapa de la vida.

Las relaciones sociales no se componen exclusivamente de los contactos con familiares o amigos más cercanos. Existe un amplio espectro de situaciones cotidianas en las que se interactúa con otras personas y contribuyen a satisfacer la necesidad de relación. La comunicación por vía de estas redes de carácter más efímero o espontáneo, puede verse limitada en la medida que las capacidades de los individuos se vean mermadas. Esta encuesta permite un acercamiento a este tipo de situaciones ofreciendo datos del grado de oportunidad para dirigirse o hablar con personas desconocidas. Entre la población con discapacidad, disponer de autonomía funcional o estar en situación de dependencia implica importantes diferencias: si el 41,5% de las personas con discapacidad pero autónomas afirma tener muchas oportunidades de hablar con personas que no conocen, en el caso de las que se encuentran en situación de dependencia esta proporción sólo alcanza un 18,8%. Más de un cuarto de la población en situación de dependencia declara no tener ninguna oportunidad para interactuar de esta forma, mientras que sólo el 11,4% de los que gozan de autonomía se posiciona así.

Relacionarse con amistades o personas cercanas es algo para lo que un 67,6% de la población con discapacidad con autonomía funcional considera disponer de muchas oportunidades; cuando existe necesidad de ayuda la proporción desciende hasta el 46,3%. Entre las personas autónomas el porcentaje que declara no tener ninguna oportunidad de relacionarse con amistades o personas cercanas es realmente bajo, 3,8%, mientras que las que se encuentran en situación de dependencia suman un 12,0%. Las oportunidades para hacer nuevos amigos son muchas para un 34,2% de las personas que gozan de autonomía pese a su discapacidad, pero sólo para un 15,3% si se encuentran en situación de dependencia. Para un 37,1% de estas últimas no existe dicha oportunidad, tampoco para un 18,6% de las que gozan de autonomía funcional.

Las personas mayores en situación de dependencia son las que menos ocasiones de relacionarse tienen; siete de cada nueve (77,4%) han tenido poca o ninguna oportunidad para dirigirse o hablar a personas que no conocen en los 12 meses anteriores a ser entrevistados; un porcentaje aún mayor (78,3%) no tuvo oportunidad de hacer amistades nuevas, y la mitad de ellos apenas tuvieron ocasión de relacionarse con amistades o personas cercanas o no lo hicieron en absoluto. La población adulta en situación de dependencia muestra también porcentajes relativamente altos que apuntan a la poca oportunidad de socializarse que este grupo tiene. La población infantil (de 6 a 15 años) aparece como la más activa socialmente.

La prestación de cuidados  

Las necesidades de cuidado cubren un amplio espacio de la realidad que abarca distintas fases de la vida, percances y características, así como los efectos que ello produce en el desenvolvimiento cotidiano de las personas. La edad, la enfermedad, la discapacidad y la dependencia forman así un continuo en el que todos o alguno de esos elementos pueden acumularse, o, por el contrario, aparecer de forma independiente.

Una de las grandes ventajas de la encuesta EDAD es que además de proporcionar información sobre las personas que tienen alguna discapacidad, también ofrece nutrida información sobre las que cuidan a aquellas que necesitan ayuda para las actividades cotidianas; abarcando así el fenómeno de la dependencia desde sus dos puntos de vista fundamentales: por un lado la necesidad y recepción de cuidados y por otro la emisión de los mismos. Esta encuesta incluye un cuestionario específico que debía responder, siempre que fuese posible, la persona cuidadora principal, a través del cual se obtenía información de las características demográficas y sociales de las personas cuidadoras, del grado de profesionalización, del tiempo dedicado y tipos de cuidados, sobre las dificultades para prestar los cuidados, sobre su estado de salud y sobre aspectos profesionales, familiares o de ocio de los que habían tenido que prescindir por dedicarse a prestar cuidados.

El análisis del bloque que la encuesta ha dedicado al estudio de las personas cuidadoras se ve dificultado por la considerable proporción de registros de los que no se dispone de datos, y que ha sido categorizada como sin datos o no contesta (SD/NC). Se trata de casos en los que la persona con discapacidad declara recibir ayuda, pero no se conoce ningún otro dato acerca de la persona cuidadora. Se tendrán que tomar con cierta cautela, por tanto, los porcentajes que aquí se comentan, sin perder de vista que el porcentaje de SD/NC ronda el 30%.

Perfil sociodemográfico de la persona que presta cuidados  

La persona que la presente encuesta ha identificado como cuidadora principal es mayoritariamente una mujer, con una edad media de 53 años (en el caso de Andalucía, y 55 años para el total nacional), casada, con estudios primarios o inferiores, y de nacionalidad española; perfil que ha experimentado pocos cambios en los últimos 20 años (INSERSO, 1995, IMSERSO 2005). Como se ha dicho, la mayoría de las personas con dependencia que recibe cuidados los recibe de mujeres, 56,9%. Los cuidados por varones sólo representan un 15,3%, es decir, casi cuatro veces más la mujer que el hombre. Los datos para España indican una mayor presencia masculina, alcanzando casi el 18%. Algo más de un cuarto (25,4%) de los cuidadores identificados tiene entre 40 y 54 años, un quinto entre 55 y 69 años; y aún se encuentran cuidadores con 70 y más años (11,7%). En España existe una menor proporción de cuidadores hasta 40 años, sin embargo los grupos de edad de 55 a 69 años y de 70 más obtienen mayores porcentajes que en Andalucía.

El perfil de la persona cuidadora en Andalucía es por tanto algo más joven que el que se obtiene del total nacional, tal como apuntan estos porcentajes y la media de edad, que para esta Comunidad es dos años menor que la de España. En torno a la mitad de las personas cuidadoras están casadas (49,2% en Andalucía y 50,3% para España); el siguiente estado civil más frecuente es la soltería (14,0 y 13,7% respectivamente); es posible que esto apunte a la presencia de hijas o hijos en el hogar. En cuanto al nivel de instrucción, cerca de un cuarto de las personas cuidadoras en Andalucía son analfabetas y el 21,3% con estudios primarios. En España el porcentaje de personas analfabetas o con estudios incompletos es menor, de la misma manera que el de personas con estudios secundarios y superiores asciende. Tan solo un 3,2% declara una nacionalidad distinta que la española en Andalucía, siendo este porcentaje algo mayor, 5,5% en los resultados para España.

En cuanto a la relación con la actividad, se observa que el 22% de las personas cuidadoras se dedica a labores del hogar, otra buena parte de ellas se encuentra trabajando (18,3%) y el 15% son pensionistas (recibiendo prestaciones de jubilación o incapacidad permanente). Sin embargo, esta variable desagregada por sexo da muestra de los diferentes panoramas en los que tiene lugar el trabajo de cuidado según si la persona que los realiza es hombre o mujer: Casi dos quintos (38,3%) de las mujeres cuidadoras se dedican principalmente a labores del hogar, tan sólo un 3% de los hombres define así su actividad. En su caso, más de la mitad (50,7%) se coloca en la categoría de jubilados o incapacitados permanentemente. Casi un 29% de los hombres está trabajando, las mujeres en esta situación representan 4,5 puntos porcentuales menos. El desempleo pesa algo más entre las mujeres, pues un 13,5% declaró encontrarse en esta situación frente al 11,6% en el caso de los hombres.

 

Parentesco con el cuidador principal

A la luz de los datos, puede afirmarse que los mecanismos que tradicionalmente adjudicaban a las mujeres las labores reproductivas, y entre ellas, el cuidado a personas en situación de dependencia, siguen operando con fuerza y pese a las transformaciones que las mujeres han conseguido en otros ámbitos del sistema social. En Andalucía, como se verá, las diferencias entre la implicación de parientes varones y mujeres en las tareas de cuidado son incluso más marcadas que en el resto de España. Las referencias se hacen sobre el cuidador principal, pero muchas veces no es el único, existiendo otras personas que ayudan a quien está en dependencia o bien al propio cuidador principal. En Andalucía más de un cuarto de las personas en situación de dependencia (25,3%) tiene a una hija como cuidadora principal y tan sólo un 4,7% a algún hijo. En dos de cada diez (20,2%) se trata de la pareja; si se tiene en cuenta el sexo de ésta, los cónyuges femeninos pasan a representar el 11,7% frente al 8,5% que ocupan los masculinos. El papel de las madres en la principalidad del cuidado es mucho mayor que el de los padres: las primeras representan un 9,0% dentro de la distribución de parentesco, mientras que los padres apenas alcanzan el 1% (0,8%). Al margen de los vínculos familiares aparecen las personas empleadas para el cuidado con un 4,3%, y los servicios sociales con un 1,5%.

El peso porcentual que adquieren las figuras femeninas en la distribución calculada para el total nacional desciende respecto a los datos obtenidos en Andalucía, especialmente las hijas, que pasan a representar un 22,7%. Las madres obtienen un 8,1% y aunque el cónyuge femenino tiene prácticamente la misma representación que para el caso andaluz (11,7%) el papel del cónyuge masculino, así mismo, adquiere mayor importancia alcanzando cifras del 10,2%. Otras diferencias destacables son la mayor generalización de las personas empleadas para el cuidado (6,2% dos puntos porcentuales más que en Andalucía), y el mayor peso que ha obtenido la categoría que engloba otros familiares, amigos y otro tipo de relaciones.

La total predominancia femenina en la atención a la dependencia se torna aún más manifiesta si se analiza el sexo de cada una de las figuras de cuidado. La situación en la que más presencia masculina se percibe es aquella en la que la pareja procura los cuidados: en Andalucía, un 42,1% de las personas cuidadoras principales que son cónyuges o parejas de la que necesita ayuda son hombres. Cuando los descendientes cuidan de alguno de sus padres, los hijos varones apenas alcanzan el 16%, y así el porcentaje de varones va disminuyendo para el resto de categorías.

La ayuda: frecuencia e intensidad

A continuación se pretende cuantificar de manera aproximada la ayuda dispensada midiendo su frecuencia e intensidad. La ayuda que las personas cuidadoras dispensan en Andalucía es intensa y de larga duración. Más de tres quintos de las personas cuidadoras afirman prestar la ayuda todos o casi todos los días de la semana (62,8%), el 40% dedica ocho horas diarias o más, y un 31,0% lleva prestando los cuidados desde hace ocho años como poco. Los resultados para España son muy similares, revelando quizá una ligera menor intensidad horaria.

Consecuencias en la salud, trabajo y vida personal de quien cuida Las consecuencias negativas y las dificultades derivadas del trabajo de cuidado parecen tener una ligera mayor presencia en Andalucía que en España. Tres de cada diez personas cuidadoras principales (30,8%) declaran tener especial dificultad para realizar algunas de las tareas por faltarles fuerza física, siendo esta la dificultad que se da de manera más frecuente. Existe un 10,3% que piensa que la persona a la que cuida no colabora o se resiste ante algunas de las labores que lleva a cabo, y en la misma proporción se encuentran personas que tienen dudas sobre cómo sería la mejor manera de acometer determinadas tareas de cuidado. El 23,1% manifiesta no tener ninguna dificultad. En relación con los aspectos de salud o estado general, el 37,9% de las personas cuidadoras dice encontrarse cansado, un cuarto (25,7%) siente que se ha deteriorado su salud como consecuencia de las tareas de cuidado, un 21,8% declara sentirse deprimido, incluso un 11,4% ha tenido que ponerse en tratamiento para sobrellevar la situación.

Los problemas que plantean las tareas derivadas del cuidado de la persona en situación de dependencia no son los mismos para los hombres que para las mujeres y en general parece que estas últimas se encuentran con mayores dificultades. La falta de fuerza física es una dificultad que las mujeres declaran 1,3 veces más que los hombres. Además las mujeres se encuentran más a menudo con la no colaboración o resistencia de la persona con dependencia. Por otra parte, los hombres manifiestan dudas sobre la mejor manera de acometer las tareas en una proporción algo mayor que las mujeres, pero el porcentaje de hombres que dice no tener ninguna dificultad es, a su vez, notablemente superior (38,6 frente a 32,6%).

Las diferencias por sexo en cuanto a cómo afecta la responsabilidad de cuidado en aspectos relativos a la salud o estado general son aún más pronunciadas. El porcentaje de mujeres que considera que su salud se ha deteriorado, que dicen estar cansadas, se sienten deprimidas, e incluso que han tenido que ponerse en tratamiento, es notablemente superior que en el caso de los hombres (la distancia porcentual entre sus resultados no baja en ningún caso de los 10 puntos). Un 38,6% de los varones cuidadores dice no tener ningún problema, cuando sólo un 23,9% de las mujeres se muestra de acuerdo con ésta afirmación.

Las personas cuidadoras que cohabitan con la que se encuentra en situación de dependencia se enfrentan a problemas concretos fruto de la convivencia constante y a que la ayuda no se produzca puntualmente sino que se pueda dilatar a lo largo de toda la jornada. Esto tiene consecuencias sobre su tiempo de ocio, pero también puede afectar a sus trayectorias profesionales y económicas. A este respecto los datos señalan que casi tres de cada diez de los cuidadores que viven con la persona en situación de dependencia no pueden plantearse trabajar fuera de casa; proporción notablemente superior que los datos que arroja el total nacional, donde sólo un 22,7% está de acuerdo con esta afirmación. En torno a un 12% ha sentido que su vida profesional se resiente y otro tanto se ha visto obligado a dejar sus trabajos. No obstante, hay cuidadores/as que no han visto afectada su vida profesional o económica por el hecho de ser responsables de la ayuda que necesita la persona con dependencia, en concreto y para Andalucía representan un 37,8%, y para España en su conjunto un 41,2%. Menor es el porcentaje de cuidadores que no ha sentido las consecuencias de cuidado en su ocio, tiempo libre o vida familiar: en Andalucía sólo un 21% está de acuerdo con esta afirmación y una proporción algo superior tomando como referencia la población española (23,2%). Una amplia mayoría, en cambio, manifiesta que ha tenido que reducir su tiempo de ocio (63,4%), casi la mitad no puede irse de vacaciones (47,9%), el 41% no tiene tiempo para frecuentar sus amistades. Las consecuencias que el cuidado tiene sobre estos aspectos se muestran algo más acuciantes en Andalucía en que España.

Prestaciones sanitarias, sociales y económicas

La EDAD permite estudiar la utilización de algunos servicios sanitarios y sociales y la recepción de prestaciones económicas de carácter social o beneficios fiscales dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia. Una vez analizada la principal fuente de atención a las personas en situación de dependencia (el cuidado o asistencia personal), a lo largo de este epígrafe se centra el foco de interés sobre los resultados en relación con los servicios formales, los diferentes tipos de ayudas que se proporcionan desde el ámbito institucional. El 46,1% de las personas en situación de dependencia en Andalucía hizo uso de servicios sociales o sanitarios, como consecuencia de alguna discapacidad, y en el periodo de tiempo que abarcan los doce meses anteriores a la realización de la encuesta. Esta información desagregada por edad no muestra apenas diferencia entre los grupos, salvo un ligero descenso en el tramo de 65 y más años.

En el cuestionario de la EDAD se enumeraba un listado de servicios y se preguntaba acerca de su utilización y el régimen económico sobre el que se sustenta. De esta manera, se observa que un 35,6% de las personas en situación de dependencia en Andalucía hizo uso de la asistencia sanitaria prestada por personal hospitalario, y que un 33,9% recibió este servicio de forma gratuita. Los servicios de información, asesoramiento y valoración, así como los de transporte sanitario y/o adaptado fueron utilizados por un 11% de las personas con dependencia; prácticamente la misma proporción que los que pudieron recibirlos gratuitamente. Los porcentajes de utilización de los servicios enumerados por la encuesta calculados sobre el total nacional resultan ligeramente superiores a los de Andalucía.

Granada 16 de julio de 2025.

Pedro Galán Galán.

Páginas web consultadas:

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dega/empleo-de-las-personas-con-discapacidad/nota-divulgativa-2023

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dega/sites/default/files/docs/discapacidad.pdf