Se pretende que sea éste un espacio dedicado a entretener y deleitar (... a través de la fotografía fundamentalmente) ... a dar a conocer (...o traer al recuerdo) ciertos monumentos o espacios situados en el término o cercanías de Lahiguera. ...a llamar la atención por el estado de abandono y deterioro de muchos de ellos, ...y si llegara el caso, a remover la conciencia de todos los que somos "herederos" de tales monumentos y espacios, y que con nuestra aportación ayudásemos a la conservación de los mismos.
LA
ESTADÍSTICA DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL (EMISS) HA REGISTRADO
UN DECRECIMIENTO DEL 0,3% RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2024.
El Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) publicó en fecha 11 de abril de 2025 los
resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMISS).
Esta estadística ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información
de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando
los datos trimestrales disponibles desde 2011. Este producto se enmarca dentro
de la actividad Directorio de
Empresas y Establecimientos con actividad económica en Andalucía.
La información que se publica se
ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización
a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por
cuenta ajena, es decir, el Régimen General (incluido el Sistema Especial
Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar), el Régimen de la
Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta
Ajena).
En el mes de marzo de 2025 el
número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía asciende a
254.324, lo que ha supuesto un descenso del -0,2% respecto al mes anterior y un
descenso del -0,3% (785 empresas menos) respecto al mismo mes del año anterior.
Evolución mensual de las empresas inscritas en la
Seguridad Social en Andalucía (número)
Por provincias, Jaén y Sevilla
han registrado el mayor crecimiento interanual en términos relativos con un
incremento del 0,9% y 0,4%, respectivamente, en el número de empresas (183 y
210 empresas más).
Tasa de variación interanual del número de empresas
inscritas en la Seguridad Social en Andalucía.
Atendiendo al número de
trabajadores, se ha registrado un incremento interanual del 2,4%
para el total de Andalucía. Sevilla, Córdoba y Jaén son las provincias donde,
en términos relativos, más se ha incrementado el empleo con un 3,5%, 3,3% y
3,3% respectivamente.
Quedan
excluidos: los afiliados a mutualidades de funcionarios o de previsión social
de colectivos profesionales, los afiliados del Sistema Especial de Trabajadores
por Cuenta Ajena Agrarios en situación de inactividad, del Sistema Especial de
Empleados de Hogar y los de la actividad "Administración Pública y
defensa; Seguridad Social obligatoria".
Tasa de variación interanual del número de
trabajadores en las empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía.
Considerando el tamaño de las
empresas (según número de trabajadores), el mayor incremento relativo en el
número de empresas se produce en las de 250 o más trabajadores con un 5,6%
respecto al mismo mes del año anterior. En términos absolutos, el mayor incremento
se produce en el tramo de 10 a 19 trabajadores, con 321 empresas más respecto
al mismo mes del año anterior.
En cuanto al número de
trabajadores, el aumento más acusado en valor absoluto se registra en las
empresas de 250 o más trabajadores, con un incremento de 36.517 trabajadores,
que supone un crecimiento del 4,3% respecto al mismo mes del año anterior.
Empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía
según tamaño (número)
Trabajadores en las empresas inscritas en la Seguridad
Social en Andalucía según tamaño (número).
Analizando los resultados según
el sector de actividad al que pertenecen las empresas, los crecimientos más
acusados en el número de empresas en términos relativos se producen en las
secciones Actividades de
organizaciones y organismos extraterritoriales (16,2%), Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento (4,5%) y Construcción (3,3%). Por otra parte, las secciones que más
decrecen respecto al mismo mes del año anterior son Actividades de los hogares como empleadores
de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio (-4,8%), Industrias extractivas (-4,2%)
y Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca (-2,2%).
Tasa de variación interanual del número de empresas
inscritas en la Seguridad Social en Andalucía según sección de actividad. Marzo
2025.
Por último, si observamos la
situación del número de empresas según su naturaleza jurídica, son las Sociedades de responsabilidad limitada las
que registran un mayor incremento en términos relativos con respecto al mismo
mes del año anterior (2,3% y 2.501 empresas más). Por el contrario el mayor
descenso en términos relativos se produce en las Personas físicas (-2,5% y 2.814 empresas menos).
Empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía
según forma jurídica (número).
La Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMISS)
tiene por objeto proporcionar información estadística sobre las empresas,
obtenida a partir del Fichero de Cuentas de Cotización, agrupando en una única
unidad empresa por provincia a todas las cuentas con el mismo Número de
Identificación Fiscal, y a sus trabajadores en el periodo de referencia.
El número de trabajadores se
corresponde con el número de situaciones que generan obligación de cotizar,
considerando que la misma persona se contabiliza tantas veces como relaciones
laborales tenga.
Se proporciona información
mensual (referida al último día del mes) desde mayo del año 2020 y a nivel
municipal, del número de empresas y número de trabajadores por: tamaño de la
empresa, actividad económica, forma jurídica y territorio.
Tamaño de la empresa: los datos
se clasifican según los distintos tramos del número de trabajadores de cada
empresa.
Actividad económica: los datos se
ofrecen por sectores y secciones de actividad siguiendo la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09), de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la CNAE-09. A
cada empresa se le ha asignado la actividad económica asociada a su cuenta de
cotización, cuando solo tiene una cuenta de cotización, o a la cuenta de
cotización con más trabajadores, cuando tiene varias.
Forma jurídica: los datos se
clasifican en los distintos tipos de empresa diferenciando entre Persona física y Sociedad Limitada, Sociedad anónima, Sociedad cooperativa y Otras formas jurídicas.
Territorio: los datos sobre
número de empresas se ofrecen por provincia y municipio, y se corresponden con
las empresas que tienen algún centro de trabajo con trabajadores en alta en el
respectivo ámbito territorial y con las plantillas de dichos centros. Los datos
sobre número de trabajadores se ofrecen solo a nivel provincial con objeto de
preservar el secreto estadístico.
Esta estadística se publica desde
el 28 de julio de 2021 mensualmente debido a la disponibilidad más inmediata de
la información, aunque los anteriores resultados trimestrales siguen siendo
comparables con los actuales meses de marzo, junio, septiembre y diciembre,
según el correspondiente trimestre.
LOS ASALARIADOS RESIDENTES EN ANDALUCÍA PERCIBIERON EN
2023 UN SALARIO BRUTO MEDIO ANUAL DE 18.322 EUROS, UN 6,3% MÁS QUE LO RECIBIDO
EN EL AÑO 2022
En términos del “salario equivalente anual a tiempo
completo”, la percepción salarial media fue 25.113 euros.
La percepción salarial bruta de los hombres fue un
24,4% superior a la de las mujeres. En términos del “salario equivalente anual
a tiempo completo”, la diferencia salarial entre hombres y mujeres representa
el 8,8%.
El “salario equivalente anual a tiempo
completo” de los mayores de 40 años ascendió a 27.060 euros en 2023,
frente a los 22.589 euros de los menores de 40.
Las provincias con un salario bruto anual más alto en
2023 fueron Sevilla y Málaga.
En todas las capitales de provincia el salario superó
a la media provincial, en un rango que oscila entre el 10% en Málaga y el 35%
en Jaén..
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
publicó en fecha 23 de enero de 2025 los datos relativos a “Los salarios en Andalucía correspondientes
al año 2023”, derivados de la explotación de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL).
Los asalariados residentes en Andalucía percibieron de
media en el año 2023 un salario bruto anual de 18.322 euros, lo que supone un
6,3% más que en 2022. Cada asalariado trabajó en término medio un 73% del
tiempo que supondría una jornada completa que durase todo el año. Por tanto, en
términos del “salario equivalente anual a tiempo completo”1, la
percepción salarial media de los andaluces fue 25.113 euros, un 4,9% superior a
la de 2022.
La percepción salarial bruta de los hombres fue un
24,4% superior a la de las mujeres (20.192 euros los hombres frente a 16.226
las mujeres). En términos del salario por unidad de tiempo trabajado, la
diferencia salarial entre hombres y mujeres representa el 8,8% (26.108 euros
los hombres frente a 23.998 las mujeres).
El salario crece con la edad. El salario equivalente
anual a tiempo completo de los mayores de 40 años ascendió a 27.060 euros en
2023, frente a los 22.589 euros de los menores de 40. Por sexo, las diferencias
salariales son mayores con el aumento de la edad de los trabajadores.
Salario
medio por sexo y edad en Andalucía. Año 2023.
También se observan distintos salarios según el tamaño
del municipio. En 2023 el salario bruto de los 13 municipios andaluces de más
de 100 mil habitantes fue 21.541 euros, frente a 16.550 euros de media que
recibieron los asalariados residentes en el resto de municipios.
Salario y vidas laborales
En cuanto a las relaciones laborales que ha tenido la
persona a lo largo del año 2023, el salario bruto anual refleja una gran
diferencia entre las personas que han trabajado todo el año y las que no
(26.640 euros frente a 8.619 euros, respectivamente). La mayor parte de esta
diferencia se debe al distinto número de jornadas trabajadas en el año por cada
colectivo. No obstante, en términos del "salario equivalente anual a
tiempo completo", que elimina el efecto del número de jornadas trabajadas,
aunque se han reducido persisten algunas diferencias (28.542 euros para los que
trabajaron todo el año y 21.113 euros para los que no). Paralelamente, el
"salario equivalente anual a tiempo completo" decrece a medida que
aumenta el número de relaciones laborales de ocupación tenidas en el año
(26.917 euros si la persona tuvo un único episodio de ocupación, 22.550 si tuvo
más de uno).
En la publicación se incorporan también
características relativas a toda la trayectoria laboral de la persona. Así, el
salario crece con la antigüedad en la empresa (34.445 euros si la persona lleva
más de 10 años en la empresa frente a 22.913 euros si lleva menos de 10 años).
En cambio, el salario disminuye cuando la persona ha tenido alguna experiencia
de desempleo en su vida laboral (27.372 euros si la persona nunca ha tenido una
experiencia de desempleo, 24.267 euros si la ha tenido).
Asalariados
y salario medio para una selección de variables. Andalucía. Año 2023.
Salarios en las provincias y municipios de Andalucía
Las provincias con un salario bruto anual más alto en
el año 2023 fueron Málaga y Sevilla (19.448 y 19.399 euros, respectivamente).
En el extremo opuesto se encuentran Huelva (15.690 euros) y Jaén (16.024 euros),
las dos provincias con menores percepciones salariales medias.
En todas las capitales de provincia el salario superó
a la media provincial, en un rango que oscila entre el 10% en Málaga y el 35%
en Jaén.
Asalariados
y salario medio. Provincias y municipios mayores de 100 mil habitantes. Año
2023.
Si atendemos a los municipios mayores de 100 mil
habitantes, que incluyen las 8 capitales de provincia más los municipios de
Algeciras, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera, Marbella y Roquetas de Mar,
encontramos que Roquetas de Mar es el municipio con un menor salario bruto
medio (16.797 euros), seguido de Marbella (18.197 euros). En el otro extremo se
encuentran Granada (24.634 euros) y Algeciras (23.308 euros). Granada y
Algeciras son también los municipios en los que la distribución del salario
presenta mayor variabilidad.
Salario
medio y dispersión. Municipios mayores de 100 mil habitantes de Andalucía. Año
2023.
(1) El “salario equivalente
anual a tiempo completo” se calcula estimando para cada individuo el número de
“días equivalentes trabajados en el año” como suma de las duraciones (días) de
cada episodio de ocupación por cuenta ajena multiplicado por el respectivo
coeficiente de parcialidad, con esta información se calcula un salario por día
equivalente trabajado y finalmente, se expande el dato a un “salario
equivalente anual a tiempo completo”.
La Muestra
Continua de Vidas Laborales (MCVL) ofrece información sobre el
mercado laboral andaluz. Se trata de una muestra representativa de todas las
personas que a lo largo del año han tenido una relación administrativa con la
Seguridad Social, sea como cotizantes y/o como pensionistas.
Además de la información transversal que se viene
publicando de forma anual para las personas que residen en Andalucía, se ofrece
una explotación retrospectiva de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) y se realiza una
tabulación especifica relativa a los salarios que perciben los andaluces.
En Los
salarios en Andalucía la población de referencia la forman las
personas que han tenido alguna relación de ocupación por cuenta ajena a lo
largo del año. Se calculan dos medidas, el salario bruto anual y el salario
equivalente anual a tiempo completo, ambos desagregados por características de
la persona, de la trayectoria profesional a lo largo del último año y del
historial de relaciones con la Seguridad Social en toda la vida laboral.
EN EL AÑO 2023 ANDALUCÍA CONTABA CON 382.300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
EDAD LABORAL.
El 20,6% eran ocupados, principalmente en el sector servicios.
La tasa de paro de las personas con discapacidad era del 29,5%,
disminuyendo 2,9 puntos respecto a 2022.
La tasa de paro de las mujeres con discapacidad fue más alta (33,4%) que la
de los hombres con discapacidad (27,0%).
Según se desprende de la actividad estadística El Empleo de las Personas con Discapacidad, publicado en fecha
20 de diciembre de 2024, el número de personas en edad laboral con discapacidad
en 2023 era de 382.300 en Andalucía (un 0,4% más que en 2022). Este colectivo
representaba un 6,8% de la población de 16 a 64 años, del cual un 57,5% eran
hombres y un 42,5% mujeres.
La tasa de actividad de las personas con discapacidad en Andalucía ha
pasado del 29,9% en 2022 al 29,2% en 2023, aumentando la distancia con la tasa
de actividad de las no discapacitadas ya que en 2022 era del 74,1% y en 2023,
se situaba en el 75,3%. Por sexo, la tasa de actividad de los hombres con
discapacidad era del 30,7% y la de las mujeres del 27,2%, tras bajar en un año
1,5 puntos porcentuales en las mujeres y 0,1 en los hombres.
El 20,6% de la población con discapacidad en Andalucía era ocupada, frente
al 28,5% en España, aumentando dicho porcentaje respecto a 2022 en 0,3 puntos
porcentuales. Para los hombres la tasa de empleo era del 22,4% y para las
mujeres del 18,1%, de manera que en un año en los hombres ha subido la tasa en
0,9 puntos porcentuales y en las mujeres ha bajado 0,4 puntos. El 86,3% de
estos ocupados pertenecían al sector servicios, frente al 77,1% de los no
discapacitados.
La tasa de paro de las personas con discapacidad en Andalucía disminuye 2,9
puntos, situándose en el 29,5%, 11,6 puntos porcentuales mayor que la de las
personas sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con discapacidad bajó
2,0 puntos alcanzando el 33,4%, y el de los hombres bajó 3,4 puntos alcanzando
el 27,0%.
Evolución de
las tasas de actividad, empleo y paro de las personas según tengan discapacidad.
La tasa de salarización de las personas con discapacidad fue del 91,5%
(siendo la de España del 90,5%). De ellos, el 26,3% eran asalariados públicos,
porcentaje mayor que en los asalariados sin discapacidad que era del 21,9%.
El porcentaje de asalariados con discapacidad que tenían contrato
indefinido fue del 76,9%, superior a 2022 que era del 69,8%, e inferior al
porcentaje de contratación indefinida que presentaban los asalariados sin
discapacidad de Andalucía que fue del 78,0%.
El porcentaje de ocupados con discapacidad que trabajaban a jornada
completa era del 81,5% y el de las personas sin discapacidad del 86,2%.
Del total de ocupados con discapacidad que cotizaban a la Seguridad Social
en 2023, el 78,9% lo hacía en centros ordinarios (45.300 personas) y el resto
en centros especiales de empleo (12.100 personas). De los primeros, el 29,3%
tuvo algún tipo de deducción en las cotizaciones.
El 29,3% de los asalariados con discapacidad que trabajaban en centros
ordinarios fueron contratados mediante contratos específicos de discapacidad.
Diagnóstico preliminar para el II Plan deEmpleo de Personas con Discapacidad en Andalucía
https://www.youtube.com/watch?v=LrcvyBOEXyY
El 71,7% de las personas con discapacidad en edad laboral percibieron
alguna prestación, de ellas el 83,8% era una prestación derivada de la
incapacidad. De todos los discapacitados andaluces que percibían prestación
derivada de incapacidad, el 16,6% permanecían activos.
El Empleo de las personas con discapacidad ofrece datos sobre
la población andaluza de personas con discapacidad y su integración en el
mercado laboral, ofreciendo información sobre el propio colectivo: prevalencia
de la discapacidad, estudios, relación con la actividad, ocupados, percepción
de prestaciones, situación de dependencia y las características de los hogares
donde residen.
ElInstituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía mantiene su interés por la dependencia con esta explotación de la
Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia
(EDAD), 2008, la tercera gran operación estadística nacional, a la que la Junta
de Andalucía contribuyó en su día con un aumento de la muestra prevista. La
encuesta EDAD adopta las últimas convenciones internacionales en la definición
y clasificación de la discapacidad, terreno en constante revisión, en la
búsqueda de mayor operatividad para el diseño de políticas sociales. Persigue
atender la demanda de información para el Sistema Nacional de Dependencia. A
efectos de este estudio, se define dependencia como la situación de una persona
con discapacidad que recibe ayuda de otra para realizar actividades de la vida
diaria.
La inserción de personas con discapacidad en el
mundo laboral ha
traído múltiples cambios en las formas de abordar el tema, por parte de
familiares, las empresas, los compañeros de trabajo y las disposiciones legales
existentes.
Se trata de incorporar a una persona con
limitaciones físicas o intelectuales que conlleva ventajas y desventajas para
su propia salud corporal y emocional.
Una persona con discapacidad severa, no
debería ser incorporada al trabajo empresarial, pero sí, a trabajos que no
ameriten rigores, ni tensiones que vayan a generar complicaciones a su
condición pre existente.
Las opiniones sobre las personas con discapacidad en el ámbito
laboral están divididas, pero en medio del debate, podemos afirmar
que se ha avanzado en la última década. Ya que, antes ni se mencionaba el tema.
El problema de
la inserción laboral a personas discapacitadas tiene soluciónen la medida que haya acuerdos y mayor
compromiso de toda la comunidad involucrada.
Muchos
creerán que la familia es la
primera impulsora de que los discapacitados trabajen.Pero
no es así. La familia se opone con frecuencia a que el discapacitado labore,
por miedo a que le ocurra algo y no poder estar cerca para ayudarlos.
En muchas ocasiones ha ocurrido que la
persona con discapacidad, sufre de rechazo en su trabajo y regresa al hogar muy
desmotivado. Esta condición agrava cualquier padecimiento de la persona
discapacitada, porque bajan sus niveles de defensa psicológicas.
Pero, ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas
con discapacidad?desde
el núcleo familiar, fortalecer sus creencias en la bondad del trabajo. Y
también:
Los familiares deben evitar manifestar sentimientos
de lástima y
actitudes de compasión hacia la persona discapacitada. Además, deben dejarlos
hacer sus labores sin precipitarse a ayudarlos.
Los familiares deben valorar lo mucho o poco
que haga la persona con discapacidad, pues es la manera de impulsarlos a
que trabajen por cuenta propia.
Recientemente, se han presentado
propuestas del familiar sustituto
del discapacitadoen la empresa. Considerándose
una solución al problema de la inserción laboral con personas discapacitadas.
El familiar, se contaría entre el 5% del
personal discapacitado que contrata la empresa y podrá responder por las
labores asignadas al discapacitado.
Los
conflictos legales que pueda afrontar una empresa por personas con
discapacidad, se producen cuando hay incumplimiento de la ley.
Si bien es cierto que, ningún trabajador está obligado a declarar
que sufre una discapacidad, pero, por esta omisión, la empresa puede
finiquitar el contrato de empleo.
La empresa al contratar a una persona con
discapacidad debe cuidar de:
Para
preservar la integridad física del trabajador con discapacidad, la empresa
tiene que ajustar el puesto de trabajo a las condiciones de la discapacidad,
para que, el trabajador pueda desarrollar sus labores de forma eficiente.
La
Ley no establece un horario especial para las personas con discapacidad, sin
embargo, el trabajador puede llegar a acuerdos con el empresario, para cumplir
su jornada de trabajo.
Lo que tiene claro la ley, es que, el trabajador con discapacidad requiere de
atenciones médicas que conllevan a solicitar permisos para
ausentarse. Y esto se debe cumplir.
El
empresario no está obligado a mantener en el puesto de trabajo a una persona
que ha sufrido una discapacidad temporal. En estos casos, la empresa acude a
una indemnización y puede prescindir del contrato de este trabajador afectado.
Las
empresas deben colaborar con las personas discapacitadas provenientes de los
CEE, y las mismas serán objeto de ley, si efectúan despidos improcedentes. En
estos casos, quedarán excluidas de los múltiples beneficios establecidos en
este programa.
La empresa está
obligada a mantener trabajando a la persona discapacitada, por un lapso mínimo de 3 años. Si el
despido se produce con causa justificada, el trabajador debe ser sustituido por
otra persona discapacitada.
La
inclusión de personas discapacitadas en cualquier actividad laboral, puede
generar situaciones extraordinarias que deben ser canalizadas en un tiempo
oportuno, esto con la intención de proteger a todos los trabajadores de la
empresa.
Las personas con
discapacidad deben ser tratadas en igualdad de condiciones,y esto deberá cumplirse bajo los estatutos
de los valores fundamentales de respeto y convivencia en el ámbito laboral.
Cuando se presentan problemas en el ámbito
de trabajo con los discapacitados se debe manejar la situación de tal forma
que, todos los trabajadores comprendan la situación especial.
Para que esto ocurra, los trabajadores sin
discapacidad deben ser sensibilizados y por ende, se deben poner en práctica:
·Talleres
de formación para personas sin discapacidad
·Fortalecer
el liderazgo de la persona discapacitada
·Sensibilizarse
ante la posibilidad de sufrir una discapacidad
·Conocer
las características de la discapacidad del trabajador discapacitado
·Mantener
siempre acompañada a la persona discapacitada
·Resolver
conflictos entre trabajadores de manera inmediata
·Aplicar,
si hubiere lugar, sanciones a todos los implicados en un conflicto entre
trabajadores.
Los
trabajadores de una empresa siempre tienden a ser un grupo muy diverso, en
cuanto a personalidades, necesidades y procedencias. Lo que, en ocasiones,
puede traer como consecuencia, confrontaciones entre ellos, por diferencias
personales, por mal entendidos, o por la prevalencia de factores externos que
alteran el comportamiento.
De este escenario, pueden surgir conflictos entre trabajadores con o sin
discapacidad. Pero, si está involucrado un trabajador que sufre de
discapacidad, la mediación tiene que representar la mejor oportunidad para
expresarse y resolver todos los conflictos presentes.
Con la mediación, cada trabajador reconoce
sus errores y los manifiesta abiertamente, en consecuencia, puede aclarar las
circunstancias que lo llevaron a un mal procedimiento o a una mala actitud
hacia su compañero de labores.
La mediación de conflictos implica
compromisos entre los trabajadores, sin llegar a escenarios jurídicos.
Finalmente, con estas medidas se espera
mitigar el impacto de los enfrentamientos o conflictos entre trabajadores con o
sin discapacidad.
La primera barrera a vencer para la persona con
discapacidad es, “ella misma”.
Porque nadie va a conocer mejor sus problemas, desafíos y potencialidades, que
ellos mismos.
La persona con
discapacidad debe proponerse trabajar y
desarrollar su creatividad en forma positiva.
El trabajador discapacitado debe
integrarse al mundo laboral en condiciones especiales, pero no
discriminatorias, ni ventajistas. Y deberá aprovechar estas oportunidades para
tener un sustento económico, seguridad laboral y para un mejor estado físico y
psicológico.
Contratar
a personas con discapacidad para
las empresas es muy importante porque les dan subvenciones, ayudas
del estado y obtienen un beneficio mucho más importante que se trata de la
satisfacción de estar ayudando y haciendo algo bueno por la sociedad.
Aproximadamente en España existen 4 millones de personas discapacitadasy
existen muchos mitos acerca de cómo trabajan estas personas. “Las personas discapacitadas tienen un
bajo rendimiento laboral”, “No puedo hacer inversiones para que la empresa sea
accesible”, “Las personas con discapacidad faltan mucho porque están siempre en
el médico”, “Tendremos inconvenientes legales”… Seguro que has oído mil
veces todas estas frases, pero no son verdad. ¿Sabes por qué? ¿Debe tu empresa
contratar a personas que tengan discapacidad? Desde discapacitados la respuesta es sí, ahora te lo explicamos todo y te
contamos por qué.
Si
en una empresa hay trabajadores discapacitados, las empresas se muestran mássensibles ante esta realidad
social y les lleva a estar más atentos a sus necesidades. Además, los empleados
se sienten orgullosos de las cosas buenas que hace su compañía como dar
oportunidades a un colectivo en
riesgo de exclusión social.
Si
contratas a personas discapacitadas estás contribuyendo a crear un mundo mejor.
Así la sociedad es más solidaria,
responsable y justa.
Es
un beneficio fundamental en la creación de marca, las empresas deben de tener
una responsabilidad social
corporativa (RSC). La RSC consiste en devolver a la sociedad lo que la
sociedad le ha dado. Y contratar a personas con diversidad funcional es
una ventaja competitiva muy fuertey
además los clientes lo valoran. Ante dos empresas iguales… ¿Compras en una que
ayuda a la gente y contrata personas con discapacidad o compras productos de
otra empresa que pasa olímpicamente de todo? Ahí está el kit de la cuestión
cuando las personas ven que la empresa está comprometida.
Las
personas que tienen discapacidad tienen tanto o mástalento, creatividad, responsabilidad que
las personas sanas. Así que puedes ampliar tu campo a la hora de buscar
personal. ¡Estarás luchando contra los estereotipos! Ten en cuenta que ellos
son personas capaces de saltar
grandes obstáculos, que han aprendido a vivir de nuevo y que pueden
aportar una visión lateral inimaginable a tu entidad.
Por
otro lado, las empresas tienen obligaciones
legales y un compromiso socialcon la inclusión de la
discapacidad. Si hacen esto, reciben ayudas y subvenciones por parte de la
Administración y este hecho es muy positivo y beneficioso para las empresas.
Stephen Hawking, Beethoven, Van Gogh, Frida Kahlo
y Robert Schumann fueron
grandes genios que tenían algo en común: la discapacidad. ¿Por
qué seguimos poniendo barreras a las personas con discapacidad? ¿No es
hora de que cambien las cosas?
“Contratar a un discapacitado no es cuestión de caridad
sino de productividad”.
Subvenciones para favorecer la inserción en el mercado laboral ordinario de
personas con discapacidad, facilitando la contratación de las mismas e
impulsando el empleo de calidad
¿Quiénes pueden beneficiarse?
Empleadores y empleadoras.
Empresas.
¿Qué actuaciones son objeto de subvención y cuáles son los importes?
Se subvencionan:
La contratación indefinida de personas
trabajadoras con discapacidad y la transformación en indefinidos de
contratos temporales de fomento de empleo o de contratos formativos.
Las medidas de tránsito de las personas
trabajadoras con discapacidad desde su empleo en los Centros
Especiales de Empleo al empleo en empresas del mercado ordinario de
trabajo a través de los enclaves laborales (estos enclaves laborales se
configuran como una subcontratación de obras o servicios entre un centro
especial de empleo y una empresa ordinaria. Su finalidad última es
incentivar su contratación con carácter indefinido en el mercado
de trabajo ordinario).
La contratación de personas con discapacidad de
forma temporal, con una duración mínima de contrato de 6 meses y al menos
un 50 % de jornada.
Los importes son los siguientes:
Contrato indefinido a jornada completa: 7.500
euros.
Transformación en indefinido a jornada completa:
5.200 euros.
Contrato temporal: 4.000 euros (contrato de 12
meses o más a jornada completa).
Incremento del 10 % si la persona contratada es
mujer.
Incremento del 20 % si la persona contratada
tiene especiales dificultades.
Incremento de 2.000 euros si la persona
contratada procede de un enclave laboral o un Centro Especial de Empleo.
Por adaptación del puesto de trabajo, una
dotación para medios de protección personal o para eliminar barreras
arquitectónicas: hasta 2.340 euros.
En los contratos de trabajo que se celebren a jornada parcial y en los
contratos de personas trabajadoras fijas discontinuas el importe de la
subvención se prorrateará en función al tiempo de trabajo efectivo.
Para aquellos contratos de trabajo inicialmente indefinidos que se realicen
el mismo día de la contratación por dos o más personas empleadoras, el importe
de la subvención de las ayudas se prorrateará entre las personas empleadoras en
función del tiempo efectivo de trabajo, no pudiendo superar dicho importe entre
todos los contratos.
Plazo de presentación
Plazo: 14/03/2025 – 30/11/2025
Ayudas a la contratación indefinida: el plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por contratación
indefinida será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio
del contrato o a la fecha de transformación del contrato laboral en indefinido,
siempre que se hubiera publicado la autorización de gasto. En caso contrario,
el plazo será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación
oficial de dicha autorización. Se atenderán con cargo a cada ejercicio
presupuestario las solicitudes referidas a contrataciones o transformaciones
desde 1 de noviembre del año anterior a 31 de octubre del año en curso.
Ayudas para la adaptación del puesto de trabajo, dotación de equipos de
protección o eliminación de barreras u obstáculos: las solicitudes deberán
presentarse antes del inicio de la adaptación y el plazo finalizará a los doce
meses contados desde el día siguiente a la fecha de inicio del contrato de
trabajo. La solicitud deberá presentarse necesariamente una vez publicada la
autorización del gasto correspondiente.
En el caso de que se haya realizado la adaptación mencionada, el plazo de
presentación de las solicitudes será de un mes a partir del último pago
realizado de las facturas presentadas, siempre que se hubiera publicado la
autorización de gasto correspondiente. En caso contrario, el plazo será de un
mes desde el día siguiente a la fecha de publicación oficial de dicha autorización.
Se atenderán con cargo a cada ejercicio presupuestario las solicitudes
referidas a inversiones realizadas y abonadas desde el 1 de noviembre del año
anterior al 31 de octubre del año en curso.
Con el paso de los
años, la inserción profesional de
las personas con discapacidad ha ido sufriendo transformaciones. Con el
fin de conseguir una plena colocación en el mundo laboral, las empresas se han
propuesto unir el crecimiento económico y el aumento de los propios beneficios
con la incorporación de personas con discapacidad a su zona de trabajo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),
en España 1,8 millones de personas en edad laboral tienen un certificado de
discapacidad, sin embargo, la tasa
de empleo entre este grupo tan solo es del 25,8%. Una situación
que, a pesar de haber visto un incremento en el último trimestre del año 2019,
se puede ver perjudicada por la crisis económica provocada por el COVID-19.
En la actualidad, la
inclusión laboral de las personas con discapacidad tiene una función social muy
importante. Uno de los elementos más determinantes ha sido la creación de
un marco normativo más
comprometido con la inclusión. Sin embargo, losestigmas que
acechan a este colectivo a la hora de acceder al mercado laboral no se han
desvanecido tan fácilmente como pudiese parecer a lo largo de los
últimos años, a pesar de los avances cotidianos y legislativos acontecidos.
Estos son solamente algunos de los beneficios que supone tener un trabajo para
las personas con discapacidad.
Adquieren una imagen
positiva de sí mismos: Dado
que tienen que tener una presentación adecuada en su puesto de trabajo, esto
conlleva aumentar la autoestima y
la percepción de la autoimagen, por tanto, adquieren una imagen más
útil de sí mismos, sintiéndose reconocidos socialmente y parte de un grupo social.
Avances en la
autonomía personal: Al
realizar actividades laborales y recibir una remuneración económica por
ello, la independencia de estas
personas se incrementa. Además, aumentan la calidad de las interacciones sociales, ya que no
cuentan con la ayuda o la presencia de familiares, provocando avances personales.
Mejoran su expresión
verbal: Puesto que ante
situaciones y vicisitudes propias del trabajo diario deben desenvolverse
socialmente en el entorno laboral y en el ámbito público, su expresión mejora con la experiencia que les otorga su
propia ocupación.
Satisfacción personal
y sentido de la responsabilidad: Este
aspecto es uno de los más importantes debido a que las personas con
discapacidad se sienten bien
consigo mismas y crece su responsabilidad a través del propio
hábito de la actividad laboral.
La inclusión laboral de
personas con discapacidad no solo cobra una mayor relevancia para ellos mismos,
sino que cumple una función socialpara el resto del equipo de trabajo.
La exclusión de las
personas con discapacidad muchas veces está fundamentada por razones basadas en
tópicos que todavía circulan actualmente entre los profesionales. Sin embargo,
son muchas las barreras que rompen estas personas al llegar a ocupar un puesto
de trabajo y, por ende, las
empresas de forma directa y las sociedades de manera indirecta se enriquecen de
forma sobresaliente a través de la diversidad. A continuación,
detallamos otra serie de ventajas que emanan de la inserción laboral de las
personas con discapacidad.
Mejora en el ambiente
de trabajo: La
inclusión de personas con cualquier tipo de discapacidad mejora el ambiente de
trabajo en el seno de la empresa, esto es debido a que son personas que generalmente tienen muchas
ganas de aprender y se caracterizan por ser leales, resilientes, comprometidas,
amables y humildes.
Sensibilización en el
resto del personal: La
oportunidad de trabajar con personas con discapacidad impulsa la aceptación de la diversidad y disminuye la
discriminación hacia este colectivo a través del trabajo codo con codo.
Permite contar con
trabajadores eficientes en tareas específicas: Algunas de las personas que padecen una
discapacidad tienen características especiales que les permite adquirir destrezas específicas o únicas
a las del resto de los empleados.
Beneficia la imagen
corporativa: La imagen
de la organización no solo se ve afectada de forma positiva a nivel
empresarial, sino que también se
beneficia de forma interna. Así pues, aumenta el orgullo de pertenecer a
una compañía que respeta, apoya e
integra al colectivo que conforman las personas con discapacidad.
En consecuencia, podemos
afirmar que la inclusión de
personas con discapacidad en el ámbito laboral y en el tejido empresarial de
cada territorio ha cobrado una importanciagradual a raíz de los evidentes beneficios que conlleva esta
inserción de manera bilateral y recíproca, tanto para el colectivo en cuestión
como para la propia empresa. No obstante, el número de personas que conforman
este grupo es muy numeroso y los hombres y mujeres afectados por cualquiera de los diferentes tipos de discapacidad que existen todavía
siguen encontrándose en una posición relativamente débil a la hora de competir
por la mayoría de puestos de trabajo. Una batalla de la que todos debemos
sentirnos y hacernos partícipes.
El 9,1% de
la población andaluza (725.390 personas) declara alguna discapacidad o
limitación para actividades de la vida diaria; un 5,3% se considera en
situación de dependencia (424.921 personas). En el conjunto de población de 6 y
más años, un 9,6% (716.136 personas) declara dificultad o discapacidad en
alguna de las 44 actividades por las que preguntó la encuesta. La proporción de
personas en situación de dependencia, sobre las que se centra este Informe,
alcanza el 5,6% (415.667) en ese conjunto. Son proporciones ligeramente
superiores a las nacionales.
En el
conjunto de los menores de 6 años, un 1,7% tiene limitaciones (9.254), y éstos
se consideran dependientes; es una cifra inferior a la nacional. En establecimientos
colectivos viven 30.684 personas, de las que 25.637 se encuentran en situación
de dependencia, una proporción muy superior a la del resto de la
población.La dependencia aumenta con la
edad. El 22,7% de los mayores (65 y más años) es dependiente. La dependencia
tiene un perfil envejecido: seis de cada diez personas en situación de
dependencia son mayores de edad. También tiene un perfil femenino. Sólo en las
edades infantiles y juveniles su prevalencia es algo superior en los hombres.
Entre adultos y mayores en cambio son las mujeres las que presentan dependencia
en una proporción más alta, unos 14 puntos porcentuales superior a partir de
los 65 años.Cuanto menores son los
municipios mayor peso tiene la población en situación de dependencia, con la
salvedad de las capitales de provincia y municipios de más de 100.000
habitantes.
Lógicamente
Sevilla y Málaga son las provincias que mayor número de personas dependientes
tienen, pero la mayor prevalencia se da en Jaén y Granada. Las personas en
situación de dependencia muestran un nivel de estudios más bajo, y se mezclan
ahí varios efectos (aunque el principal es su mayor edad). También es inferior
para los andaluces que para el conjunto de españoles. El tipo de discapacidad
más frecuente entre las personas en situación de dependencia es el que atañe a
las limitaciones de movilidad, que afecta a 347.527 personas. Están
directamente relacionadas con la vejez, que es mayoritaria entre la población
dependiente. El origen de las discapacidades es también diferente según edad:
suele ser mental en la población infantil, osteomuscular y sensorial en la
población de más edad. En los niños, las deficiencias congénitas, de nacimiento
o desarrollo son importantes; entre los mayores destacan los problemas degenerativos.
Los problemas mentales son los más frecuentes en la población residente en
establecimientos colectivos.
La
población infantil tiene un peso escaso entre la población en situación de
dependencia, pero la gravedad de sus discapacidades es alta. También destaca la
gravedad entre las personas de más edad. Hay más de trescientos mil andaluces
en posesión del Certificado de Minusvalía; sólo dos de cada tres han declarado
tener problema en alguna de las 44 discapacidades de EDAD y de ellos no todos
son dependientes (no reciben ayuda personal para sus problemas). El 13,7% de
las personas en situación de dependencia vive sola, en su mayor parte mujeres
mayores. Más de la mitad vive en hogares multigeneracionales (en estrecha
relación con la relevancia de los cuidados familiares), y sólo cuando la
gravedad es muy alta adquieren peso también los hogares de otro tipo. Casi dos
tercios (65,3%) ven a sus hijos/as todos o casi todos los días, y otra buena
proporción (34,3%) a sus nietos. El contacto diario con algún hermano o hermana
está menos generalizado. El perfil más frecuente de la persona cuidadora
principal en Andalucía es el de una mujer, con una edad media de 53 años,
casada, con estudios primarios o inferiores, que suele ser la hija o la cónyuge
de la persona necesitada de cuidados. Casi cuatro de cada diez mujeres
cuidadoras se dedican principalmente a labores del hogar. Entre los hombres
cuidadores predominan los jubilados. La ayuda que se dispensa a las personas
dependientes es intensa y de larga duración. Un 62,8% de los cuidadores
principales declara cuidar todos o casi todos los días de la semana, la mayoría
en jornadas de más de ocho horas. Además, el 31,0% lleva ocho o más años
cuidando. El cuidado tiene como frecuente consecuencia la sobrecarga para el
cuidador. Los principales efectos declarados son el deterioro de la salud, la
sensación de cansancio y la depresión, efectos que se acentúan en el caso de
las mujeres. También las relaciones sociales, el trabajo y el ocio se resienten
(dos de cada tres han visto reducido su tiempo libre). La naturaleza de la
ayuda prestada determina la mejoría en la situación de gravedad de las personas
dependientes. Mejoran más cuando reciben ayudas para actividades básicas de la
vida diaria, como el cuidado personal y cuando la persona dependiente tiene las
máximas dificultades declaradas. Un 35,6% de las personas en situación de
dependencia obtuvo asistencia sanitaria prestada por personal hospitalario en
el año anterior a la entrevista. Es el servicio más utilizado. Le siguen en
importancia los de información, asesoramiento y valoración y transporte
adaptado.
Los
cuidados médicos o de enfermería son los más utilizados en las dos semanas
previas a la encuesta. El 10,8% de las personas en situación de dependencia
recibió algún tipo de prestación económica, entre las que destacan, además, las
pensiones contributivas por discapacidad.Un 35% considera insuficientemente cubiertas sus necesidades de cuidado
(la proporción es mayor en los casos más graves). Este porcentaje es algo
superior al nacional. Granada, con 48,2%, y Jaén con 21,0%, son los dos
extremos de la escala. El 80% tiene alguna dificultad en hacer un uso normal de
las vías y transporte públicos.La tasa
de actividad es nueve veces inferior entre las personas en situación de
dependencia que en el conjunto de la población. Las medidas de integración
laboral benefician a una proporción escasa de esta población. Las redes
familiares y de amistad son el mecanismo principal de información y obtención
de trabajo. Los actores públicos o privados aparecen escasamente eficaces como
mediadores de inserción laboral. Un 13% de los andaluces en situación de
dependencia ha sentido ser objeto de algún tipo de discriminación durante los
doce meses anteriores a la encuesta. Dentro del ámbito institucional, se señala
un mayor sentimiento discriminatorio en la atención sanitaria. El nivel de
asociacionismo de la población en situación de dependencia (y de sus
familiares) es escaso (6,5%) y sin apenas diferencias respecto al conjunto de
España (7%).
En 1980 la OMS publicó una primera clasificación internacional, la
Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM), que aparecía como un complemento de las clasificaciones médicas
internacionales (como las de enfermedades o las de causas de muerte). Seguía un
esquema “causal” que, partiendo de las patologías causantes de deficiencias,
pasaba por sus impactos en las capacidades y llegaba finalmente a las
minusvalías resultantes. Una de las principales aplicaciones sociales de este
esquema en España fue la concesión de “certificaciones” de minusvalía, aplicadas
a la protección laboral o social. Pero el esquema médico de la CIDDM es
inadecuado para los nuevos objetivos de política social, que se comentan más
adelante, porque es fundamentalmente etiológico. Define la discapacidad en
función de la causa (la deficiencia previa), y no tiene en cuenta otros
elementos de la relación del individuo con su entorno físico y social,
precisamente los ámbitos en los que mayor énfasis ponen las políticas actuales.
La demanda de estadísticas se origina, cada vez más, en instituciones para las
cuales el marco eminentemente médico de la CIDDM resulta insuficiente. El
proceso de definición continúa así hasta una nueva clasificación oficial de la
OMS, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de
la Salud (CIF), publicada en 2001. En ella se persigue un esquema más holista,
menos médico y más social. Abandona el modelo lineal-causal, para construir un
modelo bio-psico-social que integre la complejidad y multiplicidad de
relaciones entre los distintos factores implicados. Es una clasificación de los
“componentes de la salud” (término utilizado en el enunciado oficial de la
clasificación), complementaria de las clasificaciones de la enfermedad (CIE), y
deja de tener el enfoque de “consecuencias” de la enfermedad, propio de la
clasificación de 1980, otorgando también relevancia a otros componentes. En
consecuencia la CIF define la discapacidad como el resultado de la interacción
entre las condiciones de salud de la persona y el contexto en el que vive. Y lo
hace en tres dimensiones de dicha interacción, siendo posible tener problemas
en una o en todas ellas:la del cuerpo
(funciones y estructuras corporales); los problemas o dificultades se llaman
aquí “deficiencias” la de la persona (ejecución de tareas, acciones y
actividades de la persona, que la propia CIF define y clasifica); los problemas
aquí se llaman “limitaciones en la actividad” la social (la persona en la
sociedad); los problemas en este ámbito son considerados “restricciones en la
participación”. (Véase el Real Decreto 1971/1999, procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía; modifica el
RD 1723/1981).
La propia discapacidad interesa ahora por la pretensión de integrar a las
personas en la sociedad; ya no es un atributo individual como en el modelo
anterior, sino un conjunto de condiciones que incluyen en gran medida el
entorno físico y social. Discapacidad y dependencia afectan a los derechos y a
las políticas sociales. De hecho la dependencia implica en sí misma una
relación social, la que se establece entre el demandante de ayuda y quienes se
la prestan. Y en este punto del discurso es donde adquiere importancia el
concepto de dependencia. En este momento existe un cierto consenso en su
definición: dependencia es la situación de una persona con discapacidad que
requiere ayuda de otra para realizar actividades de la vida diaria porque no
puede valerse por sí misma (Ley de Dependencia, 2006, artículo 2). Es decir, la
definición se centra tanto en los problemas físicos y funcionales como en la
naturaleza social de la dependencia; esta relación personal o social es la que
la distingue de la discapacidad, no siempre aparejada con una situación de
dependencia.
En definitiva, el interés social y político por la dependencia se ha
acentuado progresivamente, haciendo insuficiente el enfoque causal-médico ¿Por
qué?
¿Qué ha cambiado para que la dependencia adquiera este protagonismo? La
dependencia se ha vuelto central en las ciencias sociales y las políticas
públicas e incluso en amplios sectores de la actividad privada relacionados con
los servicios y cuidados. En apenas treinta años ha pasado de la práctica
marginalidad, relegada al anonimato de lo privado y doméstico, a ocupar un
lugar central en las políticas públicas. Para ello, como acaba de verse, ha
sido necesario un cambio de gran calado en su propia conceptualización (cómo se
entiende, se clasifica, se explica en su relación con las discapacidades, se
interpretan sus consecuencias), pero también en su relación con el resto de la
sociedad (consecuencias en las relaciones familiares, intergeneracionales,
requerimientos de bienes y servicios específicos, carga de cuidados e
implicaciones para la persona cuidadora). Dicho cambio es el resultado de
transformaciones que abarcan prácticamente todas las dimensiones del proceso de
modernización social, entre las que cabe destacar las siguientes:
Modernización demográfica. Con la extensión de la
supervivencia hasta la vejez, que hace innecesaria la elevada fecundidad
tradicional, las pirámides de población están inmersas en un proceso de cambio
sin precedentes históricos. El llamado envejecimiento demográfico multiplica el
peso de las personas en las etapasavanzadas de su ciclo vital y, por tanto, en mayor riesgo de
dependencia.
Supervivencia y salud de los mayores. La fase más reciente de dicho
proceso demográfico, además, empieza también a prolongar la vida de quienes ya
han sobrevivido hasta la vejez. Los años ganados, ahora en edades avanzadas, se
viven con un mayor riesgo de mala salud y dependencia “de ciclo de vida”,
sobrevenida a consecuencia de procesos degenerativos de la edad; aumenta
igualmente la probabilidad de supervivencia de las propias personas con
discapacidades congénitas, de desarrollo o accidentales.
Familia y convivencia. El cambio demográfico, junto a
otros de índole socioeconómica e incluso ideológica, modifica la estructura y
pautas de relación en los hogares y las familias. Los hogares son de menor
tamaño, y las familias se han verticalizado, aumentando el número de
generaciones presentes, lo que altera sus tradicionales potencialidades en el
cuidado a las personas en situación de dependencia.
Roles de género. La liberación consecuente de las ancestrales cargas reproductivas y
familiares femeninas, y la creciente igualdad social, legal y laboral, están
modificando el anterior papel cuidador de la mujer. La creciente formación y
ocupación laboral femeninas aumentan los costos de oportunidad derivados de la
función cuidadora.
Profesionalización y externalización de servicios. Servicios que hasta ahora se
prestaban en el ámbito familiar y a través de relaciones informales son
progresivamente asumidos por actores formales públicos o privados.
Progreso social y material. Creciente poder del común de los
ciudadanos para exigir mayores cotas de atención a sus necesidades y demandas
(de salud, de seguridad, de calidad, etc.). Dicha demanda ya no responde sólo a
la acción de las clases altas y los filántropos o reformadores sociales.
Redistribución de funciones entre Estado, mercado y familia ante la
necesidad de cuidados, especialmente a partir de los años ochenta del siglo
XX.Creciente multidimensionalidad para
abordar la dependencia, más allá de su mera vinculación a la discapacidad.
Mayor implicación de los científicos sociales en el tema, y creciente rechazo
al modelo estrictamente biomédico dominante.
¿Qué se hace en España para operativizar estos marcos conceptuales? Los
tempos del desarrollo estadístico y político son bastante similares a los de
los cambios internacionales que acaban de describirse, iniciados básicamente en
los años 80.
En 1986 el INE hizo una primera encuesta de ámbito nacional, la Encuesta
sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM). Se seguía en ella el
primer modelo OMS de 1980, de fuerte orientación médica y en consecuencia, la
discapacidad y la dependencia aparecían como un asunto básicamente médico. El
esquema causal propio de esta primera clasificación, condicionó el estudio de
los fenómenos implicados, y determinó la estructura de la propia encuesta y sus
preguntas concretas sobre deficiencias, discapacidades y minusvalías. El centro
de atención recaía en la deficiencia, sobre cuyos tipos, naturaleza, orígenes,
etc. la encuesta se explayó ampliamente. En los años 90 el debate político y
social sobre la discapacidad y la dependencia se intensifica en España, y con
él la demanda de datos en que basar las actuaciones. En 1999 se realizó la
segunda macroencuesta de estas características, la Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), que tuvo, además, la
funcionalidad de servir de referencia para los textos oficiales sobre el tema
(como el Libro Blanco de atención a las personas con dependencia, de 2004) y,
finalmente, para el diseño de la Ley de Dependencia de 2006. Esta nueva
encuesta debía recoger el cambio de intereses y conceptos, de modo que
introdujo cambios sustanciales como el abandono del concepto de minusvalía, un
mayor énfasis en los grados de severidad y mucha mayor atención al entorno,
físico, social y familiar. En ello influyó la inminente aprobación de la nueva
CIF por parte de la OMS, y todos los debates y borradores previos. Por último,
en 2008, el INE realiza la tercera gran operación estadística en este ámbito,
la ya citada EDAD (Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y
situaciones de Dependencia). Esta vez ya es plenamente operativa la CIF y,
sobre todo, esta vez la fuente responde, por primera vez, a los requerimientos
de información de la Ley de Dependencia, por lo que, entre sus objetivos, se
plantea “conocer las características de las personas con discapacidad y en
situación de dependencia”. Persigue también conocer la influencia de las ayudas
externas sobre la actividad de las personas, un paso claro en la
operativización de la fuente para el diseño de políticas sociales. Andalucía se
suma a este esfuerzo, aumentando la muestra de la EDAD en la Comunidad
Autónoma. Ya previamente había desarrollado una encuesta propia (el Proyecto
sobre Redes Familiares en Andalucía) sobre dependencia y solidaridad en las
redes familiares, que continúa una línea sobre estudios de salud y calidad de
vida.
En definitiva el esfuerzo conceptual, clasificatorio y estadístico
realizado en las últimas tres décadas persigue la operatividad para las
políticas sociales, más allá del ámbito médico individual. No es que ahora sea
una cuestión política y antes fuese sólo médica. Siempre fue política. Pero
antes de los años setenta la política trataba a las poblaciones desde otros
planteamientos y saberes, y el cuerpo era un punto de anclaje fundamental. Ahora
el foco de atención es el conjunto de relaciones y contextos implicados en la
dependencia.
Plan del informe
Aquí se van a aprovechar las virtualidades estadísticas de la EDAD (Encuesta
sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia), persiguiendo
esa mayor operatividad.
El énfasis del informe se pondrá en la dependencia. En esta introducción
previa (capítulo uno) se ha presentadoel marco conceptual de discapacidad y dependencia, y el plan del
informe. En el capítulo dos se identifican, a través de las grandes cifras, las
personas necesitadas de ayuda, entre aquellas que han declarado discapacidades
o limitaciones en Andalucía. En el capítulo tres se describen ya con detalle
características sociodemográficas fundamentales de estas personas (edad, sexo,
hábitat, estado civil y nivel de instrucción). Se completa el capítulo
atendiendo a colectivos especiales: niños menores de 6 años y población que
reside en establecimientos colectivos. Las discapacidades de las personas con
dependencia, y sus deficiencias de origen, son analizadas en el capítulo cuatro.
El capítulo cinco analiza las demandas y transferencias de recursos y ayudas
hacia las personas con dependencia. Ello incluye: la propia convivencia y
relaciones familiares y sociales, la identidad y características de los
cuidadores y los efectos del cuidado en su salud y en su vida laboral y
personal, un examen de las mejoras que resultan de la ayuda recibida y una
evaluación de la cobertura de las necesidades de cuidados, desde el punto de
vista de la persona con dependencia.
Dentro de la comunidad autónoma, Sevilla y Málaga son las provincias que
lógicamente tienen mayor número de personas con dependencia (6 y más años) pues
son las de mayor peso demográfico, pero la mayor prevalencia se observa en Jaén
y Granada.
En Andalucía son algo más de treinta mil personas, en su gran mayoría
afectados por alguna discapacidad e, incluso, por la necesidad de recibir
ayudas (25.637 personas con dependencia). En el resto de edades, cuando se
padecen discapacidades, interesa especialmente distinguir aquellas situaciones
que requieren ayuda en las actividades básicas de la vida. Afirman recibirla
415.667 de las personas que declaran tener alguna discapacidad, lo que supone
el 58,0% de quienes están en esa situación, y el 5,6% del conjunto de la
población de 6 y más años en Andalucía.
La prevalencia de la discapacidad en Andalucía es algo mayor que la
nacional (9,6% frente al 9,0%), y lo mismo ocurre con la de la dependencia, que
en España es del 4,9% y asciende al 5,6% en la población andaluza. Puesto que
su estructura por edades es más joven y, por lo tanto, favorable cuando se
trata de fenómenos como éstos en los que la edad es un factor fundamental, esta
diferencia es de hecho mayor.
Edad y sexo
La dependencia es más probable entre las mujeres: un 7% mientras que entre
los hombres esta cifra no llega al 4% (3,9%). El peso que obtienen las personas
con discapacidad no dependientes entre la población femenina es también
superior al que resulta en la población masculina (4,0 y 3,2% respectivamente).
Hay, por tanto, una marcada “feminización” de la discapacidad, que se
manifiesta con algo más de intensidad en Andalucía, donde la proporción de
discapacidad entre las mujeres es 4,2 puntos superior a la masculina (11,7
frente al 7,4); para el total nacional la diferencia es de 3,4 puntos. No
obstante, la estructura de edades matiza, como se verá a continuación, las
diferencias entre sexos, colocando el fenómeno de la feminización en edades
avanzadas; la mayor proporción de personas de 65 años entre las mujeres incide
en los resultados globales. Entre los 6 y los 15 años la prevalencia es mucho
menor; el 1,6% tiene algún tipo de discapacidad, y un 1,0% se encuentra en
situación de dependencia, resultados similares aunque algo inferiores a los del
total nacional. En el siguiente grupo de edad, las personas jóvenes y adultas
con discapacidad ascienden hasta el 5,7%. Es en estas edades donde la
discapacidad limita con menor frecuencia el desempeño de actividades. Las
personas con discapacidad que gozan de autonomía funcional superan ligeramente
a las que se encuentran en situación de dependencia, con proporciones del 2,8%
y 2,7% respectivamente. El peso que la discapacidad y la dependencia tienen
entre la población es notablemente mayor en el grupo de 65 y más años: una de
cada tres personas declara alguna discapacidad (33,8%), y más de una de cada
cinco se encuentra en situación de dependencia (22,7%); en ambos casos tres
puntos por encima de los resultados que se obtienen para España. El mayor peso
de discapacidad y dependencia en estas edades denota que la mayor parte de los
casos derivan de procesos degenerativos asociados al envejecimiento. Esto
evidencia la necesidad de políticas preventivas, y promoción de modelos de
envejecimiento activo y saludable, que amplían las posibilidades de una vejez
en buena salud y de retrasar la aparición de la dependencia. Teniendo en cuenta
ambas variables, edad y sexo, es en el intervalo de 65 años o más dondela diferencia entre hombres y mujeres cobra
importancia: las prevalencias femeninas superan a las masculinas en alrededor
de 14 puntos porcentuales.
Resumen del análisis detallado sobre la discapacidad y la dependencia en
Andalucía basado en la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones
de Dependencia (EDAD) de 2008.
Los puntos más importantes incluyen:
Prevalencia de Discapacidad y Dependencia:
El 9,1% de la población andaluza (725.390 personas) declara alguna
discapacidad.
El 5,3% (424.921 personas) se considera en situación de dependencia.
Características Demográficas:
La dependencia aumenta con la edad, siendo el 22,7% de los mayores de 65
años dependientes.
La dependencia tiene un perfil envejecido y femenino, con una mayor
prevalencia en mujeres a partir de los 65 años.
Distribución Geográfica:
Sevilla y Málaga tienen el mayor número de personas dependientes, pero la
mayor prevalencia se da en Jaén y Granada.
Tipos de Discapacidad:
Las limitaciones de movilidad son las más frecuentes entre las personas
dependientes.
Las deficiencias mentales son más comunes en la población infantil,
mientras que las osteomusculares y sensoriales predominan en los mayores.
Ayudas y Cuidados:
La mayoría de los cuidadores principales son mujeres, con una edad media de
53 años.
El 62,8% de los cuidadores principales cuidan todos o casi todos los días,
y el 31,0% lleva cuidando ocho o más años.
La sobrecarga del cuidador es común, con efectos negativos en la salud, el
trabajo y la vida personal.
Evaluación de la Ayuda Recibida:
Un 35% de las personas en situación de dependencia considera que sus
necesidades de cuidado no están suficientemente cubiertas.
Servicios y Prestaciones:
El 46,1% de las personas en situación de dependencia utilizó servicios
sociales o sanitarios en los últimos 12 meses.
Un 17,6% recibió algún tipo de prestación económica, indemnización o
beneficio fiscal.
Integración y Accesibilidad:
La Ley de Dependencia y su catálogo de prestaciones y servicios son
herramientas para eliminar barreras, aunque persisten barreras físicas, culturales
y normativas.
La accesibilidad en el transporte y las vías públicas es crucial para la
integración social.
Se analiza el nivel educativo y la integración laboral de las personas
dependientes, así como la percepción de discriminación y el papel del asociacionismo
en la defensa de sus derechos.
Comparación de Encuestas:
Se comparan las encuestas de discapacidad realizadas en España en los años
2008 (EDAD), 1999 (EDDES) y 1986 (EDDM), incluyendo estadísticas comparativas
de Andalucía y España desglosadas por sexo, edad, estado civil, nivel de
instrucción, tamaño del municipio, y tamaño del hogar.
Evolución de la Discapacidad y Dependencia:
Se analiza la evolución de la discapacidad y la dependencia en Andalucía
entre los años 1999 y 2008, destacando cambios en la prevalencia en diferentes
grupos de edad y sexo.
La proporción de personas en situación de dependencia desciende a medida
que la población del municipio es mayor, pero la pauta se rompe en los
municipios de más de 100.000 habitantes o capitales de provincia donde estos
porcentajes vuelven a subir. Los municipios con menos de 10.000 habitantesmuestran las proporciones más altas en
dependencia (6,4%), y este porcentaje va descendiendo hasta alcanzar 4,3% en
los municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes. En los entornos con mayor
número de habitantes, casi el 6% se encuentra en situación de dependencia (ver
Tabla 3.2). El porqué de esta relación no es ajeno, una vez más, a la
estructura de edades, resultando que los entornos más envejecidos son también
los que mayores proporciones de discapacidad y dependencia registran. La
comparación por sexo muestra que este mismo patrón se repite en hombres y en
mujeres, aunque con mayores proporciones de discapacidad y dependencia para
estas últimas. A la luz de los indicadores socioeconómicos las zonas rurales
suelen padecer carencias, especialmente en materia de infraestructuras,
transporte, servicios sociales, etc. El mayor peso de personas en situación de
dependencia en esas zonas debe tenerse en cuenta para que vivir en un entorno
rural no agudice los problemas consecuentes, y para que los municipios pequeños
no sean en sí mismo entornos discapacitantes.
Estado civil
El peso que la población mayor tiene entre las personas en situación de
dependencia se refleja directamente en la variable estado civil. El porcentaje
de situaciones de dependencia entre las personas viudas (28,1%) es mucho mayor
que entre cualquiera de los otros estados civiles, pues viudez está
estrechamente asociada a una edad elevada; por ejemplo, las personas con
discapacidad pero no dependientes son el 9,4%. Por el contrario, el menor
porcentaje se da entre las personas solteras, un 2,6%, pues la mayoría de estas
son jóvenes. En el caso de las personas con discapacidad pero capaces de
funcionar de manera autónoma se repite el mismo patrón, es decir, la
discapacidad también tiene más peso entre las personas viudas (39,0%). La
comparación por sexos no arroja muchos más matices a la cuestión del estado
civil, pudiendo destacar tan solo que la proporción de personas en situación de
dependencia entre las viudas supera en ocho puntos porcentuales a la que
resulta entre los hombres en su misma situación.
Nivel de instrucción
El nivel de estudios también aparece relacionado con la declaración de
discapacidad y/o dependencia, siendo el analfabetismo la categoría que muestra
la prevalencia más alta. La estructura de edades condiciona una vez más estos
resultados, porque la población mayor es la de menor nivel educativo. El nivel
de estudios es uno de los factores asociados a la clase social y guarda una
estrecha relación con el nivel de ingresos. Cabe inferir que el peso de
discapacidad y dependencia será comparativamente mayor entre las clases de
bajos recursos. La necesidad de que los servicios sociales y demás recursos que
trabajan en la promoción de la autonomía personal lleguen a esta población es
de importancia clave, pues la precariedad económica y educativa propiciarán que
las consecuencias negativas de la discapacidad sean mucho mayores.
La distribución porcentual de las principales variables sociodemográficas
Otra óptica del panorama de la dependencia la ofrece la comparación de las
distintas características (edad, hábitat, estado civil y nivel de instrucción)
de las personas en situación de dependencia y la población total de Andalucía:
dibuja un colectivo de mucha edad, con presencia mayoritaria de personas viudas
y con bajo nivel de instrucción.
Es destacable la presencia de personas de edad entre la población
dependiente, en mucha mayor medida de lo que correspondería a su peso
demográfico en el conjunto de Andalucía. La distribución de las personas
dependientes en el territorio sigue un patrón similar al resto de la comunidad.
La proporción de viudez entre la población con dependencia es también muy
notable si se compara con el conjunto de la población, como lo es la menor
presencia de solteros; en parte se explica porque las personas con dependencia
suelen ser muy mayores y entre éstas es la viudez el estado predominante. Pero
quizá donde las diferencias de distribución entre personas dependientes y el
conjunto de Andalucía es mayor es en el nivel de instrucción. La gran mayoría
de dependientes son personas con muy escaso nivel educativo, estudios
incompletos y analfabetismo. De nuevo el efecto edad está pesando en esta
distribución, al tener las personas mayores en general carreras educativas más
cortas e incompletas; también es posible que algunas personas con discapacidad
(especialmente de origen mental) no hayan podido alcanzar los mínimos niveles
educativos; la presencia de niveles superiores es más reducida.
Estudio de colectivos específicos
A continuación se proporcionan breves apuntes analíticos sobre subgrupos
poblacionales con características específicas en su relación con la
discapacidad y la dependencia: los menores de 6 años, las personas que no
residen en hogares familiares sino en residencias colectivas y los
beneficiarios del certificado de Minusvalía. Las limitaciones en los niños de
0-5 años La propia naturaleza infantil implica dependencia respecto a los
adultos, sobre todo en las etapas más tempranas. En las fuentes estadísticas
sobre discapacidad y dependencia lo habitual es un cuestionario distinto y
conceptos y categorías diferentes a la hora de investigar sobre los menores y,
de hecho, lo que se aplica no es el concepto “discapacidades” sino el de
“limitaciones”, adaptado a los comportamientos y capacidades propios de tales edades.
La pésima salud infantil que distinguía a España es ya historia. Hoy en
Andalucía los menores de seis años afectados por limitaciones son
afortunadamente escasos y de difícil detección por un muestreo normal, de
manera que la EDAD proporciona escasa significación estadística en esta clase
de edades. Se trata de 37 casos en niños, y 35 en niñas, que tras la
ponderación supondrían un total de 9.254 (4.647 niños y 4.607 niñas), el 1,7%
de estas edades. Esta proporción es ligeramente inferior a la del conjunto de
España, en cuya muestra los niños varones tienen mayor representación que las
niñas. Las limitaciones más frecuentes son “de desarrollo”, generalmente de
difícil delimitación en sus causas e, incluso, en el pronóstico de su evolución
posterior (el 49% de los casos requiere atención temprana o estimulación, el
45% tiene dificultades para hacer las cosas como los niños de su edad…) lo que
deja abierta la posibilidad de recuperación con la atención adecuada. Muy
escasos son, en cambio, los que presentan limitaciones derivadas de problemas
funcionales en órganos o sensoriales. Las deficiencias que están detrás de las
limitaciones más frecuentes son, en buena lógica, propias de los ámbitos
cognitivos o del sistema nervioso.
Paradójicamente, la preeminencia de estas deficiencias de origen, sumada a
que sus causas sean mayoritariamente congénitas, caracteriza a las sociedades
avanzadas, porque las otras casuísticas, las más abundantes en el pasado, se
han conseguido reducir extraordinariamente. Los problemas iniciados después del
nacimiento resultan hoy raramente en limitaciones infantiles gracias a las
mejoras en su detección y tratamiento, y los que puedan provenir del periodo de
gestación son igualmente señaladas de forma precoz a través de sus signos más
visibles en los análisis amnióticos y prenatales (con la posibilidad
consecuente de interrupción voluntaria del embarazo). Finalmente se estrecha el
cerco en torno a aquellos problemas congénitos de difícil detección, por
implicar órganos o funciones con consecuencias que sólo podrán ponerse en
evidencia una vez en marcha el proceso de desarrollo sensorial, cognitivo y
psicomotriz posterior al nacimiento. Se entiende así que, cuando puede
declararse una enfermedad diagnosticada como causa subyacente a la limitación
infantil, lo más frecuente sea encontrar diagnosis de espina
bífida/hidrocefalia, daño cerebral, síndrome de Down, etc. Se trata
generalmente de casos con diagnosis temprana, que permite una igualmente
temprana aplicación de refuerzos o tratamientos que mejoren el desarrollo
posterior a la vez que favorezcan la integración familiar y social.
Según la EDAD prácticamente la totalidad de estos menores recibe las ayudas
necesarias, pero en ello es evidente la principalidad de la función protectora
y de bienestar que en España se atribuye a la familia. Es prácticamente
inexistente el cuidado por personal empleado en la propia residencia, y cuando
existen ayudas de personas ajenas al hogar, se trata casi siempre de
familiares. Aún más, más de un tercio de las familias afectadas considera que
los cuidados que recibe el menor son insuficientes. Es una buena noticia desde
el punto de vista social, porque el motivo es la escasa prevalencia, pero no
para los afectados, que necesitan un mejor conocimiento de sus problemas por
parte de las administraciones.
Los problemas mentales (retrasos, deficiencias intelectuales, demencias,
enfermedades y trastornos mentales) destacan entre los institucionalizados de
menos de 65 años; el 88,8% de ellos ha declarado alguna deficiencia mental.
Algo menor, pero notable, es que el 55,1% de los mayores declara ese origen
para sus discapacidades, en claro contraste con los mayores que viven en
entorno familiar, entre los que “sólo” el 25,5% declara deficiencias mentales
como origen de sus problemas. En segundo lugar en importancia están las
deficiencias osteomusculares (columna, extremidades) para los mayores, y las
nerviosas para los no mayores. Para los mayores residentes en viviendas
familiares las deficiencias osteomusculares son, en cambio, las más importantes
(55,4% así lo declara). El resto de deficiencias tienen una importancia menor.
El patrón de enfermedades diagnosticadas para las personas en situación de
dependencia institucionalizadas difiere notablemente y en el mismo sentido que
las deficiencias. En los centros son más frecuentes individuos con graves
problemas mentales. Entre los no mayores, el 17,6% tiene daño cerebral
adquirido y el 14,2% esquizofrenia. Entre los mayores el patrón también es
diferente respecto a los más jóvenes y respecto a los que viven en familia;
entre los institucionalizados la enfermedad más frecuente es artritis y
artrosis (28,3% la declaran), pero es 68,0% en los que viven en viviendas
familiares; las demencias (22,4%) y la enfermedad de Alzheimer (19,4%) vienen a
continuación en importancia, y son menos relevantesentre los que viven en hogares.
Casi la mitad de la población institucionalizada en situación de
dependencia (45,8%) recibe visitas de sus familiares semanalmente, más
frecuentes entre los mayores (esta proporción está siete puntos porcentuales
por debajo de la media española); sólo uno de cada diez no recibe visitas
nunca. La frecuencia de visitas de amigos es más excepcional; más de la mitad
de los residentes no recibe visitas de éstos nunca.
En conjunto, el 83,6% de los residentes en establecimientos colectivos son
personas en situación de dependencia, es decir, reciben ayuda o asistencia personal
para algunas actividades, pero además, un 37,8% de ellos recibe asistencia o
cuidados personales en el centro al margen de los proporcionados por el propio
centro (acompañantes, terapeuta, etc.) y ocho de cada diez paga un extra por
ello.
Beneficiarios del Certificado de Minusvalía
Las personas que viven institucionalizadas tienen resueltas algunas
actividades de la vida diaria, especialmente las instrumentales. A pesar de
ello, en el cuestionario de la EDAD se preguntó por ellas, y había personas con
problemas declarados en esas actividades.
El Certificado de Minusvalía valora oficialmente el porcentaje de
minusvalía que tiene una persona como consecuencia de una discapacidad, siempre
que alcance un grado igual o superior al 33 por ciento, porcentaje mínimo de
condición de minusvalía. El Certificado es expedido por el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o el órgano correspondiente de las
comunidades autónomas. Véase el Real Decreto 1971/1999, procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía;modifica el RD 1723/1981. Según la EDAD,
363.186 andaluces tienen Certificado de Minusvalía, un 4,5% de toda la
población. La mayor parte de ellos (68,5%) ha declarado que tiene alguna
discapacidad de la lista por la que se preguntó en la encuesta, pero el 31,5%
son personas con discapacidad “oficial” que no ha declarado problemas en
ninguna de las 44 actividades por las que se preguntó; esta cifra es algo
superior a la de la EDDES. Desde la óptica de las personas en situación de
dependencia, es decir, de las que reciben ayuda personal para sus problemas
según la EDAD, sólo el 37,4% tiene Certificado de Minusvalía. La posesión es
mayoritaria entre los jóvenes dependientes (78,6% de las personas de 6-15 años
declara estar en posesión del mismo), y adultos dependientes (62,9% lo tiene),
y está menos extendida entre los niños de 0-5 años (29,6%) y las personas
mayores (22,2%).
Entre los dependientes que declaran deficiencias de tipo mental, del
lenguaje y nerviosas, los porcentajes de los que tienen certificado es mayor
que en los dependientes con otro tipo de deficiencias (osteomusculares,
auditivas, viscerales). Una explicación de la cierta incoherencia entre ser
dependiente y no tener certificado, y a la inversa, puede residir en que en las
edades señaladas, jóvenes y adultos, es donde se obtienen mayores beneficios
sociales o económicos o de otra índole con la posesión del certificado, o porque
puede tratarse de problemas más severos. También es posible que algunas
personas no realicen el procedimiento de obtención del certificado por cierta
prevención a ser etiquetados socialmente como minusválidos, si estiman que no
compensan los beneficios.
Los hombres tienen mayor número de discapacidades que las mujeres en los
tramos de 6 a 15 años y de 16 a 65 años. Sin embargo a partir de los 65 años el
número en mujeres es superior: un 78,6% tiene seis o más discapacidades
mientras que entre los hombres es de 74,8%. De la misma manera, a esas edades,
las mujeres con un número reducido de discapacidades suponen proporciones
menores que entre los hombres.
Tipo de discapacidad
La EDAD categoriza las discapacidades en ocho grandes grupos atendiendo a
la clase de actividades dificultadas: discapacidad visual, de audición, de
comunicación, de aprendizaje y aplicación del conocimiento, de movilidad,
autocuidado, vida doméstica y relaciones interpersonales. El tipo más frecuente
es el que implica dificultades de movilidad, y afecta a 347.527 personas
dependientes en Andalucía, cerca del 4,6% de la población total (de seis y más
años). Incluyen muy diversos tipos de dificultades en tareas como el cambio de
postura, andar y moverse dentro y fuera de casa, transportar objetos, o el
transporte público, entre otras. Abarcan el ámbito doméstico y extradoméstico,
resultando en la reducción del espacio físico cotidiano y la merma consecuente
de oportunidades sociales. El segundo tipo más frecuente se refiere a la vida
doméstica y se traduce en tareas tales como hacer la compra, la comida,
limpieza del hogar, etc.
Existen en Andalucía 336.756 personas dependientes con discapacidad en
alguna de estas tareas o, lo que es lo mismo, un 4,5% de la población de seis y
más años. La discapacidad para realizar tareas de autocuidado en las que se
incluyen, por ejemplo, el asearse, vestirse, comer, orinar, pero también el
evitar situaciones de peligro como apagar el gas o respetar los semáforos,
afecta al 4,1% de la población andaluza de seis y más años (309.162 personas).
La gran mayoría de las personas en situación de dependencia se ven
afectadas por estos tipos de problemas: un 83,6% tiene problemas de movilidad,
el 81,0% para realizar algunas actividades de las contempladas en vida
doméstica, y algo menos de tres cuartas partes (74,4%) de la población con
dependencia declara dificultades en las tareas de autocuidado.
Atendiendo a la edad, las dificultades de movilidad y en la vida doméstica
predominan destacadamente entre las personas mayores con dependencia, mientras
que no son tan frecuentes en la población dependiente de entre 6 y 15 años.
Estos últimos presentan sin embargo altos porcentajes de discapacidad en
Comunicación y Aprendizaje y aplicación del conocimiento. Los más jóvenes son
también los que presentan comparativamente mayores porcentajes en Relaciones
interpersonales. Visión y Audición son tipos de discapacidad más frecuentes
entre personas mayores, aunque con mucha menor presencia que las anteriormente
comentadas.
La distinción entre sexos revela ciertas diferencias, muy especialmente en
las actividades bajo la categoría Vida doméstica. Las diferencias culturales y
sociales fruto de la estructura sexo-género influyen probablemente en cómo
hombres y mujeres contestan a este bloque de preguntas y explica, aunque sólo
en parte, la marcada diferencia registrada en esta categoría.
La tradicional división sexual del trabajo supone que muchos hombres no
hayan tenido que afrontar las tareas domésticas o, en caso de llevarlas a cabo,
lo hayan hecho con un grado de exigencia y cumplimiento mucho menor, de manera
que si los hombres no las realizan o no son capaces de realizarlas no se
sienten mermados en modo alguno en sus capacidades y así lo manifiestan en las
encuestas. Para mantener el hogar, los hombres han contado tradicionalmente con
el trabajo de una mujer, generándose una “dependencia cultural” que nada tiene
que ver con el estado de salud;las mujeres, por el contrario, declaran necesitar ayuda en este tipo de
actividades cuando su estado de salud no les permite desenvolverse por sí solas.
Las mujeres obtienen mayores porcentajes en Vida doméstica, Movilidad, Visión y
Audición, que a su vez, son los tipos de discapacidad que con más frecuencia
presenta la población mayor. De la misma manera los hombres registran mayores
porcentajes en Comunicación, Aprendizaje y aplicación del conocimiento y
Relaciones interpersonales, todos ellos tipos de discapacidad donde la
población de 6 a 15 años supera con creces el resto de grupos de edad.
La entrada en discapacidad
La probabilidad de entrada en discapacidad relaciona los casos nuevos de
discapacidad con la población que no la experimentaba previamente (se excluyen
en el denominador a las personas que ya entraron en discapacidad). Dos hechos
merecen ser comentados. Como cabía esperar, la probabilidad es mayor cuanto
mayor es la edad, como sucede con la prevalencia y también con la
codiscapacidad (más discapacidades de media por individuo según aumenta la
edad). Se produce un incremento paulatino de la entrada a lo largo de la vida,
pero a partir de los 65-70 años aumenta exponencialmente, siguiendo un patrón
de comportamiento universal. La ralentización de ese incremento en torno a los
80 años, en cambio, no tiene fácil explicación; es posible que se trate de un
problema de muestra, de salida de observación (las personas que están peor, o
que entran en discapacidades más graves, acaban en centros residenciales), o
bien de un problema de redondeo de la edad, pues se pide a los entrevistados
que recuerden la edad a la que se iniciaron sus discapacidades, y la
posibilidad de equivocaciones puede ser alta, primero por errores de los
propios sujetos y segundo por falta de información del allegado que responde
(“proxy”) cuando no puede hacerlo el propio sujeto (situación tanto más
frecuente cuanto mayor es la edad, hasta suponer uno de cada tres casos en las
más avanzadas). En segundo lugar, el gráfico dibuja dos tipos bien definidos de
curvas: la entrada en discapacidades de movilidad, vida doméstica y
autocuidado, por un lado, y las demás (capacidades sensoriales, actividades
cognitivas y de relación) por otro. La probabilidad de entrada en las primeras
es mayor y más temprana que en las segundas; siguen un patrón ya conocido en la
literatura especializada acerca de la aparición de problemas en las actividades
de la vida diaria, instrumentales (como algunas de movilidad exterior y de
tareas del hogar) y básicas (movilidad interior y autocuidado). El segundo
grupo es de aparición más tardía y suele responder a fases de deterioro
cognitivo que se inician en edades avanzadas y con magnitudes inferiores, pero
que experimentan unfuerte aumento en
las edades más altas.
El origen de las discapacidades: las deficiencias
Deficiencia es cualquier pérdida o anomalía de un órgano o de la función
propia de ese órgano, por ejemplo, la ausencia de una mano, una paraplejia, un
retraso mental, etc. La contabilización de las deficiencias adquiere su máximo
sentido cuando se las reconoce como causa de la discapacidad. De acuerdo al
esquema conceptual en que se basa la EDAD, y que repite el mismo marco que la
anterior EDDES de 1999, todas y cada una de las discapacidades tienen una
deficiencia de origen; en buena medida se diseñó así la encuesta para hacerla
comparable con las anteriores. Pero precisamente la nueva CIF trata de huir de
la lógica excesivamente médica del anterior marco conceptual y clasificatorio
de la CIDDM. En definitiva, una contradicción que debe manejar todo usuario de
la nueva encuesta. Entre los jóvenes (6-15 años) predominan destacadamente las
deficiencias mentales (retrasos madurativos, deficiencias intelectuales en sus
diferentes grados, ligeras, moderadas y profundas, y otras enfermedades
mentales o deficiencias) como origen de limitaciones físicas o psíquicas; el
74,6% ha señalado estas deficiencias como origen de sus discapacidades.
En los adultos existe un cierto equilibrio en los orígenes de las
discapacidades; aún son importantes las mentales pero van adquiriendo
importancia las osteomusculares y nerviosas (paraplejias y otras). Finalmente,
los problemas osteomusculares predominan en las causas de las discapacidades de
las personas mayores en situación de dependencia, notablemente sobre las demás;
55,4% de los mayores declara que esa es la deficiencia de origen de sus
problemas; pero las demás tienen una representación importante; por ejemplo,
28,1% declara problemas en los órganos de visión, o el 26,0% en deficiencias
viscerales (aparato respiratorio, cardiovascular, etc.). También es notable que
los mayores declaren un mayor número de categorías de deficiencias que el resto
de la población, casi dos tipos de media por persona en situación de
dependencia; los jóvenes en cambio “centran” sus problemas en casi una única
categoría. Dado que el mayor número de personas en situación de dependencia son
personas de edad, la imagen general de la dependencia se asocia estrechamente a
estos problemas osteomusculares, a la escasa movilidad, y a continuación a
problemas mentales.
Las discapacidades sensoriales (de visión y de audición) tienen unas
deficiencias de origen casi exclusivamente centradas en problemas de los
órganos de la vista y la audición. Por ejemplo, el 41,3% de los ciegos o de los
que sólo distinguen la luz ha dicho que su deficiencia es visual; para los que
tienen sordera, el 39,9% señala que la deficiencia causante de la misma reside
en el órgano o función del oído (deficiencia auditiva).
Las deficiencias mentales afectan sobre todo a las funciones cognitivas
(comprensión, orientación, etc.), actividades de aprendizaje y de relación
interpersonal. Superan generalmente el 40% de los orígenes de esas
discapacidades, dejando otros orígenes causantes de las limitaciones con apenas
relevancia. Por ejemplo, el 45,6% de los que tienen dificultad para comprender
el significado de lo que dicen los demás, declara un problema mental como
origen de su limitación; o el 48,7% de los que tienen dificultad para prestar
atención, o el 42,6% de los que no pueden realizar tareas sencillas sin ayuda o
sin supervisión, o el 47,6% de los que tienen problemas para crear y mantener
relaciones con amigos, vecinos, conocidos o compañeros. Las deficiencias
mentales más habituales entre los mayores son las demencias, entre los jóvenes
los retrasos mentales, y entre los adultos otros tipos de trastornos mentales.
Las discapacidades de movilidad tienen su origen en deficiencias
osteomusculares, en especial las de las extremidades inferiores, en proporción
muy superior a las de columna y extremidades superiores. Dado que las
discapacidades relacionadas con la movilidad aumentan con la edad, las
deficiencias de origen asociadas también lo hacen; y además, como sucede con
las discapacidades, son más frecuentes entre mujeres. Por ejemplo, estas
deficiencias las declara el 28,3% de los que tienen dificultad para levantarse,
sentarse o acostarse, o el 26,3% de los que señala problemas para andar o
moverse dentro de la vivienda, porcentaje que se eleva al 27,6% si es andar
fuera de casa. En las restricciones de movilidad intervienen muchas otras
deficiencias, como las del sistema nervioso (parálisis, paraplejias,
tetraplejias, etc.) con cifras en torno a 12-14% de las causas, las mentales,
con una relevancia similar entre el 13-15%, o procesos degenerativos; a veces
los problemas de origen están relacionados con la vista o el equilibrio.
En las discapacidades de autocuidado y de problemas para la realización de
las tareas del hogar, las deficiencias osteomusculares vuelven a ser la causa
principal, pero compartiendo protagonismo con las deficiencias mentales y las
nerviosas. Por ejemplo, el 24,5% de los que tienen problemas para lavarse
señala aquellas deficiencias como la causa de su problema, un 18,3% declara
deficiencias mentales y un 12,8% deficiencias de tipo nervioso. Un repaso de
las enfermedades diagnosticadas que padecen las personas en situación de
dependencia confirma esta asociación de discapacidad y deficiencia. Dos de cada
tres mayores dicen tener diagnosticada artritis/artrosis y un 30% artritis
reumatoide, enfermedades muy destacadas sobre todas las demás; los problemas de
visión (cataratas) afectan al 35,6% de los mayores con dependencia, lo que
también provoca restricciones en la movilidad. Entre los más jóvenes (6-15
años) aparecen enfermedades diagnosticadas relacionadas con los problemas
mentales, como autismo, trastornos asociados al autismo, daño cerebral
adquirido, y a continuación le siguen en importancia enfermedades raras y
síndrome de Down.
En definitiva, la explotación de los datos de la EDAD ofrece un panorama
“lógico” de la relación entre las discapacidades implicadas en situaciones de
dependencia, y las deficiencias que están en el origen de tales discapacidades.
Las formas de convivencia de las personas, atendiendo a si cohabitan con
otras o no y el estudio de los vínculos que las unen, aporta datos
fundamentales sobre la vida social pues el hogar es, la mayoría de las veces,
un lugar básico de sociabilidad. En el caso de las personas en situación de
dependencia, la composición del hogar es un indicador aún más importante en
tanto en cuanto lo doméstico cobra una importancia fundamental, como centro
desde donde se procuran cuidados y por el repliegue que puede conllevar la
necesidad de ayuda. Conocida es la necesidad de relaciones sociales para la
salud de los individuos. Poseer una nutrida o sólida red social no sólo
contribuirá a tener buenos niveles de autoestima e influirá en la calidad de
vida, sino que facilita el flujo de información sobre salud y servicios
sanitarios, a la vez que constituye una puerta de acceso a canales de ayuda en
caso de necesidad.
El análisis de las redes sociales cobra especial importancia en el caso de
personas en situación de dependencia, pues muchas de ellas experimentarán una
ruptura o limitación al acceso y disfrute de las áreas clave que funcionan como
eje sobre los que se articula la identidad personal y los proyectos vitales.
Estos ejes articuladores serían, según el momento vital, la actividad
profesional, la actividad escolar y educativa. Cuando éstos no existen o se ven
reducidos, la necesidad de redes sociales cobra aún mayor protagonismo.
Composición de los hogares
Hogares unipersonales.- Podría pensarse que la dependencia funcional
elimina la posibilidad de residir de manera independiente, sin embargo la
considerable proporción de personas en situación de dependencia que viven en
hogares unipersonales demuestran que esto no es necesariamente así. Por otra
parte algunas discapacidades dificultan la formación de pareja o el tener
hijos. En Andalucía, y obteniendo resultados muy similares a los del total
nacional, un 13,7% de las personas en situación de dependencia vive en soledad.
Esta proporción se hace mayor entre la población femenina, donde las
proporciones de quienes viven solas cuando existe dependencia se sitúan en un
16,4%. En los hombres el porcentaje resulta bastante menor, no llegando al 9%.
Si se tiene en cuenta la edad se observa que ser mayor incrementa significativamente
las posibilidades de no cohabitar con otras personas, incluso tratándose, como
es el caso, de personas que requieren de la ayuda de otras para el desempeño de
determinadas tareas. Cerca de un quinto de la población dependiente de 65 y más
años (18,8%) residen en hogares unipersonales; este tipo de hogar apenas
representa el 5% entre la población joven y adulta (entre 16 y 65 años). El
dato más relevante que arroja el cruce entre tipo de hogar y hábitat es la
proporción de soledad que se obtiene en los municipios más pequeños. Un 16% de
las personas en situación de dependencia, que vive en municipios de menos de
10.000 habitantes, reside en soledad, porcentaje que además es sensiblemente
superior al de España.
Factores como el envejecimiento rural y la generalización de las
situaciones de viudedad en la vejez, contribuyen a explicarlo. En las demás
categorías, correspondientes a municipios de mayor tamaño, se han obtenido
proporciones al menos tres puntos porcentuales más bajas. Conviene prestar
especial atención a este dato, ya que los municipios más pequeños adolecen, en
no pocas ocasiones, de una mayor dificultad en la distribución de los
servicios, y el acceso a la red familiar de cuidados puede verse dificultado
por el desplazamiento de las generaciones más jóvenes a municipios de mayor
tamaño. Se plantea entonces la necesidad de focalizar esfuerzos para que en
estas zonas se facilite el acceso a los recursos sociales ideados para este
colectivo. Previsiblemente una alta proporción de personas con dependencia
viudas viven en hogares unipersonales (31,8%), y casi el mismo porcentaje se
obtiene entre las separadas o divorciadas (30,9%). El porcentaje de personas
solteras es mucho menor (12,0%).
El nivel de instrucción también es significativo; las personas analfabetas
y las que tienen estudios superiores viven solas con mayor frecuencia (15,7 y
15,1% respectivamente).
Viviendo en pareja
Algo más de un quinto (21,8%) de la población andaluza en situación de
dependencia vive en pareja, la forma de convivencia más frecuente entre este
colectivo después de los hogares multigeneracionales, con proporciones apenas
un punto inferior que las obtenidas para el total nacional. Los hogares
constituidos por parejas son más frecuentes entre los hombres en situación de
dependencia que entre las mujeres. En concreto éstos tienen una probabilidad
1,4 veces mayor de vivir con una compañera. La mayor esperanza de vida
femenina, y su menor edad media al casamiento, aumentan la probabilidad que los
hombres tienen de mantener la pareja hasta el final de su vida. Entre las
personas mayores de 65 años en situación de dependencia el convivir
exclusivamente con la pareja se da de manera mucho más frecuente que entre las
que tienen entre 16 y 64 años, con porcentajes de 14,9 y 26,3 respectivamente.
La relación entre la convivencia en pareja con el hábitat, así como con el
nivel de instrucción, se difumina y no se aprecian patrones claros en los
resultados que ofrece este cruce. En cuanto al estado civil, el 46,1% de las
personas con dependencia casadas convive en pareja, apenas un 4,2% de las
separadas o divorciadas y un 2,6% de las solteras reside de esta forma.
Hogares multigeneracionales
Más de la mitad (53,7%) de la población en situación de dependencia convive
en hogares multigeneracionales, (pareja con descendientes, familias
monoparentales y parejas o persona con su nieto/s o nieta/s). Los hombres en
situación de dependencia conviven en hogares multigeneracionales con mayor
frecuencia que las mujeres en su misma situación. Y aunque esta diferencia se
produce también tomando como referencia la población en situación de
dependencia de toda España, en Andalucía es ligeramente superior. Como cabe
esperar, la población infantil dependiente se concentra casi de manera
exclusiva en este tipo de hogares (95,3%). Las personas que tienen entre 16 y
64 años también registran muy altos porcentajes de residencia
multigeneracional; el retraso de la edad de emancipación junto con las
reagrupaciones que pueda producir la dependencia, tienen que ver, con toda
probabilidad, con la predominancia que este tipo de hogar logra en este grupo
de edad. Tres de cada siete (42,3%) personas mayores en situación de dependencia
cohabitan de esta forma; de nuevo, en este grupo pueden estar operando los dos
factores citados con anterioridad: por un lado, puede haber personas mayores
que debido a su nivel de dependencia convivan con algún descendiente
facilitando así el flujo de recepción de cuidados, pero dado que este tramo de
edad comienza en los 65 años, también habrá hogares con mayores en situación de
dependencia que cohabiten con descendientes no emancipados.
Entre la población dependiente la convivencia multigeneracional destaca,
con porcentajes del 58,3%, en municipios de tamaño medio, estos son los que
tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes, y presenta comparativamente la menor
proporción en los más pequeños donde obtiene un 48,9%. Las personas en
situación de dependencia con estados civiles que implican ausencia de pareja,
muestran mayor tendencia a la convivencia con otras generaciones. Un buen
porcentaje (54,4%) de personas viudas declara vivir en hogares
multigeneracionales; presumiblemente son personas de avanzada edad que ante el
cuadro de dependencia pasan a convivir con alguno de sus descendientes para la
obtención de cuidados. Las personas con dependencias separadas o divorciadas
cohabitan con otras generaciones incluso en un mayor porcentaje (57,6%). Pero
la mayor concentración en hogares de este tipo se da entre las personas con
dependencia solteras, entre las que dicha forma de convivencia alcanza el
63,4%. Gran parte de la convivencia multigeneracional se produce con los padres
y responderá a un perfil de personas más jóvenes.
Otro tipo de hogar
Bajo la categoría de “otro tipode hogar” quedan reunidos todos aquellos hogares de dos o más personas que
no han sido descritos en los anteriores apartados, es decir, si existe
parentesco, éste no será de línea directa, los sujetos serán por tanto
hermanos, cuñados, suegros etc. Pero tienen incluso cabida hogares en los que
el tipo de relación no es familiar, como son aquellos en los que la persona en
situación de dependencia cohabita con un empleado o con un huésped, por citar
algunos de los ejemplos posibles. En Andalucía estos tipos de hogar son algo
menos frecuentes que en España en su conjunto: un 10,1% y un 12,5%
respectivamente entre las personas en situación de dependencia. Este tipo de
hogares es más frecuente entre las mujeres, entre los mayores de 64 años y en
las zonas rurales. La proporción de personas con dependencia casadas que
conviven en otro tipo de hogar es comparativamente muy pequeña (4,6% en
Andalucía y 5,6% en España); parece por tanto que es la ausencia de cónyuge lo
que lleva a buscar formas alternativas de convivencia, pero especialmente en el
caso de las personas con dependencia solteras, que son las que en mayor
proporción cohabitan en otros tipo de hogar (22,0% en Andalucía y 25,9% en
España). Se encuentra mayor proporción de estos tipos de hogar entre las
personas en situación de dependencia cuyo nivel de instrucción no pasa de los
estudios primarios, especialmente en el caso de las analfabetas.
Gravedad de la discapacidad y tipo de hogar
Las personas en situación de dependencia que viven en pareja presentan una
gravedad de la discapacidad en general más leve que las que viven en los demás
tipos de hogar analizados; casi dos quintos (39,6%) presentan una gravedad baja
(lógicamente su menor edad media es buena parte de la explicación). No
obstante, cerca de la misma proporción tiene una discapacidad media (38,5%) y
el 21,9% alta.
En los hogares multigeneracionales la gravedad de la discapacidad es mayor.
El 38% de personas en situación de dependencia que conviven en hogares con
otras generaciones tiene una gravedad alta en sus problemas, y otro importante
porcentaje, 34,5%, la presenta en un nivel de gravedad moderado. En conjunto
suman un 72,5% de personas que dada la situación de dependencia en la que se
encuentran y el grado de severidad de la discapacidad que muestran, precisan
una importante necesidad de cuidados.
El panorama en los hogares unipersonales en cuanto a gravedad de la
discapacidad, es también arduo, y de hecho no dista mucho en cifras del
dibujado para los multigeneracionales. El porcentaje total de personas que
presenta una gravedad de media a alta es el mismo que en los hogares
multigeneracionales, 72,6%. Entre las personas en situación de dependencia que viven
solas, el porcentaje de las que quedan encuadradas dentro de la categoría de
gravedad media es mayor, 42,0%; por otro lado, la gravedad alta tiene menos
predominancia, 30,6%.
Donde mayor prevalencia tienen las discapacidades graves es en los hogares categorizados
como otro tipo. Cerca de la mitad las personas que conviven de esta forma tienen
una gravedad alta (49,2%). Casi un tercio, 32,9%, obtiene el grado medio, y tan
sólo el 17,9% se encuadra en la categoría de gravedad más leve. Se describía en
apartados anteriores que el perfil de las personas que habitan en estos tipos
de hogar responde a personas de avanzada edad, en su mayoría mujeres, con bajo
nivel de instrucción, que no han formado su propia familia nuclear y por tanto
permanecen solteras; todo ello variables en las que se han observado mayores
proporciones de discapacidad y dependencia, y que finalmente dibujan el cuadro
de mayor gravedad de la discapacidad.
Cambios de domicilio
En ocasiones la discapacidad puede motivar un cambio de domicilio; en
Andalucía un 11,7% de la población dependiente así lo declaró: en la mitad de
los casos este cambio se produjo para recibir atención familiar, casi tres de
cada diez porque existían barreras arquitectónicas que dificultaban el acceso
al antiguo domicilio.
Los hogares de las personas con discapacidad en
situación de dependencia frente a las que gozan de autonomía funcional
Disponer de autonomía funcional o necesitar ayuda para la realización de
determinadas actividades cotidianas marca una serie de diferencias que se
advierten en la composición de los hogares de las personas con discapacidad. La
proporción de personas que viven solas es mayor entre la población con
discapacidad que goza de autonomía, situándose tres puntos porcentuales por encima
de las que están en situación de dependencia (16,4 y 13,7% respectivamente). La
convivencia en pareja también es más frecuente entre las personas no
dependientes: un cuarto de ellas conviven de esta forma, mientras que cuando
existe dependencia los porcentajes no llegan al 22%. Los hogares
multigeneracionales y los clasificados bajo la calificación de otro tipo tienen
una presencia mayor entre las personas en situación de dependencia;
especialmente estos últimos, que se colocan 4,5 puntos por encima del dato
obtenido en la población discapacitada no dependiente.
Relaciones familiares y sociales
Este apartado incluye el examen de los siguientes indicadores: la cercanía
de vivienda, la frecuencia de contacto personal y la frecuencia de contacto
telefónico con un grupo de figuras familiares más amigos o vecinos, así como la
medición del grado de oportunidad de interacción con otras personas ante una
serie de situaciones dadas.
Cercanía y contactos con la familia
Comentadas ya la relevancia de la familia para la calidad de vida de las
personas, la importancia de esta red cuando existe dependencia por ser
principal fuente de cuidados y, en general, el papel que juega como red de
seguridad para lo imprevisto o extraordinario, en este epígrafe se analizan las
distintas variables que proporciona la EDAD sobre la red familiar de las
personas en situación de dependencia en Andalucía. Puede considerarse a priori
que la primera de tales variables, la cercanía residencial con familiares y/o
amistades, facilita las redes con éstos. A mayor cercanía con un familiar o
amigo, más probabilidades de que se produzcan contactos y de que exista una red
consolidada. La cercanía cobra especial relevancia al analizar, como es el
caso, la población en situación de dependencia, por la elevada frecuencia con
que se asocia a los problemas de movilidad. El grado máximo de cercanía de la
vivienda es la cohabitación bajo el mismo techo. Un 12,7% de las personas en
situación de dependencia vive en el mismo domicilio que sus padres.
Otro 7,6% tiene si no, una gran proximidad residencial, viviendo en el
mismo edificio, en el mismo barrio o pueblo, o en la misma ciudad. Un 3,5%
tiene a sus padres en distinta ciudad o pueblo, en otra provincia o incluso en
otro país. Pero la gran mayoría de las personas en situación de dependencia
declara no contar ya con sus progenitores, lo cual guarda relación con la
elevada edad media de este colectivo. Si se descartan las personas que declaran
no tener padres, la residencia en el mismo domicilio pasa a representar el 53%.
Cuando se les pregunta por la cercanía respecto a alguno/a de sus hijos/as la
convivencia en el mismo domicilio es de un 44,6%; cerca de un quinto (18,1%)
vive en el mismo barrio o pueblo, que junto con el 6,3% que declara tener a los
hijos en la misma ciudad y el otro 2,8% que de hecho vive en el mismo edificio,
suman un 27,2% de personas en situación de dependencia que tiene a alguno de
sus descendientes cerca. Un 10,2% convive con hermanos y/o hermanas;
presumiblemente, buena parte de estos casos son personas con dependencia
jóvenes y esta convivencia se hace en el domicilio paterno en hogares de tipo
multigeneracional. Una importante proporción de personas en situación de
dependencia afirmó disponer de algún hermano o hermana viviendo en el mismo
barrio o pueblo (29,4%), y otro tanto de alguno de sus nietos o nietas (25,9%).
La proximidad física puede ser un elemento facilitador de las relaciones,
como se comentaba al inicio, pero no es una garantía por sí misma. El análisis
del indicador de frecuencia de contactos puede ayudar a matizar esto. Casi dos
tercios de las personas en situación de dependencia (65,3%) ven a sus hijos/as
todos o casi todos los días, y otra buena proporción (34,3%) a sus nietos. El
contacto diario con algún hermano o hermana está menos generalizado, un 23,6%
los ve todos o casi todos los días. No obstante, inciden los contactos fruto de
la convivencia en el mismo domicilio, pues al analizar la cercanía ya se
obtenía un 10,2% de personas en situación de dependencia que vivía con hermanos
o hermanas. Por otra parte hermanos y hermanas son las figuras familiares
cercanas que mayor porcentaje de personas en situación de dependencia
manifiesta no ver si quiera una vez al mes (23,6%).
Los contactos telefónicos tienen una función complementaria a los
encuentros personales, y son también muchas veces herramienta facilitadora de
éstos, pero pueden además funcionar como alternativa a los encuentros en caso
de lejanía física o en relaciones menos estrechas. En general, el uso del
teléfono como medio de relación con familiares y amistades es menos frecuente
entre la población en situación de dependencia (en esto, además de eventuales
problemas funcionales, resultan también importantes las diferencias entre
generaciones en el uso de la telefonía); aun así, un 40,3% dice hablar todos o
casi todos los días con algún hijo o hija, apareciendo una vez más la relación
paterno o materno filiar como la más significativa para este grupo. El contacto
telefónico con los nietos es también intenso, si se tiene en cuenta que las
proporciones de los que hablan a diario y los que lo hacen semanalmente suman
un 30,2%; sin embargo, los hermanos y hermanas superan a los nietos con un
32,2% de contactos de la misma intensidad.Otros familiares son contactados telefónicamente con menor frecuencia.
Las amistades
La importancia de los vínculos familiares dentro de la red social de los
individuos es obvia, pero existe también una necesidad de relación entre
“iguales” que sólo los coetáneos pueden aportar por la similar comprensión de
algunas situaciones asociadas a la etapa vital que están viviendo. Esos
acompañantes pertenecientes a una misma o cercana generación se encarnan
mayoritariamente en las amistades. La mitad de la población dependiente tiene
algún amigo o amiga que vive en el mismo barrio o pueblo. Un 7,5% cuenta con
alguna amistad en el mismo edificio. Los contactos con las amistades entre las
personas en situación de dependencia son a priori frecuentes: tres de cada diez
(30,1%) dicen ver a algún amigo o amiga diariamente, y otro 23,5% lo hace una o
dos veces por semana; luego más de la mitad tiene contactos con alguna de sus
amistades de manera habitual, sin perder de vista que cerca de dos de cada diez
declaran no tener amigos (19,3%). La introducción de la variable edad en el
análisis permite añadir que la frecuencia de contacto con las amistades va
disminuyendo a medida que aumenta la edad. Tres quintos de la población
andaluza en situación de dependencia (59,6%) de 6 a 15 años ve a sus amistades
con una frecuencia diaria; sólo el 27,3% de las personas mayores frecuenta sus
amistades con la misma intensidad.
El menor contacto con las amistades en la vejez no puede explicarse sólo
por las mayores limitaciones que pueda implicar la dependencia en esta etapa
vital, pues se ha comentado en otros apartados que la gravedad de la
discapacidad entre la cohorte de 6 a 15 años es tanto o más grave que la que se
da entre las personas de edad; el repliegue de la persona que se produce en la
senectudinfluye en el menor contacto
con las amistades en esta etapa de la vida.
Las relaciones sociales no se componen exclusivamente de los contactos con
familiares o amigos más cercanos. Existe un amplio espectro de situaciones
cotidianas en las que se interactúa con otras personas y contribuyen a
satisfacer la necesidad de relación. La comunicación por vía de estas redes de
carácter más efímero o espontáneo, puede verse limitada en la medida que las
capacidades de los individuos se vean mermadas. Esta encuesta permite un
acercamiento a este tipo de situaciones ofreciendo datos del grado de
oportunidad para dirigirse o hablar con personas desconocidas. Entre la
población con discapacidad, disponer de autonomía funcional o estar en
situación de dependencia implica importantes diferencias: si el 41,5% de las
personas con discapacidad pero autónomas afirma tener muchas oportunidades de
hablar con personas que no conocen, en el caso de las que se encuentran en
situación de dependencia esta proporción sólo alcanza un 18,8%. Más de un
cuarto de la población en situación de dependencia declara no tener ninguna
oportunidad para interactuar de esta forma, mientras que sólo el 11,4% de los
que gozan de autonomía se posiciona así.
Relacionarse con amistades o personas cercanas es algo para lo que un 67,6%
de la población con discapacidad con autonomía funcional considera disponer de
muchas oportunidades; cuando existe necesidad de ayuda la proporción desciende hasta
el 46,3%. Entre las personas autónomas el porcentaje que declara no tener
ninguna oportunidad de relacionarse con amistades o personas cercanas es
realmente bajo, 3,8%, mientras que las que se encuentran en situación de
dependencia suman un 12,0%. Las oportunidades para hacer nuevos amigos son
muchas para un 34,2% de las personas que gozan de autonomía pese a su
discapacidad, pero sólo para un 15,3% si se encuentran en situación de
dependencia. Para un 37,1% de estas últimas no existe dicha oportunidad,
tampoco para un 18,6% de las que gozan de autonomía funcional.
Las personas mayores en situación de dependencia son las que menos
ocasiones de relacionarse tienen; siete de cada nueve (77,4%) han tenido poca o
ninguna oportunidad para dirigirse o hablar a personas que no conocen en los 12
meses anteriores a ser entrevistados; un porcentaje aún mayor (78,3%) no tuvo
oportunidad de hacer amistades nuevas, y la mitad de ellos apenas tuvieron
ocasión de relacionarse con amistades o personas cercanas o no lo hicieron en
absoluto. La población adulta en situación de dependencia muestra también
porcentajes relativamente altos que apuntan a la poca oportunidad de
socializarse que este grupo tiene. La población infantil (de 6 a 15 años)
aparece como la más activa socialmente.
La prestación de cuidados
Las necesidades de cuidado cubren un
amplio espacio de la realidad que abarca distintas fases de la vida, percances
y características, así como los efectos que ello produce en el desenvolvimiento
cotidiano de las personas. La edad, la enfermedad, la discapacidad y la
dependencia forman así un continuo en el que todos o alguno de esos elementos
pueden acumularse, o, por el contrario, aparecer de forma independiente.
Una de las grandes ventajas de la encuesta EDAD es que además de
proporcionar información sobre las personas que tienen alguna discapacidad,
también ofrece nutrida información sobre las que cuidan a aquellas que
necesitan ayuda para las actividades cotidianas; abarcando así el fenómeno de
la dependencia desde sus dos puntos de vista fundamentales: por un lado la
necesidad y recepción de cuidados y por otro la emisión de los mismos. Esta
encuesta incluye un cuestionario específico que debía responder, siempre que
fuese posible, la persona cuidadora principal, a través del cual se obtenía
información de las características demográficas y sociales de las personas
cuidadoras, del grado de profesionalización, del tiempo dedicado y tipos de
cuidados, sobre las dificultades para prestar los cuidados, sobre su estado de
salud y sobre aspectos profesionales, familiares o de ocio de los que habían
tenido que prescindir por dedicarse a prestar cuidados.
El análisis del bloque que la encuesta ha dedicado al estudio de las
personas cuidadoras se ve dificultado por la considerable proporción de
registros de los que no se dispone de datos, y que ha sido categorizada como
sin datos o no contesta (SD/NC). Se trata de casos en los que la persona con
discapacidad declara recibir ayuda, pero no se conoce ningún otro dato acerca
de la persona cuidadora. Se tendrán que tomar con cierta cautela, por tanto,
los porcentajes que aquí se comentan, sin perder de vista que el porcentaje de
SD/NC ronda el 30%.
Perfil sociodemográfico de la persona que presta
cuidados
La persona que la presente encuesta ha identificado como cuidadora
principal es mayoritariamente una mujer, con una edad media de 53 años (en el
caso de Andalucía, y 55 años para el total nacional), casada, con estudios
primarios o inferiores, y de nacionalidad española; perfil que ha experimentado
pocos cambios en los últimos 20 años (INSERSO, 1995, IMSERSO 2005). Como se ha
dicho, la mayoría de las personas con dependencia que recibe cuidados los
recibe de mujeres, 56,9%. Los cuidados por varones sólo representan un 15,3%,
es decir, casi cuatro veces más la mujer que el hombre. Los datos para España
indican una mayor presencia masculina, alcanzando casi el 18%. Algo más de un
cuarto (25,4%) de los cuidadores identificados tiene entre 40 y 54 años, un
quinto entre 55 y 69 años; y aún se encuentran cuidadores con 70 y más años
(11,7%). En España existe una menor proporción de cuidadores hasta 40 años, sin
embargo los grupos de edad de 55 a 69 años y de 70 más obtienen mayores porcentajes
que en Andalucía.
El perfil de la persona cuidadora en Andalucía es por tanto algo más joven
que el que se obtiene del total nacional, tal como apuntan estos porcentajes y
la media de edad, que para esta Comunidad es dos años menor que la de España.
En torno a la mitad de las personas cuidadoras están casadas (49,2% en
Andalucía y 50,3% para España); el siguiente estado civil más frecuente es la
soltería (14,0 y 13,7% respectivamente); es posible que esto apunte a la
presencia de hijas o hijos en el hogar. En cuanto al nivel de instrucción,
cerca de un cuarto de las personas cuidadoras en Andalucía son analfabetas y el
21,3% con estudios primarios. En España el porcentaje de personas analfabetas o
con estudios incompletos es menor, de la misma manera que el de personas con
estudios secundarios y superiores asciende. Tan solo un 3,2% declara una
nacionalidad distinta que la española en Andalucía, siendo este porcentaje algo
mayor, 5,5% en los resultados para España.
En cuanto a la relación con la actividad, se observa que el 22% de las
personas cuidadoras se dedica a labores del hogar, otra buena parte de ellas se
encuentra trabajando (18,3%) y el 15% son pensionistas (recibiendo prestaciones
de jubilación o incapacidad permanente). Sin embargo, esta variable desagregada
por sexo da muestra de los diferentes panoramas en los que tiene lugar el
trabajo de cuidado según si la persona que los realiza es hombre o mujer: Casi
dos quintos (38,3%) de las mujeres cuidadoras se dedican principalmente a labores
del hogar, tan sólo un 3% de los hombres define así su actividad. En su caso,
más de la mitad (50,7%) se coloca en la categoría de jubilados o incapacitados
permanentemente. Casi un 29% de los hombres está trabajando, las mujeres en
esta situación representan 4,5 puntos porcentuales menos. El desempleo pesa
algo más entre las mujeres, pues un 13,5% declaró encontrarse en esta situación
frente al 11,6% en el caso de los hombres.
Parentesco con el cuidador principal
A la luz de los datos, puede afirmarse que los mecanismos que
tradicionalmente adjudicaban a las mujeres las labores reproductivas, y entre
ellas, el cuidado a personas en situación de dependencia, siguen operando con
fuerza y pese a las transformaciones que las mujeres han conseguido en otros
ámbitos del sistema social. En Andalucía, como se verá, las diferencias entre
la implicación de parientes varones y mujeres en las tareas de cuidado son
incluso más marcadas que en el resto de España. Las referencias se hacen sobre
el cuidador principal, pero muchas veces no es el único, existiendo otras
personas que ayudan a quien está en dependencia o bien al propio cuidador
principal. En Andalucía más de un cuarto de las personas en situación de
dependencia (25,3%) tiene a una hija como cuidadora principal y tan sólo un
4,7% a algún hijo. En dos de cada diez (20,2%) se trata de la pareja; si se
tiene en cuenta el sexo de ésta, los cónyuges femeninos pasan a representar el
11,7% frente al 8,5% que ocupan los masculinos. El papel de las madres en la
principalidad del cuidado es mucho mayor que el de los padres: las primeras
representan un 9,0% dentro de la distribución de parentesco, mientras que los
padres apenas alcanzan el 1% (0,8%). Al margen de los vínculos familiares
aparecen las personas empleadas para el cuidado con un 4,3%, y los servicios
sociales con un 1,5%.
El peso porcentual que adquieren las figuras femeninas en la distribución
calculada para el total nacional desciende respecto a los datos obtenidos en
Andalucía, especialmente las hijas, que pasan a representar un 22,7%. Las
madres obtienen un 8,1% y aunque el cónyuge femenino tiene prácticamente la
misma representación que para el caso andaluz (11,7%) el papel del cónyuge
masculino, así mismo, adquiere mayor importancia alcanzando cifras del 10,2%.
Otras diferencias destacables son la mayor generalización de las personas
empleadas para el cuidado (6,2% dos puntos porcentuales más que en Andalucía),
y el mayor peso que ha obtenido la categoría que engloba otros familiares,
amigos y otro tipo de relaciones.
La total predominancia femenina en la atención a la dependencia se torna
aún más manifiesta si se analiza el sexo de cada una de las figuras de cuidado.
La situación en la que más presencia masculina se percibe es aquella en la que
la pareja procura los cuidados: en Andalucía, un 42,1% de las personas
cuidadoras principales que son cónyuges o parejas de la que necesita ayuda son
hombres. Cuando los descendientes cuidan de alguno de sus padres, los hijos
varones apenas alcanzan el 16%, y así el porcentaje de varones va disminuyendo
para el resto de categorías.
La ayuda: frecuencia e intensidad
A continuación se pretende cuantificar de manera aproximada la ayuda
dispensada midiendo su frecuencia e intensidad. La ayuda que las personas cuidadoras
dispensan en Andalucía es intensa y de larga duración. Más de tres quintos de
las personas cuidadoras afirman prestar la ayuda todos o casi todos los días de
la semana (62,8%), el 40% dedica ocho horas diarias o más, y un 31,0% lleva
prestando los cuidados desde hace ocho años como poco. Los resultados para
España son muy similares, revelando quizá una ligera menor intensidad horaria.
Consecuencias en la salud, trabajo y vida personal de quien cuida Las
consecuencias negativas y las dificultades derivadas del trabajo de cuidado
parecen tener una ligera mayor presencia en Andalucía que en España. Tres de
cada diez personas cuidadoras principales (30,8%) declaran tener especial
dificultad para realizar algunas de las tareas por faltarles fuerza física,
siendo esta la dificultad que se da de manera más frecuente. Existe un 10,3%
que piensa que la persona a la que cuida no colabora o se resiste ante algunas
de las labores que lleva a cabo, y en la misma proporción se encuentran
personas que tienen dudas sobre cómo sería la mejor manera de acometer
determinadas tareas de cuidado. El 23,1% manifiesta no tener ninguna dificultad.
En relación con los aspectos de salud o estado general, el 37,9% de las
personas cuidadoras dice encontrarse cansado, un cuarto (25,7%) siente que se
ha deteriorado su salud como consecuencia de las tareas de cuidado, un 21,8%
declara sentirse deprimido, incluso un 11,4% ha tenido que ponerse en
tratamiento para sobrellevar la situación.
Los problemas que plantean las tareas derivadas del cuidado de la persona
en situación de dependencia no son los mismos para los hombres que para las
mujeres y en general parece que estas últimas se encuentran con mayores
dificultades. La falta de fuerza física es una dificultad que las mujeres declaran
1,3 veces más que los hombres. Además las mujeres se encuentran más a menudo
con la no colaboración o resistencia de la persona con dependencia. Por otra
parte, los hombres manifiestan dudas sobre la mejor manera de acometer las
tareas en una proporción algo mayor que las mujeres, pero el porcentaje de
hombres que dice no tener ninguna dificultad es, a su vez, notablemente
superior (38,6 frente a 32,6%).
Las diferencias por sexo en cuanto a cómo afecta la responsabilidad de
cuidado en aspectos relativos a la salud o estado general son aún más pronunciadas.
El porcentaje de mujeres que considera que su salud se ha deteriorado, que
dicen estar cansadas, se sienten deprimidas, e incluso que han tenido que
ponerse en tratamiento, es notablemente superior que en el caso de los hombres
(la distancia porcentual entre sus resultados no baja en ningún caso de los 10
puntos). Un 38,6% de los varones cuidadores dice no tener ningún problema,
cuando sólo un 23,9% de las mujeres se muestra de acuerdo con ésta afirmación.
Las personas cuidadoras que cohabitan con la que se encuentra en situación
de dependencia se enfrentan a problemas concretos fruto de la convivencia
constante y a que la ayuda no se produzca puntualmente sino que se pueda
dilatar a lo largo de toda la jornada. Esto tiene consecuencias sobre su tiempo
de ocio, pero también puede afectar a sus trayectorias profesionales y
económicas. A este respecto los datos señalan que casi tres de cada diez de los
cuidadores que viven con la persona en situación de dependencia no pueden
plantearse trabajar fuera de casa; proporción notablemente superior que los
datos que arroja el total nacional, donde sólo un 22,7% está de acuerdo con
esta afirmación. En torno a un 12% ha sentido que su vida profesional se
resiente y otro tanto se ha visto obligado a dejar sus trabajos. No obstante,
hay cuidadores/as que no han visto afectada su vida profesional o económica por
el hecho de ser responsables de la ayuda que necesita la persona con
dependencia, en concreto y para Andalucía representan un 37,8%, y para España
en su conjunto un 41,2%. Menor es el porcentaje de cuidadores que no ha sentido
las consecuencias de cuidado en su ocio, tiempo libre o vida familiar: en
Andalucía sólo un 21% está de acuerdo con esta afirmación y una proporción algo
superior tomando como referencia la población española (23,2%). Una amplia
mayoría, en cambio, manifiesta que ha tenido que reducir su tiempo de ocio
(63,4%), casi la mitad no puede irse de vacaciones (47,9%), el 41% no tiene
tiempo para frecuentar sus amistades. Las consecuencias que el cuidado tiene
sobre estos aspectos se muestran algo más acuciantes en Andalucía en que
España.
Prestaciones sanitarias, sociales y económicas
La EDAD permite estudiar la utilización de algunos servicios sanitarios y
sociales y la recepción de prestaciones económicas de carácter social o
beneficios fiscales dirigidos a personas con discapacidad o en situación de
dependencia. Una vez analizada la principal fuente de atención a las personas
en situación de dependencia (el cuidado o asistencia personal), a lo largo de
este epígrafe se centra el foco de interés sobre los resultados en relación con
los servicios formales, los diferentes tipos de ayudas que se proporcionan
desde el ámbito institucional. El 46,1% de las personas en situación de
dependencia en Andalucía hizo uso de servicios sociales o sanitarios, como
consecuencia de alguna discapacidad, y en el periodo de tiempo que abarcan los
doce meses anteriores a la realización de la encuesta. Esta información
desagregada por edad no muestra apenas diferencia entre los grupos, salvo un
ligero descenso en el tramo de 65 y más años.
En el cuestionario de la EDAD se enumeraba un listado de servicios y se
preguntaba acerca de su utilización y el régimen económico sobre el que se
sustenta. De esta manera, se observa que un 35,6% de las personas en situación
de dependencia en Andalucía hizo uso de la asistencia sanitaria prestada por
personal hospitalario, y que un 33,9% recibió este servicio de forma gratuita.
Los servicios de información, asesoramiento y valoración, así como los de
transporte sanitario y/o adaptado fueron utilizados por un 11% de las personas
con dependencia; prácticamente la misma proporción que los que pudieron
recibirlos gratuitamente. Los porcentajes de utilización de los servicios
enumerados por la encuesta calculados sobre el total nacional resultan
ligeramente superiores a los de Andalucía.
