PROLOGO

Se pretende que sea éste un espacio dedicado a entretener y deleitar (... a través de la fotografía fundamentalmente) ... a dar a conocer (...o traer al recuerdo) ciertos monumentos o espacios situados en el término o cercanías de Lahiguera. ...a llamar la atención por el estado de abandono y deterioro de muchos de ellos, ...y si llegara el caso, a remover la conciencia de todos los que somos "herederos" de tales monumentos y espacios, y que con nuestra aportación ayudásemos a la conservación de los mismos.

miércoles, 26 de septiembre de 2018

LAS DURAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL CAMPO EN LAHIGUERA EN LA II REPUBLICA, EN UNA AGRICULTURA TRADICIONAL DE SUBSISTENCIA.


LA CAUSA FUE LA PÉRDIDA DE LOS BIENES COMUNES Y DE PROPIOS DE LOS CAMPESINOS DE NUESTROS PUEBLOS, JUNTO A LA PERDIDA DE LOS PÓSITOS MUNICIPALES PARA LOS LABRADORES.

Durante el periodo republicano debido a la importancia numérica y económica de la población campesina, destacó el sector productivo del campo por las condiciones de trabajo a que estaban sometidos y por el alto nivel de conflictividad que se dio en todo lo relacionado con el trabajo en el campo.

Antes de entrar en profundidad en la problemática referida más arriba, recordemos que en Andalucía, durante todo el siglo XIX y parte del XX, seguía sin darse los importantes cambios de infraestructura y superestructura que habían tenido lugar en el resto de Europa Occidental. En nuestra región se continuaba con la vigencia de los valores de una sociedad agraria, con las tres actividades de las que constaba esta economía: agricultura, textil y construcción.
El labriego de José Vela Zanetti.

La agricultura era predominante, y en ella se distribuía la mayor parte de los recursos disponibles, que no eran otros que el capital y la mano de obra. La agricultura y el comercio desempeñaron un papel dominante y estratégico para crear las precondiciones materiales que originaron la revolución industrial en el resto de Europa, aunque en nuestro caso, el comercio seguía siendo un sector de poca importancia y escaso número de actividades en Andalucía comparada con la actividad comercial de otras regiones. En Andalucía hay que destacar las diferencias existentes entre el mercado de productos y materiales agrícolas, que tenía siempre carácter local con la venta de los excedentes de la producción anual, y el mercado provincial, y a veces regional o suprarregional, y con las colonias y el extranjero para la importación principalmente. A mediados del siglo XVIII en Jaén el comercio daba salida al trigo y los sobrantes de las cosechas y era adquirido por los pueblos de la provincia. Los productos de importación del comercio de Jaén eran: Pescado seco y fresco (de Granada y Valdepeñas, como nudo de comunicación), bacalao, arroz, azúcar, naranjas, patatas, carbón de cocina (de Valdepeñas y otros puntos), hierro (de Málaga), pino (de la Sierra de Segura), cáñamo (de Granada), y productos coloniales (de América).
El campesino con su bestia. Cuando veo esta imagen tomada de internet siempre encuentro gran parecido con "Juanirri". Espero que sus hijos Manolo, Fita o Juanjo me lo confirmen.
Las ferias de mediados del siglo XIX se realizaban con carácter semestral en Jaén y las cabezas de los partidos como Andújar, Baeza, Úbeda, La Carolina, Alcalá la Real, Torre del Campo, Alcaudete, Jodar…  y en esas ferias se vendían útiles para la labor, tejidos, útiles de cobre, hierro, ganados, y otros géneros de uso común. En Jaén el mercado a mediados del siglo XIX se realizaba los jueves y era preferentemente de caballerías de poca importancia, salvo en los días del Corpus y la Ascensión, y era del tipo de alhóndiga o pósito, era un mercado del pósito, de poca importancia que se cerró en 1836. Los mercados de productos agrícolas se realizaban en los recintos clásicos como las Alhóndigas, Lonjas, Pósitos, etc. (1). 
Campesino en la trilla del trigo en el año 1930. Foto de Jaime Orpinell.
En esa sociedad agrícola el hombre adquiría en el mercado, con el comercio, los bienes que le servían para saciar sus necesidades de diversos tipos: necesidades básicas con carácter fisiológico alimentarias y las de vivienda y vestimenta (eran las necesidades del límite inferior que era preciso satisfacer); después estaban las necesidades de más alto nivel creadas casi siempre por las modas sociales, políticas y religiosas. De forma que había dos hábitos de consumo familiares estables, que eran los que se daban entre los ricos y pobres, entre señores y mozos.
En el segundo tercio del siglo XIX podemos hablar del origen y desarrollo fugaz en Andalucía de la industria, que llegó a situarla como la región de mayor potencial e innovación, que la que se daba en otras regiones del Estado en ciertos sectores industriales como el siderúrgico y el del vapor, pero ese desarrollo duró poco tiempo, y pronto después del auge inicial, comenzó a tener su caída, llegando a desaparecer casi todo el rastro de esa falsa revolución industrial, con una historia de recorrido temporal de no más de medio siglo. Entre los motivos de esta caída, o esta brusca depresión, destacamos la ausencia de una infraestructura comercial, su desconexión entre los centros industriales y el de las materias primas, la falta de inversión, y también la intención de esos nuevos propietarios industriales de pasar a formar parte de la aristocracia campesina, con fuertes inversiones en la adquisición de propiedades rurales y urbanas, quizá motivados por la carencia del necesario carácter de la cultura empresarial, y en parte por la pervivencia de ciertas tradiciones o costumbres sociales heredadas del siglo XVIII, tan presentes todavía en parte de la sociedad andaluza.
En el campo la jornada de trabajo anterior a la llegada de la República solía ser de doce horas de trabajo por jornal o a destajo en la labor a realizar.  En los primeros meses de la República la normativa legal estableció la jornada laboral de ocho horas de forma general, pero en la mayoría de las faenas agrícolas n0 bastó esta normativa, y los jornaleros de diversas localidades entraron en conflicto por este motivo. Las bases rurales provinciales fijaban de forma taxativa la jornada laboral de ocho horas, pero podemos asegurar que estas bases no se respetaron en ninguna época. Muchos patronos obligaban a sus asalariados a realizar jornadas a destajo o de doce horas con salarios iguales a los que fijaban las bases para las jornadas de ocho horas y a veces los salarios eran inferiores. Aquellos que no aceptaban estas condiciones eran despedidos, y rara vez los obreros se arriesgaban a exigir lo estipulado, ante la grave crisis de trabajo existente. Otras veces los patronos recurrían a los llamados “topes” simulados, en los cuales se obligaba a los obreros a trabajar a destajo, con salarios inferiores a las bases, y si eran sorprendidos por la policía rural, estos debían afirmar que estaban trabajando al “tope” contra la voluntad de su propietario (2).

En los años de la II Republica la prensa estaba polarizada hacia los campos concretos de sus intereses y planteamientos ideológicos, con especialmente incidencia de la prensa obrera, por ello a continuación haremos un inciso en este trabajo para ofrecer una visión del periódico, que va a facilitarnos tan importantes datos, lo que pone en valor la fiabilidad de la información que vamos a trasmitir. Hubiésemos preferido disfrutar de estas fuentes de información periodística en algún diario giennense, para haber hecho mejor aproximación a nuestra realidad provincial, pero no hemos podido disponer de estas fuentes periodísticas y adoptamos las que nos proporcionaba “El Defensor de Granada”, con el planteamiento de que serían unas circunstancias de las condiciones de trabajo en el campo, muy parecidas a las nuestras.
El periódico “El Defensor de Granada”, que nos proporciona valiosa información para el tema que desarrollamos, como el resto de la prensa granadina durante todos estos años mantuvo unas pautas de trabajo casi artesanales y ajenas a los esfuerzos financieros, que exigía la realización de un periódico moderno. Los diarios granadinos eran normalmente la obra de una sola persona, que reunía a la vez los cargos de fundador, propietario, director e incluso administrador. Este fue el papel desempeñado por Luis Seco de Lucena en “El Defensor de Granada”.

El primer indicio de modernización de ese periódico se debió a la compra de “El Defensor de Granada” por parte de la Sociedad Editorial de España en el año 1907. Según contaba el propio Seco de Lucena la venta se debió a las dificultades económicas y a los inevitables motivos de salud. Con esta venta el citado periódico granadino entró en un grupo de empresas, que a modo de trust, aglutinaba a periódicos madrileños como “El Imparcial” y el “Heraldo de Madrid “, aparte de los que también llevaban el título de “El Imparcial” en Barcelona, Bilbao, Sevilla y Murcia. La incorporación de “El Defensor de Granada” a la cadena de prensa nacional significó una oportunidad única de modernización y expansión, y así se reflejó en el magnánimo contrato por el que Seco de Lucena quedó ligado a la dirección del periódico, con un sueldo y unos incentivos que debieron conmocionar las costumbres del periodismo granadino. 

Sin embargo el cambio de empresa editora no supuso transformaciones espectaculares en el periódico. Se anunciaron colaboraciones de grandes figuras de las letras nacionales, como Echegaray, Blasco Ibáñez, Benavente, Pérez Galdós… En julio de 1915 siguiendo las directrices del trust empresarial se llegó a la decisión de la salida de Seco de Lucena de la dirección del periódico y años más tarde pasó a las manos de los hermanos Busquet (3).
Las faenas de la siega.

El promedio salarial de los salarios agrícolas entre 1931 y 1936 indica para el año 1932 unas cifras de entre 4,59 y 6,92 pesetas por jornal lo que equivalía a un 0,57, o 0,86 pesetas por hora. En el año 1933 esas cifras indicaban un promedio de 4,41 ó 7,15 pesetas por jornal y un 0,55 ó 0,89 pesetas por hora de trabajo agrícola. En el año 1935 el promedio salarias oscilaba entre 4,05 y 6,44 pesetas por jornal con un salario por hora en este caso de 0,50 a 0,80 pesetas por hora.
El promedio salarial y salarios hora a los obreros del sector industrial y de servicios estaba en el año 1931 en 4,77 a 8,11 pesetas por jornal, y en 0,59 a 1,01 pesetas por hora de trabajo. En el año 1933 el promedio salarial para este grupo oscilaba entre 5,52 y 9,50, que suponía un 0,62 a 1,21 pesetas por hora de trabajo. En el año 1935 este sector de la producción tenía un salario de entre 4,49 a 8,36 pesetas por jornada laboral, que equivalía a 0,58 a 1,04 pesetas por hora.

Si comparamos estos salarios promedios del trabajador agrícola con los salarios medios de los trabajadores en el sector industrial y de servicios, encontramos que los trabajadores agrícolas salían claramente perjudicados al comparar el salario hora en el sector industrial y servicios con el salario rural agrícola, siendo estos siempre claramente inferiores a los industriales en principio, y máxime cuando en la cruda realidad los mismos promedios agrícolas, que eran los estipulados, no se cumplían en realidad; porque los salarios que realmente se pagaban en el campo siempre estaban por debajo de lo acordado.  

Del mismo modo podemos observar una tendencia a la baja mucho más acentuada en los salarios agrícolas que en los industriales y los del sector servicios. El salario hora en la industria y en los servicios en el año 1935, aunque fue retrocediendo desde sus niveles de 1933, se mantuvo cercano al nivel de salarios alcanzado en 1931, incluso superándolo ligeramente, mientras que los salarios agrícolas bajaron mucho más de los niveles que alcanzaron en los años 1931 y 1933. Entendemos que el paro y una mayor debilidad sindical pudiesen ser la explicación de esa mayor endeblez de los salarios agrícolas.
El descanso de los segadores de Rafael Zabaleta Fuentes, Quesada (Jaén).

Al hacer la comparativa entre los salarios hora de la mujer entre 1931 y 1933, encontramos que en el año 1931 el salario hora de la trabajadora textil era de entre 0,50 a 0,62 pesetas hora; mientras que el salario hora de la mujer agrícola era de 0,32 a 0,42  en el año 1932. En el año 1933 el salario hora textil era de 0,50 a 0,75 pesetas hora, mientras que el de la obrera agrícola era de 0,31 a 0,43 para ese mismo año de 1933.

De nuevo observamos que los salarios femeninos siguen la tendencia observada al comparar los sectores agrarios e industrial y servicios, pero comprobando a la vez, que estos salarios agrícolas de las mujeres se situaron muy por debajo, y de forma más acusada en las trabajadoras del campo, donde el máximo del salario femenino ni siquiera llegaba a alcanzar el mínimo del salario masculino. Existiendo una gran desigualdad de retribuciones entre el hombre y la mujer en una misma jornada de trabajo. Esta realidad produjo, por otra parte, que la mujer fuese preferida en ciertos trabajos del campo como la escarda, siendo así la mano de obra femenina preferida, por la rebaja en los costes salariales, con una reducción de salario de un 50%, en relación con el salario del hombre para ese mismo empleo.
Si tomamos ciertos datos estadísticos acerca del coste de la vida del obrero en los pueblos de España, (que llevaba el Instituto de Reformas Sociales y cuando desapareció, fue seguido por el Ministerio de Trabajo y Previsión social) comprobamos como partiendo de un índice 100 general en el periodo del semestre de abril-septiembre del año 1930, en el periodo del siguiente semestre de octubre de 1930-marzo de 1931 el índice general de precios subió un 8,91, alcanzando 108,91. En el periodo del semestre de abril de 1931-septiembre de 1931 pasó a 111,05, con lo que de nuevo volvió a elevarse el índice; en el periodo del semestre correspondiente a octubre de 1931-marzo de 1932, bajó hasta un índice 109,09; en el periodo del semestre de abril-septiembre de 1932 bajó hasta un índice de 101,62; en el periodo del semestre de octubre del 1932-marzo de 1933 bajó hasta un 100,10; llegando a su índice más bajo en el semestre abril-septiembre de 1933 en que el índice de precios bajo hasta 98,40; en el semestre comprendido entre octubre de 1933 y marzo de 1934 el índice de precios subió hasta el 102,81; en el semestre abril-septiembre de 1934 el índice bajó levemente hasta el 101,34; en el semestre de octubre de 1934 a marzo de 1935 el índice de precios bajo al 99,91; y finalmente en el semestre abril-septiembre de 1935 subió a 106,04 (4).
El preciado fruto de la cosecha de José Vela Zanetti.

De esto podemos concluir que los aumentos de los precios de subsistencia de los salarios agrícolas, al menos en la provincia de Granada, fueron ciertamente moderados, alcanzando su máxima cota en el primer semestre del gobierno republicano con 11 puntos por encima de la base de referencia, para posteriormente ir descendiendo hasta la cota mínima en el semestre, que comprendía los meses habidos entre abril y septiembre del año 1933, con 1,50 por debajo de la media de 100 establecida como base. A partir de esta cota se fue recuperando, con algunas oscilaciones hasta llegar al último semestre  de 1935 en que se colocó 6 puntos por encima. De todos los semestres vistos, tan sólo dos se situaron debajo de la base, colocándose todos los demás ligeramente por encima.
Por lo que vemos, los precios de los productos de consumo durante el periodo republicano, al menos en Granada, se mantuvieron estables, sin darse una caída de precios que hubieran favorecido a los sectores sociales más necesitados, al bajar los precios la economía familiar estaba más desahogada. Se dio una ligera tendencia a la baja de algunos productos como los garbanzos o los huevos, baja que se vio compensada con la tendencia al alza de las patatas, el pan y la carne de vaca. Los demás artículos de consumo se mantuvieron con ligeras oscilaciones de precios unas veces por encima del índice cien y otras veces por debajo.
Los campesinos salen del pueblo camino del trabajo en el campo de José Vela Zanetti.

Si hiciésemos una aproximación al presupuesto familiar mínimo, tomando como base los precios suministrados por el Ministerio de Trabajo, daría como resultado que para una familia campesina con una media de cuatro personas (padres y dos hijos) se le calculaba un gasto diario entre las 8 o 9 pesetas, que teniendo en cuenta que en ese presupuesto familiar de un día, tan sólo se satisfacían las necesidades más elementales de la casa, comida y vivienda; la alimentación no debería ser excesivamente rica, basada casi siempre en el irremplazable cocido, de escaso valor en proteínas, con un consumo de leche de un cuarto de litro de leche por persona, y un huevo diario, a falta de pescado y de fruta que normalmente quedaban excluidas de la dieta.

Podemos conocer el tipo de alimentación de los trabajadores del campo, según fuera obrero o trabajador que vivía en los cortijos, y los jornaleros que retornaban a casa y que tenían que cubrir las necesidades familiares con los ingresos procedentes de su jornada de trabajo. Según el Consejo Provincial de Jaén los trabajadores que vivían en los cortijos se alimentaban con una sopa caliente por la mañana; a las doce un cocido de carne, y por la noche, la misma sopa. Los jornaleros que tenían que atender sus necesidades familiares, con una media de tres hijos, y con un jornal insignificante, su alimentación consistía en pan con aceite y vinagre por la mañana, a las doce cualquier guiso de legumbres, y por la noche comían una sopa caliente o lo mismo que habían comido por la mañana. En el comercio de toda la región andaluza aparecían unos productos de alimentación que no se daban en la alimentación característica de otras zonas de España, era generalizado el uso del aceite y también del vinagre (5).
El segador prepara la hoz de José Vela Zanetti.
Por las respuestas de la Comisión creada por el Real Decreto de 7 de julio de 1887, se revelaba el tipo de alimentación principal y casi única que se daba en los pueblos de Córdoba y Sevilla, por aquellos años finales del siglo XIX y los de los decenios siguientes del siglo XX; la alimentación básica estaba centrada en el consumo de: aceite, vinagre, garbanzos y tocino, siendo la carne de vaca un producto de escaso consumo. Estos datos coinciden con los productos alimenticios enumerados por la Comisión Provincial de Sevilla. Esta alimentación se completaba con otros alimentos como legumbres, patatas, arroz y diversas frutas. La alimentación de los habitantes del campo, según la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, se basaba en sopa con pan y aceite por la mañana, al mediodía cocido con garbanzos y alguna fruta seca en invierno y fresca en verano, y, por la noche la olla con dos onzas de tocino por persona, o bacalao y arroz en proporción. Simón Segura señala en “Aspectos del nivel de vida del campesinado español que en la segunda mitad del siglo XIX. Alimentación, que “la trilogía de calamidades del campesinado español eran: el desarrollo de las remuneraciones del campo, el nivel alimenticio y la usura, y puntualizaba que “no se daba una acusada diferencia entre el vivir cotidiano del campesino español del siglo XIX y el que se daba en varios siglos anteriores (6).
El sembrador de José Vela Zanetti.
Si como hemos comprobado los salarios medios estaban entre 4,41 y 7,15,  si hacemos cuenta entre los salarios mínimos y máximos encontramos un salario medio de 5,78 pesetas por día trabajado; por lo que aún en el caso de que el cabeza de familia, obrero agrícola, trabajase todo el año y no tuviesen otro ingreso que su salario, estaban forzosamente obligados a tener mala alimentación, mal vestidos y alojados en viviendas con pocas condiciones higiénicas. Una situación muy común en nuestra villa, que obligaba a muchas familias campesinas a recurrir a otro trabajo de varios de sus miembros, para así tratar de equilibrar algo el presupuesto diario, que en otro caso, no llegaba a satisfacer las necesidades mínimas. El salario que no llegaba a cubrir las necesidades mínimas era la base de otras lacras sociales y el grave problema social que se generaba en muchas familias de nuestros pueblos, que sólo encontraron después la salida en la emigración.

Sobre esta cuestión de la situación del campesinado es opinión generalizada entre los historiadores, que han abordado el problema agrario andaluz, que la política sobre la propiedad de la tierra desarrollada por el liberalismo burgués del siglo XIX, acabó por afianzar de modo definitivo el reinado de la gran propiedad y en empeoramiento de las condiciones de vida del campesinado en nuestra región, lo que condujo a las fuertes convulsiones registradas en el campo en el primer tercio del siglo XX (7).
El campesino lleva una gavilla de trigo de José Vela Zanetti.

Las sucesivas leyes desamortizadoras del siglo XIX produjeron efectos negativos, sobre todo la Desamortización de Pascual Madoz, que dejo sin bienes propios y de bienes del común de nuestra villa, a excepción de la pequeña propiedad de los ruedos como patrimonio de los vecinos. Los braceros y campesinos pobres se vieron privados de unos bienes comunales, donde podían abastecerse de leña y donde podían criar o mantener con sus pastos algunas cabezas de ganado, estos vecinos que no tenían tierra habían tenido anteriormente la posibilidad de arrendar a un módico precio alguna parcela de tierra de los bienes propios, lo cual suponía ingresos seguros para su ayuntamiento (8).
Estas leyes desamortizadoras fueron las iniciadoras del desmantelamiento de los bienes amortizados, al poner en libertad de circulación todas las tierras de propios y la mayoría de las tierras del común que poseían los ayuntamientos, tierras que después de estas leyes liberales pasaron a poder del estado. Los ayuntamientos perdieron su más importante fuente de ingresos, que junto con los braceros del campo fueron los grandes perjudicados. Una encuesta realizada por el gobierno en 1851-1852 entre los municipios españoles, preguntados sobre si consideraban deseable vender los bienes comunales amortizados, dio como resultado que solamente el 0,1% de las respuestas recibidas fueron favorables a la venta, así del 99,9 de cada 100 fueron contrarios a perder estos bienes. Los municipios  españoles perdieron los bienes propios que ascendieron casi a la mitad de todos los bienes desamortizados, estos bienes fueron el 48,1% de todo lo desamortizado en el país (9).
Familia campesina de Rafael Zabaleta Fuentes (1907-1960, Quesada, Jaén) año 1957.

En muchas poblaciones se organizaron asociaciones de vecinos, que se encargaron de adquirir al Estado la totalidad o parte de dichas tierras desamortizadas, que después como asociación serían redistribuidas a título personal y privado entre los vecinos pertenecientes a dicha asociación; con ello los vecinos que tenían tierras aumentaron sus propiedades y los que no tenían tierras se vieron privados del uso de unas tierras del común y de propios a las que anteriormente tenían acceso. En algunas poblaciones se intentaron paliar los efectos negativos de las leyes desamortizadoras, procurando suministrar a cada vecino la cantidad de tierra indispensable que le garantizara el disfrute de los antiguos beneficios que obtenía de los bienes propios y del común, un poco de tierra donde sembrar, disponer de pastos para los animales de labor, y leña para la combustión del hogar y la construcción.

Los políticos liberales pretendieron crear un gran número de propietarios de tierras dispuestos a apoyar la revolución liberal, reforzando con las nuevas adquisiciones la propiedad particular de los vecinos con tierras en los pueblos, y desde el punto de vista económico y financiero se pretendió dar vigor al crédito agrícola público (en contra de los pósitos municipales), realizar obras públicas y atraer al capital extranjero como inversor en nuestro campo y país.

Si atendemos a las condiciones de trabajo del campesinado agrícola que imperaban en este tiempo, recordemos que las bases de los precios de los salarios se elaboraban por un jurado mixto rural casi siempre presidido por algún abogado o un dirigente social, un hombre de confianza de socialistas o radicales, en el cual tenían una amplia mayoría los representantes socialistas.
Las aceituneras de Rafael Zabaleta Fuentes.
Los patronos podían elegir libremente los trabajadores de la bolsa de trabajo existente en cada localidad, pero otra base les obligaba, un tanto ingenuamente, a no hacer discriminaciones de trabajadores por cuestiones ideológicas, políticas o sindicales. Como se daba esa opción a los propietarios de las fincas, en los momentos de gran enfrentamiento que se vivían en el campo a lo largo de estos años, se elegía entre los que no fueran destacados líderes políticos o sindicales, con lo que indirectamente quedaban condenados al paro los más destacados líderes agrarios, casi siempre pertenecientes a los sindicatos de organizaciones de izquierdas. Por lo que muchas sociedades obreras reivindicaron la necesidad de que los patronos se atuvieran en la contratación de empleo al riguroso turno de las bolsas de trabajo elaboradas, llegando en diversas ocasiones a las huelgas por ese motivo. Las bases establecidas fijaban el rendimiento que cada obrero debía dar por jornada de trabajo en las diversas labores, que se realizaban en los campos a lo largo del año. Los que no llegaban al rendimiento fijado podían ser despedidos sin indemnización alguna por parte del propietario de la finca. Como en un tajo se podían contratar para un mismo trabajo a hombres, mujeres y zagalones, no se les podía exigir a las mujeres y zagalones el mismo rendimiento en el trabajo que al varón, porque su salario era siempre inferior al del gañán.
Trabajadores aventando la parva.

Por eso las bases fijaban los trabajos para los zagalones y mujeres y los trabajos que podían realizar estos trabajadores, que eran fundamentalmente los de la recogida de la aceituna, escarda o arrancar hierbas. En las bases también se prohibía específicamente que las mujeres y los zagales trabajasen mientras hubiera hombres disponibles para trabajar en las bolsas de trabajo municipales, dándose el caso de que si los hombres trabajaban realizando trabajos reservados a las mujeres y zagales, los varones cobraban como tales sus salarios. Una vez que se habían colocado todos los hombres de la bolsa de trabajo municipal se podía contratar a los zagales, en calidad de aprendices, para cualquier tipo de labor que se realizase en el campo, con un salario que era la mitad de lo que ganase el jornalero ese día. Se fijaba para esta incorporación al trabajo en el campo, el que hubiese un zagal por cada diez jornaleros en el tajo. Esta base establecida tampoco se siguió muy a rajatabla por los patronos, que en cuanto podían tendían a contratar a mujeres y zagalones para todo tipo de faenas, por ser una mano de obra más barata y menos conflictiva que lo eran los hombres más o menos soliviantados por las organizaciones laborales.

La hora de comienzo y de final del trabajo era fijada por el patrón según el carácter de la explotación agrícola y “la debida protección de los obreros”. Los descansos en las bases de 1932 y 1933 eran regulados minuciosamente, y oscilaban según la época del año y el tipo de cultivo, por un intervalo de descanso de entre una hora y media y tres horas. Las bases del año 1935 lo dejaban a la regulación que establecía el patrón.
Volviendo la parva en la trilla.

No se podía trabajar horas extraordinarias mientras hubiera parados en las bolsas de trabajo municipales. Si se trabajaban las dos primeras horas extraordinarias tenían un recargo sobre la tarifa normal fijada del 25%, y las dos segundas horas extraordinarias se tenían que pagar a un 50% de recargo sobre la tarifa normal.

Los medios de transporte que se utilizaban para ir al trabajo eran por cuenta del patrón a partir de los 3 primeros kilómetros, si era menor la distancia era por cuenta del trabajador. Si no existían medios de locomoción para llegar a la finca se descontaban 12 minutos de trabajo por kilómetro recorrido por el obrero a partir de los 3 kilómetros referidos.

Si la jornada se interrumpía una vez iniciado el trabajo en el tajo, por causas ajenas al trabajador, el patrono debía pagar el jornal integro si era la interrupción después de mediodía, y medio jornal si era antes del mediodía.

Las bases también fijaban minuciosamente la utilización de las máquinas segadoras, que sólo podían ser utilizadas por sus propietarios y en el 50% de su labor, reservando el resto de la finca para ser segada a brazo. Esta restricción en el uso de las máquinas segadoras tenía su origen en la grave crisis de trabajo que existía en todas las poblaciones agrícolas. Aunque también se producían los arrendamientos de máquinas segadoras de un propietario agrícola a otro y se realizaba la siega de todas las mieses del propietario a máquina con frecuencia.

Todas estas medidas tomadas en las bases no tenían otro objetivo que combatir el paro que en muchos casos rondaba alrededor del 10% de la población activa en nuestros pueblos. Sin embargo, si estacionalmente los obreros estaban ocupados, se permitía el uso de la maquinaria y la llegada de segadores “esquiroles” que venían de otras provincias limítrofes o incluso de la Mancha. 
Grupo de segadores del Campo de Criptana en la comida.
El problema del paro se disparaba hasta el 80% de la población activa en épocas de invierno y final de verano cuando se terminaba la recolección de cereales. Entonces se hacían estériles los avances laborales y salariales conquistados en el primer bienio republicano, eran tiempos donde se engendraba insolidaridad entre los obreros y esquirolismo, saliendo a trabajar a localidades vecinas, sin pertenecer a la bolsa de trabajo local, así se violaban las normas establecidas por ellos en sus municipios, que eran desobedecidas cuando salían a trabajar a destajo por salarios incluso inferiores a los de los trabajadores de dicha población vecina.

Los patronos estaban obligados a llevar al tajo el agua necesaria para la hidratación normal de los trabajadores, así como los útiles necesarios para la higiene de los obreros. En caso de que tuviesen que ser alojados en fincas distantes o en cortijos, los patronos estaban obligados a proporcionarle habitación, los utensilios necesarios para su higiene personal y darle la comida, sin deducirle por ello ningún importe de su salario.

Cuando el patrón despedía a un trabajador por causa justificada por el patrón y que no fuese imputable al obrero por su falta de rendimiento, el patrón tenía que avisarle con una semana de antelación y darle dos horas diarias para buscar trabajo o abonarle una semana de trabajo, si por las circunstancias no se había producido el preaviso con la antelación de una semana.

En caso de enfermedad del obrero en el trabajo, el patrón debía pagarle los gastos derivados del transporte del obrero enfermo hasta su domicilio y abonarle el jornal de trabajo de un día. Los accidentes de trabajo del campo eran numerosos, si bien no podemos considerarlos excesivos dado el alto porcentaje de trabajadores agrícolas en nuestros pueblos, con la totalidad de los hombres de la población activa dedicados a la agricultura.
Saciando la sed con el botijo de José Vela Zanetti. 

Los patronos también estaban obligados a cotizar al seguro de maternidad y al retiro obrero. Con relación a la cuota del retiro obrero los patronos no tuvieron que cumplir con excesivo rigor su normativa, de forma que en 1935 tuvo que implantarse un nuevo sistema para el cobro de dicho seguro, muchos patronos no hicieron efectivos sus descubiertos con las Cajas de Previsión de Andalucía Oriental (10).
Todas estas condiciones de trabajo creadas por las bases y elaboradas por jurados mixtos de representantes laborales y patronos, supusieron un gran avance en las relaciones jurídico-laborales en el campo giennense, pero ese progreso existió más sobre el papel de lo estipulado más que en la realidad de lo cumplido. Podemos afirmar que las bases jamás se cumplieron, como tampoco se respetaron los decretos y leyes emanados de los respectivos Ministerios y de las Cortes, tales como fueron La Ley de Términos Municipales, la Ley de laboreo forzoso y otras más.

Para rebajar los costes de producción agrícolas se recurría a todo tipo de estrategias  como simular la realización de contratos de aparcería entre patrón y empleados agrícolas, arrendamientos y colonatos ilegales, el cultivo en “terceras”, etc.

Para describir la situación a este respecto acudimos al periódico granadino “El Defensor de Granada” que en el editorial de fecha 3 de enero de 1934, percibía la situación y la describía muy acertadamente:

“… Los propietarios pagan escasos jornales. Hay sitios donde el censo obrero está en paro forzoso. A este hecho del paro obrero se une el hecho moral de las persecuciones políticas. En muchos lugares las fuerzas caciquiles resucitadas han emprendido la innoble tarea de acorralar a los trabajadores para destruir toda organización de tipo sindical… La legislación social ha quedado en desuso, ni bases de trabajo, ni oficinas de colocación, ni laboreo forzoso, ni cosa alguna que proteja el trabajo contra la arbitrariedad” (11).

Portada del periódico El Defensor de Granada de fecha 28 de septiembre de 1930.

Digamos con claridad que los gobernantes republicanos no supieron o no quisieron abordar las mejores alternativas  a esta situación del campo; tales como podían haber sido una reforma agraria que hubiese posibilitado al acceso de campesinos a la tierra, y facilitar el acceso de las sociedades obreras a los arrendamientos colectivos de tierras. En la provincia de Granada la reforma agraria prácticamente no existió según Alarcón Caballero, pues durante toda la República se expropiaron 3.311 hectáreas en las que se asentaron 244 campesinos. Decenios después planes de colonización de tierras expropiadas daba parcelas, casas y animales de labranza y cría domestica a miles de campesinos sin tierras. La Ropera, Las Vegas de Triana y otros núcleos de población cercanos a nosotros dan prueba de ello.

Estas alternativas podían haber librado al campo de las tensiones crecientes que a veces terminaron en enfrentamientos y en huelgas, hubieran disminuido el paro y también hacer perder fuerza a los patronos que desde su situación de mayor fuerza eran en muchos casos árbitros de la situación.

La oportunidad de la reforma agraria que se esperaba por parte de la República se frustro con una reforma agraria que prácticamente no existió, ante la decepción de toda la masa social que con sus votaciones habían propiciado el cambio de régimen (12).
Campesino con azada de José Vela Zanetti. 
En el año 1931 el Ministerio de Trabajo dicto unas normas para que en el trabajo del campo se pagasen los jornales a 5,50 pesetas por cada jornada trabajada de ocho horas, era el salario mínimo  agrícola establecido por dicho ministerio, que en la mayoría de los casos no se respetó. Sobre la base de lo establecido por el gobierno, acordaban los jurados mixtos, formados por representantes de los propietarios agrícolas o patronos, y los recién nacidos sindicatos el precio para cada uno de los jornales de las diferentes faenas del campo; aunque esos salarios acordados pocas veces fueron percibidos por los campesinos en sus topes superiores. Los patronos agrarios fueron sin duda los más reacios a aceptar la nueva legislación republicana.

El periódico granadino “El Defensor de Granada” publicó las bases rurales provinciales  de los años 1932, 1933 y 1935, en fechas 23 de junio de 1932, y 11 y 13 de diciembre de 1934, y “El Boletín Oficial de la Provincia del 15 de mayo de 1933. En estas bases se establecía un precio mínimo y un precio máximo por cada labor agrícola.

Las Bases de Trabajo Rurales de la provincia de Granda en 1932, 1933 y 1935 fueron las siguientes para cada una las labores:

Por siembra de cereales y leguminosas a los hombres en 1932, mínimo no establecido y máximo 6 pesetas por jornal de ocho horas. En el año 1933 el mínimo era de 4,20 pesetas y el máximo de 6 pesetas por jornal. En el año 1935 el mínimo era de 4 pesetas y el máximo de 6 pesetas.

Por siembra de cereales y leguminosas a mujeres y zagales en 1932, mínimo no establecido y máximo 3 pesetas por jornal de ocho horas, justo la mitad de los percibido por los hombres. En el año 1933 el mínimo era de 2,75 pesetas y el máximo de 3 pesetas por jornal. En el año 1935 el mínimo era de 2,75 pesetas y el máximo no quedó establecido.

Por la escarda de cereales y leguminosas a los hombres en 1932, mínimo no establecido y máximo 6,40 pesetas por jornal de ocho horas. En el año 1933 el mínimo era de 4,45 pesetas y el máximo de 6,40 pesetas por jornal. En el año 1935 el mínimo era de 5,25 pesetas y el máximo no fue establecido.

Por escarda de cereales y leguminosas a mujeres y zagales en 1932, mínimo era de 3,75 y máximo 4 pesetas por jornal de ocho horas. En el año 1933 el mínimo era de 2,75 pesetas y el máximo de 4,50 pesetas por jornal. En el año 1935 el mínimo era de 2,75 pesetas y el máximo no quedó establecido.

Por la poda del olivo, trabajo realizado siempre por hombres, el precio del jornal en 1931 era de 10 pesetas, en 1933 por igual cantidad, y en 1935 a 8 pesetas el jornal.

La siega de cereales y habas en 1931, no quedó especificado mínimo y el máximo quedó establecido en 11,50 pesetas por jornal. En 1933 el mínimo establecido fue de 8,15 pesetas y el máximo de 11,50; mientras que en 1935 en mínimo bajó a 6 pesetas y el máximo a 10 pesetas.

El arranque y siega de garbanzos  se estableció para 1931 en 10 pesetas de mínimo y 11 de máximo. En 1933 en 7 pesetas y 11 de máximo. Y en 1935 no se marcó mínimo y se estableció el máximo en 10 pesetas.

El vareo de aceituna se estableció para 1931 en 6 pesetas jornal. En 1933 en 7,50 pesetas y en 1935 en 3,50 pesetas jornal.

En la recogida de aceitunas del suelo en 1931 se pagaba a 3 pesetas el jornal, en 1933 a 3,50 y en 1935 a 3 pesetas.

Los peones de era se pagaban a 7,75 pesetas de máximo, no habiéndose marcado el mínimo en 1931; en 1933 el mínimo era de 5,40 y el máximo de 7,75; mientras que en 1935, sin mínimo, el máximo se pagaba a 6.50.

Los peones de barcina se pagaban en 1931 a 9 pesetas de máximo, sin especificarse mínimo; en 1933 el mínimo era de 6,30 y el máximo de 9 pesetas por jornal; mientras que en 1935 en mínimo quedó sin marcarse y el máximo quedó establecido en 6,50 pesetas por jornal.

Los carreros eran en 1931 gratificados con un máximo de jornal de 11 pesetas, sin especificar mínimo; en 1933 con 6,30 de mínimo y 9 de máximo; y en 1935 con mínimo sin especificar y 6 pesetas por jornal de máximo.

Los peones de trilladora eran pagados en 1931 a 11 pesetas por jornal, sin especificarse el mínimo; en 1933 se pasó a un mínimo de 7,70 y a un máximo mantenido de 11 pesetas: En 1935 sin especificar mínimo se pagaba el jornal como máximo a 9 pesetas para esta tarea.

A los zagales de la trilla o trilleros se les pagaba en 1931 a razón de 3, 75 de máximo sin especificarse el mínimo; en 1933 a 2,60 de mínimo y 3,75 de máximo, y en 1935 a 2 de mínimo y 2,50 de máximo.

A los gañanes ganaderos se les pagaba en 1931 a 6 pesetas el jornal, sin especificarse el mínimo; en 1933 a 4,20 de mínimo y 6 de máximo, y en 1935 a 5 de mínimo y 5,50 de máximo.

A los ganaderos se les pagaba en 1931 a 4,50 de máximo, sin especificar el mínimo; en 1933 a 3,15 de mínimo y 4,50 de máximo, y en 1935 a 3,50 de máximo sin especificar el mínimo.
El pastor Anselmo de José Vela Zanetti.

De lo anteriormente expresado se observan en estos años tres momentos diferenciados:

1º.- Un periodo de entre 1931 y 1932 en el que se desarrolla una mayor elevación salarial en los sueldos del campo, con la llegada de la República, la presión sindical organizada y entusiasta, y la confusión y desorganización de la patronal, que hacen posible en los primeros momentos importantes avances salariales.
2º.-El año 1933 marcó la línea divisoria entre la subida y el descenso de los salarios. En este año los salarios conseguidos tienden a estancarse. La Crisis Gubernamental, el asedio de los radicales a los socialistas, la reorganización de la patronal y de las fuerzas políticas que las representaban, el desgaste de los sindicatos que supusieron años de lucha, la división del movimiento obrero, el agravamiento de la crisis económica y del paro fueron, en suma, las causas más importantes de este estancamiento salarial.

3º.- Los años de 1934 y 1935 fueron de claro descenso de los salarios. La llegada de la derecha al poder estimuló la contraofensiva de la patronal; por otra parte la revolución asturiana de octubre de 1934 y la represión consiguiente sobre el movimiento obrero del que recordamos la cruel represión del abuelo de Zapatero (nefasto presidente del Gobierno, ahora negociador con Maduro), represión que en menor grado se produjo en todo el estado, y que maniató a las grandes centrales sindicales, fueron las principales causas del retroceso salarial.

El avance salarial en el campo fue muy importante, pero estuvo muy por debajo del que establecieron las bases de trabajo rurales. Una de las causas fundamentales de este bajo nivel salarial en el campo fue el paro existente, que fue una verdadera pesadilla para los trabajadores agrícolas. Los patronos a partir de la llegada de la República realizaban menores contrataciones de trabajadores, poco acostumbrados al alza del precio de los jornales, con lo que en una economía poco boyante se trataban de contener en el menor número de faenas posibles, y gran parte de los obreros agrícolas, no encontraban trabajo en casi todo el año.
Portada del periódico El Defensor de Granada, diario político independiente.

El periódico “El Defensor de Granada” al que antes hemos hecho referencia, publicaba a finales del año 1931 un editorial donde refiriéndose al problema social del campo decía:

“Reviste caracteres dramáticos. La lucha de clases se desarrolla en un plano peligrosísimo de violencia y de pasión…Los obreros quieren trabajar, pero tropiezan con la hostilidad de la mayoría de los propietarios. No se cumplen ni las bases de trabajo, ni la ley de laboreo forzoso. No existen bolsas de trabajo y es considerable el número de obreros del campo sin trabajo” (13).

En esta línea apuntan las manifestaciones de los gobernadores civiles provinciales, sobre todo a partir del año 1933. Valga como, referencia lo que afirmaba Francisco de Paula Duelo y Font, militante del partido Radical y Gobernador Civil de Granada desde el 28 de junio de 1934 hasta el 20 de agosto de 1935:
“He decidido emprender una gira por los pueblos de la provincia para entrevistarme con los patronos agrícolas. Pues ha llegado la hora de que cese el paro en el campo y se cumpla la legislación social, especialmente las bases de trabajo, pues soy consciente de que se pagan salarios muy por debajo de lo que marcan las dichas bases” (14).

El Gobernador civil, como el resto de la sociedad agraria sabía que realmente en el campo granadino, las faenas agrícolas se pagaban entre 1933 y 1936 muy por debajo de las bases legalmente aprobadas. En el municipio de Pedro Martínez, en 1933 el salario máximo del campo se situaba en torno a las 4 pesetas, muy por debajo de lo legalmente establecido; pero esta población no era la excepción que confirmaba la regla, pues en Iznalloz se situaba el salario también en torno a las 4 pesetas. En Cijuela entre las 2,25 y las 3 pesetas. La escarda en La Puebla de Don Fadrique se pagaba el salario de 2 pesetas. En Montegicar el salario máximo era de 5 pesetas. En Loja se ganaba una media de 5 pesetas. En 1934 la escarda en Chimeneas se pagaba a 2,50 pesetas.

La recogida de aceituna en Montegicar se les pagaba 3,50 pesetas a los hombres, y 1,50 pesetas a las mujeres. El salario máximo en Atarfe  estaba en torno a las 5 pesetas. En el campo de Montefrío los salarios oscilaban entre las 3 y 1,50 pesetas. En Illora la mayoría de las labores se pagaban entre las 2 y 3 pesetas.
El Defensor de Granada. 

En una estimación del periódico “El Defensor de Granada”  en el año 1934 la media de los jornales del campo era de 4 pesetas. El destajo de las mujeres en Santa Fe se pagaba a 1,25. La escarda en Alhama de Granada entre 2 y 2,50 pesetas. En Iznalloz los salarios oscilaban entre 1,50 y 5 pesetas. En Puebla de Don Fadrique entre las 2,50 y las 3 pesetas. Los obreros del campo de Fonelas cobraban entre 2 y las 2,50 pesetas de salario. En recogida de la aceituna en Deifontes se pagaba a 1,50 el salario, (Todas estos datos están recogidos del Periódico “El Defensor de Granada” de fechas 19 y 24 de febrero de 1933, 14 y 18 de marzo de 1933, 26 de julio de 1933, 5 de septiembre de 1933, 30 de diciembre de 1933).

Las cantidades de salarios del año 1934 están tomadas del mismo periódico en las fechas de 6 y 20 de febrero de 1934, 10 y 12 de mayo de 1934, 17 de diciembre de 1934. Las cantidades de referencia de los salarios del año 1935 están igualmente tomadas del  periódico “El Defensor de Granada” de fechas 8 de febrero de 1935, 6 de junio de 1935, 11 de agosto de 1935, y 19 de noviembre  de 1935.
 
El mismo Fernando de los Ríos, en una sesión parlamentaria del Congreso afirmaba en torno a los salarios agrícolas en Granada lo siguiente:

“…Y ¿sabéis cuál es su situación de vida, señores del norte? Los del Sur lo conocéis. Pues la situación de vida es algo desconocido en la propia historia económica de Granada, porque se ha llegado a eliminar el salario en dinero, se da un jornal en especie en infinidad de pueblos. En la zona de Moreda, dándoles un celemín de trigo, a precio de tasa y luego comprándoselo a precio de mercado. ¡Un celemín de trigo! En la zona de Zujar, en Zujar dándoselo en patatas y un poco de aceite. ¡Ese es su salario! Subid a Puebla de Don Fadrique, el jornal de escarda se le da a la mujer y se paga a noventa céntimos; si llegáis a la zona de los Montes, en Iznalloz el salario es de seis reales a los gañanes; si bajáis a la fecunda vega de Granada, a Santa Fe, estarán las mujeres cogiendo aceituna a destajo y el salario no rebasa los cinco reales con una disminución del 75 por ciento respecto a las Bases de trabajo que en los años 1932 y 1933 hiciera nuestro compañero el señor Largo Caballero, y lograra efectividad… (15).
Campesinos segando el trigo de José Vela Zanetti. 

La realidad fue que los salarios de los obreros del campo, a pesar de que experimentaron un aumento sustancial, se mantuvieron casi siempre por debajo de las bases legalmente establecidas en la mayoría de las zonas de esta provincia.
Hemos considerado de interés para el conocimiento de las nuevas generaciones de higuereños el elaborar este artículo, aunque la fuente de información haya procedido de un periódico granadino de la época republicana, con el convencimiento de que si vivieran muchos de nuestros antepasados paisanos nuestros, encontrarían en estas líneas parte de su pasado en lo referente a los difíciles años, que pasaron los obreros campesinos sin tierras propias, privados de los espacios de tierras comunales y de propios, que se llevaron las desamortizaciones, con malos usos de traspaso de propiedades a los que ya tenían tierras, y por parte de los propietarios de tierras el otro problema del campo andaluz con la falta de capitalización y recursos, que los desaparecidos pósitos habían facilitado a los agricultores higuereños desde una antigüedad de siglos.
Con el advenimiento de la II República se puso especial énfasis en las cuestiones sociales; pese a ello, “el labrador sigue en el más completo desamparo, si bien todo el mundo reconoce la necesidad de extender el crédito agrícola, de atender al pequeño propietario, colono y aparcero” ya que el productor se ve obligado a adquirir semillas a los especuladores del grano…”de tal forma que el crédito se presenta al agricultor en forma de usura, acarrea la ruina de la labranza y con ella el empobrecimiento nacional (16).
El burro o el mulo imprescindible en el trabajo en el campo, de José Vela Zanetti.
Como había ocurrido en otras etapas de nuestra convulsionada historia contemporánea el tiempo de la II República se agotó sin que ninguno de los factores de índole social, económica o jurídica, que confluían para que el retardamiento de la organización del crédito agrícola se superara.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, si ha habido una institución del Estado fuertemente arraigada en las clases populares andaluzas y españolas en general, lo fue el “Pósito de grano”, también denominado “arcas de misericordia”, “alfolíes”, “alhóndigas” o “montes de piedad”, que con una larga existencia a través de los siglos, desde la Edad Media, sirvieron para ayudar al campesinado en situaciones económicas críticas, con ayudas en granos o en metálico, destinadas en gran medida a sacar de apuros económicos, y como fuente de financiación para una gran parte del campesinado, que padecía una crónica situación de empobrecimiento, miseria y precaria subsistencia. Los Pósitos fueron una institución que a pesar de su indudable incidencia social por los servicios prestados al pueblo sencillo, nunca se vieron favorecidos con una valoración real de los servicios prestados y la esperada evolución que hubiese alcanzado al convertirse en una gran institución estatal de crédito agrícola, del que tan necesitado estaba el campesinado español. A pesar de los grandes servicios prestados al Estado como garante del abasto público de granos en años de malas cosechas y carestías propias del antiguo régimen (típicamente agraria y crónicamente atrasada), podemos afirmar que recibieron el desdén institucional y legal de los poderes del Estado, de forma paralela al triunfo de los postulados del liberalismo económico de mediados del siglo XIX.
El fracaso de los pósitos contribuyó aún más a golpear la frágil existencia de los agricultores de Andalucía, en donde las estructuras de la propiedad y la producción permanecían en mayor disonancia que en el resto del país, lo que fue consecuencia inevitable del malestar social que desde finales del siglo XIX vino a acontecer  en nuestros pueblos, esencialmente agrícolas, hasta desembocar en el trágico periodo del primer tercio del siglo XX, que ahora recordamos.
Desde mediados del siglo XIX se les consideró como meros servidores locales y casuales del abasto público de cereales, rechazándose las proyectadas formas modernas de producción que habrían tenido para el campesinado y las repercusiones positivas en la mejora de la situación social, tanto en los individuos a nivel personal como a los colectivos de campesinos, con créditos, y garantías de mantenimiento de la propiedad de la tierra, elemento básico para la renovación del utillaje de labranza, y el aumento rentable de la producción agrícola. Con unos planteamientos de este estilo encontramos la precariedad financiera del campesinado, y de paso tenemos que sopesar la importancia que estas decisiones debieron tener la línea de interrupción de los créditos agrícolas, o el escaso peso específico del crédito en las nuevas propiedades, que surgieron a raíz de los primeros intentos desamortizadores del siglo XIX. La precariedad financiera y la parquedad metálica de la pequeña y mediana propiedad, se convertiría en la pérdida de las disponibilidades, en la dependencia de los grandes hacendados, en la indefensión ante las nacientes normas del libre comercio liberal, (entregadas al negocio de la sociedades anónimas decimonónicas), y la pretendida circulación de bienes, y por tanto, en un engrosamiento de las tierras arrendadas, en el aumento del número de jornaleros, que colocarían a la estructura social de Andalucía en una posición de mayor desequilibrio, lo cual aumentaba la dimensión de los problemas sociales.
El sudor de José Vela Zanetti. 
Lo que eran en principio inmejorables perspectivas para el campesinado se fueron progresivamente frustrando al aparecer las requisas que el Estado iniciaba con los caudales de dinero de los pósitos, en una repetidas búsquedas a la desesperada de los fondos de dinero de los pósitos, para hacer frente a los cuantiosos gastos militares del reinado, en periodos de inestabilidad política desenfrenada y de contiendas internacionales y civiles, con lo que las disposiciones de enajenación de bienes de los pósitos se dispara, disminuyendo el caudal precioso de los pósitos de los pueblos, con un resultado de más de 2.000.000.000 de reales sustraídos de las arcas de los diferentes pósitos de la nación.
Con tan importante sangría de fondos el número de pósitos disminuyó drásticamente pasando de 15.000 a 3.000. La política liberal pensó en aniquilarlos estableciendo empresas de bancos agrícolas de corte capitalista, pero utilizando para los pretendidos bancos de socorro para los trabajadores los fondos de las escasas existencias de los pósitos que perduraban. Afortunadamente y debido al escaso eco que los nuevos planteamientos liberales obtuvieron por parte de los ayuntamientos en la gran mayoría de los pueblos no se produjo una conversión masiva de los pósitos en bancos agrícolas locales; sin embargo tampoco se produjo un relanzamiento para el desarrollo de los mismos, que tenían muy mermadas sus arcas y se resignaban a no recuperar las numerosas entregas que se habían hecho al Estado  con las continuas requisas, entrando así en un periodo de franco retroceso.
Un fenómeno como las desamortizaciones, tan crucial en las economías agrarias en especial en Andalucía, activó de nuevo la idea de mantener en vigor y revitalizar los primitivos institutos o pósitos, unos establecimientos agrarios que tanta ayuda habían proporcionado a los campesinos de todo el país; pero la progresiva pérdida de ingresos efectivos del campesinado, el descenso efectivo de los propietarios medianos de tierras incapaces de sacar adelante sus parcelas, y por tanto el continuo engrosamiento de los arriendos de tierras, y el aumento del número de jornaleros, marcaron en definitiva una tendencia regresiva en las economías agrarias.
Fracasadas las iniciativas privadas como sociedades anónimas, creadas para el establecimiento del crédito agrícola, el poder establecido se encontró ante la disyuntiva de propiciar la creación de algún elemento de apoyo y socorro para los labradores, que se encontraban en una difícil situación, con un malestar social que se incrementaría si no se prestaba el apoyo necesario a los medianos y pequeños agricultores, con lo que los pósitos adquirieron nuevos defensores.
Tres campesinos de José Vela Zanetti.
Por ello la Real Orden de 9 de marzo de 1861 hizo especial hincapié sobre volver a las posibilidades de ayuda al campesino de los antiguos establecimientos de los pósitos, reconociendo el papel fundamental desarrollado para la ayuda al agricultor, por cuanto “representan aún un importante cúmulo de riqueza que bien dirigida darán por resultado el cumplimiento de las primitivas fundaciones”. Del restablecimiento de los pósitos se encargaron personalmente el Ministro de Fomento, Posada Herrera, el Director de la Administración Local, Antonio Cánovas del Castillo, siendo el Jefe del negociado, José Gracia Cantalapiedra, que con su gestión llevaron a convertir a los pósitos entre 1861 y 1867 en “una etapa floreciente en resultados prácticos” (17).
Los resultados prácticos de los que habló Pando y Valle vienen expresados en el Boletín de Administración Local y Pósitos de los años 1862, 1864 y 1866. Según se pudo analizar entre 1861 y 1863, los pósitos pasaron en número de 3.043 a 3.418, su caudal de granos pasó de 983.321 fanegas a 1.132.127, en dinero se pasó de 3.909.919 a 9.364.792, y sus créditos en dinero a agricultores pasó de 808.660 reales a 4.324.588, siendo los labradores beneficiados de 48.790 a 150.306. Toda una etapa floreciente en resultados prácticos. Tras esa extraordinaria gestión de sus patrocinadores que actuaron con una resolución sincera por potenciar los pósitos, vino una fase oscura y difícil cuando los patrocinadores dejaron sus ocupaciones y responsabilidades. En el Boletín de Pósitos y Administración Local de entre los años 1861 a 1932 se observa abiertamente que el estado de postración de la mayoría de los pósitos se debía a los perjuicios de las pérdidas producidas por factores exógenos a los mismos pósitos, como: “por revoluciones, trastornos políticos, abusos, arbitrariedades de gobiernos que contribuyeron a que se propagase una gran pobreza en la desdichada clase agricultora”, a pesar de esta nueva etapa se abogaba por su conservación y fomento de los pósitos, defendiendo la necesidad de dicho crédito en pequeña escala frente a las complicadas e infructuosas operaciones de las sociedades de accionistas capitalistas, sociedades que acusaban a las operaciones de crédito de los pósitos como formas anacrónicas del crédito agrícola.
La recolección de Rafael Zabaleta Fuentes.
Los pósitos se habían ido diluyendo en tiempo anteriores en la oscura trama del crédito oficial, unas veces con las propuestas de los políticos de crear bancos agrícolas con las existencias liquidadas y enajenadas de los pósitos, otras veces se quería organizar el crédito agrícola con carácter prendario o hipotecario, ignorando el crédito agrario personal en pequeña escala que tan beneficioso había resultado durante siglos para los agricultores a través de los pósitos. Así se fue evolucionando hacia la creación de bancos agrícolas regionales o locales que actuasen de intermediarios financieros entre el Banco Hipotecario y los labradores, o el establecimiento del crédito agrario de carácter mobiliario, esto es, con garantía personal y el crédito agrario territorial, sobre la propiedad, en base ambos a la organización de sociedades de labradores, sindicatos o asociaciones análogas.
La ley del 28 de enero de 1906 creo los sindicatos agrarios, que entre otras funciones estaban dotados de normativa para la “creación y fomento de los institutos o combinaciones de crédito agrícola, bien directamente dentro de la misma asociación, bien estableciendo cajas, bancos o pósitos” que fueron perfiladas con posteriores proyectos ministeriales durante las dos primeras décadas del siglo xx. Hubo dos iniciativas, la de Calbetón que en 1910 propuso la creación de un Banco Nacional Agrario como una sociedad anónima por acciones con capacidad de organizar sucursales y delegaciones; por el contrario la iniciativa de Santiago Alba pretendía crear el Banco Nacional de España con implantación en regiones agrícolas y hacia especial empeño en facilitar préstamos a los agricultores. El Proyecto de Francisco Cambó tuvo mayor incidencia, quien en 1918 ponía las bases de lo que sería el Instituto Nacional Agrario” para favorecer el crédito agrícola, dirigir y fomentar los pósitos, (cuya administración y custodia estaba como sabemos, en manos de la Delegación Regia) y efectuar operaciones que estime necesario para el crédito a labradores”. El proyecto de Cambó contaba para su realización con los capitales del fondo de reserva de la Delegación Regia, su capital inactivo, y con los saldos que el Estado debía a los pósitos en las sucesivas requisas e incautaciones de bienes. El último de los proyectos presentados por Calderón recogía exclusivamente las facultades de la Delegación Regia cuando ya estaba próxima la liquidación del estado general de los pósitos de España.
Tierra de rastrojo de Antonio Gonzalo.
Durante los años veinte del pasado siglo XX habría que destacar la importante labor emprendida por los sucesivos gobiernos de la Dictadura de Primo de Rivera en materia del crédito agrícola. Desechados todos los anteriores proyectos se estableció una junta para el estudio del crédito agrícola por el real decreto de fecha 29 de octubre de 1923, que tuvo su primera reunión en fecha 24 de noviembre de 1923 constituida por el Ministerio de Fomento,  y representaciones del Banco de España, Banco Hipotecario, Popular de León XIII, Banco Rural, Consejo Superior Bancario, y Entidades Agrarias patronales  como las Cámaras Agrícolas, delegaciones de ministerios, Delegación Regia de Pósitos, Consejo Superior de Fomento y Real Sociedad Económica de Madrid, y en ella se aconsejaba la potenciación de los pósitos como únicos establecimientos para llevar a cabo con eficacia el crédito que necesitaban los labradores, decía: “ …únicamente los pósitos, modelos de organización por su sencillez, son la única realidad existente en España en orden al crédito…, ellos son el único medio que el Estado tiene para intervenir con acierto en la creación de nuevos organismos análogos que pudiéramos llamar células primarias de crédito (18).

Los políticos de la Dictadura de Primo de Rivera consideraban necesario que los pósitos estuvieran cerca de la residencia del labrador, prestar dinero con facilidad y sin complicaciones, dar dinero barato, dedicarse exclusivamente a prestar la labrador y conceder la capacidad para aprobar préstamos con ampliación en los plazos de reintegro del capital en caso de malas cosechas o años malos. Una reorganización del crédito agrario que en base a los postulados antes señalados llevarían a orquestar una serie de medidas y cambios en las leyes que facilitasen las operaciones de crédito y perpetuasen los servicios a los necesitados agricultores. Había que emprender algunas modificaciones jurídicas institucionales que eran previamente imprescindibles como: las reformas legislativas que unificasen la legislación social por la que debían de regirse las diferentes asociaciones, cámaras, sindicatos, y cajas rurales, y también agilizar el régimen de propiedad de las tierras, facilitando las inscripciones y transmisiones de la propiedad; también se consideraba necesaria la creación de un Banco General de Crédito Agrícola con el auxilio y control del Estado, cuya específica función sería a de facilitar cantidades de dinero a los labradores. Teniendo también como prioridad una mayor difusión del crédito en pequeña escala a los pósitos, sindicatos y cajas rurales, que actuarían como bancos sucursales del Banco Central o Regional, con crédito no superiores al 4 ó 4,5%. Para todo este proyecto era necesaria la acción del Estado que se haría notar en la creación del Banco Central o la misma inspección a realizar ante la Delegación Regia de Pósitos, La Junta Central de Colonización y Repoblación, y la Mutualidad Nacional para el Seguro Agropecuario. A pesar de los esfuerzos referidos por el gobierno de la Dictadura, muy sujeta a las directrices impuestas por los grandes patronos y hacendados agrícolas, tampoco se supo dotar este proyecto del suficiente contenido para la institucionalización del crédito agrícola en pequeña escala.
La siesta, de José Vela Zanetti.

Con el advenimiento de la II República se hizo especial énfasis en las cuestiones sociales, en esta etapa como en otras de nuestra convulsionada historia el tiempo pasó,  sin que ninguno de los factores que confluían a su solución encontraran resolución, entrando de nuevo en un retardamiento de la solución de un problema ya viejo. Los años que siguieron a la guerra civil evidenciaron que la oportunidad de lograr una clase agrícola de mediaos y pequeños propietarios se había perdido, las nuevas directrices de la política económica franquista se alejaban, otra vez, de las condiciones óptimas para la capitalización racional del campo español y muy especialmente de las tierras de Andalucía (19).
El segador de Rafael Zabaleta Fuentes.

Los Pósitos mantuvieron hasta el siglo XVIII un carácter benéfico-piadoso y estuvieron al servicio de los poderes municipales locales de las poblaciones, pasando a ser utilizados como graneros sociales, en épocas de carestías y crisis de subsistencia donde las hambres hubieran acabado con parte de la población de nuestros pueblos. Eran instituciones de crédito al consumo y apéndices valiosos para el abastecimiento de los pueblos y ciudades en el antiguo régimen, pero a pesar de adelantar semillas a los campesinos que las necesitaban, nunca actuaron como verdaderos institutos de crédito agrícola, que hubieran facilitado capital para mejorar las explotaciones. Las tres funciones básicas que desarrollaban los pósitos eran la venta de granos, la compra de granos para la reposición de fondos y préstamos tanto en especie de semillas, como prestamos en metálico. Los movimientos de ventas de semillas en los pósitos eran tan importantes para el agricultor, que podía ser considerado un mercado público de granos, con un importante acento social, por cuanto ponía en circulación su grano en los meses de mayores carestías, y sobre todo porque lo hacía siempre a un precio más moderado que el que ofrecía el mercado libre de cereales. Las compras de cereales para reposición de fondos se realizaba se realizaba con el capital excedente de compras y parte de los intereses de préstamo que realizaba, estas operaciones de reposición de fondos le habilitaba para mantener las funciones de abastecimiento de estos centros de almacenamiento de cereales. Sin embargo fueron las operaciones crediticias las que le dieron el carácter financiero a los pósitos, dado que comprendían desde las peticiones de fondos de los labradores hasta el pago del reintegro de los préstamos con unas serie de mecanismos, que pusieron los fundamentos crediticios en el campo andaluz con las concesiones de las juntas de los pósitos, escrituras de préstamos, cálculo de intereses, reintegros y cancelación de ejercicios, recursos por vía ejecutiva contra los morosos, eran algunos de los trámites usuales y frecuentes. Estos trámites junto con las normas de contabilidad, las anotaciones de los movimientos anuales de capitales, que eran controlados por los organismos estatales como El Consejo de Castilla, La Superintendencia de Pósitos o los ministerios de Gobernación o Fomento, sirvieron para realizar un seguimiento lineal de las repercusiones de los pósitos y la trascendencia que tuvieron en el ámbito rural (20).
El mulero de Rafael Zabaleta Fuentes. 
A partir del siglo XVIII y en virtud del Reglamento para los Pósitos de 1792, los pósitos pasaron a representar una esperanza para la organización estatal del crédito agrícola; pero esos planteamientos quedaron barridos por los nacientes planteamientos del liberalismo económico. Desde los años finales del siglo XIX hasta entrados los primeros años de silo XX, se produjeron una serie de tentativas para acondicionar los pósitos a las nuevas ideas del crédito agrícola, en consonancia con las reformas que se estaban produciendo en Europa en parecidos términos. Sin embrago en nuestro país esas reformas se limitaron a introducir tímidas y localizadas innovaciones de orden institucional, por lo que las pretendidas cortas reformas nunca arraigaron, ni se produjeron las más mínimas movilizaciones de capitales, única fuerza capaz de revolucionar los medios materiales del campesinado mediano y pequeño propietario de tierras, tan falto de capitalización.
Volviendo la parva en la era. 
Las prácticas de las labores agrícolas eran arcaicas y ligadas al monocultivo de los cereales y algunas leguminosas, reservando el olivo para sólo algunas explotaciones en lugares de difícil cultivo hasta el siglo XIX, en que tras la desamortizaciones y la perdida de los terrenos comunales y de propios de los ayuntamientos, se inició una plantación masiva del olivar por toda Andalucía. La desaparición de las tierras comunales significó un duro golpe para la economía familiar de los más desfavorecidos y originó un elevado número de conflictos en el campo. El político Joaquín Costa, radical defensor del comunalismo campesino, afirmó que “Esos bienes comunales eran “el pan del pobre”, su mina, su fondo de reserva, diríamos el Banco de España de las clases desvalidas y trabajadoras; y la desamortización, por la forma en que se dispuso, ha sido el asalto de las clases gobernantes a ese banco sin que los padres (se refiere a los políticos como padres de la patria) hubiesen dado ejemplo ni motivo”(21).
En el siglo XIX Andalucía acaparaba aproximadamente el 50% de las existencias de fondos de granos en los pósitos de la nación, cifras que bajaron hasta el 15% en el siglo XX. El hecho de que Andalucía y Castilla fueran las regiones más favorecidas en la localización e implantación de pósitos, explica de por si las necesidades intrínsecas de las propias economías agrarias de estas regiones, constantemente deficitarias en granos y en dinero. La pervivencia  notable de la idea del pósito hasta muy adelantado el siglo xx, muestra como a Andalucía se le ha hurtado de disponer de un sistema moderno de autofinanciación de corte capitalista, ausencia que en cierto modo ha prolongado el mantenimiento de un subdesarrollo, con una agricultura tradicional de subsistencia, que tuvo consecuencias sociales muy negativas para todos, (que en este artículo referimos), y que se pondrían en evidencia durante todo el primer tercio del siglo XX, tal como hemos reflejado.
Los obstáculos políticos, jurídicos, institucionales y sociológicos impidieron el triunfo en nuestra tierra de los principios asociativos, cooperativistas, o de cualquier otro tipo que hubieran supuesto un incentivo colectivo hacia la mejora social de sus gentes. La carencia de instituciones agrarias de matiz reivindicativo en materia social se explica, sin duda alguna, por el escaso nivel cultural de la población andaluza, causa y efecto simultáneos de la permanencia de las estructuras tradicionales en todas las facetas de la producción económica.
Otras políticas hubieran disminuido el gran problema del campo andaluz que años después tendría consecuencias funestas para todos.
Granada 26 de septiembre de 2018.
Pedro Galán Galán.
Bibliografía y citas:
(1) Fernández Carrión, Miguel Héctor: Análisis microeconómico sobre el siglo XIX en una sociedad agraria. Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía. Historia Contemporánea. Tomo III. Páginas 45 a 72. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1985, página 62.
(2) “Defensor de Granada”  de fechas 22 de julio de 1033 y 26 de julio de 1936.
(3) Ruiz Manjón-Cabeza, Octavio: Notas sobre el estudio de la prensa local del Primer Tercio del Siglo XX: Objetivos de investigación. Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía. Historia Contemporánea. Tomo III. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1985. Páginas 296 y 297.
(4) Alarcón Caballero, José Antonio: Nivel de vida y condiciones de trabajo en el campo granadino entre 1931 y 1936) Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía. Historia contemporánea. Tomo I, página 134. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Córdoba 1985.
(5). Fernández Carrión, Miguel Héctor: Análisis microeconómico sobre el siglo XIX en una sociedad agraria. Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía. Historia Contemporánea. Tomo III. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, páginas 45 a 72, página 65.
(6). Segura, Simón: Aspectos del nivel de vida del campesino español en la segunda mitad del siglo XIX. Alimentación. Revistas económicas y Empresariales. Madrid, número 3, páginas 133 a 149.
(7). Bernal, Antonio Miguel.: La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen. Editorial Taurus. Madrid, 1979, página 39. 
(8). Carrión, Pascual.: Los latifundios en España. Su importancia, origen, consecuencias y solución. Editorial Gráficas Reunidas. Madrid, 1932, página 210.
(9). Palacio Atard, Vicente.: La España del siglo XIX, 1808-1898. Editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1978, páginas 293 y siguientes.
(10). Periódico “El Defensor de Granada” de fecha 7 de julio de 1935. Entrevista con Joaquín García Labella, presidente de la Caja de Previsión de Andalucía Oriental.
(11). Periódico “El Defensor de Granada de fecha 3 de enero de 1934.
(12). Alarcón Caballero, José Antonio: Historia del Movimiento obrero granadino en la II República (1931-1936). Universidad de Granada. Tomo I, páginas 115 a 118.
(13). Periódico “El Defensor de Granada” de fecha 4 de diciembre de 1931.
(14). Periódico “El Defensor de Granada de fecha 27 de diciembre de 1934.
(15). Diario de sesiones de las Cortes de fecha 31 de febrero de 1936. Discusión de las Actas de Diputados por la provincia de Granada tras las elecciones de febrero de 1936.
(16). Juderías, J.: Crédito agrícola. Lérida, 1932, página 8.
(17). Pando y Valle, J.: Los pósitos. Apuntes acerca de su historia, de su importancia, sus reformas, inconvenientes de convertirlos en bancos agrícolas. Legislación con la que se rigen y de cómo pueden servir para el establecimiento de cajas de ahorro y montes de piedad. Madrid, 1880, páginas 20 a 25.)
(18). (Documento: El crédito agrícola y los pósitos. Algunas aportaciones para el estudio de los problemas de la tierra y el crédito. Madrid, 1923, página 32).
(19). (Gil Bracero, Rafael: Los Pósitos andaluces: Aportación al estudio del Crédito Agrícola en Andalucía. Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía. Historia Contemporánea. Tomo III. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1985, páginas 193 y 194)
(20). Gil Bracero, Rafael: Los Pósitos Andaluces: Aportación al estudio del Crédito Agrícola en Andalucía. Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía. Historia Contemporánea. Tomo III. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1985. Páginas 194 y 195.
(21). Costa, Joaquín: El Colectivismo agrario en España, 1915. Biblioteca Costa. Tomo V de las Obras Completas, página 606.)